Velarde, el tecnócrata intocable

En el vocabulario político peruano existe una categoría especial, reservada para muy pocos: la de los "técnicos indispensables". Son figuras que, con el tiempo, dejan de ser funcionarios evaluables para convertirse en garantías sistémicas, en escudos humanos contra el caos. Tocarlos se vuelve tabú. Cuestionarlos, herejía. Reemplazarlos, catástrofe anunciada.

Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) desde 2006, ocupa hoy ese pedestal. Cada vez que algún gobierno de turno insinúa su posible remoción —como ocurrió ruidosamente durante la administración de Pedro Castillo—, los mercados tiemblan, los titulares se alarman y los comentaristas advierten sobre el precipicio. "Sin Velarde, el sol se hundiría", parece ser el consenso tácito de los grandes medios y las cámaras empresariales.

Conviene preguntarse, antes de aceptar ese consenso, a quiénes les sirve. No es casual que las voces más alarmistas ante la posible salida de Velarde sean las mismas que representan al gran capital financiero, a los tenedores de bonos soberanos, a los fondos de inversión que operan en soles. Para ellos, "estabilidad" tiene un significado muy preciso: tasas de inflación bajas que preservan el valor del capital, un tipo de cambio administrado que reduce la incertidumbre para los grandes importadores, y una política monetaria que prioriza la credibilidad ante los mercados internacionales sobre el crédito barato para las pequeñas empresas o el estímulo al empleo.

El mito de la indispensabilidad blinda el statu quo, congela el debate sobre reformas necesarias, y convierte una institución republicana en el feudo de un solo nombre y de una sola escuela de pensamiento económico.

¿Quién es Julio Velarde y qué hizo realmente?

Ser honestos exige empezar por los hechos. Julio Velarde es un economista de formación ortodoxa, con doctorado en la Universidad de Brown (Estados Unidos), con décadas de trabajo en el BCRP y una trayectoria académica respetable. Asumió la presidencia del banco central en julio de 2006, bajo el segundo gobierno de Alan García, y ha sido reelegido sucesivamente por los directorios del banco en 2011, 2016 y 2021.

Durante su gestión, el Perú ha mantenido una inflación relativamente baja y estable, dentro del rango meta del BCRP (entre 1% y 3% anual), con excepciones notables como los años 2008 y 2022. Las reservas internacionales netas crecieron de alrededor de 17,000 millones de dólares en 2006 a más de 70,000 millones en años recientes. El sol peruano ha mostrado menor volatilidad que varias monedas de la región, aunque esto también refleja factores estructurales —el superávit externo de la economía, los precios internacionales de los minerales, el propio tamaño de las reservas— que van más allá de las decisiones del banco central.

En 2015, la revista Euromoney lo eligió "Banquero Central del Año". Vale precisar que Euromoney es una publicación especializada en finanzas corporativas y mercados de capitales: premia, fundamentalmente, a los banqueros centrales que mejor protegen los intereses de esos mercados. No es exactamente una evaluación desde la perspectiva de los trabajadores, los pequeños productores o los deudores en soles. El reconocimiento es real, pero su origen dice algo sobre desde dónde se define lo que es "buena" política monetaria.

Dicho esto, los logros en términos de control inflacionario son reales. El problema no es negarlos. El problema es el salto argumentativo que va de "Velarde es un funcionario competente" a "Velarde es irremplazable y cuestionar su gestión equivale a pedir el apocalipsis". Ese salto no tiene sustento técnico. Tiene sustento político.

La lección de los años ochenta: cuando el banco central sirvió al poder

Para entender por qué la autonomía del BCRP importa —y por qué esa autonomía es una conquista institucional, no el logro de un solo hombre— hay que mirar el episodio más oscuro de la historia monetaria peruana reciente: la hiperinflación de finales de los ochenta.

