Loreto: Tensiones entre la reactivación petrolera y la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial
- Paul Tuesta
- hace 12 horas
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La llegada del fujimorismo al gobierno coincide con una agenda que busca reactivar la industria de hidrocarburos en la Amazonía y, en especial, en Loreto. Mientras actores políticos ligados al nuevo partido de gobierno e intereses empresariales e institucionales impulsan ese objetivo, los procesos para la creación de reservas indígenas como Napo,Tigre y Afluentes y Yavarí Mirim enfrentan cuestionamientos en una región marcada por la pobreza, la conflictividad y el abandono estatal.
La promesa del petróleo vuelve a instalarse en Loreto, esta vez con mayor fuerza. A diferencia de intentos anteriores, la apuesta reúne a nuevos actores políticos —entre ellos figuras cercanas al fujimorismo—, iniciativas promovidas desde el Poder Ejecutivo y el Congreso, y una renovada presión del sector privado para reactivar la industria de hidrocarburos en la Amazonía peruana. El debate gira nuevamente en torno al potencial petrolero de la región y a las expectativas de desarrollo que genera, aunque esas proyecciones optimistas chocan con una realidad mucho más compleja.
En Loreto, la pobreza alcanza a cuatro de cada diez personas y, en zonas rurales, menos de la mitad de los hogares tenía acceso a agua potable y apenas uno de cada tres contaba con electricidad hasta el año 2024, según las últimas cifras disponibles.
Sin embargo, las dificultades para reactivar la industria petrolera van mucho más allá de esas brechas sociales.
Para algunos sectores, una eventual expansión de esta actividad extractiva se ve afectada por la presencia de territorios donde el Estado ha reconocido la existencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), una de las poblaciones más vulnerables del país.
En los últimos años, los procesos destinados a fortalecer su protección —en especial la creación de nuevas reservas indígenas— han coincidido con cuestionamientos políticos, iniciativas legislativas y presiones que consideran estas medidas un obstáculo para el desarrollo económico de la Amazonía y, en particular, de Loreto.
La tensión no es nueva. Pero el próximo cambio de gobierno, la renovada apuesta por los hidrocarburos y la situación de la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes y la Reserva Indígena Yavarí Mirim, en proceso de ser reconocidas, han vuelto a colocarla en el centro del debate.
Aunque el conteo oficial de la segunda vuelta aún no concluye, la victoria de Keiko Fujimori es prácticamente un hecho. Su eventual gobierno tendrá a su cargo el proceso de reactivación petrolera en Loreto, por lo que resulta clave analizar su posición y la de las principales figuras del fujimorismo vinculadas a este tema.
Durante la primera vuelta de la campaña, la entonces candidata Keiko Fujimori se mostró a favor de impulsar las exploraciones petroleras en Loreto y, durante la segunda, también señaló la necesidad de promover una asociación público-privada en Petroperú —empresa estatal que refina, administra y transporta petróleo y sus derivados en Loreto y otras regiones— para atraer más inversión al sector hidrocarburos.
De hecho, el propio plan de gobierno de Fuerza Popular señala que un eventual gobierno fujimorista impulsará nuevos lotes petroleros en la selva y la costa norte, asegurando reglas estables que promuevan la inversión y la oferta nacional. Pero no se desarrolla con mayor detalle esta idea, y tampoco en el ámbito específico de Loreto.
Sin embargo, hay un actor ligado al fujimorismo que sí ha impulsado en los últimos años este proceso: Luis Carranza Ugarte, ex ministro de Economía y miembro del equipo técnico del partido fujimorista en las campañas de 2021 y 2026.
Carranza participó en la elaboración del Plan de Prosperidad de Loreto —según detalla el propio texto—, presentado en marzo de 2026 por la Cámara de Comercio de Loreto, la Agencia Regional de Desarrollo, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y otros actores regionales. El documento identifica a los hidrocarburos como uno de los principales motores económicos de la región y plantea la necesidad de reactivar diversos lotes petroleros.
Entre ellos destacan los lotes 39 y 67. Según el plan, la puesta en operación de ambos permitiría incrementar significativamente la producción regional de petróleo durante los próximos años. Sin embargo, estos lotes estarían superpuestos al ámbito solicitado para la futura Reserva Indígena Napo Tigre y Afluentes, donde distintas entidades del Estado han reconocido evidencia sobre la presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).
