Fiscalía desarma el Lava Jato para proteger a los investigados por corrupción

La eliminación del Equipo Especial Lava Jato, dispuesta por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, no constituye una simple reestructuración administrativa. Según el informe de IDL–Justicia Viva, El rey Gálvez elimina el Equipo Especial Lava Jato: para sacar a Vela y a Pérez, y perjudicar los casos de corrupción transnacional, se trata de una decisión jurídicamente nula, contraria a la Constitución, a la Ley de la Carrera Fiscal y a los estándares internacionales que protegen la independencia de los fiscales.

La resolución no se limita a reorganizar funciones. En los hechos, separa a Rafael Vela y José Domingo Pérez de las investigaciones más sensibles del país, sin que exista sanción disciplinaria, evaluación negativa ni procedimiento previo que lo justifique. Ambos fiscales son excluidos del nuevo esquema sin explicación alguna, mientras que los demás integrantes del equipo continúan con sus casos.

De acuerdo con la normativa vigente, un fiscal solo puede ser removido por mal desempeño acreditado, destitución, vencimiento de plazo o renuncia. Ninguno de estos supuestos se cumple. La exclusión de Vela y Pérez se produce por una decisión discrecional del fiscal de la Nación interino, lo que vulnera el principio de estabilidad en el cargo y la garantía de independencia funcional.

El propio texto de la resolución invoca la Ley de la Carrera Fiscal y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero omite los artículos que exigen motivación, objetividad y respeto al debido proceso. Para IDL, esta omisión no es menor: evidencia que la decisión no cumple los requisitos mínimos de validez legal.

La gravedad aumenta si se considera que ambos fiscales cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenan al Estado peruano garantizar que puedan ejercer sus funciones sin hostigamientos ni interferencias políticas. La desactivación del equipo y su exclusión de los casos contradicen directamente esas obligaciones internacionales.

El informe recuerda que la Fiscalía de la Nación no puede escoger qué normas aplicar y cuáles ignorar. La potestad de nombrar fiscales está limitada por la Constitución, la ley y los compromisos internacionales del Estado. Cuando esas reglas se vulneran, la resolución administrativa pierde validez.

Un golpe a la lucha contra la corrupción

Pero el impacto de la decisión no es solo jurídico. La eliminación del Equipo Especial Lava Jato desmantela una estructura creada para investigar corrupción transnacional, crimen organizado y lavado de activos de forma integrada. El equipo funcionaba como una unidad especializada, con coordinación interna, intercambio de información estratégica y una lógica de trabajo común frente a redes criminales complejas.

Al trasladar los casos a la especialidad de lavado de activos, se pierde ese enfoque multidisciplinario. El informe advierte que esta fragmentación debilita la investigación, rompe la coordinación entre fiscales y abre la puerta a pedidos de desacumulación, nulidades y retrasos que favorecen a los acusados.

La salida de Rafael Vela afecta también la defensa de los casos en segunda instancia. Durante más de siete años fue quien sostuvo las apelaciones y garantizó continuidad técnica frente a resoluciones judiciales adversas. Su desplazamiento rompe esa línea de defensa institucional.

José Domingo Pérez, por su parte, llevaba los casos más emblemáticos del Lava Jato: los procesos contra Fuerza Popular, Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski, el Metro de Lima, IIRSA Sur, Odebrecht y Doleiros, entre otros. Varios de ellos se encuentran en juicio oral o en etapas decisivas. La resolución deja estos casos sin el fiscal que los condujo desde el inicio, generando un riesgo real de pérdida de continuidad estratégica, debilitamiento probatorio y retrasos procesales.

Lejos de responder a problemas de eficiencia, los resultados del Equipo Especial contradicen cualquier argumento de bajo rendimiento. Más de 300 personas acusadas, decenas de empresas procesadas, 75 sentencias condenatorias y miles de millones de soles en reparaciones civiles muestran que se trató de uno de los esfuerzos anticorrupción más importantes del país.

Por eso, IDL concluye que la desactivación del Equipo Especial Lava Jato no solo es ilegal, sino también funcional a la impunidad. La decisión no fortalece la persecución penal: la debilita. Y al debilitarla, beneficia objetivamente a las redes políticas y económicas investigadas por corrupción.

El contexto refuerza esa lectura. Durante años, sectores políticos exigieron públicamente la salida de Vela y Pérez. Hubo campañas de desprestigio, suspensiones arbitrarias, denuncias penales y presiones desde el Congreso. La medida adoptada por Gálvez aparece así como la culminación de una estrategia para neutralizar a los fiscales que encabezaron los casos más incómodos para el poder.

La gravedad institucional se agrava por la ausencia de controles. La Junta de Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia y el Congreso no han actuado como contrapesos frente a una decisión que afecta la independencia fiscal y la lucha contra la corrupción. En ese vacío, la Fiscalía de la Nación interina ejerce un poder discrecional sin rendición de cuentas.

La eliminación del Equipo Especial Lava Jato no fortalece la justicia. La desarticula. Y al hacerlo mediante una resolución jurídicamente insostenible, compromete seriamente la credibilidad del Ministerio Público y del Estado peruano frente a la lucha contra la corrupción.