Bajo el primer gobierno de Alan García (1985-1990), el Banco Central de Reserva perdió, en la práctica, su independencia. Fue utilizado como instrumento de financiamiento del déficit fiscal: el gobierno gastaba más de lo que recaudaba y el banco central emitía moneda para cubrir la diferencia. Las reservas internacionales se dilapidaron. Se establecieron controles de cambio que generaron mercados negros y primas de riesgo paralizantes. El resultado fue uno de los episodios hiperinflacionarios más graves de América Latina en el siglo XX: la inflación superó el 3,000% en 1989 y alcanzó más del 7,000% en 1990.

Las consecuencias sobre la población fueron devastadoras. Los salarios reales se destruyeron mes a mes. Los ahorros de las familias se pulverizaron. Los más afectados fueron, como siempre en las crisis de ese tipo, los trabajadores con ingresos fijos y los sectores de menores recursos, que no tenían mecanismos de cobertura contra la inflación: no tenían cuentas en dólares, no tenían activos reales que se revalorizaran con los precios, no tenían acceso a los instrumentos que sí protegieron a los sectores con mayor capacidad económica.

Esta catástrofe tiene una lección clara, pero es importante extraerla bien. La lección no es que el banco central debe estar en manos de economistas de una determinada escuela ortodoxa para siempre. La lección es más precisa: el banco central no puede ser subordinado al financiamiento discrecional del gasto público sin controles ni transparencia. Su autonomía institucional —consagrada posteriormente en la Constitución de 1993, artículo 84— es una garantía real contra ese tipo de abuso. Y esa autonomía, además, protege especialmente a los más pobres, que son quienes más sufren con la inflación descontrolada.

Pero la distinción es fundamental: la autonomía del BCRP es un atributo del marco institucional, no de la persona que lo ocupa. Sostener lo contrario —que solo Velarde puede garantizar esa autonomía, que sin él el banco central volvería a ser capturado por el poder político— no solo es históricamente incorrecto: es una forma de secuestrar la institución en beneficio de un nombre propio y de la escuela de pensamiento que él representa. El fantasma de la hiperinflación de los ochenta se invoca con frecuencia para bloquear cualquier debate sobre reformas monetarias. Es un uso político del trauma histórico, no un análisis serio.

Antes de Velarde: Oscar Dancourt y la estabilidad heterodoxa

El mito más persistente sobre Velarde es el de origen: la idea de que antes de él el BCRP navegaba sin rumbo y que fue él quien instauró la era de la estabilidad monetaria peruana. Esta narrativa ignora deliberadamente el trabajo de los economistas que presidieron el banco en el período previo, en particular de quien fue su predecesor inmediato.

Oscar Dancourt Masías, economista heterodoxo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), fue primero Director y Vicepresidente del BCRP durante el gobierno de Alejandro Toledo, y luego asumió la presidencia del banco desde fines de 2004 hasta 2006, año en que Velarde lo reemplazó. Es decir, fue precisamente el hombre que dejó el banco que Velarde recibió —en las condiciones de solidez que tanto se le atribuyen a este último.

El contexto en que Dancourt gestionó el BCRP no era sencillo. Los primeros años del gobierno de Toledo estuvieron marcados por una recuperación económica frágil, una alta conflictividad social y una herencia institucional dañada por los años del fujimorismo. A pesar de ello, el banco central mantuvo su autonomía, continuó el proceso de desinflación iniciado en los noventa, y consolidó el régimen de metas de inflación que el Perú había adoptado formalmente en 2002 —el mismo que Velarde heredó y administró durante casi dos décadas.

Dancourt no era —ni es— un monetarista ortodoxo. Es un economista que cuestiona varios dogmas del mainstream, que escribe sobre política fiscal expansiva, sobre los límites del régimen de metas de inflación y sobre la necesidad de que el Estado tenga instrumentos más activos de política económica. Sus investigaciones en la PUCP han sido críticas del modelo de crecimiento extractivista peruano y de la excesiva dependencia de las exportaciones primarias. Es, en el sentido intelectual, todo lo que el establishment financiero peruano dice que no se debe poner en el banco central.

