Ronald Atencio: “El debate no es Estado o mercado, sino para quién funciona la economía”

La candidatura presidencial de la alianza Venceremos surge en un contexto de fragmentación de la izquierda y de una crisis profunda de representación política. Conversamos con su candidato sobre sus diferencias con otras fuerzas progresistas, el terruqueo y sobre sus principales planteamientos. No le preguntamos si Venezuela es democracia o dictadura, disculpas, pero sí habló de sus diferencias con el chavismo.

Tu candidatura presidencial llega en un momento inesperado para muchos. ¿Cómo se dio ese proceso dentro de la alianza y cómo asumiste esa decisión?

Es cierto que para mucha gente puede parecer inesperado, pero dentro del espacio político no lo fue tanto. Quienes estamos en política sabemos que estos escenarios existen y que hay que asumir responsabilidades cuando se presentan.

Nuestro candidato presidencial inicial, por el partido Voces del Pueblo, era Guillermo Bermejo. Yo integraba la plancha como primer vicepresidente, así que no era una figura externa ni ajena al proyecto. Si él llegaba a la presidencia y tenía que ausentarse por algún motivo, me correspondía asumir. La posibilidad estaba contemplada desde el inicio.

Cuando Guillermo queda fuera de la carrera, la alianza tuvo que reorganizarse. Eso es parte de la vida política. Somos una alianza y cada partido tiene la responsabilidad de proponer alternativas. En ese proceso, se evaluaron distintas opciones. Vicente Alanoca, el candidato de Nuevo Perú, tenía mayor exposición pública, sin duda. Pero decidimos resolverlo de manera democrática, mediante una elección interna.

Yo me sometí a ese proceso y asumí el resultado. No fue una candidatura improvisada ni forzada, sino el desenlace de una discusión política interna y de una decisión colectiva. Y así es como asumo también esta etapa, como una responsabilidad que toca ejercer cuando el proyecto lo requiere.

¿Por qué crees que no se logró la unidad de la izquierda?

No creo que no se haya logrado la unidad de la izquierda. Al contrario, creo que sí se ha logrado un avance y un esfuerzo. Dentro de los partidos políticos, estamos Voces del Pueblo, Nuevo Perú por el Buen Vivir, Unidad Popular, que no está formalmente por impedimento legal, no por otra cosa. También está Patria Roja. Hay otras organizaciones regionales. Del otro lado está Juntos por el Perú, que no ha hecho alianza con nadie.

¿No hubo conversaciones con Juntos por el Perú?

Sí, conversamos bastante. La primera línea fue con Roberto  [Sánchez] . Él tenía acercamiento con nosotros, pero no terminaba de definirse y luego comenzó a andar con Antauro. Luego hubo una mesa de negociaciones donde estaba Ahora Nación, con López Chau. El problema fue que Ahora Nación puso siempre por delante la candidatura de López Chau, incluso el nombre de la alianza. Para nosotros eso era convertirnos en su furgón de cola. En una alianza necesitamos trato igualitario. ¿A mérito de qué López Chau venía a decir que era el gran líder? Incluso se atribuyó decisiones que no tomó, como la apertura de la universidad para que se alojen los manifestantes que venían de provincia en el estallido social…

Pero Juntos por el Perú representa a otros grupos, como el movimiento de Hernando Ceballos y Anahí Durand. De la misma manera, Ahora Nación no es solo López Chau, hay otras figuras que se identifican como de izquierda.

Una figura no hace un partido. Si mañana una figura se va con el fujimorismo, el fujimorismo no se vuelve de izquierda. A ese nivel no podemos llegar. Por otro lado, pensamos en las Municipales ir en alianza con APU.

¿Hubo conversaciones con  Ruth Luque, Mirta Vásquez e Indira Huilca, por ejemplo, ahora candidatas por Ahora Nación? ¿Cuál fue el problema?

El partido más cercano a ellas es Nuevo Perú, no nosotros. Tengo entendido que sí hubo acercamientos con Indira, Ruth y Mirta. Pero ellas, como otras figuras, decidieron irse por partidos que no son de izquierda. Eso ya les corresponde explicarlo a ellas.

¿Consideras que Ahora Nación no es izquierda?

No es una cuestión de percepciones personales, sino de posiciones políticas concretas. La izquierda no se define por el discurso, sino por las propuestas y las alianzas que uno construye.

López Chau, por ejemplo, no cree en una Asamblea Constituyente y plantea más bien una reforma limitada desde el Congreso, es decir, mantener el marco actual con algunos ajustes. Además, ha manifestado su respaldo a la privatización de Petroperú y mantiene una agenda cercana a la Sociedad Nacional de Industrias y a la Confiep. Esas no son posiciones menores ni anecdóticas, son definiciones centrales.

Cuando uno revisa sus intervenciones públicas, como el discurso que dio en Cusco, no encuentra planteamientos concretos de transformación estructural. Fue un discurso general, sin propuestas claras sobre los problemas de fondo del país.

Por eso me resulta difícil entender por qué desde ciertos sectores de la prensa se le presenta como una figura de izquierda. La izquierda, al menos como la entendemos nosotros, implica cuestionar el modelo económico vigente, defender lo estratégico como lo energético y plantear cambios estructurales. Si uno no está dispuesto a dar esas discusiones, entonces estamos hablando de otra cosa.