El documento también cuestiona los mecanismos de protección territorial vigentes y propone, entre las medidas para impulsar el desarrollo de Loreto, “eliminar los candados ambientalistas de las ONG y los PIACIS”, además de revisar las restricciones que, según sus autores, frenan el aprovechamiento de los recursos naturales.
Por otra parte, en octubre de 2025, durante un evento sobre el futuro de los hidrocarburos en el país, Carranza sostuvo que la Amazonía peruana mantiene un papel estratégico debido a sus reservas petroleras y que su aprovechamiento resulta clave para impulsar el desarrollo de la región. Meses antes, en enero de ese mismo año, publicó una columna de opinión en la que defendió la necesidad de reactivar lotes petroleros en Loreto y destacó el potencial del Lote 95, operado por la empresa PetroTal.
Aquí cabe señalar que la relación de Carranza con el sector hidrocarburos va más allá del debate público. Entre septiembre de 2022 y junio de 2023 —de acuerdo con información publicada por la propia empresa y por el portal BNamericas— se desempeñó como director titular independiente precisamente de PetroTal, la principal compañía petrolera que opera actualmente en Loreto.
Desde entonces y hasta la fecha, la empresa impulsó diversas actividades de articulación con autoridades locales, líderes indígenas y representantes de comunidades ubicadas en el ámbito del Lote 95 y, en 2024, Carranza participó en una de ellas.
Por último, su participación también aparece vinculada a una iniciativa legislativa. En mayo de 2025 intervino en la presentación del Proyecto de Ley para el Desarrollo Responsable y Sostenible de la Industria Petrolera en la Región Loreto, promovido por la congresista Ana Zegarra, del partido Somos Perú. La propuesta plantea mecanismos para fortalecer la actividad petrolera en la región e incluye la creación de fondos destinados a infraestructura, desarrollo social y remediación ambiental.
Esta última, una medida relativamente positiva. No obstante, la iniciativa también generó cuestionamientos de organizaciones indígenas, que expresaron preocupación por el manejo de los recursos en remediación ambiental, ya que de aprobarse estos pasarían al Gobierno Regional de Loreto. Actualmente, el proyecto continúa en evaluación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso y podría revitalizarse en el próximo gobierno, en las nuevas cámaras de diputados y senadores.
A día de hoy, Luis Carranza es uno de los nombres en primera línea para ocupar el cargo de ministro de Economía en el próximo gobierno de Keiko Fujimori. En consecuencia, cabe preguntarse: ¿impulsaría también desde ese puesto la reactivación petrolera? Esta publicación trató de comunicarse con Carranza para obtener sus puntos de vista acerca del tema, pero hasta el cierre de edición no ha contestado.
Otro actor fujimorista vinculado a la reactivación petrolera en Loreto y, además, a los cuestionamientos contra los mecanismos de protección de los PIACI es el actual congresista Jorge Morante Figari.
En septiembre de 2025, luego de que la Comisión Multisectorial PIACI rechazara la propuesta de categorización de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, Morante celebró la decisión.
“No podemos seguir permitiendo que desde Lima se impongan decisiones que afectan directamente a la población amazónica. Estas reservas han sido creadas sin comprobación de la existencia de pueblos en aislamiento, y sólo han servido para frenar el desarrollo de Loreto”, declaró entonces.
Dos años antes, el parlamentario había impulsado un proyecto de ley que buscaba trasladar de la Comisión Multisectorial PIACI, liderada por el Ministerio de Cultura, a los gobiernos regionales la competencia para reconocer oficialmente la existencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.
De haberse aprobado, la propuesta habría permitido que gobiernos regionales renuentes a reconocer la existencia de los PIACI, como el de Loreto, participen precisamente de esa decisión generando riesgo para estas poblaciones.
La iniciativa fue archivada en 2023 tras las críticas de organizaciones indígenas, especialistas y el Ministerio de Cultura, pero refleja un discurso de reactivación petrolera que hoy está más cerca que nunca del poder político.
Para Leo Chuma Tecca Besos, jefe del pueblo Matsés, la industria petrolera en Loreto está bajo sospecha y, cuando se le plantea el tema, su primera reacción es pensar en el territorio de su comunidad.
“Como dirigente de mi comunidad nativa siempre voy a estar en firme defensa del cuidado de nuestro territorio porque sabemos muy bien por los antecedentes que tiene [la actividad petrolera] en diferentes sectores de la Amazonía, que hay bastante, por decir, destrucción del medio ambiente y más que todo de los territorios del pueblo indígena”, señala.
