Venezuela y el colapso del orden internacional liberal

Un análisis desde el derecho internacional y el neorrealismo del siglo XXI.

I. La tensión entre la norma y el poder: el caso venezolano en la mesa internacional

La relación entre los Estados Unidos y Venezuela en los albores de la tercera década del siglo XXI representa uno de los laboratorios geopolíticos más complejos de la modernidad, evidenciando una fractura insalvable entre el idealismo normativo y la praxis del poder descarnado. Para comprender este fenómeno, es imperativo partir de la perspectiva teleológica del derecho internacional de carácter liberal, aquel que se fundamenta en la premisa de que el orden global debe regirse por normas universales, la protección de los derechos humanos y la autodeterminación democrática.

Esta visión encuentra su raíz primigenia en la filosofía de Immanuel Kant, específicamente en su propuesta de una "paz perpetua" alcanzada mediante una federación de Estados libres regulada por el derecho. Desde este prisma, la crisis venezolana es leída como una desviación patológica de los estándares institucionales, donde la comunidad internacional tiene la responsabilidad moral y jurídica de intervenir —ya sea mediante sanciones o presión diplomática— para restaurar el hilo constitucional.

Esta visión, anclada en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta Democrática Interamericana, sostiene que la soberanía no es un escudo absoluto, sino que está condicionada al respeto de ciertos mínimos éticos y políticos que garantizan la convivencia pacífica en el sistema-mundo. Sin embargo, este enfoque idealista choca frontalmente con la realidad de los intereses nacionales objetivos, a menudo imperiales, que operan bajo una lógica de seguridad y hegemonía que trasciende cualquier manual de jurisprudencia decimonónica.

En este escenario, el derecho internacional se percibe frecuentemente como una herramienta de legitimación de poder más que como un límite efectivo a la acción estatal, convirtiéndose en una suerte de "gramática de la fuerza" que las potencias utilizan para justificar sus movimientos en el tablero global. Mientras que los organismos multilaterales intentan articular una respuesta basada en el "deber ser" liberal, los actores en juego —especialmente Washington y el régimen de Caracas— operan desde una pragmática donde el fin justifica los medios legales.

La teleología liberal busca la paz a través del derecho, bajo la premisa kantiana de la paz perpetua, posteriormente institucionalizada por la técnica jurídica de Hans Kelsen (1944), quien propuso que la justicia internacional es posible solo mediante la creación de una jurisdicción obligatoria que someta a los Estados a la norma. No obstante, en el caso venezolano, esta arquitectura ha sido instrumentalizada para justificar desde sanciones económicas asfixiantes que rozan el límite de la legalidad humanitaria, hasta la posibilidad teórica de una intervención bajo el concepto de "Responsabilidad de Proteger". Esta disonancia revela una fractura profunda en el sistema mundo: la incapacidad del marco normativo para contener las pulsiones de supervivencia de un Estado que se siente amenazado o la ambición de una potencia que busca reordenar su esfera de influencia bajo nuevos términos de control energético y geopolítico en un mundo que ya no es unipolar ni responde a un solo mando moral o jurídico.

La complejidad de esta situación se agrava al observar que la perspectiva liberal no solo es un marco jurídico, sino una visión del mundo que asume que el progreso histórico conduce inevitablemente hacia la democracia liberal como estadio final de la civilización política. Esta visión teleológica —es decir, orientada a un fin predeterminado— ignora las contingencias históricas y las resistencias culturales que el neorrealismo identifica como variables críticas e insalvables. Para el realismo político, el derecho internacional es un epifenómeno de la distribución del poder; las normas existen mientras sirvan a la estabilidad de los poderosos o mientras no interfieran con la seguridad nacional de los Estados centrales que sostienen el sistema.

Así, la insistencia en la "restauración democrática" por parte de los Estados Unidos puede interpretarse no como un objetivo ético desinteresado, sino como una estrategia para remover un obstáculo sistémico en su región, utilizando el lenguaje de la justicia para ocultar la mecánica del interés nacional. Esta colisión entre el idealismo jurídico y el realismo político deja al sistema internacional en un estado de anomia fáctica, donde las resoluciones de la OEA o de la ONU son interpretadas como simples recomendaciones sujetas a la conveniencia de los actores más fuertes, vaciando de contenido real el concepto de legalidad internacional.