¿Entonces, dentro del espectro de la izquierda solo estaría la alianza Venceremos y JP. ¿Qué ofrece el proyecto de la alianza Venceremos a diferencia de JP?

JP está dentro del campo popular. Tengo reparos políticos, no ideológicos. El problema es que su agenda es personalizada. Si te digo JP, ¿qué se te viene a la mente? Probablemente la libertad de Pedro Castillo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero nuestra agenda es más amplia. Entre nuestras propuestas bases se encuentra la creación de una Comisión de la Verdad por las masacres del sur, que tenga facultades indemnizatorias y también la conformación de una comisión de indultos, en la que se evalúe la situación de presos políticos y luchadores sociales. Y sabemos que la libertad de una persona no le da de comer a 11 millones de pobres ni resuelve el acceso al agua, vivienda o el tema de la industrialización. Nosotros tenemos a nuestro líder natural es Guillermo Bermejo, pero nuestra agenda no es únicamente su libertad. Por delante siempre está el país.

Sobre la nueva Constitución. ¿Cómo se concretiza? ¿Desde el Congreso, vía Asamblea Constituyente?

Hay varios caminos. Uno es la vía congresal, modificando el artículo 206 en dos legislaturas. Otro es el referéndum, como permite el artículo 32, reuniendo firmas. También se puede modificar el artículo 32 para una consulta directa sin firmas. Mecanismos hay varios y vamos a usar todos. El objetivo es convocar una Asamblea Constituyente plurinacional que elabore una nueva Constitución.

Desde tu ubicación explícita en la izquierda y considerando la experiencia reciente de Chile, ¿crees que hoy existen en el Perú las condiciones políticas para impulsar un proceso constituyente? ¿Qué tipo de correlación de fuerzas permitiría que ese proceso exprese un proyecto de izquierda y no se diluya en el camino?

Lo que nosotros sostenemos es que al Perú se le está negando algo fundamental, y esa negación es la que hoy genera marchas y enfrentamientos: las decisiones se toman a espaldas del pueblo. Se modifican normas constitucionales encerrados en el Congreso, sin consulta ni legitimidad social.

El propio Congreso ha demostrado que sí cambia la Constitución cuando le conviene: impulsa la bicameralidad pese a que un referéndum la rechazó, concentra el poder y actúa como si no tuviera límites. Eso produce una ruptura evidente entre representantes y representados. El pueblo dice con razón: yo no te elegí para esto. Te elegí para legislar a mi favor, y sin embargo se aprueban leyes proimpunidad y procrimen, se inhabilita arbitrariamente a adversarios políticos, se otorgan exoneraciones tributarias a grandes agroexportadoras y no se fiscaliza al Ejecutivo ni se investigan las muertes ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte.

Frente a eso, desde abajo se está gestando un cambio. Lo que planteamos es devolverle la decisión al soberano. A través de una Asamblea Constituyente, que sea el pueblo quien decida. Si la ciudadanía quiere mantener la misma Constitución, perfecto, se continúa con ella. Pero esa decisión no puede seguir secuestrada por una élite política.

Si en un referéndum la población opta por una nueva Constitución, entonces debe elegirse democráticamente una Asamblea Constituyente, cuyos integrantes podrían incluso funcionar en paralelo al Congreso bicameral. La derecha sostiene que ese referéndum se perdería; si están tan seguros de eso, que lo convoquen.

¿Por qué mencionas que sería plurinacional?

El acento en lo plurinacional tiene que ver con una carencia histórica de las Constituciones del 79 y del 93: integrar realmente a sectores que no basta con decirles que pueden postular, sino que necesitan representación o cuotas. Pueblos originarios, aymaras, quechuas, comunidades nativas y campesinas. Necesitamos ese acento plurinacional por el país que somos, para que esas fuerzas se sientan identificadas y puedan llevar directamente sus reclamos y propuestas al texto constitucional.

Entonces, ¿no sería un espejo del Congreso con partidos políticos?

No tendría por qué ser un espejo del Congreso. Tendría que ser un espejo del país, del Perú. La Asamblea Constituyente busca generar un sistema de paz, de integridad, de unidad. De ahí salen los consensos. La Asamblea redacta una Constitución en función de consensos. Tampoco queremos una Constitución excesivamente reglamentarista, con 500 o 600 artículos llenos de candados, porque eso termina malogrando todo el texto. Una gota de vinagre puede malograr todo el vaso de agua.

Has insistido en la necesidad de una nueva Constitución y en el rol de Petroperú. Sin embargo, en el día a día, a la gente le interesa principalmente la inseguridad, el empleo y la situación económica. ¿Cómo conectas esas propuestas estructurales con esas urgencias inmediatas?

La preocupación es totalmente legítima. Una Asamblea Constituyente es una propuesta central para cambiar las reglas de fondo del país, pero es cierto que eso toma tiempo. Y mientras tanto, la inseguridad, el desempleo y el hambre no esperan. Por eso nuestra propuesta no es solo estructural, también es inmediata.

En materia de inseguridad, además de una reforma profunda de la Policía, que evidentemente no se hace de la noche a la mañana, planteamos una acción concreta desde el primer día de gobierno. Proponemos la conformación de un comando especial de élite para enfrentar de manera directa a las grandes organizaciones criminales, la extorsión y el crimen organizado.