Y sin embargo, gestionó el BCRP con responsabilidad, y lo hizo de tal manera que en 2021 —cuando se discutía públicamente si podría reemplazar a Velarde— él mismo declaró que mantendría el régimen de política monetaria vigente, porque lo consideraba correcto. Esa declaración es reveladora en más de un sentido: muestra que la heterodoxia intelectual no implica aventurerismo monetario, y que un economista progresista puede defender la solidez institucional del banco central sin renunciar a sus convicciones sobre política económica más amplia.

El caso de Dancourt desmonta dos mitos simultáneamente. Primero, que la estabilidad monetaria peruana comenzó con Velarde en 2006 —el banco que él recibió ya era sólido, con un marco institucional en funcionamiento y reservas en crecimiento. Segundo, que un economista con visión heterodoxa o progresista es automáticamente un peligro para las finanzas del país. Ninguno de los dos mitos resiste el contraste con los hechos históricos.

La estabilidad macroeconómica peruana no nació con Velarde. Es un logro institucional acumulado, construido sobre la autonomía del BCRP, el esfuerzo de varios equipos técnicos y los costos que pagó la población peruana durante los duros ajustes de los años noventa.

¿Estabilidad para quién? La pregunta que se omite

Existe una omisión notable en casi todos los que celebran la "estabilidad macroeconómica" peruana: nunca se pregunta explícitamente quiénes se benefician de ella y quiénes no, o en qué medida sus costos y beneficios se distribuyen equitativamente.

La inflación baja tiene un componente redistributivo favorable para los sectores populares: los más pobres, que gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos y bienes básicos, se ven golpeados desproporcionadamente por la inflación. En ese sentido, controlarla es genuinamente una política que protege a los más vulnerables. Pero hay otras dimensiones de la política monetaria que no son tan equitativas.

Las tasas de referencia del Banco Central de Reserva del Perú pueden ser relativamente bajas, pero eso no se traduce en crédito accesible para todos. En la práctica, microempresas y consumidores de menores ingresos enfrentan tasas muy elevadas —en muchos casos entre 40% y 100% anuales dentro del sistema formal—, lo que evidencia una brecha persistente.

Esa brecha suele justificarse en el riesgo, los costos operativos o la falta de garantías. Pero, más allá de esas explicaciones, el resultado es el mismo: el crédito termina siendo más caro precisamente para quienes tienen menos margen y limita sus posibilidades de crecimiento.

El banco central no fija esas tasas ni regula directamente a las entidades —esa función recae en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP—, pero sí define las prioridades del esquema monetario. Al concentrarse casi exclusivamente en la estabilidad de precios y la credibilidad frente a los mercados financieros, deja en segundo plano el problema del costo del crédito para los pequeños agentes. En ese sentido, la persistencia de esta brecha no es solo un resultado del mercado, sino también de una política que decide qué problemas atender y cuáles dejar fuera.

La política de acumulación de reservas internacionales también tiene un costo fiscal real que raramente se discute. Mantener decenas de miles de millones de dólares en instrumentos de bajo rendimiento —bonos del Tesoro americano, principalmente— mientras el país tiene brechas enormes en infraestructura, salud y educación es una elección de política. Nadie argumenta que las reservas deban eliminarse: son un seguro genuinamente valioso. Pero la discusión sobre su nivel óptimo, sobre si podrían ser menores y liberar recursos para inversión pública, es una discusión legítima que el mito de la indispensabilidad ha contribuido a bloquear.

La "estabilidad macroeconómica" es un bien real, pero no es neutral en su distribución. El debate sobre política monetaria es, en el fondo, un debate político sobre quiénes cargan con los costos y quiénes recogen los beneficios.

Las reservas en oro: la crítica de soberanía que nadie formula

Aquí llegamos a un terreno donde el debate público peruano tiene una laguna llamativa. El Perú mantiene reservas internacionales que superan los 70,000 millones de dólares. Eso es positivo en términos de cobertura ante shocks externos. Pero la pregunta sobre cómo están guardadas esas reservas —en qué activos, en qué monedas, en manos de qué instituciones— tiene implicaciones de soberanía que casi nadie discute en el país.

