Un espejo insoportable

“Hemos en suma intentado mirarnos en el espejo del pasado

y el rostro que ha aparecido está lejos de ser agradable.”

Informe final de la CVR

Hablar de una versión oficial frente a otras no oficiales del conflicto resulta reductivo. Sin embargo, como señala Cynthia E. Milton, a pesar de la multiplicidad de bandos y actores inmersos en el entramado del cuerpo social peruano, los dos tropos de la memoria en cuestión pueden caracterizarse como memoria “de los Derechos Humanos” frente a memoria de “Salvación o heroica” (Milton, Los buenos militares, IEP, 2024). Asimismo, según el Informe Final de la CVR, estas narrativas del pasado circulan, compiten y estructuran el presente.

Cada vez que se produce una “erupción de la memoria” en el espacio público, ambos tropos se activan, confirmando o negando las conclusiones del Informe de la CVR y celebrando como verdadera la versión que mejor se ajusta a sus propios credos: el de la “Salvación heroica”, creado durante el fujimorato para legitimar la violencia del Estado, y aquel que defiende los Derechos Humanos en el Perú. Lo que resulta inquietante, a estas alturas, es que la curaduría de ese debate público siga estando a cargo de la DIRCOTE, un cuarto de siglo después.

Ejercicio curatorial de nuestras recientes estampas del horror

Me parece que en el Perú de la era posconflicto, una buena curaduría debería integrar las nuevas estampas del horror: así como quienes fuimos niños en Lima de los años ochenta recordamos las aspas de maskintape en las ventanas para evitar que volaran esquirlas por algún coche-bomba, las nuevas estampas del horror circulan en la imagósfera como excrecencias del satinado discurso moral dominante suscitando “erupciones de memoria”.

Lo que tenemos en la curaduría de estampas del horror, además de las protestas de 2023-2024 y sus muertos civiles a manos de los militares y policías, es el avance del necrocapitalismo o capitalismo gore,[1] en un país cuyo Estado fragmentado únicamente planifica sus propias prebendas y el consecuente abandono de sus ciudadanos más vulnerables.

En enero de este año fue destituido el director del LUM Manuel Burga, a cargo de su gestión desde el 2018, sin ninguna explicación, para ser reemplazado por el actual viceministro de Patrimonio Cultural. “Reemplazar a un historiador de su calibre, respaldado por una trayectoria destacada como exrector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por un funcionario carente de credenciales equiparables no es un simple cambio administrativo. De hecho, Burga denunció que su salida responde a un plan deliberado para vaciar de significado al LUM, convirtiéndolo en un simple cascarón, incapaz de confrontar las verdades incómodas de este país.” Afirmó Hugo Coya en Diario El Comercio, el 16 de enero de este año.

Lo contrario de la memoria no es el olvido, sino su reescritura estratégica para convertirla en una versión de propaganda. Esto comporta un problema  ético al respecto de las víctimas de la violencia estatal, es aquel de reincriminarlas. Tras un arduo y doloroso proceso que fue la CVR en nuestro país, ya habían sido reconocidas como víctimas pero luego los militares insistieron en tratarlas como “excesos”, casos particulares o externalidades. En su defecto, estudiados y documentados están los patrones de comportamiento concernientes a una cultura militar “hipermasculinizada” que justificó o bien minimizó sus acciones violentas. Género y raza contribuyeron a la deshumanización de los integrantes y sospechosos de pertenecer a grupos terroristas, ante los ojos de los agentes del Estado (Franco J., 2013).

Recuerdo cuánto nos molestaba en los noventa la expresión del general Rodolfo Robles, “el costo social” refiriéndose a los muertos del conflicto armado interno. Me preguntaba qué pasaría si su hermana fuera estuprada y asesinada ¿la llamaría igualmente “costo social” del “conflicto armado interno”?. La memoria peruana, incluso en el terreno del lenguaje, es un verdadero campo minado. Todos nuestros muertos merecen respeto, de lo contrario seguiremos anclados al trauma y a la repetición de sus orígenes. No podemos trabajar en la reconciliación sin mirar al pasado.

