La ceguera del presentismo tecnocrático: una réplica a Jaime de Althaus

La lectura de las columnas elaboradas por Jaime de Althaus y publicadas de manera consecutiva en el diario El Comercio —“Inicio de una nueva era» el 13 de junio y «Podría ser el fin de los antifujimorismos” el 20 de junio— demanda una aproximación reflexiva que trascienda la inmediatez de la coyuntura y el comprensible apasionamiento que envuelve los desenlaces electorales. Leídos en secuencia, ambos textos revelan un esfuerzo editorial articulado para estructurar una narrativa de optimismo institucional ante un eventual gobierno presidido por Keiko Fujimori.

La premisa central que atraviesa ambas publicaciones sugiere que el triunfo en las urnas, sumado a una serie de compromisos procedimentales, poseería la virtud intrínseca de disolver la polarización, marcando el ocaso de las diversas vertientes de oposición y el nacimiento de un renovado consenso nacional.

Sin embargo, cuando el andamiaje conceptual de estos textos se somete al escrutinio de la historia de las ideas, la sociología de las instituciones y la economía política, emergen fisuras insalvables. El hilo conductor de ambas columnas descansa sobre un mecanicismo político que subestima severamente la densidad de los procesos históricos, la complejidad de la desconfianza ciudadana y, sobre todo, la profundidad de una fractura sociológica que ha derivado en una auténtica balcanización afectiva del país.

El propósito de este texto es observar con detenimiento y refutar los planteamientos esbozados a través de tres ejes críticos de interpretación: la tensión entre la memoria histórica y la matriz ideológico-republicana; la naturaleza de la legitimidad frente a la resistencia ciudadana; y la incomprensión del antifujimorismo contracultural y el orden espontáneo del sur andino.

La ilusión del grado cero y la matriz republicana del antifujimorismo

En su artículo del 20 de junio, Althaus sostiene que la fractura política peruana es una anomalía superable mediante la sola asunción de la legalidad. Al clasificar las corrientes de oposición, postula que el rechazo fundado en el recuerdo del autoritarismo de los años noventa opera como una suerte de "alucinación" que "desaparecerá por inanición" tan pronto se garantice la entrega del poder en el año 2031. Esta aseveración, que enlaza directamente con la proclamación de una "nueva era" formulada el 13 de junio, evidencia una incomprensión fundamental sobre cómo se estructura el tiempo histórico en la conciencia política.

Para calibrar el error de este diagnóstico, es imperativo diseccionar el fenómeno político que ha servido de catalizador de la polarización en las últimas décadas. Tradicionalmente, este primer antifujimorismo al que Althaus alude se ha entendido desde una matriz que podríamos llamar "ideológica republicana". Esta vertiente focaliza su crítica en la autocracia del decenio de 1990, en el desmantelamiento del Estado de derecho, la cleptocracia sistémica y la violación a los derechos humanos. Es, en esencia, un rechazo cívico sostenido principalmente por sectores progresistas, la academia y las clases medias urbanas preocupadas por la ortodoxia democrática.

El tiempo de las sociedades, como advierte Koselleck, no es un calendario sucesivo que el gobernante de turno pueda reiniciar a voluntad; se articula en una tensión entre la experiencia asimilada y el horizonte de expectativas. El rechazo ideológico-republicano no es una fobia irracional ni un artefacto retórico; es una experiencia históricamente sedimentada. Las prácticas de degradación institucional dejan huellas profundas que configuran los marcos cognitivos con los que la sociedad civil evalúa los riesgos del presente. Suponer que un triunfo electoral actúa como una tabula rasa que borra esta sedimentación, inaugurando por decreto un tiempo nuevo, es incurrir en una grave falacia.

Más problemática aún resulta la aproximación de Althaus respecto a la memoria de la violencia política, sugiriendo que narrativas de raigambre marxista han "demonizado" el pasado para opacar un modelo económico supuestamente exitoso, llegando a proponer la reescritura de los textos escolares. Este esfuerzo de ingeniería sobre la memoria colectiva constituye un ejemplo paradigmático del presentismo descrito por Hartog: la voluntad deliberada de aplanar las contradicciones dolorosas del pasado para legitimar las urgencias pragmáticas de la gestión del presente.

