El “Cártel de los Soles” no existe, lo admite Estados Unidos

Durante años, el nombre “Cártel de los Soles” se convirtió en un pilar retórico de funcionarios estadounidenses, medios y redes diplomáticas para presentar a altos mandos del Estado venezolano —y en particular al presidente Nicolás Maduro— como la cabeza de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico. Ese relato fue repetido en discursos oficiales, sanciones económicas, designaciones legales y documentos judiciales, y sirvió como uno de los argumentos centrales para justificar presiones políticas y sanciones contra Caracas. Sin embargo, en un giro significativo, la fiscalía estadounidense ha modificado recientemente su propia acusación judicial y ha dejado de describir al Cártel de los Soles como una organización criminal estructurada con Maduro a la cabeza.

Origen y construcción del término

El término “Cártel de los Soles” surgió en Venezuela en los años 90 como un apelativo mediático para describir redes de corrupción vinculadas a oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, tomando su nombre de los soles que figuran en los uniformes de los generales. No fue nunca el nombre formal de una organización criminal con estructura jerárquica, mando unificado y operaciones globales al estilo de los grandes carteles de México o Colombia.

Con el tiempo, Washington incorporó ese término en acusaciones legales: en una acusación federal de 2020 ante una corte de Nueva York, fiscales estadounidenses presentaron a Maduro como quien ayudó a “gestionar y finalmente liderar” ese supuesto cartel de narcotráfico. Esa narrativa alimentó campañas políticas y sanciones contra Venezuela, y fue utilizada por administraciones estadounidenses como justificación para una política exterior agresiva.

El cambio en la acusación judicial

El ajuste más reciente en el expediente judicial es claro: la acusación revisada quitó las referencias que describían al Cártel de los Soles como una organización criminal real y estructurada encabezada por Maduro. En lugar de eso, el texto describe el fenómeno como un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción” dentro de sectores del Estado venezolano vinculados al narcotráfico, sin establecer una jerarquía formal ni un liderazgo único verificable en términos de organización criminal clásica.

En la práctica, los fiscales siguen manteniendo cargos por conspiración para el tráfico de drogas y narcoterrorismo contra Maduro, pero ya no sostienen ante la corte que él sea el jefe de una organización criminal formal llamada “Cártel de los Soles” con estructura tipo cartel.

Narrativa política vs. evidencia jurídica

Este ajuste tiene implicancias relevantes. Por un lado, refleja que la narrativa que durante años presentaba al Cártel de los Soles como una organización poderosa y cohesiva fue amplificada desde Washington —no solo en tribunales, sino en decisiones administrativas como la designación de ese grupo como organización terrorista extranjera por parte del Departamento del Tesoro y de Estado en 2025.

Por otro lado, la revisión de la acusación muestra que cuando la fiscalía tuvo que estructurar sus argumentos para sostenerlos ante un tribunal, encontró más sólido describir las conductas como parte de un sistema de corrupción y patronazgo que como la operación de un cartel con mando único. Aunque esto no beneficia automáticamente a Maduro en términos judiciales —los cargos por narcotráfico no se retiraron— sí debilita uno de los pilares retóricos más explotados por Estados Unidos en su campaña contra él.

Implicancias en las acusaciones contra Maduro

Ese cambio apunta a una realidad jurídica importante: mientras la política exterior estadounidense ha buscado presentar a Maduro como un narcotraficante internacional al frente de una organización terrorista, la acusación ante el tribunal ahora evita depender para su argumento central de esa premisa. Esto complica la narrativa de que existió un cartel formal liderado por Maduro, y abre interrogantes sobre la solidez probatoria de las afirmaciones que se utilizaron políticamente para justificar sanciones, bloqueos y presión diplomática.

Desde la perspectiva de críticos de la política estadounidense, esto evidencia que la narrativa fue diseñada más como herramienta política y geopolítica que como una descripción sólida basada en evidencia verificable ante un juez. Al redefinir el supuesto “Cártel de los Soles” como una etiqueta para describir corrupción y clientelismo dentro del Estado, la fiscalía reconoce implícitamente las dificultades de probar la existencia de una estructura criminal clásica con jerarquías, roles definidos y cadena de mando.

En definitiva, este episodio no solo afecta la estrategia judicial en contra de Nicolás Maduro, sino que también obliga a repensar cómo Washington ha empleado narrativas sobre narcotráfico para intervenir políticamente en Venezuela. Lo que se presenta como una lucha contra las drogas termina, a la luz de estos cambios, revelando tensiones entre objetivos geopolíticos y exigencias de evidencia ante tribunales, y planteando preguntas sobre la legitimidad de las acusaciones más sensacionalistas que se hicieron en nombre de esa lucha.