Luego de esa advertencia, se muestra contrario al proceso de reactivar lotes petroleros en Loreto, aduciendo una razón más, la cual parece ser parte importante en el fondo del asunto: el constante abandono estatal.
“Nosotros estamos preparados para decir que no [a la reactivación petrolera] porque en realidad, el gobierno central, regional, ellos son beneficiados, pero la comunidad no. Vamos a seguir abandonados por el Estado”, afirma el jefe matsés.
La campaña por reactivar lotes petroleros en Loreto y fomentar la exploración e inversión en el sector no es nueva. Sin embargo, aparte de su cercanía al próximo gobierno, ya ha obtenido la venia formal del Poder Ejecutivo.
El 20 de diciembre de 2025, se aprobó el Decreto Supremo N°024-225-EM que declara de necesidad pública e interés nacional el aprovechamiento de hidrocarburos en Loreto. Dicha medida busca impulsar la ejecución, continuidad y reactivación de los lotes petroleros 8, 39, 67, 64, 95 y 192, actualmente paralizados o en proceso de reactivarse.
De hecho, desde el año 2023 en adelante, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de Loreto, municipalidades provinciales en la región y, recientemente, la Sociedad Nacional de Hidrocarburos (SPH), han posicionado el tema en el debate público, con el objetivo de que la reactivación finalmente suceda.
En ese sentido, Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la SPH, explica que el proceso de reactivación petrolera en Loreto generaría varias oportunidades para la región.
“Por un lado, permitiría atraer nuevas inversiones, generar empleo directo e indirecto y fortalecer cadenas de proveedores locales. Por otro, contribuiría a incrementar los recursos que recibe la región a través del canon y las regalías, que deben traducirse en mejores servicios e infraestructura para la población”, señala Figueroa.
Adicionalmente, la directora ejecutiva de la SPH refiere que reactivar la industria petrolera en Loreto fortalecerá también al Perú en cuanto a su seguridad energética.
Sin embargo, todavía existen varias deudas pendientes que limitan el desarrollo de este proceso.
“Hemos generado más de 40 mil millones de soles durante estos 50 años [de explotación petrolera], sin embargo, no ha habido ningún desarrollo de Loreto respecto a lo que es educación, a lo que es salud, a lo que es conectividad, a lo que es agua potable”, explica José Antonio Mansen Bellina, ex director de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y consultor en hidrocarburos.
Para Mansen es importante, primero, centrarse en las necesidades de las poblaciones más desatendidas de Loreto, para luego avanzar hacia la reactivación.
Como se conoce, Loreto, junto con Cajamarca, tienen entre 11 y 15.1% de personas en situación de pobreza extrema, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Es decir, ese porcentaje de habitantes no llega a cubrir su alimentación mensual, tasada por esta institución en S/ 260.00 por mes.
Esta situación de carencia se refleja con mayor crudeza, precisamente, en los lugares donde están ubicados los lotes petroleros que se pretenden explotar: la zona rural.
Allí, de acuerdo con la Gerencia Regional de Loreto (Geresa Loreto), los servicios de salud son escasos. Según la institución, en 2023 se alcanzaron los 3,379 profesionales entre médicos, enfermeros y técnicos en toda la región, pero estos se concentraron en las capitales provinciales y en la ciudad de Iquitos, dejando desprotegidas las comunidades rurales y de frontera.
Además, en cuanto a infraestructura, la Geresa Loreto señala que hasta 2024 los centros de atención sanitaria estaban concentrados en la provincia de Maynas, que abarca el 46.1% de todos los existentes en la región.
En contraste, provincias como Alto Amazonas (17.6%), Datem del Marañón (8.5%) y más aún, provincias de frontera, como Mariscal Ramón Castilla (4.3%) y Putumayo (2.5%) tienen muy poca infraestructura pese a las altas necesidades de salud pública en esas zonas.
Como puede observarse, las comunidades más cercanas a la industria petrolera no se han beneficiado lo necesario para creer en ella y han padecido de un histórico abandono estatal, motivo por el cual se generan tensiones en torno al desarrollo de este sector.
Roger Grandez, economista y presidente de Prospectiva Amazónica, explica que este abandono estatal, muchas veces inclusive recae en las empresas petroleras, quienes terminan recibiendo las demandas insatisfechas de la población.