La historia se despoja así de su carga ética para convertirse en un mero instrumento pedagógico de justificación macroeconómica. La madurez republicana exige reconocer que la violencia de Estado no opera como una externalidad negativa compensable con indicadores de reducción de pobreza. Las heridas originadas por la erosión de las libertades poseen una densidad que no se disuelve interviniendo los manuales escolares ni decretando la amnesia institucional.

La legitimidad esquiva: desconfianza estructural y la invalidación del disenso

El segundo soporte argumentativo de las columnas de El Comercio consiste en perfilar la naturaleza de la oposición política y social como un rezago de malentendidos técnicos o una defensa de privilegios gremiales obsoletos. Se reduce la resistencia sindical a un mero resentimiento originado por la pérdida de un "poder artificial" durante las reformas de liberalización, proyectando que fórmulas de "flexibilidad laboral" extinguirían automáticamente la razón de ser de dicha oposición. Simultáneamente, se insinúa que las protestas venideras no serán más que un "pretexto" impulsado por la narrativa de fraude de los perdedores.

Esta argumentación, analizada desde las tesis de Rosanvallon, malinterpreta las condiciones bajo las cuales opera la legitimidad en las democracias contemporáneas. En principio, reduce la conflictividad social a una simple rabieta de actores negacionistas de la eficiencia económica, invisibilizando la realidad material de la precarización y la severa carencia de redes de protección estatal en el país. Sostener que la flexibilización normativa clausurará las tensiones de clase es una abstracción de gabinete que colisiona con la precariedad experimentada por las mayorías.

De un modo más profundo, los textos evidencian una confusión constante entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Se asume que alcanzar la victoria en las urnas dota al nuevo gobierno de un blindaje que convierte cualquier disenso posterior en una patología ilegítima. Sin embargo, en escenarios caracterizados por una profunda desinstitucionalización, el veredicto electoral otorga un mandato procedimental efímero y sumamente frágil. La verdadera viabilidad política se construye día a día en el ejercicio del poder, a través de la demostración incesante de imparcialidad y la porosidad frente a las demandas de una sociedad vigilante.

La resistencia organizada y el escrutinio que los artículos desestiman conforman, en realidad, el núcleo de las prácticas contrademocráticas de la ciudadanía moderna, como demostró Rosanvallon. La desconfianza organizada, la denuncia y el poder de veto social representan mecanismos estructurales vitales para contener las asimetrías del poder estatal. Intentar que estas expresiones mueran "por inanición" revela una concepción burocratizada y carente de vitalidad política. Los consensos genuinos no se forjan exigiendo a los actores sociales que olviden sus agravios en nombre del desarrollo, sino demostrando en el terreno fáctico un respeto escrupuloso por las fronteras institucionales.

El antifujimorismo contracultural y la arrogancia de la planificación central

Finalmente, es imprescindible analizar el diagnóstico que Althaus formula el 13 de junio respecto al sur del país. Identifica allí una supuesta "disonancia ideológica", argumentando que existe una población que opera sociológicamente bajo la lógica del capital, pero que vota por alternativas de izquierda. Frente a este panorama, propone la implementación de "un plan específico para el sur, con la conducción directa y personal en el terreno de la presidenta", advirtiendo que la población aimara debe aceptar los resultados mediante una declaración de subordinación.

Es aquí donde el análisis del autor naufraga al ignorar que, a la sombra del bloque republicano, ha cristalizado un segundo antifujimorismo, mucho más profundo, extendido y difícil de codificar: el antifujimorismo contracultural. En vastas zonas del sur andino y en las periferias regionales, el fujimorismo ha dejado de ser evaluado por su desempeño dictatorial pasado para convertirse en el significante de un agravio estructural continuo. En esta dimensión contracultural, el fujimorismo es sinónimo de Lima; representa el establishment, la oligarquía contemporánea y la persistencia de un modelo de dominación histórico.