II. El neorrealismo estructural y los intereses objetivos de Estados Unidos

Desde la óptica del neorrealismo del siglo XXI, especialmente bajo la formulación del realismo ofensivo de John Mearsheimer (2001), el comportamiento de los Estados Unidos hacia Venezuela no responde a un prurito democrático, sino a la necesidad sistémica de mantener la hegemonía regional y evitar la incursión de potencias rivales en su vecindario inmediato. El neorrealismo sostiene que el sistema internacional es anárquico y que los Estados, como actores racionales que operan en un entorno de incertidumbre, buscan maximizar su seguridad y poder relativo para garantizar su propia supervivencia frente a otros competidores.

En este sentido, la inestabilidad venezolana es vista por Washington no solo como una tragedia humanitaria, sino como un peligroso vacío de poder que ha permitido el desembarco estratégico de competidores globales como Rusia, China e Irán en el hemisferio occidental. Por tanto, los intereses nacionales estadounidenses son objetivos y cuantificables: el control indirecto de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y la neutralización de un nodo de influencia que desafía la Doctrina Monroe en su versión contemporánea. La defensa de la democracia, en este análisis, es simplemente el envoltorio narrativo de una estrategia de contención estructural destinada a evitar que un rival regional o extrarregional altere el balance de poder en las Américas.

Esta perspectiva neorrealista explica por qué, a pesar de la retórica liberal de defensa de los derechos humanos, las acciones estadounidenses han fluctuado entre el pragmatismo energético y la presión máxima, dependiendo de la coyuntura del mercado global y de la competencia estratégica con otras potencias. Para el realismo estructural de Kenneth Waltz (1979), la soberanía de los Estados pequeños es siempre relativa y está subordinada a la seguridad de las grandes potencias que dominan la estructura del sistema. En el caso venezolano, la administración estadounidense —especialmente desde la declaración de Venezuela como "amenaza inusual y extraordinaria" en 2015 bajo el gobierno de Obama— identificó que la supervivencia del régimen de Caracas no solo alteraba el equilibrio político regional, sino que representaba un desafío directo a la arquitectura de seguridad de los EE. UU. al facilitar rutas de cooperación militar, tecnológica y logística con adversarios sistémicos del bloque euroasiático.

Esta "objetividad" de los intereses imperiales es lo que hace que la perspectiva jurídica liberal parezca, a ojos de los tomadores de decisiones en el Pentágono o el Departamento de Estado, una distracción costosa o una formalidad necesaria pero secundaria ante la imperiosa necesidad de preservar la hegemonía continental. El cálculo no es moral, sino matemático: se mide en términos de capacidad de proyección de poder y en la denegación de acceso a rivales externos a recursos estratégicos.

Además, el neorrealismo del siglo XXI subraya que, en un sistema multipolar emergente, las potencias tienden a ser más sensibles a cualquier cambio en sus "esferas de influencia" tradicionales. La presencia de asesores militares rusos en territorio venezolano o la cuantiosa deuda externa venezolana con bancos estatales chinos no son percibidas como simples transacciones comerciales, sino como movimientos tácticos en un tablero de ajedrez donde cada pieza cuenta para el equilibrio total de fuerzas. Washington percibe que permitir la consolidación de un eje alternativo en Venezuela enviaría una señal de debilidad sistémica, incentivando a otros actores regionales a desafiar su autoridad y a buscar alianzas fuera del consenso interamericano.

Por ello, la política exterior hacia Venezuela se torna rígida y refractaria a los matices del derecho internacional; el objetivo primordial es la preservación de la estructura unipolar regional en un mundo que tiende irremediablemente hacia la fragmentación. La retórica de los derechos humanos sirve, así, para deslegitimar moralmente al adversario ante la opinión pública global, pero el motor real de la política es la competencia por la primacía en un entorno marcado por la escasez de recursos críticos y la aparición de nuevas amenazas asimétricas que desafían la seguridad nacional estadounidense.