El Perú es uno de los cinco o seis mayores productores de oro del mundo, con más de 100 toneladas anuales de extracción. El oro representa una parte muy significativa de las exportaciones peruanas y genera miles de millones de dólares al año. Y sin embargo, el BCRP guarda una proporción ínfima de sus reservas en oro físico —históricamente menos del 5% del total, según datos del FMI y los propios reportes del banco central.

La paradoja es notable: el Perú excava oro de su subsuelo, lo exporta a los mercados internacionales, y luego guarda el equivalente de sus reservas en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. En términos de soberanía monetaria, esto significa que la principal garantía del valor externo del sol peruano está custodiada en bóvedas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y en los balances del Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza. No en Lima.

Contrasta notablemente con países como Alemania, que guarda más del 70% de sus reservas en oro físico. O con economías emergentes como China, India, Turquía, Polonia o Singapur, que en la última década han incrementado activamente sus tenencias de oro como mecanismo de diversificación frente a la dependencia del dólar. El argumento es claro: el oro no es el pasivo de ningún gobierno extranjero, no puede ser congelado por sanciones internacionales como sí pueden serlo los activos en dólares depositados en bancos de Estados Unidos o Europa.

El ejemplo más reciente y dramático de este riesgo es el congelamiento de más de 300,000 millones de dólares de las reservas del Banco Central de Rusia en 2022, decidido unilateralmente por Washington y Bruselas tras la invasión de Ucrania. Más allá de la dimensión geopolítica del caso ruso, ese episodio demostró algo que varios economistas del sur global llevaban años advirtiendo: la acumulación de reservas en monedas y activos de economías centrales conlleva un riesgo de confiscación que las reservas en oro físico no tienen. Varios bancos centrales aceleraron su diversificación hacia el oro a partir de ese momento. El BCRP, bajo Velarde, no modificó sustancialmente su política.

La concentración de reservas en dólares no es solo un tema de gestión de riesgos financieros. Es una cuestión de dependencia estructural frente al poder monetario de Estados Unidos. Cuando la Reserva Federal sube sus tasas de interés —como lo hizo agresivamente entre 2022 y 2023— los efectos se transmiten automáticamente a las condiciones financieras de economías como la peruana: el dólar se aprecia, el crédito internacional se encarece, los capitales fluyen hacia activos estadounidenses. El Perú recibe esos shocks sin haber participado en la decisión que los genera.

Una mayor diversificación de reservas hacia el oro, el yuan, el euro u otros activos no denominados en dólares no eliminaría esa dependencia, pero la reduciría parcialmente. Es una reforma que no exige heroísmo monetario ni cambios constitucionales: exige voluntad política y una decisión técnica que muchos países ya tomaron. El hecho de que no se debata seriamente en el Perú es, en sí mismo, revelador de los límites del pensamiento único que rodea al BCRP.

El culto a la personalidad técnica y sus costos democráticos

Delegar decisiones públicas en expertos puede ser útil cuando sirve para evitar presiones políticas de corto plazo. La independencia del banco central responde a esa lógica: busca proteger la política monetaria de los vaivenes electorales. El problema aparece cuando esa delegación deja de ser un medio y se convierte en una regla permanente, casi intocable. En ese punto, cuestionar al tecnócrata ya no se percibe como parte del debate legítimo, sino como una amenaza a la estabilidad. Y entonces lo técnico deja de ser una herramienta y pasa a funcionar como un mecanismo de bloqueo político.

Julio Velarde lleva más de dieciocho años al frente del Banco Central de Reserva del Perú, una permanencia poco común en este tipo de cargos. Una continuidad tan prolongada puede favorecer la acumulación de poder informal —relaciones, redes e influencia— que excede el marco institucional y termina concentrando el peso de las decisiones en una sola figura. Con el tiempo, eso puede debilitar el carácter colegiado del organismo y hacer que su funcionamiento dependa más de una persona que de sus reglas.

El segundo es la inhibición del debate interno: cuando alguien es percibido como infalible, las voces disidentes tienen menos espacio, los análisis alternativos se filtran antes de llegar a la superficie y el pensamiento se homogeneiza. Eso no es tecnocracia de calidad: es pensamiento único con decoración académica.

