López Aliaga lanza amenaza sexual contra presidente del JNE en medio de narrativa de fraude

"Un morrocoy enorme, para que se comporte como hombre, ya sabe por donde se lo voy a meter". Eso dijo de manera reiterada el candidato Rafaél López Aliaga.

La tensión política tras las elecciones generales ha cruzado un límite grave. El exalcalde de Lima y candidato presidencial Rafael López Aliaga lanzó amenazas explícitas de violencia sexual contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, en medio de su ofensiva para desconocer los resultados electorales.

Durante un plantón frente al JNE, López Aliaga exigió la anulación de las elecciones y, al no obtener respuesta favorable, recurrió a un discurso de extrema violencia. Según reportes periodísticos, advirtió que, si no se anulaban los comicios, sometería a Burneo a un acto de violación utilizando un “morrocoy” (tortuga terrestre), en lo que denominó el “plan Morrocoy”.

Las frases no fueron ambiguas. Se trató de una amenaza directa, con connotación sexual explícita.

Este episodio no ocurre en el vacío. Forma parte de una estrategia más amplia en la que López Aliaga ha denunciado un supuesto fraude electoral sin presentar pruebas, ha convocado movilizaciones contra el sistema electoral y ha atacado reiteradamente a las autoridades encargadas del proceso.

El “plan Morrocoy” y la lógica del desconocimiento

El llamado “plan Morrocoy” al que aludió Rafael López Aliaga no tiene ningún sustento en la realidad peruana ni guarda relación con hechos comprobados en el proceso electoral. No existe evidencia de que haya habido fraude en las elecciones, tal como han señalado organismos electorales, misiones internacionales y entidades de supervisión. En ese contexto, la invocación de este supuesto “plan” no responde a hechos verificables, sino a una narrativa construida para cuestionar los resultados.

El problema de fondo no es solo el exabrupto verbal, sino la lógica política que lo sostiene: instalar la idea de fraude sin pruebas, deslegitimar a instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones y, cuando ese cuestionamiento no prospera, escalar hacia la intimidación como forma de presión política.

Reacciones y posibles consecuencias

Las declaraciones de Rafael López Aliaga han generado rechazo en distintos sectores e incluso han motivado denuncias, sobre todo por su carácter violento. Sin embargo, mientras se ha cuestionado su incitación a la violencia en términos generales, el contenido específicamente sexual de sus palabras ha sido tratado con notoria tibieza. En varios espacios mediáticos, el agravio ha sido recortado o suavizado: casos como RPP han difundido sus declaraciones omitiendo las frases más explícitas, evitando así una condena directa de su dimensión más grave.

Este tratamiento parcial no es menor. Minimizar o eludir el componente sexual de la amenaza no solo distorsiona la gravedad de lo ocurrido, sino que contribuye a normalizar formas de violencia que deberían ser claramente rechazadas en el debate público, más aún cuando están dirigidas contra una autoridad como el Jurado Nacional de Elecciones.

Un patrón

No es la primera vez que Rafael López Aliaga recurre a discursos extremos. Su trayectoria política ha estado marcada por declaraciones agresivas y episodios de abierta violencia verbal. En 2025, por ejemplo, lanzó una frase directa contra el periodista Gustavo Gorriti: “hay que cargárselo de una vez”, en un contexto que fue interpretado como una amenaza.  Asimismo, ha protagonizado ataques reiterados contra autoridades electorales: contra Piero Corvetto llegó a afirmar que iría a buscarlo a su oficina y que “no sé si quede vivo”, en medio de sus denuncias de fraude.

Este patrón no es reciente. Durante la campaña de 2021, incluso lanzó arengas como “muerte a Cerrón y a Castillo”, en referencia a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo, lo que ya evidenciaba una retórica que normaliza la violencia como recurso político.