Estados Unidos y la coartada de la democracia

Estados Unidos no solo invade países: sino también interviene en narrativas. Antes de que despeguen los aviones o se anuncien sanciones, se activa un vocabulario conocido que ordena el mundo en términos morales simples. Democracia contra autoritarismo. Legalidad contra crimen. Derechos humanos contra barbarie. Ese lenguaje no es nuevo ni casual: es el que históricamente ha permitido convertir decisiones geopolíticas en gestos aparentemente altruistas.

La caída del gobierno de Nicolás Maduro —precedida por una acción militar directa de Estados Unidos— vuelve a colocar bajo escrutinio el libreto habitual con el que Washington justifica este tipo de intervenciones. No tanto por la situación interna venezolana, sino porque los argumentos invocados por Estados Unidos chocan frontalmente con su propia trayectoria histórica y con las prácticas concretas de su política exterior. Al contrastar discurso y antecedentes, lo que emerge no es una intervención guiada por principios universales, sino un patrón conocido: los valores aparecen en el relato público, pero rara vez en el origen real de las decisiones.

La democracia como argumento selectivo

La defensa de la democracia es, quizá, el argumento más eficaz y también el más frágil. Estados Unidos lo ha utilizado de manera recurrente en América Latina desde la Guerra Fría, pero rara vez lo ha aplicado como un principio universal.

Durante décadas, Washington sostuvo y financió dictaduras militares en el continente. Chile después de 1973 es un caso emblemático: el derrocamiento de Salvador Allende no fue un error táctico ni una desviación, sino una operación respaldada política y económicamente por Estados Unidos. El régimen de Augusto Pinochet —responsable de miles de asesinatos, desapariciones y torturas— fue tratado como un aliado estratégico. No hubo sanciones, ni bloqueos, ni discursos encendidos sobre la democracia vulnerada.

Ese mismo patrón se repitió en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Las dictaduras del Cono Sur no solo fueron toleradas: fueron coordinadas bajo el paraguas del Plan Cóndor, con conocimiento y respaldo de agencias estadounidenses. La democracia, en ese contexto, no era un valor a defender, sino un obstáculo prescindible cuando entraba en conflicto con intereses estratégicos.

Ese doble estándar no pertenece solo al pasado. En el presente, Estados Unidos mantiene relaciones privilegiadas con regímenes que no cumplen criterios mínimos de democracia. Arabia Saudita, una monarquía absoluta sin elecciones libres; Egipto, gobernado por un régimen militar tras un golpe de Estado; Emiratos Árabes Unidos, donde la oposición política está prohibida. En ninguno de esos casos Washington plantea intervenciones ni bloqueos en nombre de la democracia. Al contrario: hay acuerdos militares, ventas de armas y cooperación estratégica.

En ese marco, resulta difícil sostener que Venezuela haya sido intervenida porque allí “faltaba democracia”. La ausencia de democracia no es una condición suficiente ni necesaria para la acción estadounidense. Es, en todo caso, un argumento activado cuando el gobierno en cuestión resulta políticamente incómodo o estratégicamente prescindible.

Donald Trump y su comodidad con el autoritarismo

La figura de Donald Trump refuerza esa contradicción. Su trayectoria política muestra una relación abiertamente pragmática —cuando no admirativa— con líderes autoritarios. Trump ha elogiado públicamente a gobernantes como Vladimir Putin, Kim Jong-un o Abdel Fattah al-Sisi, a quien llegó a llamar “mi dictador favorito”. No son deslices retóricos: expresan una concepción del poder donde la fortaleza del mando importa más que la calidad democrática.

Bajo su liderazgo, Estados Unidos no condicionó relaciones estratégicas al respeto de libertades políticas. Al contrario, profundizó alianzas con gobiernos cuestionados por organismos internacionales de derechos humanos. En ese contexto, presentar una intervención en Venezuela como una cruzada democrática no solo resulta incoherente: resulta inverosímil.

El narcotráfico como coartada flexible

La lucha contra el narcotráfico es el segundo gran argumento utilizado para justificar la intervención. Y, nuevamente, los hechos cuentan otra historia.

Estados Unidos ha demostrado una notable flexibilidad moral cuando se trata de narcotráfico y aliados políticos. El caso de Honduras es ilustrativo. Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño, fue condenado en tribunales estadounidenses por conspirar para introducir toneladas de cocaína a Estados Unidos y por proteger redes del narcotráfico mientras gobernaba. Sin embargo, durante años fue un socio clave de Washington en Centroamérica, presentado como un aliado confiable en la lucha contra las drogas.

Más aún: Donald Trump terminó indultándolo. El mensaje implícito fue claro. El narcotráfico es un problema grave cuando lo cometen adversarios políticos; se vuelve negociable cuando involucra a aliados útiles. La política antidrogas, así entendida, no es una cruzada ética sino una herramienta selectiva.

Este patrón no es nuevo. Manuel Noriega, en Panamá, fue durante años colaborador de la CIA antes de convertirse en enemigo y ser capturado en una invasión militar. La diferencia entre aliado y criminal no la marcó el delito, sino la conveniencia política.

Aplicado a Venezuela, el argumento del narcotráfico pierde fuerza. Si el objetivo fuera exclusivamente combatir redes criminales, existen mecanismos judiciales, cooperación internacional y extradiciones. La acción militar directa sugiere que el narcotráfico funciona más como narrativa legitimadora que como causa real.

