¿Es Roberto Sánchez miembro del pacto mafioso? La respuesta no es la que te dijeron

El término “pacto mafioso” se ha convertido en uno de los conceptos más utilizados del debate político peruano en los últimos años. Frente al ascenso de Roberto Sánchez en las encuestas, algunos periodistas y analistas han sostenido que formaría parte de ese pacto, y que por lo tanto no se debería considerar votar por él.

Para responder con seriedad a esa afirmación, hay que hacer lo que pocas veces se hace: revisar las leyes concretas votadas en el Congreso 2021-2026 y contrastarlas con su comportamiento parlamentario.

Primero, ¿qué es el pacto y quiénes lo integran?

El pacto mafioso no es una etiqueta caprichosa. Describe una convergencia real de bancadas que, con independencia de su signo ideológico, han coincidido sistemáticamente en votar leyes que debilitan el sistema anticorrupción, blindan a sus propios miembros frente a la justicia, y concentran poder en el Congreso a espaldas de la ciudadanía. Desde el Congreso han saboteado sistemáticamente la independencia de la justicia, desmontado las capacidades de la fiscalía, facilitado el comercio de explosivos y aprobado normas a su medida. Han blindado a los suyos y arrasado con fiscales independientes y jueces incómodos.

Sus protagonistas orgánicos son identificables: Fuerza Popular (22 congresistas votando en bloque), Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre y Podemos Perú. Estos grupos tienen algo en común: masa crítica, disciplina de bancada, y liderazgos con procesos judiciales propios que justifican su interés en desmantelar el sistema de justicia.

Las leyes del pacto y qué votó Sánchez

Ley 32108: La "ley pro crimen" por excelencia

Promovida por Waldemar Cerrón (Perú Libre), modificó la tipificación del crimen organizado dificultando la persecución de bandas criminales. El resultado fue un disparo en las extorsiones al transporte y a otros sectores productivos.

Las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Honor y Democracia votaron a favor. En la ley más emblemática del pacto, Sánchez votó en contra.

Ley de colaboración eficaz: el ataque al principal instrumento anticorrupción

Esta norma redujo los plazos del mecanismo que ha permitido desmantelar las mayores redes de corrupción del país. Sin colaboración eficaz, casos como Lava Jato no habrían prosperado. La reconsideración para intentar frenar esta ley fue presentada precisamente por Ruth Luque y Roberto Sánchez, de Cambio Democrático - Juntos por el Perú. Sánchez no solo votó contra ella: fue uno de los dos congresistas que intentaron bloquearla formalmente.

Ley de extinción de dominio: proteger bienes del crimen

Esta norma, originada en proyectos de legisladores fujimoristas, exige una sentencia firme para iniciar la extinción de dominio, bloqueando la recuperación temprana de bienes vinculados a delitos como corrupción y lavado de activos. No hay registro de que Sánchez o JPP hayan impulsado ni respaldado esta ley.

Ley 31988: Bicameralidad y reelección (burla al referéndum)

Impulsada principalmente por Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, fue aprobada con 91 votos a favor, en un proceso que evitó una nueva consulta popular pese al antecedente del referéndum. En esa votación, Roberto Sánchez no respaldó la reforma y votó en contra, marcando distancia frente a una medida que reabre la puerta a la reelección parlamentaria.

En sintesis, en las principales votaciones vinculadas a las llamadas “leyes pro crimen”, el comportamiento de Roberto Sánchez muestra un patrón mayoritariamente contrario a esas iniciativas, con votos en contra en varios de los casos más relevantes. Ese registro puede verificarse en las actas del Congreso, aunque no existe una sistematización única y oficial de todas las votaciones.

El argumento más usado en su contra: el blindaje fujimorista

El punto que más ha alimentado la narrativa de que Sánchez “pertenece al pacto” es la votación de 2023 en la que el Congreso rechazó su suspensión. En esa sesión, solo 27 congresistas votaron a favor de suspenderlo, frente a 39 en contra y 18 abstenciones; una parte importante de los votos en contra provino de Fuerza Popular, lo que ha sido interpretado como una forma de protección política.

Pero ese argumento se debilita cuando se observa el conjunto de decisiones adoptadas en ese mismo proceso. El propio Congreso sí aprobó la acusación constitucional en su contra, y lo hizo con votos del fujimorismo incluidos. Es decir, la misma fuerza política que contribuyó a bloquear su suspensión también respaldó que el caso continúe su curso formal.

La conclusión es menos espectacular, pero más consistente: no hubo un blindaje coherente ni sostenido, sino decisiones distintas que responden a cálculos políticos específicos en cada votación. Ser beneficiario circunstancial de un resultado parlamentario no convierte a nadie en parte de un pacto, sobre todo cuando ese mismo espacio político impulsa, en paralelo, mecanismos para que se le procese.

La salvedad que no se puede ignorar: el REINFO

Una evaluación completa no puede dejar de lado este punto. Roberto Sánchez fue coautor de la Ley 31989, que derogó la disposición que permitía a la PNP intervenir contra mineros ilegales con registro suspendido en el REINFO cuando utilizaban explosivos. En esa norma, tanto en la primera votación como en la exoneración de la segunda, Sánchez votó a favor.

Tampoco se trata de un hecho aislado. A lo largo de su labor legislativa ha suscrito, como autor o coautor, diversos proyectos vinculados al sector minero informal, incluyendo iniciativas para extender el REINFO en el tiempo.

Este conjunto de decisiones configura una línea de actuación específica que merece ser analizada con detenimiento y en sus propios términos, sin reducirla ni sobredimensionarla dentro de un marco más amplio.

Lo que lo distingue del pacto: su propia agenda

Roberto Sánchez plantea en su plan de gobierno la derogación de siete leyes que han debilitado la lucha contra el crimen, entre ellas la Ley 31751 y la Ley 32108. En un escenario con 36 candidaturas presidenciales, solo 10 asumen ese compromiso, y Sánchez se ubica entre los pocos —apenas cuatro— que identifican esas normas de manera expresa.

Ese dato marca una diferencia política concreta. Quienes impulsaron o sostienen ese conjunto de leyes no plantean revertirlas, porque forman parte de las decisiones que han defendido desde el Congreso.

Ahora bien, otra cosa distinta es el intento de vincular a Sánchez con ese mismo bloque a partir de relaciones indirectas o afinidades parciales. Un eventual vínculo con la economía minera informal no equivale a integrar una coalición parlamentaria cuyo eje ha sido desmontar herramientas clave del sistema anticorrupción. Confundir esos planos no aporta claridad: introduce ruido y termina diluyendo responsabilidades que sí pueden rastrearse en votos y decisiones específicas.