Grupo Gloria y el expresidente español Zapatero, investigados por presunta corrupción

La policía española sostiene que el ex jefe de gobierno socialista habría cobrado 200,000 euros del conglomerado peruano para influir ante autoridades bolivianas. El caso se inscribe en una investigación más amplia que convierte a Zapatero en el primer expresidente español investigado por corrupción en democracia.

Un informe policial sostiene que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia orientada a "beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, a cambio de una contraprestación económica de 200,000 euros. El documento fue elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española y fue remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el 22 de junio de 2026.

Según la información publicada sobre el caso, Zapatero fue citado como investigado en una causa que lo sitúa como el primer expresidente del Gobierno español en democracia en esa condición procesal por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

¿Quién es el Grupo Gloria y cuál era su problema en Bolivia?

El Grupo Gloria es uno de los mayores conglomerados empresariales del Perú. Con más de 33,000 empleados directos, el grupo ha diversificado sus negocios hacia áreas estratégicas como el azúcar, el papel, el cartón y, especialmente, la industria cementera. Cuenta con presencia en Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Bolivia, además de Perú.

Precisamente esa rama cementera es la que aparece en el centro del escándalo. La Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), subsidiaria del Grupo Gloria, enfrenta un prolongado litigio con la estatal FANCESA por una disputa de competencia desleal y obligaciones económicas. Los casos están vinculados a disputas por competencia desleal y obligaciones económicas entre SOBOCE y la estatal Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA).

Desde 2011, FANCESA sostenía una demanda debido a que la filial del Grupo Gloria utilizó indebidamente acciones de la cementera pública boliviana para financiar su expansión empresarial. Tras años de litigio y apelaciones, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia habría confirmado en febrero de 2025 una sentencia que fija el pago de 107 millones de dólares a favor de FANCESA.  A ello se añadían otros dos conflictos: el impago de la compensación por la nacionalización de acciones de SOBOCE y una obligación tributaria de 12 millones de dólares.

Fue en ese contexto de una derrota judicial donde, según la investigación española, el Grupo Gloria habría recurrido a Zapatero.

La arquitectura del presunto soborno: contratos falsos y una empresa pantalla

La UDEF sostiene que los pagos obedecían formalmente a un contrato de asesoramiento firmado por Zapatero y Focus Social Research. Sin embargo, los investigadores afirman que las conversaciones analizadas en los dispositivos de su secretaria, Gertrudis Alcázar, apuntan a que los servicios reales no guardarían relación con esa sociedad, sino con los intereses del Grupo Gloria en Bolivia. El contrato fijaba honorarios de 200,000 euros, pagaderos en tres plazos, además de una dieta de 10,000 euros diarios en caso de viajes y el abono de gastos.

La investigación señala que Focus Social Research habría actuado como intermediaria y sostiene que los servicios de asesoría contratados no guardarían relación con el objeto social de la empresa, orientado al marketing, por lo que el contrato habría servido para canalizar los pagos.

 En lenguaje llano: una empresa de marketing, según la hipótesis policial,  habría servido de disfraz para pagar a un ex jefe de Estado por hacer lobby ante gobiernos extranjeros.

La UDEF atribuye a Carmen Almendras, quien fuera embajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015 y actual asesora de Kreab Bolivia, un papel de "intermediaria" entre Zapatero y Ana María Ospina, directiva del Grupo Gloria.

La cronología de las gestiones: viajes, reuniones con presidentes y ministros

Según la investigación, el 28 de mayo de 2024 se habría celebrado una videoconferencia en la que participaron Zapatero, Almendras, Ospina, el vicepresidente del Grupo Gloria, Luis Díaz Olivero, y el consejero delegado de SOBOCE, Francisco Shwortshik.

En septiembre de 2024, Rodríguez Zapatero habría viajado a La Paz y a Sucre para reunirse con altas esferas políticas del país. Entre ellos, el presidente de la nación, los ministros de Economía y Justicia, y el Procurador General del Estado.

En diciembre de 2024, Zapatero habría coordinado una reunión entre directivos del Grupo Gloria —Díaz Olivero, Ospina y Shwortshik— y el entonces ministro de Justicia de Bolivia, César Siles.

Lo que los investigadores consideran más revelador es la coincidencia temporal entre gestiones y pagos. El 30 de mayo de 2025, un tribunal declaró procedente el recurso de amparo presentado por SOBOCE y dejó en suspenso la sentencia que obligaba a pagar los 107 millones de dólares. Según los investigadores españoles, tres semanas después, los días 16 y 20 de junio de 2025, Focus Social Research habría ordenado dos transferencias de 50,000 euros cada una a la cuenta de Rodríguez Zapatero, con lo que se habría completado el pago íntegro de los 200,000 euros. La policía española no acusa directamente a Zapatero de haber comprado el fallo judicial, pero superpone ambos hechos con toda la intención.

El caso Plus Ultra

El asunto del Grupo Gloria no es un caso aislado. El denominado caso Zapatero o caso Plus Ultra es una investigación judicial iniciada en España centrada en una presunta trama de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y utilización de sociedades instrumentales vinculada a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas y a la concesión de un préstamo público durante la pandemia de COVID-19.

El caso orbita en torno al rescate público de la aerolínea Plus Ultra, aprobado en marzo de 2021. El Gobierno inyectó a la compañía un préstamo de 53 millones de euros a través de un fondo pensado para apoyar a empresas con dificultades derivadas de la pandemia.

Las conclusiones de la UDEF apuntan a que Zapatero, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes. El Grupo Gloria sería, según la policía, uno más de esa lista de clientes.

La reacción en Bolivia

El escándalo no ha quedado confinado a España. La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó una minuta de comunicación al fiscal general del Estado para que solicite a sus pares de España antecedentes de la investigación policial sobre la presunta intermediación de Zapatero en favor del Grupo Gloria.

El abogado boliviano Cristian Mina presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General que incluye a diez personas, entre ellas el propio Zapatero, el expresidente Luis Arce Catacora y varios exministros. La acusación se fundamenta en los informes de la UDEF y la Audiencia Nacional, y tipifica provisionalmente siete delitos de corrupción, incluyendo tráfico de influencias, cohecho activo internacional, consorcio y resoluciones contrarias a la Constitución.

La posición de los involucrados

El juez Calama le preguntó específicamente durante su interrogatorio en la Audiencia Nacional por el tipo de asesoramiento que había realizado para Focus Social Research, pero el expresidente se negó a concretarlo. "No voy a decir nada más de esto. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está", respondió. Desde su entorno, se ha calificado el trabajo como completamente legal.

El Grupo Gloria no respondió a los pedidos de posición formulados por la prensa peruana al cierre de esta edición.

Para los lectores peruanos, el elemento central de esta historia no es el de un político europeo en apuros judiciales. Es el de uno de los grandes conglomerados nacionales —presente en la mesa de millones de hogares peruanos y bolivianos— que, según la policía española, habría recurrido al tráfico de influencias internacional para eludir una condena judicial legítima de 107 millones de dólares en favor de una empresa pública boliviana. 

Si las acusaciones se confirman, el caso mostraría que detrás de la imagen corporativa de Gloria podría haber existido una disposición a operar mediante compra de voluntades, contratos ficticios y el uso instrumental de ex gobernantes.

La investigación continúa abierta en España. El juez Calama tiene la palabra.