Todo lo que debes de saber sobre el "Hondurasgate"

Entre el 29 de abril y el 5 de mayo de 2026, el mundo de habla hispana fue sacudido por una filtración sin precedentes. Canal Red América Latina y Diario Red América Latina difundieron una serie de 37 audios filtrados de WhatsApp, Signal y Telegram, fechados entre enero y abril de 2026, que han desatado un escándalo político internacional con epicentro en Honduras.

Las grabaciones, publicadas por la periodista Valeria Duarte Galleguillos con el respaldo de la plataforma hondurasgate.ch, no son cualquier cosa. Muestran cómo Trump, Netanyahu y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández coordinan una operación para recuperar el poder en Honduras a cambio de bases militares y zonas económicas.

De ser auténticos —y hay razones serias para tomárselos en serio, aunque también cautelas que explicaremos— estos audios no son solo un escándalo hondureño. Son el retrato más nítido que ha aparecido en años de cómo funciona el imperialismo del siglo XXI: no ya con marines desembarcando en playas, sino con mensajes de WhatsApp entre un narcopresidente indultado, el hombre de confianza de Trump en Centroamérica, y figuras del gobierno de Israel.

¿Quién es Juan Orlando Hernández?

Para entender la magnitud de lo que revelan los audios, primero hay que saber quién es el hombre en el centro de la trama.

Juan Orlando Hernández, también conocido como JOH, fue el décimo presidente de Honduras desde la constitución de 1982. Estuvo en el poder por dos mandatos consecutivos, desde enero de 2014 hasta enero de 2022. Fue reelegido en las elecciones generales de 2017, gracias a una controvertida decisión de la Corte Suprema de Justicia que permitió la reelección presidencial.

La reelección de Hernández en 2017 estuvo marcada por denuncias de fraude e irregularidades durante el conteo de votos. La interrupción del sistema electoral cuando la tendencia favorecía al opositor Salvador Nasralla alimentó aún más las sospechas sobre el proceso. A pesar de las críticas de observadores internacionales y de las protestas que siguieron a los comicios, Estados Unidos reconoció finalmente el resultado y mantuvo su respaldo al gobierno hondureño.

Con los años, las investigaciones abiertas en tribunales federales de Nueva York terminaron mostrando una imagen muy distinta de la que Hernández proyectaba como aliado clave de Washington en la lucha antidrogas. Los fiscales estadounidenses sostuvieron que, mientras públicamente colaboraba con agencias de seguridad norteamericanas, su entorno político mantenía vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína.

Entre las acusaciones presentadas durante el juicio apareció también el nombre de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Según los documentos judiciales, estructuras criminales protegidas por funcionarios hondureños movieron más de 500 mil kilogramos de cocaína a través del país con destino al mercado estadounidense. Parte de esas operaciones, de acuerdo con la fiscalía, contó con apoyo de miembros de las fuerzas de seguridad y acceso a información estatal sensible.

Los vínculos con los cárteles más poderosos del planeta están documentados en actas judiciales públicas. Aproximadamente en 2013, mientras Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en Presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico del Cártel de Sinaloa, cuyo líder era Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Hernández envió a su hermano y un asociado, armados con ametralladoras, a cobrar el soborno.

Las instituciones estatales, incluidos el ejército y la policía, fueron socavadas para cumplir las órdenes de los grupos criminales. Las amenazas al poder de Hernández fueron sistemáticamente eliminadas, incluido el asesinato de varios testigos potenciales.

La magnitud de las acusaciones llevó a muchos analistas y fiscales estadounidenses a describir Honduras como un auténtico narcoestado.

El golpe de 2009

Antes de llegar a JOH, hay que hablar de lo que hizo posible su ascenso: el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, uno de los episodios más reveladores del intervencionismo estadounidense en América Latina en este siglo.

Zelaya había comenzado como un político de centro-derecha. Pero fue virando hacia políticas sociales: aumentó el salario mínimo, impulsó almuerzos gratuitos en escuelas y —lo que resultó imperdonable para Washington— se incorporó al ALBA, la alianza bolivariana promovida por Venezuela. Eso bastó.

