Entre la inestabilidad económica y la inseguridad ciudadana

Casi una década y ningún presidente de nuestra economía primario exportadora ha completado un mandato redondo.

El Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] es un microcosmos de la presidencia, siendo la falta de trayectoria tanto política como económica.

“El séptimo ministro de economía del régimen Castillo-Boluarte en menos de cuatro años. ¡Cuánta inestabilidad!”, reclamaba desde su red social el economista y ex alto cargo Alberto Arias; ello a propósito de la duración [de tres meses] del ex titular del MEF José Arista y su reemplazante Raúl Pérez Reyes, ex de Transportes y muy recordado por los pasajeros que se desplazan hoy -comiéndose el tráfico- al aeropuerto de Lima.

¿Cuerdas separadas?

Hasta hace diez años, los economistas locales -casi en consenso- y sacando pecho indicábamos que la matriz política y la matriz económica iban por “cuerdas separadas”: frase que graficó que si en la Plaza Mayor o la Avenida Abancay -sedes del Ejecutivo y Legislativo, respectivamente- la cuestión era color gris en los jirones Junín y Santa Rosa -MEF y Banco Central de Reserva [BCR], respectivamente- los unicornios sobraban.

Ayudó -evidentemente- una inflación que registraba un crecimiento moderado, unas robustas reservas, una moneda que en su cruce con el dólar estadounidense se mantuvo relativamente estable por la minería [legal e ilegal] y la sobre oferta del narco.

No obstante, hubo corrupción que golpeó el gasto público de alta gama vía la trama Odebrecht y -en simultáneo- una baja recaudación que impactó sobre las finanzas públicas colocando a la política fiscal local en un estado de vulnerabilidad agravado por la pandemia y una reforma tributaria que nunca llegó.

Se gastó menos, pero se recaudó de manera tardía y torpe y tímida; anotando nuestro ratio presión tributaria -al 2024- 14,1% del PBI real cuando debería ubicarse sobre el 20% del PBI real.

Nuestro ratio deuda versus PBI real es bajo para Latinoamérica, pero ello no nos blinda ante un forado fiscal que en siete años sumó S/ 120 000 millones según el MEF [“gracias” Congreso].

Salió impoluta, inmaculada, prístina una política monetaria gracias a un BCR operado con meritocracia y profesionalismo.

Agregar a la receta polarización, carencia de política pública, poquedad en decisiones de Estado en salud y educación, corrupción [que fagocita dos dígitos anuales del monto del presupuesto nacional y del gasto público], cuatro quintos de informalidad, precariedad laboral, austeridad en debida diligencia laboral y conducta empresarial responsable, serios resabios en ingesta calórica infantil, gestión presupuestal maltrecha en el Gobierno Central y gobiernos regionales así como locales; y una clase política de bajísima gama.

Todo ello, obligó a los economistas a replantear el modelo de “cuerdas separadas”.

Ese modelo noventero, de un Perú de “emprendedores” en lugar de ciudadanos; bien, ese enfoque se diluyó, terminó explotando en la cara de los científicos sociales: sobre todo, en pandemia. "Eso", nunca existió.

Crecemos, pero mal

Llegamos al 2025.

Pero llegamos pobres: desde un 29,0% en pobreza monetaria 2023, hasta un 27,6% en 2024; 1,4 puntos porcentuales menos sí, pero sin registrar el 20,2% del 2019 que -de acuerdo con el laboratorio de ideas Instituto Peruano de Economía [IPE]- tardaremos veinte años en retornar a aquella horquilla de hace seis.

Una economía primario exportadora no puede darse el lujo de crecer menos del 4% en términos de PBI real. Y en esas andamos.

De acuerdo con el ente rector estadístico, el PBI real doce meses ató de +3,95% interanual. En marzo del 2024 no crecimos; por tanto, la valla de comparación es baja.

Hay más.

La renta agregada [PBI] desestacionalizada local al tercer mes del año, anotó un cambio en terreno negativo de -0,06% intermes.

Este dato retuvo las expectativas optimistas del Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI].

Minería: en marzo, y para los doce meses un -aún austero- +0,79% interaño.

Para IPE, a 3% de crecimiento año como media se estima que tomará alrededor de dos décadas el retorno a un dato de pobreza de pre pandemia [veintitantos por ciento].