III. Limitaciones de la gobernanza global y la disgregación del poder

La crisis venezolana ha puesto de manifiesto las serias limitaciones del modelo de gobernanza global surgido tras la Segunda Guerra Mundial, evidenciando que la arquitectura de 1945 es incapaz de procesar conflictos en un sistema-mundo que se halla sumamente disgregado. El régimen de las Naciones Unidas, diseñado para un mundo bipolar o unipolar con centros de poder claramente definidos y reglas de juego aceptadas por los vencedores de la guerra, se muestra hoy paralizado por el derecho al veto en el Consejo de Seguridad y por la erosión del consenso liberal-democrático que le dio origen. Hacia la mitad de la segunda década del siglo XXI, hemos sido testigos de cómo la ONU y la OEA han pasado de ser mediadores eficaces a arenas de confrontación retórica donde la legalidad internacional se fragmenta en interpretaciones locales y partidistas.

La incapacidad de estas instituciones para ofrecer una salida negociada o para detener el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela evidencia que el "momento de San Francisco"[1] está agotado, dejando un vacío institucional que es llenado por la política de hechos consumados, la diplomacia de las sanciones unilaterales y la erosión de la confianza en el derecho como árbitro de las disputas internacionales.

Situándonos en los escenarios por venir, esta crisis de gobernanza sugiere un futuro de mayor fragmentación internacional donde la emergencia de un nuevo orden legal parece casi imposible debido a la ausencia de un sustrato ético y político común. La dificultad radica en que el poder global ya no está concentrado en un solo polo hegemónico, sino disgregado en múltiples nodos con valores e intereses profundamente contrapuestos: el liberalismo institucional de Occidente, el capitalismo autoritario de China y el neosoberanismo  de Rusia.

En estas circunstancias de "anarquía profunda", las normas del derecho internacional público son hoy interpretadas de forma discrecional según el bando geopolítico al que se pertenezca, convirtiéndose en un arma más de la competencia estratégica. Mientras que un grupo de naciones apela a la "Responsabilidad de Proteger" para justificar presiones externas, otro bloque defiende una soberanía absoluta como baluarte contra lo que consideran un "intervencionismo imperialista". Esta parálisis institucional no es un fallo técnico del sistema, sino un síntoma de un cambio estructural irreversible: el tránsito hacia una multipolaridad desordenada donde no existe un "Leviatán" global capaz de imponer un orden legal coherente y aceptado por todos los actores relevantes.

La reflexión más profunda sobre este punto nos lleva a concluir que un nuevo orden legal internacional no puede emerger mientras el sistema-mundo del poder se halle en este estado de disgregación extrema. Para que exista un orden jurídico funcional, debe haber un mínimo consenso sobre la legitimidad del poder y sobre los fines de la justicia, algo que hoy brilla por su ausencia en la escena global. El sistema actual es "multicéntrico" pero no "multilateral"; es decir, existen muchos centros de poder con capacidad de veto, pero no existen mecanismos efectivos de cooperación entre ellos para gestionar bienes públicos globales o crisis humanitarias.

En este vacío, el derecho internacional se convierte en una herramienta de "guerra híbrida" (lawfare a escala sistémica), donde cada potencia crea sus propias reglas y busca imponerlas mediante la coacción económica, tecnológica o digital. Venezuela es el ejemplo perfecto de este limbo geopolítico: un país que se ha situado fuera del sistema liberal pero que no termina de integrarse plenamente en un sistema alternativo coherente, quedando atrapado en las grietas de una gobernanza global que ya no responde a las realidades del siglo XXI y que parece caminar hacia un feudalismo geopolítico de gran escala donde impera la ley del más fuerte.

IV. Hacia el horizonte regional: repercusiones de la inestabilidad en el Perú y Latinoamérica

El escenario de una potencial escalada bélica o una invasión a Venezuela, aunque hoy parezca contenido por la diplomacia de desgaste, tendría repercusiones catastróficas para el Perú y el resto de Latinoamérica, consolidando una crisis regional de dimensiones históricas sin precedentes. En primera instancia, el Perú, que ya alberga a más de 1.5 millones de migrantes venezolanos, se enfrentaría a un flujo migratorio masivo, repentino y desesperado que desbordaría cualquier capacidad de respuesta estatal, exacerbando tensiones sociales y precarizando aún más los servicios públicos en salud, educación y vivienda.

