Keiko, Ferrari, la ley del perro muerto y otros anticuchos

La incorporación de Jean Ferrari al equipo de Keiko Fujimori trae a la campaña presidencial un escándalo que parecía quedar restringido al fútbol peruano: la ley del perro muerto. Ferrari, el administrador de Universitario de Deportes que ahora se une a la fujimorista, es la cara visible de una reforma legislativa aprobada en 2024 que beneficia directamente a su club deudor. Su aparición junto a Keiko no es casual: es el mismo partido que tuvo influencia en el Congreso para aprobar esa ley favorable a Universitario.

Qué es realmente la ley del perro muerto

La ley del perro muerto no es el nombre oficial de ninguna ley. Es el apodo que los críticos le pusieron a la modificación de la Ley 31279 aprobada por el Congreso en julio de 2024. La ley original de 2021 permitía que clubes de fútbol con muchas deudas pudieran reorganizarse bajo supervisión de la SUNAT para pagar poco a poco en lugar de cerrar de inmediato. Pero la reforma de 2024 hizo el juego mucho más fácil para los clubes que no pagan.

El cambio principal es que suspendió por tres años otras normas que obligaban a los clubes deudores a pagar sus cuentas o cerrar. Ahora Universitario y otros clubes con deudas pueden seguir operando, comprando jugadores y pagando sueldos sin tener que pagar sus deudas con la SUNAT, los trabajadores y los proveedores. La reforma también quitó poder a los acreedores para bloquear el plan de pagos que el club quiera hacer, y protegió a los clubes deudores para que no puedan ser cerrados por fuerza. Es un salvoconducto legal para seguir gastando sin pagar.

Por qué se llama "perro muerto"

En el habla peruana un perro muerto es alguien que se aprovecha sin cumplir sus obligaciones. Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, señaló que esta ley beneficia exclusivamente a Universitario, viola la igualdad entre clubes y les roba el dinero a los acreedores que deberían cobrar primero. La expresión nació de ese sector porque describe perfectamente lo que hace la norma: Universitario obtiene el beneficio de seguir operando sin pagar sus deudas completas. Es un privilegio injusto para un club que ya tiene ventajas deportivas y ahora tiene ventajas legales.

Jean Ferrari fue el principal defensor público de esta ley. Desde su cargo como administrador de Universitario negó una y otra vez que la ley condonara deudas o fuera un beneficio especial para su club. Dijo que la norma solo buscaba ordenar el proceso y que los acreedores seguirían cobrando bajo un marco regulado.

Lo cierto es que Ferrari necesita esta ley para que su club pueda seguir gastando en jugadores y sueldos sin pagar sus deudas millonarias con la SUNAT y los trabajadores. En todas sus entrevistas insistió en que el apodo "perro muerto" era solo una etiqueta política para desacreditar la reforma, pero la realidad es que la ley es exactamente eso: un beneficio para deudores que eluden sus obligaciones.

Jean Ferrari y las acusaciones de presunta corrupción que lo acompañan

Ferrari también llega a la campaña de Keiko Fujimori acompañado de cuestionamientos judiciales que continúan en trámite. El Ministerio Público lo acusa por el presunto delito de negociación incompatible en un caso relacionado con la administración de Universitario de Deportes. Según la Fiscalía, en 2019 habría participado en acciones orientadas a favorecer la elección de la empresa Solución y Desarrollo Empresarial S.A.C. como administradora del club durante una sesión de la Junta de Acreedores. Por estos hechos, los fiscales lo consideran presunto cómplice primario.

El proceso cobró nuevo impulso este año, cuando la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima revocó una decisión que había cerrado el caso y dispuso que continúe su trámite. Actualmente el expediente se encuentra en la etapa de control de acusación, paso previo a una eventual apertura de juicio oral.

No es la única investigación en la que ha aparecido su nombre. En 2024, el Ministerio Público incluyó a Ferrari en una denuncia que también involucró al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y al dirigente Elio Casareto. El caso está relacionado con presuntas irregularidades en operaciones financieras vinculadas a CORIL y a los derechos de transmisión comercializados por 1190 Sports. Ferrari ha rechazado las imputaciones y afirma no haber participado en actividades ilícitas.