En la madrugada del 28 de junio, unos 200 militares encapuchados irrumpieron en la residencia presidencial y sacaron a Zelaya en pijama, metiéndolo en un avión rumbo a Costa Rica. El Congreso nombró en su lugar a Roberto Micheletti. El primer golpe de Estado del siglo XXI en América Latina estaba consumado.

El rol de Washington en ese golpe no es una conspiración: está documentado. La mañana del golpe, antes de que los soldados trasladaran a Zelaya a Costa Rica, lo llevaron a la base Soto Cano, donde alrededor de 600 soldados estadounidenses se encontraban emplazados en 2009 y la responsabilidad por la torre de control era compartida por oficiales estadounidenses y sus contrapartes hondureñas. El avión despegó de todas maneras.

Un informe de 2017 reveló el conocimiento y el apoyo al golpe por parte de funcionarios del Departamento de Defensa de EE. UU.; funcionarios del Pentágono sabían de las reuniones entre la Corte Suprema y los militares la noche anterior al golpe, y varios ex empleados del Departamento de Estado y de Defensa informaron de conversaciones internas a favor del golpe y de la falta de medidas para restablecer a Zelaya.

Aunque el entonces presidente Obama condenó los acontecimientos como un golpe de Estado inmediatamente después, Estados Unidos no llegó a calificarlo como golpe militar debido a la continua presión de Hillary Clinton para que se mantuviera la ayuda militar estadounidense en Honduras.

El resultado fue devastador. El golpe de Estado de 2009 profundizó la militarización y la represión estatal, debilitó gravemente el Estado de derecho y empeoró las condiciones de vida de las personas hondureñas. Y, según señaló el propio Zelaya citando informes del Departamento de Estado, a partir de 2010 se duplicó el tráfico de drogas por Honduras —justo cuando los militares golpistas tomaron el control del Estado.

El mismo general que dirigió ese golpe, Romeo Vásquez Velásquez, aparecerá más adelante en los audios de 2026 coordinando con las fuerzas armadas hondureñas para lo que viene. El mismo hombre. Diecisiete años después.

Washington sabía

Aquí está el dato que más incomoda a los defensores del "orden internacional". El lenguaje acusatorio de los fiscales contrastó brutalmente con la actitud que múltiples administraciones estadounidenses adoptaron hacia Hernández mientras estuvo en el poder. El gobierno estadounidense donó decenas de millones de dólares en ayuda militar a Honduras, y durante mucho tiempo consideró a Hernández como un firme aliado en la llamada guerra contra las drogas. El gobierno norteamericano también reconoció la reelección de Hernández en 2017 para un segundo mandato inconstitucional en unos comicios marcados por graves irregularidades y acusaciones creíbles de fraude. En aquel momento, los funcionarios de la DEA conocían la participación de Hernández en el narcotráfico desde hacía al menos cuatro años.

La DEA lo sabía, y siguió llegando a Tegucigalpa con maletines de cooperación. Porque JOH extraditaba a los narcos que Washington quería en sus tribunales. Cooperaba en lo que convenía. Era el administrador perfecto de un país pobre y estratégico. Trump llegó a elogiarlo públicamente por "detener las drogas a un nivel nunca antes visto."

Los propios fiscales estadounidenses que lo condenaron escribieron que Hernández "vendió al pueblo hondureño a los narcotraficantes para su propio avance y beneficio". Omitieron mencionar que Washington fue socio de ese vendedor durante casi una década.

Condena a 45 años e indulto

El 14 de febrero de 2022, CNN fue la primera en anunciar que Hernández había sido pedido en extradición por delitos de narcotráfico. Al día siguiente, las fuerzas policiales se llevaron a Hernández de la puerta de su casa esposado de pies y manos. Fue finalmente extraditado el 21 de abril de 2022, luego de un operativo con alrededor de 900 policías. Partió del Aeropuerto Toncontín en un avión de la DEA rumbo a Nueva York.

El juicio fue en Manhattan. El 8 de marzo de 2024 fue encontrado culpable de los delitos de conspiración de narcotráfico y portación y tráfico de armas. El 26 de junio del mismo año un juez federal lo sentenció a 45 años de prisión. El juez Kevin Castel dijo que la condena debería ser advertencia para personas "bien educadas y bien vestidas" que creen que su estatus las aísla de la justicia.

