El último saqueo: fujimorismo y aliados se premian a sí mismos y a su JNJ antes de irse

En sus últimas semanas de vida unicameral, el Parlamento aprobó bonos millonarios para sus propios trabajadores, autorizó el cuarto aumento consecutivo para las fuerzas del orden y homologó el sueldo de la JNJ que ellos mismos eligieron. El 87% de los peruanos los desaprueba.

Los bonos que nadie anunció

La última legislatura unicameral del Congreso peruano —que cerrará el 28 de julio de 2026 con el retorno al sistema bicameral— se despidió como suele hacerlo: repartiéndose beneficios con cargo al erario público, en silencio y de madrugada.

En junio de 2026, la Mesa Directiva del Congreso aprobó la entrega de un bono equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias —aproximadamente S/11.000— para todo el personal activo de la institución. La medida benefició a cerca de 3.628 trabajadores, incluidos asesores, técnicos, asistentes, auxiliares y demás servidores parlamentarios.

El acuerdo que autorizó el pago no fue difundido con detalle en los portales de transparencia del Parlamento. El impacto total del bono supera los S/44 millones, considerando a los aproximadamente cuatro mil trabajadores beneficiados.

No es un hecho aislado sino un patrón. En enero de 2026 se otorgó un bono extraordinario de 5 UIT equivalentes a S/27.500, distribuido en dos etapas: dos pagos en abril —tras la primera vuelta electoral— y dos más en las semanas siguientes. Desde ese mismo mes, el Parlamento incrementó en aproximadamente 15% el salario de sus trabajadores, como parte de compromisos colectivos asumidos en gestiones anteriores.

En aquella entrega de enero, el Acuerdo de Mesa Directiva tampoco fue publicado. El dinero fue depositado directamente a los "servidores", categoría que incluye a los propios congresistas. Además, el 15 de enero se les depositó un sueldo adicional por "escolaridad" para todos, sin distinción, tuvieran o no hijos. La orden interna fue de guardar "silencio absoluto".

Los propios parlamentarios tampoco salen con las manos vacías. El monto total percibido por los congresistas en diciembre incluye sueldo mensual, gratificación legal, bono por función congresal, asignación por semana de representación y tarjeta electrónica institucional de S/1.900 —un beneficio exclusivo del Congreso que no se otorga de forma masiva a los trabajadores estatales.

El 87% de la ciudadanía peruana desaprueba la gestión del Congreso, según el Instituto de Estudios Peruanos. Desde noviembre de 2025, la aprobación parlamentaria no supera el 10%.

El argumento de la seguridad

Mientras los trabajadores del Congreso acumulaban bonos, el Ejecutivo formalizaba esta semana el cuarto y último ajuste salarial para las fuerzas del orden —un proceso que el Congreso autorizó escalonadamente desde 2025.

El Gobierno aprobó los nuevos montos de la remuneración consolidada para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional mediante el Decreto Supremo N.° 112-2026-EF, medida que beneficiará a oficiales y suboficiales a partir de junio de 2026. La norma fue suscrita por el presidente José María Balcázar Zelada con las firmas de los ministros de Defensa, Economía e Interior.

El Congreso aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, lo que permitió al Poder Ejecutivo autorizar el aumento en la escala salarial de las Fuerzas Armadas y la PNP de manera gradual: tres fases en enero, julio y diciembre de 2025, con un cuarto ajuste final en junio de 2026.

El argumento oficial es la seguridad. El Consejo de Ministros presentó el aumento en el contexto de un incremento sostenido de la criminalidad: en los últimos seis años, los homicidios casi se triplicaron en Lima, pasando de 240 en 2017 a 695 en 2023, y la extorsión se convirtió en el delito de mayor crecimiento en la capital. El mismo diagnóstico, sin embargo, desnuda las contradicciones del discurso: en 2025, el presupuesto de S/8,9 millones para chalecos antibalas en Lima y Callao no había sido ejecutado hasta julio, mientras que en paralelo la PNP destinó S/17 millones a la compra de autos de lujo para altos mandos.

Lo que el gobierno no dice es que militares y policías son también el sostén operativo del régimen de Boluarte —y ahora de Balcázar—, el aparato que reprimió las protestas de 2022 y 2023 y que opera en las zonas de estado de emergencia declaradas por el Ejecutivo con anuencia del Congreso.

La JNJ que ellos eligieron

En la que fue la última sesión plenaria del Congreso unicameral —el miércoles 24 de junio— el Pleno aprobó en primera votación uno de los actos más reveladores de su período: aumentar el sueldo de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, el organismo que ellos mismos se encargaron de poblar con figuras afines.

La decisión implica un incremento de más de S/12.000 mensuales para cada consejero, pasando de S/35.017 a S/47.820. Fue respaldada por 68 congresistas, con 19 votos en contra y 10 abstenciones, y deberá ser ratificada en segunda votación.

Para entender el significado político de ese aumento, hay que entender primero quiénes son los beneficiados. La actual composición de la JNJ fue elegida por el Congreso para el periodo 2025-2030. Su presidenta, la abogada María Teresa Cabrera Vega, fue congresista de Podemos Perú, el partido de José Luna Gálvez, quien enfrenta una investigación por infiltrar la ONPE para inscribir su agrupación.

La conducta de esta JNJ desde que asumió en enero de 2025 no deja margen para la ambigüedad. En una de sus primeras acciones, el 14 de junio de 2025, repusieron como fiscal suprema a Patricia Benavides y, en contra de la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, intentaron imponerla como fiscal de la Nación. Al fracasar, iniciaron un proceso disciplinario contra la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a la que terminaron destituyendo en enero de 2026. En marzo de 2026, también decidieron no ratificar al fiscal supremo y exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde.

Lo que esta JNJ viene haciendo es perseguir a los fiscales y jueces que investigaron el accionar del fujimorismo y otras fuerzas del pacto que controlan el Congreso y el Ejecutivo, así como a los magistrados que se oponen a la impunidad de policías y militares que violaron los derechos humanos. Relatoras especiales de Naciones Unidas ya habían expresado su preocupación por las destituciones.

La iniciativa del aumento tiene, además, un origen que debería generar más escándalo del que generó. La propuesta fue presentada por la misma JNJ durante la gestión del sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio. Fragmentos de los informes internos elaborados por el área administrativa de la JNJ, donde se justificaba el aumento, aparecen reproducidos sin citar la fuente en la exposición de motivos del proyecto de ley presentado por el congresista de Perú Libre Américo Gonza. La institución, en otras palabras, redactó su propio aumento y le pidió al Congreso que lo firmara.

Para que el aumento funcione, la norma exonera a la JNJ de las prohibiciones de la Ley de Presupuesto 2026 y de las restricciones sobre ingresos de altos funcionarios. El Congreso tuvo que suspender sus propias normas de austeridad para premiar al organismo que controla quién juzga y quién fiscaliza en el Perú.

Una legislatura que se va cara

La secuencia es perfectamente coherente: bonos para los propios trabajadores aprobados en silencio, aumentos para las fuerzas del orden que sostienen al régimen, y sueldos para una JNJ que el mismo Congreso eligió y que desde entonces trabaja para desmantelar a los fiscales y jueces que investigaban al poder. El costo para el erario de este último saqueo nadie lo devolverá. El costo político, el fujimorismo y sus aliados apostaron a que tampoco importaría. Faltan pocas semanas para saber si tenían razón.