El tercero —y el más importante desde una perspectiva democrática— es el bloqueo político disfrazado de tecnocracia. En el Perú, "no se puede cambiar a Velarde" ha funcionado como un veto de facto sobre cualquier debate acerca de la orientación de la política económica. Si cualquier cambio en el banco central se equipara automáticamente con irresponsabilidad, se está constitucionalizando, en los hechos, una determinada visión del mundo económico —ortodoxa, conservadora, subordinada a las preferencias del capital financiero internacional— por encima del debate democrático. Eso no es técnico. Es político. Y sirve intereses muy concretos.

Cuando se afirma que “los mercados reaccionaron bien” a la continuidad de Julio Velarde, en realidad se está aludiendo a mercados financieros específicos: el tipo de cambio, los bonos soberanos o el riesgo país. Son espacios donde operan fondos de inversión y bancos, y cuya estabilidad importa. Pero esa reacción no equivale automáticamente a un beneficio directo para toda la economía; su impacto es más bien indirecto y depende de cómo se traduzca en inflación, crédito o crecimiento. Por eso, identificar sin matices esas preferencias con el interés general simplifica una relación que es más compleja.

Además, la experiencia comparada muestra que la estabilidad no depende de una sola persona. En Chile, el banco central ha tenido presidentes con trayectorias distintas, como Mario Marcel y Rosanna Costa, sin que ello implicara una ruptura macroeconómica. Algo similar ocurre en Colombia y Brasil, donde los cambios de liderazgo conviven con continuidad institucional. Esto sugiere que la confianza no tiene por qué estar atada a una figura individual, sino a reglas y marcos más amplios.

La estabilidad monetaria no es una persona. Es un sistema de reglas, controles y equipos técnicos. Creer lo contrario no es análisis: es superstición con lenguaje economicista.

El debate que el Perú merece tener

¿Debe el BCRP diversificar sus reservas hacia el oro y reducir su dependencia del dólar? Es una pregunta legítima que otros países ya respondieron afirmativamente. ¿Hay economistas peruanos capaces de presidir el BCRP con responsabilidad? La respuesta es sí, incluidos economistas con visiones heterodoxas, como demostró Oscar Dancourt en los noventa. ¿La "estabilidad macroeconómica" beneficia a todos por igual o sus costos y beneficios se distribuyen asimétricamente? La respuesta honesta es que se distribuyen de manera muy desigual. ¿Hay reformas que mejorarían la situación de los sectores populares sin sacrificar la estabilidad? Sí, y varios economistas serios las han propuesto.

El problema no es la ausencia de respuestas técnicas. El problema es que el mito de la indispensabilidad cierra el espacio para las preguntas. Y cerrar el espacio para las preguntas siempre beneficia a quienes prefieren que las cosas sigan exactamente como están.

Las decisiones sobre política monetaria son decisiones sobre el poder. Quién accede al crédito y a qué precio. A qué tipo de cambio se transan los productos de los agricultores. Qué nivel de desempleo se considera "aceptable" para mantener la inflación bajo control. Cuánto de la riqueza nacional se guarda en bóvedas extranjeras y cuánto puede circular en la economía interna. Cómo se distribuyen los costos de los ajustes entre el capital y el trabajo.

Ninguna de esas decisiones es puramente técnica. Todas tienen dimensiones distributivas, todas implican ganadores y perdedores, y todas merecen ser debatidas en el espacio público con la misma intensidad con que se debaten las políticas sociales o las reformas tributarias. Blindarlas detrás de la figura de un tecnócrata "indispensable" no es garantía de buena política económica: es la evasión sistemática del debate democrático.

Hay economistas peruanos capaces, de distintas tradiciones y visiones. Hay reformas posibles que harían la política monetaria más soberana, más transparente y más justa en su distribución de costos y beneficios. Hay un debate que este país lleva demasiados años evitando, refugiado en el mito cómodo del hombre imprescindible.