No estamos hablando de estados de emergencia simbólicos ni de militarizar barrios sin resultados. Hablamos de un equipo especializado, conformado por los mejores cuadros policiales, con acceso a inteligencia, contrainteligencia, tecnología y recursos del Estado, y con una conducción política clara. El Presidente tiene que asumir esa responsabilidad directamente. Si el Presidente no lidera la lucha contra el crimen organizado, lo que sigue es más de lo mismo.

Este comando no está pensado para perseguir al pequeño delito ni para criminalizar la informalidad. Está pensado para ir por los grandes focos de poder criminal, por las bandas que extorsionan, que cobran cupos y que controlan territorios enteros. Esa delincuencia no golpea a la élite, golpea al pequeño comerciante, al transportista, al vecino de barrio. A esa gente es a la que representamos.

Y ahí está la conexión con las propuestas estructurales. Sin seguridad no hay empleo, sin estabilidad de precios no hay economía familiar que aguante. Petroperú, una nueva Constitución y una política de seguridad eficaz apuntan al mismo objetivo: que el Estado deje de estar ausente en la vida cotidiana y empiece a proteger de verdad a quienes hoy están completamente desamparados.

¿De dónde salen esos policías “buenos”?

No salen de la nada ni por afinidad política. Salen de mecanismos objetivos de selección que hoy el propio Estado ya conoce, pero no usa de manera sistemática.

El primer filtro es la hoja de vida. Policías sin denuncias por corrupción o abuso, con trayectoria limpia, evaluaciones positivas y reconocimientos por su desempeño. El legajo tiene que mostrar mérito, no solo antigüedad. Hay muchos policías que han demostrado honestidad en situaciones concretas, que han devuelto dinero encontrado, que han actuado correctamente aun cuando nadie los estaba mirando. Ese capital humano existe.

El segundo elemento es la evaluación permanente. No se trata de nombrarlos y olvidarse. Tiene que haber control interno, rotación, contrainteligencia y monitoreo constante. Un comando de este tipo se construye, se ajusta y se corrige sobre la marcha.

Respecto al polígrafo, no lo planteamos como una verdad absoluta ni como prueba única, porque sabemos que no tiene sustento científico concluyente. Puede ser una herramienta complementaria, no decisiva, dentro de un conjunto más amplio de controles.

La idea central es esta: no confiar ciegamente en nadie, pero tampoco partir de la desconfianza total. Seleccionar a los mejores, supervisarlos de manera estricta y corregir rápidamente cualquier desviación. Sin eso, cualquier política de seguridad está condenada al fracaso.

¿Tienes en mente algún policía que destaque actualmente? ¿Hay interés dentro de la policía?

No se trata de buscar figuras mediáticas ni policías que construyen su carrera a partir del prejuicio o del show. No necesitamos policías que terruqueen ni que vean enemigos internos en la propia ciudadanía. Tampoco policías que solo busquen cámaras o protagonismo personal.

Lo que buscamos son perfiles profesionales, con trayectoria silenciosa, que conocen el trabajo operativo y que no han hecho de la exposición pública su objetivo. En nuestro plan de gobierno contamos con policías en retiro que conocen bien el sistema, saben cómo funciona la institución por dentro y, sobre todo, saben identificar a los buenos cuadros que siguen en actividad.

Sí hay interés dentro de la Policía. Hay muchos oficiales cansados de que el trabajo serio no se reconozca y de que el ascenso muchas veces no dependa del mérito. A esos policías hay que convocarlos, darles respaldo político y condiciones reales para trabajar.

Y algo importante: esto no es solo una tarea operativa, también es simbólica. Los policías que hagan bien su trabajo, que enfrenten al crimen organizado con profesionalismo y sin abusos, van a ser reconocidos, condecorados y ascendidos por el Estado. La patria también se construye reconociendo a quienes la cuidan bien.

¿Qué papel juega acá la ciudadanía?

La ciudadanía cumple un papel central, porque esta tarea no puede recaer solo en el Estado: tiene que ser colectiva. En ese marco, planteamos una propuesta concreta: el referéndum de los comisarios. La idea es que sea la propia población la que evalúe el desempeño de su comisario. ¿Quién mejor que los vecinos para saber si un comisario cumple o no su función? Si no atiende denuncias, si no responde, si la policía nunca llega, esa evaluación debe tener consecuencias. Un comisario mal evaluado puede ser descalificado; uno bien evaluado puede ascender y ser asignado a una jurisdicción más compleja. De esa manera se construye un sistema de incentivos basado en resultados reales. Hoy muchos ascensos en la policía se dan principalmente por cursos o diplomados. No estoy en contra de la formación, pero en el contexto actual es indispensable reconocer y promover al policía operativo, al que trabaja en territorio y obtiene resultados frente al crimen. Este enfoque prioriza las zonas donde la criminalidad es más grave. Allí donde el delito golpea con mayor fuerza, como distritos con altos niveles de inseguridad, la participación ciudadana y los mecanismos de control deben ser más intensos, sin dejar de lado estándares de supervisión en el resto del país.

¿Las rondas vecinales o las juntas vecinales tendrían algún papel?

Las rondas campesinas cumplen un papel fundamental en determinados territorios, pero no pueden trasladarse de manera mecánica al contexto urbano. Son formas de organización con un fuerte arraigo histórico, comunitario y regional que responden a realidades sociales muy específicas. En ciudades como Lima, ese sustrato no existe, y pretender replicarlas sin mediaciones puede generar más problemas que soluciones.