Desde una lógica neorrealista, un conflicto armado en el corazón del Caribe no solo desestabilizaría los mercados energéticos regionales, sino que fragmentaría políticamente al continente en facciones irreconciliables por generaciones, enterrando cualquier posibilidad de integración sudamericana o cooperación económica profunda. El Perú, debido a su posición geográfica y su relativa estabilidad macroeconómica, se vería arrastrado a un rol de receptor de crisis externa que afectaría su seguridad interna, fomentando discursos populistas, autoritarios y xenofóbicos que pondrían en riesgo la propia calidad democrática nacional y la cohesión de su tejido social.

La inestabilidad venezolana, vista ya no solo como un conflicto interno sino como un problema de seguridad regional sistémica, obliga a las élites políticas sudamericanas a repensar la autonomía estratégica de sus naciones frente a la disgregación del poder global. Si Latinoamérica no logra articular una respuesta propia que trascienda la alineación automática con los intereses de Washington o la complicidad ideológica con el régimen de Caracas, quedará reducida a ser, una vez más, el tablero de ajedrez donde potencias ajenas dirimen sus diferencias estratégicas.

Para el Perú, el costo de una invasión o de un colapso bélico en Venezuela no se mediría solo en términos de diplomacia o comercio, sino en la erosión profunda de su seguridad ciudadana y en el fortalecimiento de redes de criminalidad transnacional que suelen florecer en contextos de estados fallidos y fronteras porosas. El neorrealismo nos advierte con dureza que, en la anarquía internacional, la debilidad extrema de un vecino es la vulnerabilidad directa de todos los Estados circundantes. Por lo tanto, la estabilidad de Venezuela no es solo una cuestión de solidaridad democrática, sino un interés nacional peruano objetivo que debe ser defendido mediante una diplomacia de realismo preventivo que busque soluciones pragmáticas.

La conclusión de este análisis nos obliga a mirar hacia un futuro incierto donde la región debe aprender a navegar entre un mesurados idealismo jurídico kantiano y la cruda realidad del poder disgregado que describe el neorrealismo. Una intervención militar externa, lejos de restaurar la democracia de forma quirúrgica o indolora, probablemente generaría un estado de conflicto crónico de larga duración que alimentaría redes de narcotráfico, minería ilegal y terrorismo en toda la cuenca amazónica, impactando directamente en la soberanía territorial y la paz social del Perú.

Latinoamérica se encuentra en una encrucijada histórica: o fortalece una voz regional propia basada en una autonomía estratégica que reconozca los intereses objetivos de sus vecinos y la complejidad multipolar del sistema actual, o seguirá siendo el escenario donde las grandes potencias libran sus guerras por delegación a costa del bienestar de nuestras poblaciones. El desafío para el Perú y sus vecinos no es solo defender la democracia como un valor teleológico fundamental, sino entender que en el neorrealismo del siglo XXI, la estabilidad regional es un bien común preciado que no puede quedar supeditado a los intereses imperiales de turno ni a la parálisis de una gobernanza global que, en su evidente crepúsculo, parece haber olvidado la razón de ser del derecho internacional: evitar la guerra total y proteger la vida humana frente a la ambición desmedida del poder político y económico.

Referencias bibliográficas

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Pastrana Buelvas, E., & Gehring, H. (Eds.). (2019). La crisis venezolana: impactos y desafíos. Fundación Konrad Adenauer.

Salomón González, M. (2002). La teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI. Revista CIDOB d'Afers Internacionals, (56), 7-52.

United States Department of State. (2020, 29 de julio). Venezuela: Una crisis democrática. Bureau of Western Hemisphere Affairs.

Waltz, K. N. (1979). Theory of International Politics. McGraw-Hill.

Waltz, K. N. (2000). Structural Realism after the Cold War. International Security, 25(1), 5-41.

[1] El "Momento de San Francisco" refiere a la conferencia de 1945 donde se firmó la Carta de la ONU, marcando el intento de sustituir la fuerza por la legalidad multilateral. Simboliza la institucionalización del idealismo kantiano en la gobernanza global. Su actual "crepúsculo" indica la fragmentación de ese orden ante el ascenso de potencias con intereses y valores irreconciliables, imposibilitando un consenso normativo universal. Referencia: United Nations. (1945). Charter of the United Nations. https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text