Bombardeo militar contra los campesinos en el VRAEM: el reflotamiento artificial del "terrorismo"

En el marco de la mayor ola de homicidios por extorsión de este siglo XXI (1,189 hasta el 14 de julio), la detonación de alrededor de 20 cartuchos de dinamita en una vivienda del centro de Trujillo, La Libertad, perpetrada por la banda criminal Los Pepes el pasado 14 de agosto, sirvió para que el poder narco-criminal y los medios concentrados titularan: ¡terrorismo!, así, a secas.

Ciertamente, hubo otros titulares: "Guerra de bandas criminales" (Infobae), "Mafias dinamitan al Perú" (Trome). Sin embargo, estos encabezados han dado una interpretación equivocada del atentado: no existe una guerra entre bandas criminales en Trujillo (el ataque fue contra un exmiembro de Los Pulpos, Sergio Bolaños, no contra otra banda), ni se está dinamitando todo el país. El uso de dinamita u otros explosivos sigue concentrado principalmente en La Libertad, Lima, Callao y Tumbes.

Estas tipificaciones erróneas y exageradas, aunque matizan el relato del “terrorismo a secas” o del “terrorismo urbano” del poder narco-criminal, omiten un asunto ineludible: la complicidad e inacción del gobierno y, en particular, del Ministerio del Interior, ya que la PNP no ha capturado a ningún jefe importante de las bandas extorsivas. Tras el fracaso de los estados de emergencia, de los cuales pocos se acuerdan, lo único que queda es llegar a los hechos consumados (homicidios y explosiones de escarmiento) o realizar capturas irrelevantes.

Así, el desborde exponencial de homicidios —en ese orden de causalidad— por extorsión, minería ilegal de oro, narcotráfico, corrupción y trata de personas ha sido dejado a que discurra libremente, o es administrado por el gobierno a través del Ministerio del Interior y la PNP. A estas alturas del desangramiento —eso sí, nacional— por el sicariato, queda muy claro que ese es el clima que desea la coalición narco-criminal del Congreso: una ciudadanía en zozobra, paralizada y deseosa de un “Bukele peruano”.

A ese escenario, casi a la medianoche del miércoles 14 y durante la madrugada del jueves 15 de agosto, coincidiendo con la promulgación y celebración palaciega de la ley de amnistía a militares y policías violadores de los derechos humanos, se sumó otro hecho: un operativo exclusivamente militar, no —como se informó oficialmente— en el VRAEM, sino en el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, Ayacucho.

En esta zona andina de la cuenca cocalera, en el lapso mencionado, no hubo —tal como señala el comunicado del Comando Conjunto de las FFAA— un operativo militar contra los “remanentes terroristas”. Más exactamente, se trató de un operativo contra el narco-grupo armado del clan Quispe Palomino, que opera desde Vizcatán. Tampoco hubo, por lo tanto, disparos de los “remanentes terroristas” contra los efectivos militares ni contra los helicópteros utilizados en la operación.

¿Qué pasó realmente en Pucacolpa? En algunas comunidades de esta jurisdicción, lo que hubo fue un bombardeo en áreas muy cercanas a las poblaciones de comunidades campesinas.  La más afectada por el bombardeo fue la comunidad de Yawarmachay, cercana a Huarcatan. En horas de la noche del jueves 15, el alcalde de este distrito en una entrevista en RPP, denunció el bombardeo en esas comunidades de su jurisdicción.

Dos fuentes de campo consultadas, confirmaron que no hubo disparos a los helicopteros de supuestos "remanentes terroristas". "Nada que ver" indicó el primero y "no pasó nada", indicó el segundo respecto a si hubo o no enfrentamiento (el intercambio de disparos es eso) . La segunda fuente,  contrario a la versión del Comando Conjunto de las FFAA, señaló: "una mala inteligencia lleva al fracaso de una operación. Todo por querer hacer solos, cuando no conocen el terreno.

Y sabotean la inteligencia de la policía que está planificado con personas que conocen al enemigo, conocen el terreno y manejan una información puntual".

A una operación sin inteligencia, corresponde bombardeos contra la población civil campesina. ¿Buscaban allí, acaso, encontrar los "resultados" del bombardeo? ¿O es una operación para reflotar al alicaido narco-grupo armado del clan Quispe Palomino (en 2023, la Dircote y la Dirandro lograron capturar a 9 miembros de este grupo), al cual llaman "remanentes terroristas"? La respuesta a la segunda interrogante es obvia: para las próximas elecciones, el fujimorismo y las FFAA necesitan mostrar vivos y activos a los mal llamados "remanentes terroristas".

¿A dónde apunta esa operación de bombardeo a comunidades campesinas de Pucacolpa? A vender una posverdad o, lo que es lo mismo, una versión distorsionada de la realidad: que el terrorismo o Sendero Luminoso sigue activo y con capacidad de respuesta frente a las FFAA. Esto ocurre luego de casi dos años de haberlo mantenido “hibernando” en Vizcatán y zonas aledañas, tras la captura del hijo heredero de Víctor Quispe Palomino, alias “José”, Víctor Quispe Zúñiga, a fines de 2023.

Es más: más allá del reflotamiento de SL en el VRAEM, se está construyendo la narrativa de la expansión de estos “remanentes terroristas” hacia las cuencas del Huallaga. En los últimos tres meses, han aparecido banderas rojas con la hoz y el martillo y pintas en Tarapoto, provincia de San Martín; en zonas cercanas a Juanjui (Campanilla), en la provincia de Mariscal Cáceres; y en el Alto Huallaga, en Huánuco. Estos hechos no trascendieron más allá de los ámbitos locales y regionales.

Mirando el escenario que se perfila de cara a las próximas elecciones generales, se prevé un empalme entre el reflotamiento y la fabricación artificial del “terrorismo” en el VRAEM y las cuencas del Huallaga, en San Martín y Huánuco, con el modus operandi de las bandas criminales extorsivas en las ciudades. En ese sentido, no debería sorprender que en las cuencas del Huallaga se pase de los trapos rojos y pintas a acciones petardistas y, como en los años 80 y 90, al derribamiento de torres de alta tensión.

En el VRAEM, el narco-grupo armado de alias “José” podría volver a emboscar patrullas o convoy militares, así como unidades policiales de control de carretera. Pero, sobre todo, podrían ejecutarse emboscadas o masacres contra civiles antes de la primera o segunda vuelta de las elecciones generales, como ocurrió en 2011, 2016 y 2021. No cabe la menor duda de que las fuerzas perversas que hoy ostentan casi todo el poder lo harán y lo impondrán.

El cuadro completo nos da una idea de la violencia que marcará las próximas elecciones y de la importancia que el discurso del “terrorismo” tiene para el poder narco-criminal.