En el ámbito urbano, en cambio, las juntas vecinales sí pueden cumplir un rol relevante, especialmente como instancias de colaboración con las comisarías y con los propios comisarios. Los vecinos conocen su territorio: saben dónde se concentran los focos de delincuencia, cuáles son los horarios críticos y cómo operan ciertas dinámicas delictivas, muchas veces con un nivel de detalle que la policía no siempre tiene.

Hoy existe una desconexión evidente entre esa información territorial y el despliegue policial. No tiene sentido concentrar efectivos en tareas meramente recaudatorias o de control menor, como esconder policías en un semáforo para imponer multas, cuando se sabe perfectamente dónde se producen los delitos más graves.

La participación vecinal no reemplaza a la policía ni puede derivar en formas de justicia por mano propia. Su valor está en la alerta temprana y en la producción de información preventiva. Ese conocimiento previo, bien articulado con la institución policial, permite intervenir antes de que el delito se consolide. Ahí está la clave: no en copiar modelos ajenos, sino en construir esquemas de seguridad adecuados a cada territorio.

En un escenario latinoamericano marcado por cambios de signo político, ¿hay experiencias de gobiernos de izquierda en la región que consideres referentes? ¿Qué elementos, si alguno, crees que podrían adaptarse a la realidad peruana?

Antes de responder, creo que es necesario distinguir con claridad dos planos distintos: la solidaridad política y la imitación de modelos. Yo me siento solidario con causas y pueblos que enfrentan situaciones de dominación o bloqueo, como Palestina, Cuba o Venezuela, y también con la comunidad latina en Estados Unidos. Esa solidaridad es política y ética. Pero eso no significa que aspire a que el Perú se convierta en alguno de esos países.

Cada país tiene una configuración histórica, social y económica propia. Venezuela, por ejemplo, cuenta con enormes reservas de petróleo; el Perú no. Nuestra realidad está marcada por otras tensiones: un sur históricamente resistente, pueblos aymaras con demandas específicas, corrientes como el etnocacerismo, y un conflicto cultural persistente entre Lima y el sur andino. Ese choque estructural explica fenómenos como el racismo, el centralismo y el uso del “terruqueo” como forma de deslegitimación política.

En ese sentido, no veo en América Latina un modelo de gobierno que pueda trasladarse mecánicamente al Perú. La historia reciente demuestra que exportar esquemas o copiar recetas no funciona. Aquí retomo una idea clásica de José Carlos Mariátegui: no se trata de calco ni copia, sino de creación heroica. Un proyecto político serio tiene que partir de su propia realidad social y cultural.

Eso no implica negar el aprendizaje comparado. Hay procesos que resultan interesantes en términos analíticos, por ejemplo, el impulso industrializador de China. Pero incluso esos casos responden a trayectorias históricas, demográficas y estatales completamente distintas a las nuestras. Se puede estudiar, observar y aprender, pero gobernar el Perú exige pensar desde el Perú, no desde modelos importados.

Justamente sobre industrialización: has hecho mucho énfasis en ese tema. ¿Puedes desarrollarlo un poco más?

Si uno mira las cifras, el diagnóstico es claro: cerca del 50 % de nuestras exportaciones siguen siendo materias primas. El Perú funciona, en lo esencial, como una economía primario-exportadora. Para sectores de la derecha eso no es un problema, incluso lo consideran el modelo ideal y buscan perpetuarlo. Nosotros no compartimos esa visión.

No se trata de estar en contra de la minería ni de los recursos naturales.

El problema no es extraer, sino quedarse ahí. Un país que se limita a exportar materia prima renuncia a capturar valor, a desarrollar tecnología, a generar empleo calificado y a construir soberanía económica. Ese modelo no produce desarrollo sostenido ni reduce las brechas sociales.La industrialización es el paso siguiente y necesario. Allí donde hay recursos estratégicos, tiene que haber transformación productiva. Donde hay litio, no basta con exportarlo: debe haber industria de baterías. Donde hay cobre, no solo concentrados, sino producción de cables, componentes y manufactura asociada. Donde hay recursos forestales, industria papelera; donde hay fosfatos, producción de fertilizantes. Esa es la diferencia entre ser un país proveedor y ser un país productor.

La industrialización no es una consigna del pasado, es una decisión política de futuro. Implica planificación estatal, articulación con el sector privado, inversión en ciencia y tecnología y una mirada de largo plazo. Sin ese salto, el Perú seguirá creciendo de manera frágil, dependiente y desigual. Con ese salto, en cambio, se abre la posibilidad de un desarrollo más autónomo, más inclusivo y más sostenible.

Sin seguridad no hay empleo, sin estabilidad de precios no hay economía familiar que aguante.

¿Eso lo haría el Estado o el sector privado?

No tenemos ningún problema con que lo haga el sector privado; al contrario, sería lo ideal. El problema es que hoy el marco vigente incentiva casi exclusivamente la explotación, no la transformación productiva. Se firman contratos para extraer y exportar, pero no para industrializar. Nosotros planteamos cambiar esa lógica: explotación, sí, pero acompañada de industrialización.

