Los aviones que no serían tuyos: cinco razones para frenar la compra de F-16

Un principio de acuerdo de $3.500 millones firmado en secreto, un proceso con irregularidades, un avión con restricciones de soberanía y un gobierno que no tiene mandato electoral para comprometer al país por décadas.

El pasado 17 de abril de 2026, el presidente interino del Perú, José María Balcázar, canceló a último momento la firma de un contrato con la empresa estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de aviones de combate F-16 Block 70. La ceremonia —que había sido mantenida en secreto y solo se conoció públicamente cuando él la suspendió— iba a comprometer al país con una deuda de al menos 3.500 millones de dólares. La decisión desató una tormenta diplomática, con el embajador de Estados Unidos amenazando con represalias y ex funcionarios calificando la medida de "irresponsable". Pero más allá del ruido político, los hechos cuentan una historia distinta.

Estos son los cinco argumentos de fondo que justifican la suspensión.

1. Un gobierno de transición no tiene legitimidad para comprometer miles de millones de dólares

José María Balcázar asumió el cargo en febrero de 2026 en un contexto de transición política, con mandato hasta julio. El Perú celebró elecciones presidenciales el domingo 20 de abril, y el próximo gobierno electo es quien deberá cargar con las consecuencias de una deuda de semejante magnitud durante décadas. Firmar un contrato por 3.500 millones de dólares en los últimos meses de un gobierno que nadie eligió en las urnas sería exactamente el tipo de decisión unilateral e irreversible que las democracias buscan evitar.

Ningún gobierno de transición serio debería obligar al siguiente ejecutivo, electo por la ciudadanía, a honrar contratos de armamento firmados en secreto, que implicarán pagos de deuda soberana durante los próximos 20 a 30 años.

2. El proceso estuvo rodeado de irregularidades y secretismo preocupante

El proceso de selección —en el que competían el F-16 Block 70 de Lockheed Martin, el Gripen de Saab y el Rafale de Dassault Aviation— fue declarado secreto bajo la administración del anterior presidente interino, José Jerí, quien fue precisamente removido del cargo en febrero de 2026 por sostener reuniones secretas no reveladas.

Fue bajo ese manto de reserva que, según confirmó el propio ex primer ministro Ernesto Álvarez, se habría firmado un "principio de acuerdo" con Estados Unidos. Lo más llamativo es que ni siquiera la ceremonia de firma del 17 de abril fue comunicada públicamente con anticipación: la ciudadanía peruana se enteró de que existía ese acto protocolar únicamente porque Balcázar lo canceló.

Adicionalmente, Saab —cuyo caza Gripen era uno de los tres candidatos formales— denunció a través de su vicepresidente de aeronáutica, Lars Tossman, que nunca recibió una solicitud formal para presentar una oferta final válida. En una carta al Ministerio de Defensa peruano, Tossman señaló que la propuesta presentada ha expirado y no puede ser evaluada, dejando en evidencia que la competencia no había sido gestionada con equidad ni con las garantías procedimentales que exige una compra de esta naturaleza.

3. Los F-16 no eran la mejor opción técnica: vienen cargados de restricciones de soberanía

Más allá del proceso, los F-16 Block 70 presentan limitaciones estructurales que los analistas de defensa llevan meses discutiendo. Estas no son opiniones: están documentadas en los propios términos de venta y en la regulación estadounidense que rige las exportaciones de armamento.

La transferencia del F-16 está sujeta a las regulaciones ITAR (International Traffic in Arms Regulations), que imponen restricciones precisas sobre la integración de nuevo armamento, el acceso a tecnología y los usos permitidos del avión. Un análisis publicado en Defensa.com lo sintetizó de manera directa: la venta está "sujeta a los intereses estratégicos [de EE.UU.], con restricciones de uso, limitaciones en la transferencia de armamento o tecnología y, en determinadas situaciones, retrasos en el suministro logístico."