Cuando la condena parecía el final de la historia, vino el primer giro que la convertía en algo mucho más revelador.

El 28 de noviembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció en redes sociales que otorgaría un "indulto pleno y completo" a Hernández. Apenas tres días después, el 1 de diciembre, Trump concedió formalmente el indulto y Hernández fue liberado ese mismo día.

Un hombre condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, por haber convertido Honduras en corredor de medio millón de kilos de cocaína hacia Estados Unidos, fue liberado por decreto presidencial. Según información de Axios, Hernández solicitó el indulto entregando a Trump una carta en la que lo elogiaba. La concesión del perdón pudo estar influida por "una persistente campaña de cabildeo" encabezada por Roger Stone, antiguo colaborador de confianza de Trump.

Trump defendió su decisión y dijo: "Él era el presidente, y había drogas vendiéndose en su país, y por ser presidente, lo persiguieron; fue una horrible cacería de brujas de Biden." Para Trump, ser presidente de un narcoestado es atenuante. Eso, por sí solo, ya sería un escándalo histórico. Pero lo que vendría después lo superaría con creces.

Los audios del Hondurasgate

A finales de abril de 2026, la plataforma Hondurasgate y el Diario Red publicaron 37 grabaciones obtenidas de WhatsApp, Signal y Telegram. Las grabaciones, atribuidas al entorno del exmandatario Juan Orlando Hernández, apuntan a una presunta operación transnacional impulsada por Estados Unidos e Israel para intervenir políticamente en América Latina y frenar a gobiernos progresistas de la región.

En una de las grabaciones, el propio Hernández lo explica sin rodeos: "El dinero del indulto ni siquiera salió de ustedes. Salió de una junta de rabinos, y de una gente que apoyaba a Israel". En otra grabación, afirma que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tuvo "todo que ver" en su liberación y en la negociación que la hizo posible.

Las grabaciones indican que el lobby que gestionó el indulto en Washington habría estado liderado por Roger Stone, con respaldo de la bancada republicana. Stone había estado pidiendo públicamente el indulto de JOH desde 2024.

Según los audios, la negociación que habría tenido lugar en Mar-a-Lago incluye compromisos concretos y devastadores para la soberanía hondureña. El plan es simple: ceder a Estados Unidos e Israel el control de las zonas de desarrollo, una base militar estadounidense y el desarrollo legislativo de un entorno jurídico favorable a las empresas de Inteligencia Artificial de EEUU e Israel.

En detalle, los acuerdos incluirían la ampliación de las ZEDES en Roatán y Comayagua, la instalación de una nueva base militar estadounidense estilo Palmerola, la construcción de un canal interoceánico para General Electric, y una ley de Inteligencia Artificial favorable a corporaciones de EE.UU.

Las ZEDES son particularmente importantes de entender. Organizaciones civiles las han calificado como "estados privados": permiten marcos regulatorios propios, tribunales autónomos y condiciones excepcionales para inversores. El Gobierno de Xiomara Castro había avanzado en su desmantelamiento, al considerarlas una amenaza a la soberanía nacional. Su reactivación significaría que en suelo hondureño operarían sistemas jurídicos extranjeros — territorios donde la ley de Honduras no aplica.

Según las conversaciones filtradas, la presidencia de Nasry "Tito" Asfura, declarado ganador de las elecciones hondureñas con el 40,27% de los votos en un proceso marcado por retrasos y denuncias de irregularidades, sería una etapa de transición. Su función: despejar los obstáculos judiciales que aún pesan sobre Hernández en Honduras y preparar el terreno para su candidatura en el siguiente ciclo electoral.

En uno de los audios, Hernández habla directamente con Asfura sin ambigüedades: "Yo quiero pensar que usted no va a hacer a un lado a mí porque, gracias a mí, usted está sentado en esa silla. Presidente, voy a ser yo. Y espero su apoyo. Porque eso fue lo que hablamos con el presidente Trump."