La censura contra las voces políticas del sur andino, hace tan solo una semana, generó nuevas postales de violencia estatal, esta vez contra los familiares de los fallecidos en las protestas de 2023-2024, quienes marcharon con féretros simbólicos siendo atrozmente golpeados y gaseados por la policía en la intersección de los jirones Ancash y Jauja, afuera del Congreso, mientras Boluarte leía un anodino, disparatado y largo discurso a la Nación. Otra estampa del horror apareció en mayo de este año con el asesinato de 13 mineros en Pataz (La Libertad) a manos de una mafia vinculada a la minería ilegal. Para Zaraí Toledo, lo ocurrido en Pataz refleja una serie de políticas fallidas del Estado, militarización, represión sin inteligencia territorial, coerción que no distingue actores y sacrifica al eslabón más débil de la cadena productiva, aquel que subsiste pese a ella, a falta de oportunidades.

La formalización se volvió inviable según Zaraí Toledo y la dejación estatal generó vacíos ocupados por mafias criminales que imponen sus propias leyes en connivencia con quienes se benefician con ese oro, a saber, las plantas de procesamiento y las joyerías. Concluye el informe que La REINFO, creada en 2016 para ordenar la minería, es apenas una fachada para actividades ilegales.

Se siguen sumando a la lista los transportistas fallecidos a manos de sicarios y extorsionadores, alrededor de 28 en lo que va del año. El problema no solo persiste sino que se ha agravado. La  frustración es grande ante los infructuosos estados de emergencia y declaraciones de parlamentarios enajenados como José Cueto, quien propuso que los transportistas blinden sus vehículos con láminas antibalas. Según declaraciones de Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), 8 de cada 10 líneas de transporte, operan bajo amenazas de extorsión[2]. En Perú todos sabemos que este problema es consecuencia del pacto de impunidad congresal, que antes hubo abolido para su beneficio particular la ley contra el crimen organizado.

Pero es el tiempo de las dictaduras blandas y del soft-power de los militares reciclados en el escenario posconflicto, esos que lograron ratificar la firma de Fujimori en la Constitución del 93, mediante un decreto firmado por Boluarte en marzo de este año, como un gesto de lealtad histórica que busca reescribir la historia desviándola de su legado autoritario.   En junio del año en curso, sobrevino la aprobación de la Ley de Amnistía que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y autoridades del Estado que estén procesados, sentenciados y sin condena firme aún, por delitos ocurridos entre 1980-2000, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.

El Tratado de San José de Costa Rica es la única barrera jurídica que contraviene la Ley de Amnistía, que emula a la de Fujimori en 1995. Las recientes declaraciones de Boluarte contra la CIDH ponen en evidencia nuevos ardides para retirar al Perú de dicho Tratado, con el fin de librar a los ex militares, socios en el poder, y a la propia presidenta de todas sus acusaciones penales contra los Derechos Humanos. Al día de hoy, Boluarte cuenta con 27 carpetas fiscales.

La súbita cancelación de la presentación del libro de Víctor Polay, preso por terrorismo próximo a ser liberado tras purgar condena y a quien se intenta reincriminar, nos aporta otra postal de la memoria patria, la de la patria-madrastra que envía a la DIRCOTE a interrogar a las trabajadoras del stand de editorial Achawata en la FIL y que actúa, a plena luz del día, con el desenfado que solamente lucieron unas dictaduras famosas en los años setenta en la región. El mensaje es explícito: si las vendedoras del stand son investigadas por cumplir con su trabajo, qué será de los lectores, comentaristas y editores del libro, qué será también de los historiadores y de los estudios de memoria en el Perú.

Duplicidad: el doble rasero de la moral nacional

Parece que nos hubiéramos acostumbrado a reforzar estereotipos morales para librarnos de cuestionar el autoritarismo y la exclusión, quizá porque nunca la hipocresía había generado tantos réditos económicos a nuestras élites nacionales. ¿Será que hemos aceptado que el precio a pagar para que predominen sus intereses en la esfera decisoria, sea la pluralidad democrática? Nos hemos convertido en vicarios de la memoria salvadora de Fujimori, ficción de propaganda, que de tanto repetirse ya parece estar escrita en piedra. El epíteto “terrorista” logró insertarse como instancia normativa de la conciencia, empleándose para castigar cualquier mirada crítica y política. Se ha dicho que la presentación pública del libro de Víctor Polay es una falta de respeto contra las víctimas[3].

El índice del libro anuncia una versión de la historia del conflicto armado interno al respecto del MRTA. En cuanto memoria testimonial, es esperable una versión alternativa con voluntad de resarcimiento. Leer el libro no me haría echar tierra sobre los secuestros y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el MRTA contra civiles inocentes, ni mucho menos olvidar el crimen de odio contra homosexuales en las Gardenias, Tarapoto; lo sucedido en la FIL, sin embargo, habla más del tipo de sociedad que somos y de las tareas pendientes que no asumimos, porque es mucho más fácil transferirle a algún villano caído todas nuestras propias deformidades. 