“Se precisa que la inversión privada crezca en dos dígitos en los siguientes años para que la pobreza se reduzca a un mayor ritmo”, añade IPE.

“Recordemos que hay una inflación [baja] pero como resultado de un PBI real mediocre”, agregan en confidencialidad economistas y firmas gestoras desde Frankfurt.

Juan Carlos Odar, economista de Phase Consultores, está de acuerdo con IPE al indicar que es la inversión privada la que anota una dinámica lenta y difusa en “realidades”.

“La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025 sobreestima la inversión que será efectivamente realizada. Más de la cuarta parte de los proyectos [que representan más de la mitad de la inversión estimada] ya había sido anunciada el 2010”, advierte Odar.

Datos que matan: qué hacer

Se añade al caos que lastramos desde el 2016, y si nos apuramos desde 1992, la inseguridad ciudadana que presiona el crecimiento.

Cuando hablamos de seguridad ciudadana, en concreto estamos tocando política pública.

De decisión política acertada, sólida, sostenible, autosostenible y prolongada en el tiempo; que cuente con saludables -cognitivamente y académicamente hablando- cuadros técnicos en las instituciones: Ministerio Público, Policía Nacional, Justicia, Interior, otros.

Donde Inteligencia, diseño de estrategias y modelos muestrales de zonas de incidencia destaquen.

Y al mismo tiempo, y no obstante suene a cliché y sea cansino, la reforma policial se inicie desde las corporaciones más jóvenes de suboficiales y oficiales no contaminados.

Actualmente somos testigos de 2 000 asesinatos por año [Sistema de Defunciones (Sinadef), 2024], y hace unas tres semanas trece mineros torturados y asesinados a quemarropa en Pataz, La Libertad por presuntas mafias vinculadas a la minería ilegal; minería ilegal que -fiel a su costumbre y como plaga que es- "contaminó" el ya de por sí nefasto Registro Integral de Formalización Minera [REINFO].

REINFO, que es herramienta y repositorio de intereses y lobby políticos entre los que ejercen la minería ilegal y fuerzas y grupos enquistados en nuestra maltrecha clase política. El resultado: más crímenes, más extorsión, más armas ilegales, más explosivos, más prostitución infantil, más narco, más corrupción, más oro de contrabando a Bolivia, más daño ambiental.

En lugar de trazar indicadores, evidencia basada en datos se opta por desmantelar y retroceder; como en seguridad, el plan es no tener plan.

Gatopardismo: cambiar para no cambiar.

Trece asesinados como en tiempos de Sendero; y frente a ello, la "política pública" es "dos en moto, no”; "usen chalecos reflectivos".

No gobiernan funcionarios; gobierna el corto plazo, el que espera la una de la tarde para cerrar ventanilla e irse a comer menú.

El golpe no es solo económico: es moral

Con datos de la Cámara de Comercio de Lima [CCL] y CONFIEP, la economía andina pierde S/ 6 000 millones año solo por extorsiones [0,7% del PBI real]; y a nivel agregado, la inseguridad -extorsión, sicariato, robos, asesinato- explican un costo de alrededor de S/ 35 000 millones año [3,5% del PBI real o 15% del presupuesto nacional].

La inseguridad cuesta más que eso, cuesta vidas y esperanzas.

El golpe no es solo económico, es emocional.

Las autoridades están enfocadas en un corto plazo relojero, en una visión que no va más allá de una sala de cirugía estética y con cuadros técnicos que blindan y justifican "felpudeando" esta visión.

Visión que carece de política pública en seguridad, estrategia y plan que combata esta nueva forma de terrorismo.

La única "política pública" ha sido no permitir dos en moto, usar chalecos en estos vehículos y usar a las fuerzas armadas; y ya sabemos cuán "efectivas" resultaron estas "medidas de Estado".

Aquí no hablamos de los grandes grupos u oligopolios bancarios, en cementos, en alimentos, en farmacias, en lácteos [que no son lácteos] que son minoría y pueden comprar seguridad y que avalan -a su manera- esta gestión; aquí hablamos del 98% de las organizaciones empresariales que son MYPE, y que -de momento- están a su suerte.