Además, la industrialización no ocurre de un día para otro. Es un proceso escalonado: se puede empezar por el ensamblaje, pasar luego a una manufactura intermedia y, progresivamente, avanzar hacia niveles más complejos de producción. Ese tránsito no solo agrega valor económico, sino que ataca un problema central del país: el empleo. No se trata de inflar la planilla estatal, sino de generar trabajo formal y sostenible.

Hoy, ante la falta de empleo digno, la mayoría de personas se ve forzada al autoempleo. Por eso tenemos cerca de un 80 % de informalidad. Recuperar zonas industriales, fábricas y empleo en planilla implica recuperar también derechos laborales, beneficios sociales y organización sindical. La industrialización crea sindicatos, y los sindicatos, lejos de ser un obstáculo, mejoran la relación entre trabajadores y empleadores y funcionan como un mecanismo de fiscalización mucho más efectivo que cualquier oficina burocrática.

Si el sector privado asume ese rol, perfecto. Si no lo hace, el Estado no puede quedarse de brazos cruzados. En ese caso, apostamos por esquemas mixtos, donde el Estado participe como impulsor, socio o garante del proceso. Existen experiencias diversas —desde Alemania hasta economías asiáticas— que muestran que no hay un único modelo. Nosotros no estamos atados a una fórmula rígida: lo que nos interesa es que la industrialización ocurra y que sirva para transformar la estructura productiva y laboral del país.

No te vamos a preguntar  si Venezuela es una democracia o una dictadura; más bien, ¿en qué puntos te distancias del chavismo y qué lecciones extraes de esa experiencia para el Perú?

Hay que reconocer primero una similitud básica: tanto el chavismo como nuestro proyecto se plantean como representaciones políticas de sectores históricamente excluidos. Pero a partir de ahí las diferencias son claras y sustantivas.

Venezuela tuvo una oportunidad excepcional durante el boom petrolero, pero no la aprovechó para construir autosostenibilidad económica. Se apostó casi exclusivamente a la renta del petróleo, sin desarrollar una estrategia sólida de seguridad alimentaria ni de diversificación productiva. Se actuó como si el mercado internacional fuera una fuente permanente e inagotable de recursos.

Nosotros partimos de una premisa distinta: no hay transformación social posible si antes no se garantiza lo básico. Agua, alimentación y capacidad productiva interna. Los cambios estructurales vienen después de que la población tiene cubiertas esas condiciones mínimas.

Depender de una sola actividad económica es un riesgo enorme. Es como una familia que vive de un solo ingreso: cualquier crisis la deja en el aire. El Perú tiene una ventaja comparativa clara: mar, agricultura, biodiversidad, recursos naturales, pero hoy produce principalmente para exportar, no para abastecerse a sí mismo.

Apostar por la autosostenibilidad alimentaria y productiva permitiría avanzar hacia la industrialización, retomar una segunda reforma agraria y construir un país más estable, menos vulnerable a shocks externos y, en consecuencia, más gobernable. Esa es una diferencia central con el modelo venezolano.

Otro de los grandes temas que se han discutido en estos años es el retiro de las AFP. Sabemos que el sistema de pensiones está bastante complicado. ¿Tienen alguna propuesta de reforma del sistema previsional?

Sí. Nosotros partimos de una premisa clara: el sistema previsional peruano, tal como está diseñado hoy, es un sistema fallido. Y esto aplica tanto para las AFP como para la ONP. Ninguno garantiza pensiones dignas ni seguridad para la vejez.

Este fracaso no es solo técnico, es político. Durante años se ha construido una relación de privilegios entre un grupo reducido de empresas financieras y sectores del poder político. Ha habido financiamiento de campañas, lobby y decisiones legislativas que han favorecido directamente a las AFP, incluso utilizando recursos que pertenecían a los propios ahorristas. Eso ha erosionado completamente la legitimidad del sistema.

Por eso, cuando la gente retira sus fondos, no lo hace por capricho, sino porque desconfía. El problema es que los retiros no solucionan el fondo del asunto, solo evidencian que el sistema no cumple su función básica: dar tranquilidad en la vejez. Nuestra propuesta no es seguir parchando un modelo agotado, sino pensar una reforma estructural.

Hoy tenemos dos sistemas que no conversan entre sí: uno público y uno privado. Ninguno resuelve el problema. ¿Plantean un sistema mixto? ¿Un modelo distinto?

Lo que planteamos no es simplemente un sistema mixto en el sentido tradicional, sino un sistema integral y articulado. Hoy tenemos dos esquemas paralelos que no dialogan, que compiten entre sí y que, al final, dejan desprotegida a la mayoría de la población.

Nuestra propuesta apunta a un sistema escalonado de pensiones. Un sistema donde exista un piso mínimo garantizado por el Estado. Así como existe una remuneración mínima vital, debería existir una pensión mínima que asegure condiciones básicas de vida. No es aceptable que una persona que trabajó toda su vida termine recibiendo 400 o 500 soles.

Sobre ese piso, debe construirse un sistema contributivo donde la pensión refleje el esfuerzo y los aportes de cada trabajador, pero dentro de una lógica solidaria. No hay sistema previsional viable sin solidaridad intergeneracional. Evidentemente, esto requiere cálculos técnicos, proyecciones actuariales y un debate serio, pero la orientación es clara: un sistema que combine aportes individuales con responsabilidad colectiva.

El gran problema es la informalidad. ¿Cómo se incorpora a ese sector?

La informalidad es, sin duda, el principal cuello de botella del sistema previsional. Ninguna reforma va a funcionar si seguimos teniendo a más de la mitad de la población fuera del empleo formal. Por eso, la política previsional no puede separarse de una política de empleo digno y formalización laboral.

Ahora bien, mientras ese proceso avanza, hay mecanismos que se pueden explorar. Por ejemplo, esquemas de aportes vinculados a recibos por honorarios, aportes parciales asociados a determinados consumos o ingresos, y fórmulas flexibles que permitan incorporar a trabajadores independientes. Pero esto no puede hacerse dentro del modelo actual de AFP.

No puede sostenerse un sistema donde el riesgo nunca lo asumen las administradoras, donde las comisiones son altas incluso cuando hay pérdidas, donde se paga poco y tarde, y donde el dinero de los afiliados termina siendo prestado a tasas elevadas. De ese esquema tenemos que salir.

La informalidad no se combate castigando al trabajador, sino construyendo un sistema en el que valga la pena participar y en el que la gente confíe.

En educación, que es clave para el desarrollo nacional, hemos visto una proliferación de universidades privadas de baja calidad. La SUNEDU fue debilitada y, aun cuando existía, no resolvió completamente el problema estructural. ¿Qué proponen para garantizar calidad y acceso en la educación superior?

Hay que decirlo con claridad: el problema de la educación en el Perú no es solo de gestión, es un problema de modelo. Durante años se permitió que la educación superior se convierta en un negocio, donde abrir una universidad fue más fácil que garantizar estándares mínimos de calidad.

La SUNEDU, con todas sus limitaciones, cumplía una función básica: poner un piso. Su desarticulación no solo debilitó la supervisión, sino que volvió a abrir la puerta a instituciones que lucran con las expectativas de miles de jóvenes. Eso es inaceptable.

Ahora bien, la regulación por sí sola no basta. El problema de fondo es el financiamiento. En educación todos estamos de acuerdo en los objetivos: más y mejores colegios, docentes bien pagados, infraestructura digna. La discusión real es cómo se financia eso de manera sostenida.

Hoy el Perú invierte alrededor del 4.2% del PBI en educación. Nosotros planteamos llegar al 6%, no como un eslogan, sino como una necesidad básica. Basta mirar las cifras: cerca del 50% de los colegios públicos necesita ser reconstruido. Sin recursos, no hay reforma educativa posible.

¿De dónde sale esa plata?

El dinero existe. El problema es cómo se distribuye la carga tributaria. Cada año el Estado deja de recaudar alrededor de 27 mil millones de soles en exoneraciones tributarias, concentradas principalmente en la gran minería y en grandes agroexportadoras. Al mismo tiempo, el Perú tiene una presión tributaria de apenas 14.1%, una de las más bajas de la región. Nosotros creemos que es perfectamente posible llevarla al 17 o 18%.

Esto implica una reforma tributaria progresiva. Impuestos a la gran riqueza, al gran patrimonio y a las sobreganancias, especialmente en sectores que han tenido utilidades extraordinarias. No estamos planteando subir el IGV ni cargarle más peso a las familias que ya están al límite. El ajuste tiene que venir desde arriba.

En el caso de la agroexportación, además, hay un problema estructural. Grandes empresas reciben exoneraciones millonarias, reducen costos laborales con contratos temporales, exponen a sus trabajadores a pesticidas y, en muchos casos, sacan sus utilidades fuera del país. Investigaciones periodísticas, como las de Ojo Público, han documentado estas prácticas con claridad. Es una suerte de minería 2.0, con privilegios similares y consecuencias sociales graves.

Si queremos educación de calidad, hay que decirlo sin rodeos: no es falta de dinero, es falta de decisión política para tocar intereses que hoy no contribuyen lo que deberían.

Sobre minería ilegal y minería informal, ¿cuál es la hoja de ruta?

Lo primero es poner una línea clara donde hoy se mezcla todo a propósito. No es lo mismo minería informal que minería ilegal, y tratarlas como si fueran lo mismo ha sido uno de los grandes errores del Estado.

La alianza Venceremos no tiene ningún dirigente vinculado a la minería ilegal. No representamos esos intereses. Lo que sí hacemos es asumir una posición clara frente a un problema real que el Estado ha preferido administrar mal antes que resolver.

La minería informal se ha convertido en una importante fuente de trabajo para muchas familias. Más del 90% de los mineros informales opera en concesiones de terceros, muchas veces concesiones ociosas, en manos de personas que nunca han trabajado la mina. El principal obstáculo para la formalización no es la voluntad del minero, sino que el titular de la concesión no da autorización o impone condiciones abusivas. En la práctica, eso empuja a miles de trabajadores a la informalidad permanente.

Nosotros creemos que aquí debe primar un principio básico: así como la tierra debe ser para quien la trabaja, la mina también debe ser para quien la trabaja. Si no hay acuerdo razonable entre el concesionario y el minero artesanal, el Estado tiene que intervenir. La expropiación de la concesión, pagando un precio justo, no es un acto ideológico ni extremo, es una herramienta legal del Estado para ordenar un sector que hoy está completamente distorsionado.

Ahora bien, la formalización no puede ser a cualquier costo. El Estado tiene que fiscalizar de manera estricta que la actividad minera informal formalizada respete normas ambientales, laborales y de seguridad. Formalizar no es mirar al costado, es integrar a la legalidad con reglas claras y supervisión real.

Otra cosa muy distinta es la minería ilegal. Ahí no hay ambigüedad posible. La minería ilegal destruye ecosistemas, financia economías criminales y genera violencia. Frente a eso, el Estado no puede negociar ni prorrogar indefinidamente. Tiene que combatirla con toda su capacidad, sin medias tintas.

El REINFO no puede seguir siendo una prórroga eterna que solo posterga el problema. Si el Estado no actúa ahora, lo que hace es empujar a decenas de miles de personas a la ilegalidad y generar focos de conflicto que no tiene capacidad operativa para controlar. Eso sí sería una irresponsabilidad.

Nuestra hoja de ruta es clara: formalización real para quienes trabajan y quieren cumplir la ley, fiscalización ambiental y laboral estricta, y combate frontal a la minería ilegal. Mezclar todo solo beneficia a quienes lucran con el caos.

En el caso de Mario Vizcarra, el Jurado Nacional de Elecciones permitió su participación política pese a haber cumplido una condena por corrupción, al considerar que una prohibición adicional vulneraría el derecho a la participación política y el principio de resocialización. ¿Estás de acuerdo con esta decisión? ¿Crees que una persona sentenciada que ya cumplió su condena debe poder volver a participar en la vida política?

Yo parto de una convicción clara: creo en el derecho a la participación política y creo en el debate democrático. A mí me hubiese gustado competir con el antaurismo en las urnas, y no que les prohíban participar por cuestiones administrativas. Las ideas se enfrentan políticamente, no eliminando competidores por la vía legal cuando no representan un peligro real para la sociedad.

Yo creo firmemente en la resocialización. Toda persona que ha cumplido una condena tiene derecho a rehacer su vida. No pueden existir penas perpetuas encubiertas que se extiendan indefinidamente bajo la forma de prohibiciones adicionales. Si el Estado castiga, pero luego no permite reintegrarse plenamente a la sociedad, entonces el castigo deja de ser justicia y se convierte en exclusión permanente.

Ahora bien, esto no significa desconocer que existen límites. En una democracia siempre hay que ponderar derechos. No todos los delitos ni todas las circunstancias son iguales, y es legítimo discutir si ciertos cargos o funciones públicas requieren estándares más altos o restricciones específicas. Pero esas reglas deben ser claras, generales y definidas democráticamente, no aplicadas de manera selectiva o coyuntural.

Ese es un debate que, en todo caso, debería darse en un espacio de reforma profunda, como una Asamblea Constituyente, donde se definan con claridad los alcances de la resocialización y los eventuales límites a la participación política. Lo que no es sano para la democracia es usar la ley como arma política para sacar de carrera a determinados actores.

Defender el derecho a participar no es defender la corrupción. Es defender un principio básico: que la democracia se fortalece con más debate, más confrontación política y reglas claras, no con prohibiciones discrecionales.

¿Te hubiera gustado derrotar en las urnas al Movadef?

Sí, sin duda. Creo que en el país hace falta enfrentar de manera más abierta el debate político. Las ideas no se derrotan con prohibiciones, sino discutiéndolas públicamente y mostrando con claridad qué representan y hacia dónde conducen.

Así como es necesario derrotar en las urnas a la mafia fujimorista y exponer sus intereses y prácticas, también es importante que expresiones como el Movadef se enfrenten en el terreno democrático y derrotarlas. Que la ciudadanía conozca sus planteamientos, los evalúe y decida.

Limitar la participación política en función de afinidades ideológicas nos lleva a una lógica de exclusión que no es compatible con un Estado de derecho. Una democracia sólida no selecciona quién puede participar según simpatías o antipatías políticas, sino que confía en el debate, la memoria y la decisión ciudadana.

Eso no significa avalar ni compartir esas posiciones. Significa sostener un principio democrático básico: que las ideas se confrontan políticamente y se derrotan con argumentos y votos, no con vetos ni prohibiciones administrativas.

¿Hace un momento hablaste de la posibilidad de indultar a presos políticos. ¿Eso incluye a organizaciones como el FREDEPA?

El enfoque no puede ser por organizaciones, sino por personas y por casos concretos. El indulto no se evalúa en bloque ni por pertenencia política, sino analizando individualmente qué se le imputa a cada persona y bajo qué condiciones fue condenada.

Por eso he sido claro en algo: hay delitos que no pueden ser materia de indulto presidencial. La corrupción no lo es, y el terrorismo, entendido como acción terrorista, tampoco. En esos casos no hay margen de discusión. Cuando me han planteado nombres vinculados a corrupción, como Toledo u Ollanta, he dicho claramente que no.

Ahora bien, lo que sí corresponde discutir es cuando se usa el derecho penal para castigar o neutralizar políticamente, y ahí hay que entrar con mucho cuidado. No todo lo que se etiqueta como “terrorismo” o “delito contra el Estado” responde necesariamente a una acción terrorista real. Hay casos en los que lo que se imputa son vínculos, ideas, asociaciones o conductas que no implican violencia ni participación directa en actos criminales.

Entonces, la línea es clara. Si hay acción terrorista o corrupción comprobada, no hay indulto. Pero si estamos frente a personas condenadas sin pruebas sólidas de violencia, o en contextos donde el sistema penal ha sido utilizado de manera desproporcionada, esos casos sí merecen ser revisados con seriedad.

No se trata de liberar por afinidad política ni de proteger organizaciones. Se trata de defender principios básicos del Estado de derecho: individualización de la pena, proporcionalidad y justicia. Sin eso, el indulto deja de ser una herramienta excepcional y se convierte en un acto arbitrario, y eso es justamente lo que queremos evitar.

Como abogado, ¿qué opina de los casos Perseo y Olimpo?, ¿hay problemas de prueba, de tipificación o de uso político del proceso penal?

En esos casos el punto no es “defender organizaciones” ni hacer barras; el punto es defender estándares mínimos de justicia. En Perseo ha habido absoluciones, y eso ya dice que no era un caso tan sólido como se presentó en el discurso público. Pero incluso donde hay condenas, la discusión de fondo sigue siendo si se probó realmente una conducta delictiva concreta, o si se terminó condenando por asociación, por vínculos presuntos, por interpretaciones amplias, o por lectura política del caso.

Y esto no es solo Perseo. Casos como el de Guillermo Bermejo muestran un patrón: un sistema de justicia que a veces funciona más como castigo ejemplarizante que como justicia estricta. Cuando la justicia se vuelve “ajusticiamiento”, el problema es de todos, porque mañana le puede tocar a cualquiera.

Por eso la discusión tiene que ir más atrás: leyes, tipos penales, reglas probatorias y control del abuso. Si las reglas permiten estirar imputaciones sin prueba robusta, el sistema queda listo para la arbitrariedad. Y eso hay que visibilizarlo y debatirlo como país.

Hoy no vemos acciones terroristas, pero el lenguaje de “grupos terroristas” sigue presente en el debate público y en la política ¿Hasta qué punto esa categoría sigue siendo útil y cómo debería redefinirse la estrategia del Estado consecuencia?

Esto requiere una discusión jurídica y social seria, porque si no seguimos en un limbo: usamos categorías del pasado para describir una realidad que hoy es distinta. En el VRAEM, por ejemplo, lo que existe es un remanente armado vinculado al narcotráfico, y eso obliga a una estrategia más precisa y menos propagandística.

Nuestra posición es clara: no podemos normalizar el estado de emergencia como forma de gobierno. Un estado de excepción permanente termina recortando derechos, debilitando control civil y, encima, no resuelve el problema. Lo que proponemos es focalizar: levantar el estado de emergencia de manera general y concentrarlo solo en la zona específica donde operan los Quispe Palomino, con un objetivo concreto y verificable.

Y ahí viene lo importante: plazo y resultados. Dar un plazo de seis meses a las Fuerzas Armadas y a la inteligencia del Estado para capturar a esas cabezas. No es “guerra eterna”, es una operación con metas claras. Un país no puede vivir en zozobra indefinida por un grupo reducido, mientras se usa ese miedo como justificación para mantener excepcionalidades y reavivar fantasmas.

Lo que hay que hacer es terminar con el negocio del miedo: seguridad con foco, resultados, y un marco legal que no convierta la excepción en regla.

Finalmente, ¿por qué crees que el tema de Petroperú debería importarle a la gente común, más allá del debate técnico o ideológico?

Por dos razones centrales. Primero, porque Petroperú es un símbolo, y segundo, porque es un caso concreto de cómo el Estado puede intervenir para ordenar sectores estratégicos de la economía.

Se ha querido instalar la idea de que las empresas estatales, por definición, no funcionan, no son rentables y están condenadas al fracaso. Nosotros no compartimos esa premisa. El problema no es que una empresa sea estatal, el problema es cómo se gestiona. Una empresa mal manejada fracasa, sea pública o privada. Una bien gestionada puede salir adelante, también en ambos casos.

En el caso de Petroperú, lo primero es que opere a su máxima capacidad, algo que hoy no está ocurriendo. A partir de ahí, hay que aplicar criterios básicos de gestión: atraer a los mejores profesionales, tomar decisiones técnicas y exigir resultados. No hay ningún misterio en eso.

La diferencia clave con una empresa privada es el objetivo. No se trata de buscar lucro excesivo a costa de la población. Petroperú cumple una función estratégica: da seguridad energética y permite amortiguar impactos en los precios de los combustibles. Si se entrega completamente al sector privado, se deja una actividad clave únicamente a la lógica de la oferta y la demanda.

¿Y eso qué significa en la práctica? Que regiones como la Amazonía pueden terminar pagando el combustible más caro de Sudamérica, que se encarece toda la cadena de suministros y que el transporte se vuelve inaccesible. Suben los pasajes, suben los alimentos, sube el costo de vida. Es decir, la administración de Petroperú tiene que ver directamente con la vida diaria y la subsistencia de las personas.

Por eso este no es un debate abstracto. Petroperú bien gestionada puede ayudar a dar estabilidad de precios y a evitar abusos en zonas donde el mercado no funciona de manera competitiva. La lógica privatista, llevada al extremo, es una lógica de extracción rápida. La lógica de una empresa estatal estratégica debería ser otra: asegurar servicios, colaborar con el desarrollo y proteger a la población frente a shocks de precios.

Al final, el tema de Petroperú no es si el Estado o el mercado, sino para quién funciona la economía y con qué reglas. Y eso sí debería importarle a cualquiera.