No todas las opiniones son respetables. Decir públicamente que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los hombres, o que la violación infantil de los docentes en las escuelas amazónicas es una práctica cultural tal como ha declarado Morgan Quero, es aberrante, lo mismo que justificar los crímenes contra civiles inermes por algún plan con aspiración totalitaria. Huelga decir que no fue por sus opiniones sino por estas acciones que Polay ha purgado condena. Aunque su versión del pasado pudiera resultar acaso descafeinada al respecto de esas acciones repudiables, el relato de sus motivaciones sí puede ser motivo de escrutinio histórico por su relevancia al interior del MRTA y justamente por hablar desde un lugar socialmente percibido como abyecto y por tanto susceptible de ser silenciado. Las opiniones de Morgan Quero, en cambio, no rinden tanto.

El testimonio de Polay y la pesquisa en torno a sus motivaciones, podría proveernos claves hermenéuticas para comprender el fenómeno del MRTA, en contraste con otros procesos latinoamericanos que tuvieron lugar durante la guerra fría, cuando la reivindicación armada era parte de una eticidad que ninguna izquierda al día de hoy suscribe. Polay escribe como un preso político, sospecho que eso es justamente lo que asusta y desestabiliza; si Morgan Quero estuviera preso, en cambio, sus opiniones solo serían útiles para justificar delitos comunes. Lo que resulta más inquietante es que nos aferremos con tanta fuerza al estigma del terruco para desactivar la escucha de un testimonio del lado vencido, que es el lado impecablemente sustraído del presente.

No nos hacemos ningún favor censurando dicho libro. El abuso epistémico de la palabra terruco solo sirvió para legitimar el relato autoritario y para negar voz política a cualquiera que desee hablar de justicia social y de inclusión, siendo ostensiblemente la misma falla de origen de la violencia, que hoy adquiere nuevas investiduras como además nuevos epítetos para llamar a quienes no suscriben la propaganda fujimorista del relato oficial. Rojos, zurdos y caviares que lloran por el libro de Polay.

Estamos a tiempo de ponderar estas cuestiones de una forma más adulta, menos maniquea, reconociendo que no refrendamos el odio que ejerció el MRTA contra civiles, como tampoco dejaremos de señalar las maneras trasnochadas, anacrónicas y a todas luces decadentes de los socios actuales del poder ante las erupciones de memoria del conflicto armado interno.

Los nuevos hijos monstruosos de la desigualdad y la exclusión

Una buena curaduría del Perú de la era posconflicto debe integrar las actuales formas de dañar irreparablemente el tejido social, a saber, cooptar poderes independientes, cambiar las leyes, yendo tras los candados, sin transparencia y pateando el debido proceso, la dejación estatal o el abandono planificado de la población excluida, las leyes paralelas de la minería informal, el asesinato sistemático de transportistas por extorsionadores y de líderes indígenas por sicarios, la seguridad privatizada a manos de “chalecos” o mafias en el norte, así como la verdadera reina de la cocina nacional: la cocaína del Alto Huallaga, que repunta en zonas adyacentes de la Amazonía con un incremento estimado de 107% al respecto de años anteriores.

Nunca se supo tan gruesa la alfombra de los ex militares y policías socios en el gobierno. A nadie le gusta mirar debajo de ella porque hay un caudal irrefrenable de muertos. Muertos que ya se suman a los de la guerra interna, perpetuando su lógica contra la mayoría de peruanos, esto es, contra los peruanos raceados y pobres. Preferimos seguir mirando por encima y aceptando la prerrogativa que tienen de elegir qué peruanos deben ser sacrificados para perpetuar el silencio y la impunidad, como si se tratara del único gesto de soberanía posible.

[1] El concepto de "capitalismo gore", desarrollado por la filósofa y teórica cultural Sayak Valencia, describe una forma extrema y violenta del capitalismo contemporáneo, en el cual la acumulación de capital se produce a través del derramamiento de sangre, la violencia brutal y la muerte, especialmente en contextos del sur global.

[2] La República, 24 de julio, 2025: https://larepublica.pe/sociedad/2025/07/24/80-de-empresas-de-transportes-estan-bajo-extorsion-y-pagarian-mas-de-s10-millones-mensuales-segun-cit-2055696

[3] Emitido en directo el 6 de agosto de 2025, La Encerrona. Función especial: Cine Tauro: