Respuesta. ¿Es Roberto Sánchez miembro del pacto mafioso? Parte 2

Nuestro artículo anterior generó un debate que vale la pena tomar en serio. Algunas críticas que circularon señalan que la metodología empleada sería insuficiente —por centrarse en pocas leyes— y que omitimos deliberadamente las llamadas leyes anti-derechos, que también formarían parte del pacto. Hay además cuestionamientos sobre el posicionamiento de JPP en materia de género y derechos reproductivos. Son objeciones que merecen una respuesta con el mismo rigor con el que fueron formuladas.

El cuestionamiento de fondo sostiene que nuestra metodología es insuficiente porque seleccionamos pocas leyes. Pero esa objeción presupone algo que no está demostrado: que el "pacto mafioso" incluye las leyes anti-derechos como parte de su definición.

No es así. El término tiene un contenido específico y rastreable. Como señalamos en el artículo, el pacto mafioso describe una convergencia parlamentaria cuyo eje organizador es proteger a liderazgos con procesos judiciales propios mediante el desmantelamiento del sistema de justicia. Sus protagonistas identificables —Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Perú Libre— no tienen en común una ideología, sino una necesidad judicial concreta. Esa es su argamasa. Por eso la Red Muqui, en su Acuerdo Político Democrático de cara al 2026, si bien menciona los retrocesos en derechos de mujeres como preocupación, los distingue analíticamente de las "leyes pro-crimen" que son el núcleo del pacto.

Mezclar ambas agendas en un mismo concepto no enriquece el análisis, por el contrario,  lo destruye. Si "pacto mafioso" significa cualquier coalición eventual para aprobar cualquier ley objetable, el término pierde toda capacidad explicativa e intento de objetividad. Con esa lógica, casi todos los congresistas "pertenecen al pacto" en alguna votación, y el concepto deja de servir.

La pregunta concreta que respondimos fue: ¿es Sánchez parte de la coalición que sistemáticamente desmontó los instrumentos anticorrupción? Los datos del Congreso muestran que no. Eso no implica que sea un legislador impecable en todas las materias. Son preguntas distintas y merece la pena mantenerlas separadas.

Sobre el método: las leyes más importantes son, justamente, las más importantes

Se nos dice que "seleccionar tres o cuatro leyes no es una metodología seria." Pero las leyes que analizamos no son una muestra aleatoria: son las más emblemáticas y consecuentes del pacto. La Ley 32108 sobre crimen organizado, la Ley 31990 de colaboración eficaz, la de extinción de dominio y la ley de bicameralidad concentran la acción legislativa que dio cuerpo al pacto. Si en las leyes más definitorias de una coalición un legislador vota sistemáticamente en contra, eso es evidencia relevante y verificable, no capricho metodológico.

Además, el artículo no fue panegírico. Señalamos con claridad la Ley 31989 del REINFO y los explosivos, donde Sánchez sí votó junto a las bancadas del pacto. Eso es exactamente lo que nos propusimos: encontrar los claroscuros, no construir un santo. La acusación de que no mencionamos los problemas de Sánchez no resiste la lectura del artículo.

Los otros congresistas de JPP: una crítica válida, pero que no afecta la tesis central

Se señala que Silvana Robles, Víctor Cutipa y Bernardo Quito votaron por la Ley 31990 y la "Ley Soto", lo cual contradice el plan de gobierno de JPP que promete derogar esas mismas leyes. La contradicción existe y merece señalarse; es una deuda de consistencia que el partido tiene con sus propios electores.

Pero esa es una crítica a la coherencia de JPP como partido, no un argumento sobre si Roberto Sánchez, específicamente, pertenece al pacto. Nuestro artículo no defiende a JPP como bloque: analiza el comportamiento parlamentario de Sánchez. Los votos de Robles o Cutipa son responsabilidad de Robles y Cutipa, no evidencia de que Sánchez sea "parte del pacto." Si aceptáramos esa lógica, habría que responsabilizar a cualquier miembro de cualquier bancada heterogénea por los votos del resto. Eso no es análisis político: es culpa por asociación.

