Dictadura por diseño

El régimen de Alberto Fujimori podría ser entendido como una dictadura por defecto, moldeada por la crisis económica, la violencia política y el reformismo neoliberal que llegaba con fuerza en la región a fines de los ochenta. El autogolpe y la captura del Estado fueron medios para alcanzar la estabilidad y el orden neoliberal, sostenidos en un pacto contingente entre gobierno, fuerzas armadas y élite empresarial. Fue un autoritarismo disruptivo y reactivo, que se fue forjando y expandiendo mediante la represión social, la persecución de la disidencia, la impunidad de los agentes represores y la depredación de lo público.

A diferencia del régimen de su padre, 26 años después de su caída, Keiko Fujimori está erigiendo una dictadura por diseño. Luego de tres derrotas electorales quedó muy claro que el Fujimorismo no volvería al poder mediante un proceso democrático regular. Entonces, la estrategia ha sido gobernar desde el Congreso, perseguir y excluir a opositores políticos, capturar instituciones, aprobar leyes y directivas electorales a la medida. No es disrupción, es continuidad de un poder político expansivo que atraviesa el Legislativo, los organismos autónomos y hoy llega al Palacio de Gobierno. Y como se tratará de un gobierno sin legitimidad, respaldado por menos de la mitad de los votantes en el territorio nacional, están construyendo una arquitectura institucional dictatorial que legaliza el desequilibrio de poderes, la captura institucional y la represión autoritaria. La dictadura aquí se planifica. 

La ley del deseo

Y quizá lo más obsceno es que están planificando la represión en una suerte de autoritarismo preventivo. Sus últimas iniciativas legislativas protegen a los agentes de las fuerzas armadas y policiales convirtiendo en delitos de función el “restablecimiento del orden público”, lo que en la práctica significa que violentar a manifestantes estará bajo la jurisdicción del tribunal policial-militar, como en el primer Fujimorato. Se busca, además, eliminar la imprescriptibilidad de los delitos que se configuren como de lesa humanidad, buscando la impunidad de los perpetradores y persiguiendo a los jueces que hagan control convencional e inapliquen esta legalidad antiderechos. En el Fujimorato de los noventa, primero, se creó un grupo paramilitar y luego se aprobó una ley de amnistía para evadir la persecución penal por sus delitos. En el Fujimorato 2.0 primero se crean las leyes de impunidad para proteger a los eventuales perpetradores y obstaculizar preventivamente los futuros intentos de acceder a la justicia. Pasamos de una dictadura reactiva a una previsora. 

Pero la violencia legal se está erigiendo a la par de la violencia discursiva. Los medios afines auguran movilizaciones sociales que “van a buscar muertos” para “poner contra las cuerdas al nuevo gobierno”. Siguiendo esta lógica, si la gente que protesta “busca muertos”, la protesta sería ilegítima porque tendría como medios la zozobra y el terror. Y como con terroristas no se conversa ni se negocia, se estaría justificando la represión absoluta. Además, si la gente “busca muertos”, entonces la responsabilidad recae en los dirigentes, no en los perpetradores. Y los muertos no serían víctimas porque decidieron instrumentalizarse para el caos. Es un discurso que encumbra a toda regla la violencia de Estado y la impunidad de las fuerzas públicas. En el primer Fujimorato, el régimen compró la línea editorial de medios masivos para difundir este tipo de discursos; en el Fujimorato 2.0 el régimen nace con medios que operan como propagandistas de gobierno. 

La violencia legal y discursiva denota un deseo palpable de las fuerzas políticas ultraconservadoras y de sus grupos de interés de aplastar toda disidencia política y social. Este discurso del enemigo total fue un factor decisivo en la elección presidencial gracias, en gran parte, a sectores centristas que normalizaron el framing fujimorista: orden o terror.

Perdidos en la transición

La dictadura por diseño tiene una ideología visible y otra inmanente. Lo visible es el neoliberalismo popular y el neo-mercantilismo, con la necesidad creciente de consolidar redes clientelistas con las élites económicas tradicionales (AFPs, gran minería, agroexportación) y las emergentes (mineros ilegales). La ideología inmanente es más siniestra: el terruqueo. Un significante maleable y expandible que abarca a todo crítico del régimen. En un estudio explicamos que la vigencia de esta ideología se explica en gran medida por el proceso truncado de justicia transicional. 

Como resultado de ello, en las últimas décadas se ha desplegado en los territorios un autoritarismo de baja intensidad con estados constantes de emergencia y represión frente a la movilización social. Esto se ha observado con claridad en los conflictos socio-ambientales, en donde la violencia abierta es acompañada de una violencia simbólica que retrata a los manifestantes como ignorantes que deben ser informados y adiestrados en las bondades del crecimiento económico, o simplemente como subversivos. No es sorpresa entonces que, según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en el periodo de 2002 a 2022, se hayan registrado 124 muertes de manifestantes en eventos de conflictos con las fuerzas públicas. La represión y muerte durante el estallido social en el 2022/2023 han sido solo la punta del iceberg de un proceso continuo de violencia estatal. Y todo esto puede magnificarse bajo el nuevo fujimorismo. Con toda la infraestructura legal lista y el discurso del enemigo total en ebullición, el objetivo de acelerar proyectos y de eliminar estándares ambientales y sociales concebidos como “tramitología” se convertirá en un imperativo del régimen.

Hoy, con el regreso del Fujimorismo, cerramos un círculo del cual nunca pudimos salir. El discurso de “orden o terror” se erige como proclama política explícita y su naturaleza dictatorial no solo es aceptada, sino celebrada por los sectores más tradicionales e influyentes de la sociedad. ¿Hay forma de salir de este hoyo? La resistencia ciudadana genera también identidad política y crea puentes invisibles entre diversos sectores sociales. Persistir en la libertad de disentir, ejercer derechos, defender a los más vulnerables y exigir democracia es el único camino posible.