Semejante construcción simbólica esconde, sin embargo, una evidente contradicción sociológica. Lejos de ser una urbe aristocrática de raigambre europea, la capital peruana es actualmente una metrópoli mestiza, compleja y de matriz popular, forjada por el asentamiento histórico de migrantes provenientes de los Andes, la Amazonía y el norte del país.

No obstante, pese a esta innegable composición demográfica provinciana, Lima mantiene inalterable su rol como el núcleo que acapara las decisiones políticas y el capital económico, operando con una lógica centralista y extractiva respecto a los demás departamentos. Por tal motivo, amplios sectores del país conciben a la capital como una estructura asfixiante que cancela sus posibilidades de autonomía y desarrollo regional. Esto explica por qué dicho antifujimorismo está intrínsecamente ligado a un sentimiento antilimeño, ya que la metrópoli es percibida, desde este imaginario, como la encarnación de un sistema de sometimiento que resulta imperativo desmantelar.

Esta fractura transita en ambas direcciones. Los sectores dominantes y emergentes de la capital, insertados en dinámicas económicas globalizadas, experimentan con frecuencia a ese "otro" Perú regional como un lastre. Desde la óptica del proyecto modernizador limeño —del cual Althaus se hace eco—, las constantes demandas provincianas son codificadas como un obstáculo atávico, un "peso muerto" que ancla a la nación en la informalidad.

La propuesta de Althaus de enviar un "plan específico" conducido por la presidencia expone la contradicción más aguda del constructivismo estatal (raro en un analista que presume de llamarse “liberal”). Las estructuras económicas del sur andino configuran un orden espontáneo que ha emergido de abajo hacia arriba, sustentado en reglas consuetudinarias y saberes locales. La arrogancia racionalista radica en asumir que la supuesta "disonancia" de una macrozona puede ser rectificada por tecnócratas en Lima y operada verticalmente.

El voto sureño no es síntoma de incomprensión económica, sino un acto de autodefensa ante un modelo que impone formalidad sin proveer representación genuina ni ciudadanía simétrica. Demandar que esta población abdique de su actitud crítica mediante declaraciones formales revela un profundo desconocimiento de las estructuras de autoridad horizontal andinas.

Amin Maalouf (1998) advirtió lúcidamente sobre las trampas de esta mutua hostilidad cuando señala que "es nuestra mirada la que muchas veces encierra a los demás en sus pertenencias más limitadas, y es también nuestra mirada la que puede liberarlos". En el Perú, las miradas cruzadas han dejado de liberar para empezar a atrincherar. Las regiones asumen una identidad de resistencia militante frente al desprecio del centro, mientras Lima se parapeta en una identidad de "civilización" cercada por el supuesto atraso de la periferia. El plan centralista que propone Althaus es, precisamente, la cristalización política de esa mirada que encierra y subordina.

La ceguera del presentismo tecnocrático

El andamiaje discursivo desplegado por Jaime de Althaus en El Comercio se asienta sobre un optimismo infundado y una triple miopía conceptual. Primero, una miopía histórica que pretende inaugurar una época exenta de condicionamientos temporales, ignorando la matriz ideológico-republicana. Segundo, una miopía institucional que descalifica la desconfianza ciudadana como una simple patología facciosa. Y tercero, una miopía sociológica que busca domesticar el orden espontáneo de las regiones asumiéndolas como un "lastre", ignorando la densidad del antifujimorismo contracultural y la paradoja de una Lima extractiva.

Las profundas crisis orgánicas que atraviesa la sociedad peruana no encontrarán resolución mediante intenciones que procuran clausurar el conflicto histórico por la vía administrativa. La estabilidad auténtica demanda desmontar las miradas que nos atrincheran, reconociendo nuestras asimetrías temporales y respetando las lógicas de un tejido social descentralizado que rechaza tutelajes. Mientras los marcos de análisis insistan en evadir la realidad de la “balcanización afectiva”, las proclamas sobre nuevas eras de pacificación no serán más que la articulación de deseos proyectados, radicalmente ajenos a la materialidad y la memoria del país.