“Cuando miramos el escenario tenemos que son más de 90 federaciones indígenas en Loreto y cada una tiene sus propias demandas. Cada una le exige a las empresas petroleras algo porque el Estado no llega. Y la empresa dice: "Pero a mí no me reclamen, reclamen al Estado, porque yo pago mis regalías, estoy aportando a un fondo social"”, señala Grandez.
Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la SPH, también concuerda en este punto:
“Es importante reconocer que las empresas no pueden reemplazar el rol del Estado en la provisión de servicios públicos y en la ejecución de inversiones que permitan cerrar brechas sociales. Los recursos generados por la actividad petrolera han sido significativos, pero muchas veces no se han traducido en mejoras sostenibles para la población”, señala.
El escenario se agrava al considerar que entre 1997 y 2023 se han producido 1460 derrames y fugas de petróleo en todo el Perú. Mientras que, de estos, 707 fueron en Loreto y muchos permanecen todavía sin remediación. A la vez que la inversión petrolera viene cayendo constantemente desde 2012 a nivel nacional.
A esto se le suma un último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales en marcha, donde Loreto es la región con mayor número de estas situaciones: tiene 23 casos (19 activos y 4 latentes) de un total de 190 a nivel nacional.
El caso más reciente ocurrió en abril de este año en la comunidad nativa de Providencia, ubicada en el distrito de Trompeteros.
Según la Defensoría del Pueblo, comuneros retuvieron un convoy fluvial que transportaba 10,500 barriles de petróleo de la empresa RICSA como medida de presión ante presuntos incumplimientos de compromisos asumidos, afectaciones ambientales y la exclusión de beneficios sociales. Cabe señalar que, por su parte, RICSA sostuvo públicamente que la retención respondió a un presunto intento de extorsión y denunció los hechos ante las autoridades competentes.
Por todas estas razones, la reactivación petrolera no será un proceso fácil, aún cuando se intenten sentar bases más sólidas para este propósito en el próximo gobierno. Detrás de ella, todavía subsisten problemas estructurales importantes sin resolver.
“Primero tenemos que cerrar las brechas que tenemos. Una son los derrames que hay [sin remediación]. Dos, son las deudas sociales: Agua, educación, salud, conectividad. El petróleo no va a funcionar si el Estado, los gobiernos regionales y los gobiernos locales que no han hecho nada por la población, no trabajan en esto”, señala José Antonio Mansen Bellina.
En ese contexto, la reactivación petrolera es difícilmente viable y, por otra parte, también tendría que coexistir con un factor que termina siendo —paradójicamente— el que más le preocupa a cierto sector y al que se afecta con mayor virulencia en los últimos años: la conservación del medio ambiente y la existencia de los PIACI.
Napo Tigre: una reserva en medio de la disputa petrolera
En redes sociales se pueden encontrar discursos que abiertamente niegan la existencia de los PIACI y estos se componen de dos elementos en común: el poner en duda las evidencias que existen sobre estos pueblos y en señalar que son una traba al desarrollo económico y social de Loreto.
En 2025, el congresista Juan Carlos Mori Celis subió un video a sus redes sociales donde declara lo siguiente:
"Los Piacis en Loreto, en la selva loretana, no existen. Lo único que están buscando [con las Reservas Indígenas] es formalizar la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, porque esas zonas reservadas no van a tener presencia ni de policías ni de otra entidad del Estado".
Celis también es autor del Proyecto de Ley N.° 12215-2025-CR, que proponía someter las reservas indígenas a evaluaciones periódicas por parte del Poder Ejecutivo cada seis meses y revisar cada dos años los procesos de categorización de aquellas destinadas a proteger a los PIACI, bajo pronunciamiento y aprobación del Congreso de la República. La iniciativa habría reducido las competencias del Ministerio de Cultura como ente rector en esta materia. Finalmente, el proyecto fue archivado en marzo de 2026.
Otro tipo de discurso señala que los PIACI y la creación de reservas territoriales a su favor, prohíben que el Estado intervenga en las zonas aledañas, lo que genera una "pérdida de territorio" para Loreto que se ordena "desde Lima", aludiendo a los procesos de categorización de este tipo de reservas.
Frente a ese argumento, el antropólogo y especialista en el tema PIACI, Fritz Villasante, sostiene que ocurre precisamente lo opuesto.
“Las comunidades que están cerca a reservas, al contrario, tienen un incremento de presencia estatal. Incluso se emplea a poblaciones locales y comunidades como agentes de protección. También hay una diferenciación en salud, porque es necesario en zonas de reservas, en la periferia, trabajar ese tema, trabajar en barreras sanitarias”, señala.