La aprobación del Congreso de EE.UU. para la venta a Perú delimitó expresamente los usos autorizados: defensa de fronteras, control del espacio aéreo soberano y operaciones de apoyo contra el narcotráfico y el terrorismo. Cualquier uso fuera de esos parámetros —incluyendo un conflicto convencional con un tercero— requeriría autorización expresa de Washington. La restricción no es técnica en tiempo real, sino legal y contractual: un país puede volar los aviones, pero si lo hace fuera de los términos pactados, enfrenta consecuencias que van desde sanciones diplomáticas hasta la suspensión del soporte logístico y el suministro de repuestos. El caso más documentado es el de Pakistán, al que EE.UU. reprendió en 2019 por reubicar sus F-16 sin autorización durante un enfrentamiento con India.

La dependencia, en otras palabras, no es un bloqueo técnico inmediato sino una cadena de condicionamientos contractuales y diplomáticos que erosionan la autonomía estratégica del país comprador. Para el Perú, que financiaría la compra con deuda soberana durante décadas, esa subordinación no es un detalle menor: es la estructura misma del acuerdo.

A ello se suma que Lockheed Martin tiene su línea de producción y su inversión en desarrollo concentrada en el F-35, el caza de quinta generación. El F-16 Block 70 se fabrica desde 2019 exclusivamente para exportación, lo que plantea interrogantes sobre la continuidad del soporte logístico y tecnológico en el largo plazo.

4. La propuesta inicial de EE.UU. solo contemplaba 12 aviones, la mitad de lo necesario

Uno de los datos menos comentados en el debate público es que la oferta original de Lockheed Martin era por apenas 12 aviones F-16, cuando el Perú necesitaba 24. En contraste, Dassault Aviation (Francia) ofrecía 14 Rafale y Saab (Suecia) propuso desde el inicio la flota completa de 24 cazas Gripen, que era exactamente el número requerido.

Según fuentes citadas por Bloomberg Línea, "las propuestas iniciales no posicionaban a Lockheed como la opción más atractiva en términos de precio." Solo después de presiones y negociaciones —desarrolladas en el contexto del proceso que fue clasificado como secreto— la oferta estadounidense fue ajustada hasta alcanzar los 24 aviones por el precio del presupuesto disponible.

Cabe señalar que el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, llegó a emitir un comunicado amenazando con "represalias" si Perú no honraba el principio de acuerdo. Esta presión diplomática abierta, lejos de fortalecer el argumento de comprar los F-16, revela el grado de condicionamiento político al que estaba sometido el proceso.

5. La historia de la corrupción en las compras de armas en Perú exige máxima cautela

Perú tiene una historia documentada y trágica en materia de adquisición de armamento. En 1986, durante el gobierno de Alan García, se adquirieron 12 aviones Mirage a Dassault Aviation en medio de acusaciones de irregularidades: el Congreso abrió proceso penal contra García por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a esa compra, entre otros cargos. García se exilió, y los delitos prescribieron en 2001 sin que fuera juzgado. Entre 1996 y 1998, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, el país adquirió 18 MiG-29 y 18 Sukhoi Su-25, en un proceso que derivó en condenas por corrupción contra el asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Este patrón no es historia lejana: es el marco de referencia institucional en el que se inscribe cualquier compra de gran envergadura en el sector defensa peruano. Que el proceso actual haya sido declarado secreto, que el ex presidente interino que lo impulsó haya sido removido del cargo por reuniones secretas, y que la Contraloría haya solicitado información adicional en múltiples oportunidades durante su revisión, no son señales de un proceso sano. Son exactamente las condiciones que, en el pasado, han facilitado el saqueo del erario.

El debate que el Perú necesita tener, con tiempo y legitimidad

Nada de lo anterior significa que la Fuerza Aérea del Perú no necesite modernizar su flota. El argumento de los militares sobre la disparidad de capacidades con Brasil, Chile y Colombia es real y merece atención. La discusión sobre si el Perú debe adquirir cazas de cuarta generación —y cuáles— es legítima y urgente.

Pero esa discusión merece darse con transparencia, con un gobierno electo que tenga mandato para comprometer décadas de deuda soberana, con un proceso de selección en el que los tres competidores presenten ofertas formales y en igualdad de condiciones, y con una evaluación abierta sobre las restricciones reales que impone cada opción a la soberanía operativa del país.