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Keiko y Miki se van de parranda con dinero del Estado




La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó al partido Fuerza Popular con una multa de 36 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/198,000 soles, por utilizar indebidamente el financiamiento público directo que otorga el Estado peruano para fines de capacitación con el objetivo de financiar viajes personales que no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas.


El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, firmó la resolución el 6 de mayo de 2026 luego de que los fiscalizadores del organismo electoral determinaran que Fuerza Popular cometió una falta muy grave al destinar recursos estatales a fines distintos a los permitidos por ley. El análisis técnico del ente fiscalizador identificó cuatro acciones específicas que constituyen la conducta infractora del partido fujimorista, las cuales suman un desembolso total de S/143,037.52 soles.


La sanción incluye además el recorte del 50% del financiamiento público directo que recibe Fuerza Popular, un golpe económico significativo para la agrupación política que lidera Keiko Fujimori.


El viaje de Keiko Fujimori a California


La primera infracción detectada fue el viaje que realizó Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, a San Francisco, California, Estados Unidos, entre el 28 y 31 de mayo de 2024. La lideresa fujimorista rindió cuentas ante la ONPE por un gasto de S/27,927 soles que destinó a sus gastos para un periplo que declaró con fines de "capacitación", "conferencias e intercambio académico".


Sin embargo, cuando los verificadores de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP) de la ONPE cruzaron la información presentada por la candidata, encontraron que durante su estadía en Estados Unidos se dedicó a actividades de su agenda personal y a un "tour turístico", y no precisamente concurrió a una capacitación académica como mencionó en su rendición de cuentas.


El documento de la ONPE destacó que el viaje no fue informado con la debida antelación de 15 días que exige la normativa, y no existen evidencias de una capacitación académica o técnica que justifique el uso del dinero público para ese desplazamiento. Durante su estadía en San Francisco, Keiko Fujimori realizó actividades que incluyeron visitas protocolares a empresas tecnológicas, pero las fiscalizadoras concluyeron que se trató principalmente de un tour turístico disfrazado de actividad de formación política.


Miki Torres y el retiro espiritual en Viena


La segunda infracción más grave fue protagonizada por Miguel "Miki" Torres Morales, candidato a la segunda vicepresidencia de la República en la plancha de Keiko Fujimori y virtual senador electo de Fuerza Popular. Torres quiso pasar como "capacitación política" un retiro espiritual en Viena, Austria, denominado "The Leader's Fellowship", que le costó S/15,072 soles y que cubrió con fondos públicos del financiamiento de las actividades de Fuerza Popular.


El programa, conocido como "The Leader's Fellowship", era un encuentro discreto dirigido a políticos católicos que comparten una fe común en Cristo y ofrecía "elementos combinados de un retiro espiritual". Según los fiscalizadores de la ONPE, trasgredió la Ley de Organizaciones Políticas porque las actividades no eran capacitaciones políticas permitidas.


El documento de fiscalización destacó que el programa incluyó visitas a viñedos, cata de vinos, misas y sesiones matutinas con temas no vinculados a formación política. Los verificadores concluyeron que "resulta manifiesto que este tipo de actividades no capacitan" para la vida política partidaria ni para el ejercicio de funciones públicas.


Mientras Miki Torres se encontraba en el retiro espiritual europeo, en Perú se realizaba la campaña electoral "casa por casa en Lima", pero el viaje a Viena quedó registrado en los comprobantes de gasto que presentó el candidato fujimorista.


Otros gastos cuestionados


Además de estos dos viajes, la ONPE detectó otros gastos irregulares en la rendición de cuentas de Fuerza Popular. Entre ellos figura el pago de S/38 por intereses moratorios derivados de retrasos en los aportes a las AFP, un desembolso que no guarda relación alguna con actividades de capacitación política.


Asimismo, se identificó el financiamiento de una maestría en gestión pública por S/100,000. Según la documentación presentada, el programa concluirá recién en 2027, por lo que se trata de una capacitación futura que aún no se ha realizado, implicando el uso de recursos para un servicio que todavía no ha sido prestado.


En conjunto, estos gastos se suman a las observaciones realizadas por la ONPE y elevan a S/143,037.52 el monto destinado a actividades que no se encuentran permitidas por la normativa correspondiente.


El procedimiento sancionador


La resolución de la ONPE exhorta a Fuerza Popular a regularizar la infracción cometida en el plazo de treinta días hábiles. El documento también comunica que la sanción se reducirá en un 25% si se cancela el monto antes del término para impugnar la resolución, y le informa al partido que puede solicitar el fraccionamiento de la multa impuesta.


Este caso vuelve a poner en debate el manejo del financiamiento público de los partidos políticos en Perú y genera fuertes cuestionamientos en plena crisis política y electoral del país.


La Ley de Organizaciones Políticas establece que el financiamiento público directo que el Estado otorga a los partidos políticos debe utilizarse exclusivamente para fines de capacitación, formación política, investigación y otras actividades vinculadas a la vida partidaria. El uso de estos recursos para viajes personales, turismo o actividades no relacionadas con la formación política constituye una falta muy grave según la normativa electoral peruana.



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