Las leyes anti-derechos: un problema real, pero de otra naturaleza

La Ley 31935, "ley del concebido" impulsada por la congresista Jáuregui de Aguayo de Renovación Popular, fue aprobada con 73 votos a favor. Sánchez votó a favor. La Defensoría del Pueblo advirtió que la norma podía dificultar el acceso al aborto terapéutico y a la Anticoncepción Oral de Emergencia, particularmente para niñas víctimas de violación. También es cierto que Margot Palacios apoyó iniciativas de Aguayo. Son datos que no deben minimizarse.

Pero obsérvese lo que esto describe: un conservadurismo social transversal que cruza izquierda y derecha en el Congreso peruano. No es el pacto mafioso —cuyo eje es la autoprotección judicial— sino una tradición patriarcal y clerical presente en el castillismo, en el cerronismo y, lamentablemente, en algunos sectores de la izquierda. Son fenómenos distintos que merecen análisis distintos. La propia crítica que recibimos lo reconoce: "el conservadurismo no es solo de derechas, el castillismo, cerronismo también lo son." Exacto. Y precisamente por eso no puede usarse como evidencia de pertenencia a un pacto cuya definición es otra.

El posicionamiento de JPP en derechos humanos y género

Y aquí va la evidencia que pide la crítica: el análisis comparado de los 36 planes de gobierno para las elecciones de 2026, realizado por Promsex e IDEHPUCP-PUCP, ofrece un cuadro que conviene conocer antes de atribuirle a JPP una posición de recelo frente a la equidad de género.

Juntos por el Perú es uno de los pocos partidos que propone fortalecer la rectoría y autonomía del Ministerio de la Mujer, en contraste con un bloque amplio —Avanza País, Podemos Perú, APRA, Alianza para el Progreso— que plantea fusionarlo con otros ministerios o transformarlo en un "Ministerio de la Familia." La diferencia no es administrativa, sino que define si la igualdad de género será una política de Estado o una política diluida en carteras sociales generales, según el análisis de la ex Ministra de la Mujer Marcela Huaita.

El plan de JPP incluye el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) con enfoque en la comunidad educativa. La Red Micaelas, en su revisión de los 36 planes de gobierno, identifica varios partidos que buscan activamente retirar la ESI de las aulas y eliminar el enfoque de género de todas las políticas públicas. JPP va en la dirección contraria.

El partido propone además ampliar los Centros de Emergencia Mujer y mecanismos institucionales de respuesta rápida frente a la violencia sexual, en un contexto donde el Perú registró en 2025 cifras alarmantes de feminicidios y denuncias de agresión.

Nada de esto absuelve a JPP de sus omisiones en materia de derechos reproductivos. Promsex señala que el plan no menciona explícitamente el aborto terapéutico. Es una omisión que la ciudadanía tiene todo el derecho de reclamar. Pero "no mencionar el aborto terapéutico en el plan" y "pertenecer al pacto mafioso" son afirmaciones de naturaleza completamente distinta.

Nuestro artículo respondió una pregunta específica con evidencia verificable: ¿es Sánchez parte de la coalición que desmontó sistemáticamente los instrumentos anticorrupción? La evidencia dice que no, con la salvedad explícita del REINFO. Esa pregunta tiene una respuesta clara, y esa respuesta no cambia porque existan otras preguntas legítimas sobre otros aspectos de su trayectoria.

El periodismo político que exige rendición de cuentas no funciona mezclando todas las preguntas posibles en una sola respuesta. Funciona haciéndolas con precisión, una por una. Nosotros hicimos la nuestra. Que queden otras abiertas no invalida la respuesta que dimos: la convierte, más bien, en el punto de partida de un debate más complejo que el país necesita tener. Los datos sobre el pacto procorrupción están en las actas del Congreso, son públicos, y siguen en pie.