Actualmente existen dos procesos de categorización que vienen siendo afectados por este tipo de discurso: el de la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes y el de la Reserva Indígena Yavarí Mirim.
En el caso de Napo, Tigre y Afluentes, este es un proceso que viene desde el año 2003, cuando Aidesep y Orpio presentaron al entonces Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) evidencia preliminar para la creación de una reserva indígena.
En 2015 el Ministerio de Cultura calificó esta solicitud de manera favorable, y el 1 de septiembre de 2022, el Estado peruano, mediante Decreto Supremo, reconoció la existencia de los pueblos indígenas en situación de aislamiento Aewa, Taushiro, Tagaeri, Taromenane y Záparo en el territorio solicitado para la creación de esta reserva indígena.
A partir de entonces, la reserva —aún en proceso de creación— comenzó a recibir algunos cuestionamientos y entró en tensión con proyectos vinculados al aprovechamiento de hidrocarburos en la zona.
El 10 de noviembre de 2022, la compañía anglofrancesa Perenco —que operaba los lotes petroleros 37 y 69, aledaños al territorio solicitado para la reserva— retiró una demanda previa al reconocimiento de los PIACI en la zona, la cual buscaba, precisamente, parar el proceso.
Declaró entonces que haría uso de todas sus facultades legales para proteger sus derechos sobre los dos lotes petroleros que operaba. Sin embargo, en agosto de 2024, la empresa se retiró, aduciendo alta conflictividad en la zona.
Para José Antonio Mansen Bellina, la salida de Perenco evidencia un problema más profundo que trasciende la propia existencia de reservas indígenas y tiene que ver con la capacidad productiva actual de Loreto y con la conflictividad alrededor. Sostiene, además, que se debe invertir más en exploración de nuevos lotes.
"El tema de explotación no nos es atractivo porque solamente tenemos campos ya maduros de explotación. El Lote 192, el Lote 8, ya son campos maduros que tienen más de 50 años de funcionamiento. Campos nuevos como los lotes 67 y 39 fueron dejados por la empresa Perenco debido a problemas sociales, porque el problema social es más grande que el poder continuar la explotación", explica.
Por otra parte, desde la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Patricia Figueroa sostiene que la protección de los PIACI y el desarrollo de actividades extractivas no deberían entenderse como objetivos incompatibles.
“Creemos que es posible compatibilizar la protección de estas poblaciones con actividades formales que operan bajo estrictos estándares ambientales, sociales y de seguridad”, señala la directora ejecutiva.
Actualmente, la Reserva Indígena Napo, Tigre y Afluentes, se encuentra a la espera de la elaboración de un segundo estudio que delimite su territorio y sea aprobado por la Comisión Multisectorial PIACI —encargada del reconocimiento y creación de este tipo de reservas— para ser finalmente un territorio protegido.
“Si no se reconoce los territorios y la existencia de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, en sus modos de vida, estamos hablando de una violación de sus derechos en conjunto, lo cual es peligroso. Por ejemplo, el pueblo Nahua perdió al 50% de su población cuando entró en contacto con nosotros, por no tener defensas inmunológicas suficientes. Estamos hablando de una población altamente vulnerable”, refiere el antropólogo, Fritz Villasante.
Yavarí Mirim: Cuando la protección pierde terreno
El caso de la Reserva Indígena Yavarí Mirim es especialmente sensible, pues ilustra cómo las políticas de protección de territorios y pueblos PIACI enfrentan tiempos difíciles en la actualidad.
Esta reserva tiene su origen también en el año 2003, cuando Aidesep y Orpio solicitaron su creación.
El proceso siguió hasta el año 2018, cuando el Estado reconoció oficialmente, mediante Decreto Supremo la existencia de los pueblos Matsés, Remo, Marubo, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro, en situación de aislamiento dentro del ámbito solicitado para la reserva.
El revés llegó el año 2025. Luego de que la Comisión Multisectorial PIACI aprobara un primer estudio que documentó 113 evidencias antropológicas de la existencia de pueblos en aislamiento y contacto inicial en el territorio de la futura reserva. Se mostraron viviendas (malocas), chacras, cerámicas, utensilios, testimonios y análisis satelitales y aéreos. Con este hito, solo quedaba un paso, la aprobación de un segundo y último estudio.