Derechos humanos: preocupación tardía y desigual

Estados Unidos también ha invocado la defensa de los derechos humanos como justificación. Sin embargo, su propia trayectoria le quita cualquier autoridad moral para hacerlo. No se trata de incoherencias aisladas, sino de un historial sostenido de violaciones graves, muchas de ellas aún vigentes. Guantánamo continúa operando como un espacio de detención indefinida fuera del derecho internacional, con presos sin juicio, prácticas de tortura ampliamente documentadas y una arquitectura legal diseñada para eludir cualquier rendición de cuentas. Ningún alto responsable político o militar ha sido juzgado por ese sistema.

A ello se suman políticas internas que contradicen frontalmente cualquier discurso humanitario. Durante el propio gobierno de Donald Trump, Estados Unidos aplicó medidas migratorias denunciadas por organismos internacionales por su carácter cruel e inhumano: separación forzada de niños de sus padres, detenciones masivas en condiciones degradantes y una criminalización explícita de la migración como estrategia política. Lejos de corregirlas, Trump las defendió públicamente como mecanismos de disuasión.

El doble estándar se vuelve aún más evidente en la política exterior. Regímenes aliados de Washington, abiertamente autoritarios, han sido protegidos, financiados y armados sin que sus violaciones a los derechos humanos generen sanciones comparables. Arabia Saudita, responsable de una devastadora guerra en Yemen con miles de víctimas civiles, ha seguido recibiendo respaldo militar y diplomático estadounidense. Igual en Egipto, que mantiene miles de presos políticos sin que ello altere su condición de socio estratégico.

A este cuadro se suma el caso de Israel, aliado central de Washington en Medio Oriente. Las reiteradas denuncias de organismos internacionales por el uso desproporcionado de la fuerza contra población civil palestina, la expansión de asentamientos considerados ilegales por el derecho internacional y el bloqueo prolongado sobre Gaza no han derivado en sanciones sustantivas. Por el contrario, Estados Unidos ha garantizado apoyo militar, financiamiento y veto diplomático en instancias como el Consejo de Seguridad de la ONU. La vara, una vez más, no es la misma: las violaciones existen, pero su peso político depende de quién las comete.

Intervenir para estabilizar… desestabilizando

Otro argumento recurrente es la supuesta necesidad de garantizar la estabilidad regional. Sin embargo, la evidencia histórica demuestra que las intervenciones militares estadounidenses han producido de manera sistemática el efecto contrario. Lejos de estabilizar, han dejado tras de sí Estados fragmentados, instituciones debilitadas, violencia prolongada y una dependencia política difícil de revertir.

En América Latina, los precedentes son claros. Panamá en 1989 fue invadido con el objetivo declarado de restablecer el orden y la democracia; el resultado fue un país con soberanía erosionada, fuerzas armadas disueltas bajo tutela externa y una arquitectura política moldeada por intereses estadounidenses. Haití ha sido intervenido directa o indirectamente en múltiples ocasiones durante el último siglo, siempre bajo el argumento de la estabilidad: hoy sigue siendo uno de los Estados más frágiles del continente, con instituciones colapsadas y una dependencia crónica de misiones internacionales. En República Dominicana, la invasión de 1965 se justificó para evitar el “caos” y la expansión de fuerzas consideradas hostiles; lo que dejó fue un sistema político reordenado bajo supervisión externa y una democracia condicionada desde su origen.

Fuera de la región, los ejemplos son aún más contundentes. Afganistán fue ocupado durante veinte años con el discurso de estabilizar el país, erradicar el terrorismo y construir instituciones democráticas. El resultado fue un Estado artificial, sostenido por presencia militar extranjera, que colapsó en cuestión de días tras la retirada estadounidense, devolviendo el poder a los talibanes y dejando una crisis humanitaria profunda. Irak fue invadido en 2003 bajo la promesa de estabilidad y seguridad regional; la disolución de su Estado, el vacío institucional y la violencia sectaria posterior alimentaron años de guerra civil y facilitaron el surgimiento de grupos como el Estado Islámico. Libia, intervenida en 2011 en nombre de la protección de civiles, terminó convertida en un país fragmentado, sin autoridad central efectiva, con milicias armadas y conflictos internos permanentes que se proyectan hasta hoy en el norte de África y el Mediterráneo.

En todos estos casos, la retórica fue similar: intervención para evitar el caos, proteger a la población y garantizar estabilidad. El resultado, una y otra vez, fue la destrucción de equilibrios internos, la imposición de soluciones externas y la incapacidad de construir instituciones legítimas y sostenibles. La estabilidad prometida nunca llegó; lo que quedó fue una inestabilidad más profunda y duradera.

Pensar que Venezuela será una excepción a este patrón histórico no se apoya en datos ni en experiencias comparables. Requiere, más bien, una confianza ciega en un modelo de intervención que ha fracasado repetidamente y que, pese a ello, sigue presentándose como solución.

Recursos, poder y la pregunta que no se dice

Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo. No es un detalle secundario ni una obsesión conspirativa: es un dato estructural. Cada vez que Estados Unidos ha intervenido de manera directa o indirecta en un país con recursos estratégicos, esos recursos han formado parte del cálculo, aunque rara vez del discurso público.

La retórica moral cumple una función precisa: ocultar intereses materiales bajo un lenguaje de valores universales. No se trata de negar la crisis venezolana, sino de entender que esa crisis ha sido leída y utilizada desde Washington en función de una lógica de poder, no de solidaridad democrática.

El problema de fondo no es solo Venezuela. Es el precedente. La normalización de la intervención unilateral, sin mandato multilateral, bajo argumentos morales aplicados selectivamente, debilita el derecho internacional y refuerza una lógica donde la fuerza sustituye a la legalidad.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos de cómo terminan esos experimentos. Y casi nunca terminan como prometen quienes los inician.