Los hechos verificables corroboran el contexto: durante la campaña, Asfura había declarado públicamente no tener "ninguna vinculación" con Hernández. Las grabaciones cuentan otra cosa. Tras ganar las elecciones, Asfura viajó a Mar-a-Lago para reunirse con Trump antes de su toma de posesión. También visitó Israel, donde se reunió con Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y el ministro de Exteriores Gideon Sa'ar.

La red se completa con otros nombres que aparecen en las grabaciones: Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional; Cosette López-Osorio, consejera electoral; y María Antonieta Mejía, vicepresidenta. En otro audio, Mejía le dice a Hernández: "Tamos listos. 4 años más, desde ya hay que irlo diciendo de nuevo. La gente quiere al presidente Juan Orlando."

Los audios no solo hablan. A la vez, muestran a Hernández dando órdenes directas a Zambrano para acelerar juicios políticos y destituir a opositores. El 16 de abril de 2026, el Congreso destituyó a magistrados del Consejo Nacional Electoral. Es decir: lo que describen los audios tiene correlatos en hechos reales y verificables.

Lo más perturbador de los audios filtrados es la instrucción explícita de aplicar "cualquier tipo de violencia" para controlar a la población, una orden que JOH dice recibir de Trump. "En Honduras se necesita sangre… si vos querés tener a la gente controlada, necesitás oprimirla."

Y vuelve a aparecer el fantasma de 2009: Romeo Vásquez Velásquez —quien dirigió el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya— aparece coordinando con las Fuerzas Armadas para "empezar la cacería." El mismo general. El mismo método. Diecisiete años después.

La guerra mediática contra la izquierda latinoamericana

El plan no se limita a Honduras. Las grabaciones también hablan de una "célula mediática" instalada en Estados Unidos, financiada con recursos públicos hondureños y aportaciones del gobierno de Javier Milei, cuyo objetivo sería golpear mediáticamente a Claudia Sheinbaum en México, Gustavo Petro en Colombia y a la familia Zelaya en Honduras.

En uno de los audios más específicos, Hernández instruye a Asfura desde Estados Unidos: "Necesito que manden a la cuenta de Rosales unos 150 mil dólares, porque aquí vamos a rentar un apartamento y montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien del equipo del Presidente de Estados Unidos."

Las grabaciones describen a Hernández coordinando desde Estados Unidos una presunta operación de desinformación financiada con recursos públicos hondureños y aportes provenientes de Argentina, orientada contra los gobiernos de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia.

Honduras como enclave imperial

Para entender el trasfondo de los audios hay que mirar la historia política de Honduras y la relación que el país ha mantenido durante décadas con Estados Unidos. La base Soto Cano, conocida también como Palmerola, funciona desde los años ochenta como uno de los principales puntos de presencia militar estadounidense en Centroamérica. Mucho antes de eso, las grandes compañías bananeras norteamericanas ya tenían un peso decisivo en la economía y en la política hondureña. De allí surgió incluso la expresión “república bananera”, asociada al enorme poder que empresas como la United Fruit Company llegaron a ejercer sobre el país.

A lo largo del siglo XX, distintos gobiernos hondureños dependieron en mayor o menor medida del respaldo político, militar o económico de Washington. Esa relación dejó una huella profunda: fortalecimiento de sectores militares, apertura a intereses extranjeros y una larga inestabilidad social marcada por pobreza, violencia y migración.

En ese contexto es donde los audios del Hondurasgate adquieren otra dimensión. Las grabaciones sugieren que el entorno de Juan Orlando Hernández buscaba negociar nuevamente un esquema de fuerte alineamiento con Estados Unidos e Israel, esta vez alrededor de bases militares, zonas económicas especiales y proyectos estratégicos vinculados a tecnología e infraestructura. De concretarse algo semejante, Hernández no aparecería únicamente como un exmandatario intentando recuperar poder político, sino como una pieza clave dentro de una estrategia regional más amplia.

Más allá de la autenticidad total o parcial de las filtraciones —algo que todavía sigue en discusión— el caso vuelve a colocar sobre la mesa un tema histórico en Honduras: hasta qué punto las decisiones centrales del país continúan atravesadas por intereses geopolíticos externos.