En septiembre de 2025, la Comisión Multisectorial PIACI, con los votos en contra del Gobierno Regional de Loreto, las municipalidades de Ramón Castilla, Requena y Maynas; y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio de Defensa (Mindef) y el Ministerio del Interior (Mininter), este segundo estudio fue rechazado, en un hecho sin precedentes.
Desde entonces, el proceso se encuentra en marcha a la espera de que este estudio vuelva a realizarse y sea puesto a análisis.
Este hecho se suma a la decisión del actual Congreso de la República de eliminar la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología en el nuevo Congreso Bicameral de 2026, algo que debilita la participación de estos sectores en el ámbito legislativo.
Además, siembra la duda acerca del cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno peruano en materia de protección a los PIACI.
Desde la promulgación de la Ley N.° 28736 o Ley PIACI, en 2006, el Estado peruano ha asumido diversos compromisos para la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.
Entre ellos figuran la firma de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2016, y, más recientemente, la renovación de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) suscrita con Noruega, Alemania y el Reino Unido, mediante la cual el Perú reafirmó su compromiso de fortalecer la protección de estos pueblos y de los territorios que habitan.
La implementación de este último acuerdo involucra a diversas entidades del Estado. Entre ellas se encuentra el Ministerio del Ambiente (Minam), responsable de articular políticas vinculadas con la conservación de los bosques, el cambio climático y el desarrollo sostenible, ámbitos estrechamente relacionados con la protección de los territorios donde habitan pueblos indígenas en aislamiento.
La actuación de este sector cobra especial relevancia debido a que la actual viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Carmen Vegas, fue cuestionada en el pasado en relación a su posición frente a las reservas indígenas.
Una investigación periodística publicada en 2025 señaló que, durante su gestión como viceministra de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), formuló observaciones al proceso de categorización de la Reserva Territorial Madre de Dios y defendió la permanencia de 14 concesiones forestales superpuestas al área propuesta para su protección.
Por ello, esta publicación consultó a Vegas sobre el papel que desempeña actualmente el Minam en la implementación de la DCI —ratificada en febrero último, un mes antes de que Vegas asumiera el viceministerio—, así como cuál es su posición respecto a la protección de los PIACI y a los procesos de creación y categorización de reservas indígenas.
En respuesta, la viceministra señaló que la DCI constituye un "compromiso de país" cuya implementación no depende exclusivamente del Minam, sino que involucra a los ministerios del Ambiente, Cultura y Desarrollo Agrario y Riego, además de gobiernos regionales y organizaciones indígenas. Precisó, además, que mientras el Minam ejerció la Secretaría Técnica durante la vigencia de la DCI entre 2021 y 2025, esa responsabilidad corresponde actualmente al Midagri.
Consultada específicamente sobre el reportaje que cuestionó su actuación en el caso de la Reserva Territorial Madre de Dios, Vegas no respondió directamente sobre los hechos señalados y sostuvo que cualquier consulta relacionada con procesos específicos de creación o categorización de reservas indígenas corresponde al Ministerio de Cultura, por tratarse de la autoridad competente en esa materia.
No obstante, afirmó que dichos procesos "son positivos y necesarios para el país", pues buscan proteger la vida, la salud, la integridad y los derechos territoriales de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial.
Cabe resaltar que Vegas también está ligada al fujimorismo, próximo partido de gobierno. De acuerdo con su declaración jurada de intereses, figura como militante entre septiembre de 2020 y junio de 2022. Además, en 2021, Keiko Fujimori la presentó como secretaria técnica de su plan de gobierno, mientras que en 2019 fue asesora legal en fondos públicos del partido Fuerza Popular y, anterior a ello, asesoró a la ex congresista fujimorista, Úrsula Letona.
En suma, la discusión sobre el futuro de Loreto difícilmente desaparecerá con el cambio de gobierno. La pobreza, la falta de servicios básicos y la necesidad de generar nuevas oportunidades económicas seguirán alimentando el debate sobre el papel que debe cumplir la industria petrolera en la Amazonía.
Sin embargo, esa discusión también tendrá que responder otra pregunta: ¿el país será capaz de impulsar una nueva etapa de desarrollo sin debilitar las garantías destinadas a proteger a los PIACI y los territorios que habitan?
Porque, más allá del petróleo, lo que hoy está en juego es el modelo de desarrollo que el Perú decidirá construir para la Amazonía en los próximos años.
La moneda está en el aire.
