Un modelo disruptivo para una seguridad ciudadana efectiva

La mirada integral de la Seguridad Ciudadana permite actuaciones que, desde un enfoque de “salud pública y reducción de daños e impactos”, disminuyen las violencias y fortalecen la cohesión social. Esto se logra mediante el trabajo en redes territoriales con consumidor@s problemáticos de pasta base y sustancias cocaínicas que roban con violencia en el cruce de avenidas. Muchos de ellos viven hacinados en el conjunto habitacional Héroes de la Anemia.

Desde un enfoque de la “neo regulación y la reducción de daños e impactos”, se ha gestionado la “Mesa y hoja de ruta Municipal Conjunta” entre trabajadoras sexuales, vecin@s, hostales y los gobiernos locales de Ato y Lynx. Esta colaboración, junto con ministerios como el de Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIDIS, el Viceministerio de Derechos Humanos del MINJUSD y el Ministerio de Trabajo, ha logrado garantizar derechos colectivos específicos. La mesa ha reducido la explotación sexual, las extorsiones, los homicidios y otros delitos asociados a la desregulación del trabajo sexual en la calle.

De manera similar, la “Mesa local (Municipal e Intermunicipal) para la regulación de cannabis medicinal y adulto” ha contribuido a reducir problemas de salud, pero sobre todo ha atacado el financiamiento, ingreso y presencia de bandas barriales delictivas vinculadas a organizaciones criminales. Estas acciones han recuperado territorios previamente controlados por el tráfico ilegal de drogas y el trabajo sexual, desmontando además sistemas de corrupción que ampliaban la oferta ilegal.

La generación de “mesas conjuntas, hojas de ruta y delegados presidenciales” en regiones afectadas por delitos ambientales (como minería ilegal, deforestación y caza de animales silvestres) ha permitido la colaboración con otros países de donde provienen organizaciones criminales. Este trabajo conjunto ha perfeccionado la persecución internacional y fortalecido la lucha nacional contra el lavado de activos (la ruta del dinero).

Es necesario mencionar que los “Programas de retorno” han hecho un uso integral del enfoque postpenitenciario, implementado a través de los municipios. Estos programas han roto los lazos criminógenos que se extienden fuera de los penales con los exreos.

Finalmente, luego de caracterizaciones por etapas y el reconocimiento de la policía como parte del problema, se evalúa el desfinanciamiento en áreas específicas, como la lucha contra el terrorismo. Los recursos son redirigidos hacia el fortalecimiento de unidades contra los delitos de alta complejidad, el crimen organizado y la corrupción.

No. Ninguna de las experiencias narradas existe ni ha existido en nuestra realidad peruana. Todas son posibles alternativas de intervención que, en más de veinte años de SINASEC, poco o nada se han propuesto frente a la repetición mecánica de: “más policías, más cámaras, más unidades motorizadas para la disuasión y persecución, más sanciones y más mano dura”. Esta repetición implica un traslado direccionado de recursos estatales hacia herramientas puntuales de control, persecución y castigo. Paralelamente, el gasto significativo en la industria de la seguridad se acompaña de voces que repiten: “Hay que fortalecer la Policía”.

Las empresas criminales territoriales son funcionales al discurso punitivo, que les permite consolidarse y crecer, apoyadas en un contexto de corrupción sistémica que agiliza la ambivalencia local y regional. “Plata o plomo”. No, casero. “Plata u oro”.

El olvido frente a la corrupción sistémica diagnosticada durante la transición del Presidente Paniagua (Comisión Iniciativas Nacionales Anticorrupción, 2001) y abandonada en los gobiernos siguientes ha reducido el aparato persecutorio e investigativo. Este, además, ha perdido impacto y se ha convertido en una herramienta de batallas políticas.

Otros buscan compaginar la historia actual con el terrorismo vivido en los años 80 y 90. “Quieren destruir el Estado”, dicen. “Terrorismo urbano”, señalan otros. Estas no son frases glandulares ni eslóganes benignos; no se equivocan solo en la tipificación. Más bien, son herramientas peligrosas para ajustar el conflicto y la protesta social, desviando la atención de lo que realmente ocurre.

Propuestas y estrategias para transformar la seguridad pública

En el contexto actual, no se ataca al Estado. Los mercados criminales y los actores involucrados operan en complicidad con el Estado y otros actores formales, generando una industria millonaria.

Arias (2017), al desarrollar el concepto de gobernanza criminal basado en trabajo de campo en Colombia, Jamaica y Brasil, identifica cuatro tipos de regímenes que generan diferentes prácticas políticas localizadas y acuerdos de seguridad:

1. Régimen de Desorden Criminal.

2. Régimen de Gobernanza Dividida.

3. Régimen de Gobernanza Colaborativa.

4. Régimen de Gobernanza Escalonada.

   
   

Aunque no se desarrollan aquí por motivos de espacio, estas categorías nos invitan a reflexionar sobre cómo el crimen organizado busca alcanzar objetivos mediante el control de territorios específicos y la exclusión de otros grupos. Este análisis incluye la consolidación armada (reflejo del poder territorial) y las relaciones entre actores armados y autoridades estatales.

En el Perú, las interacciones entre entidades estatales, nacionales y subnacionales, junto con actores criminales, han creado un modelo híbrido de gobernanza criminal. Cualquier intervención territorial, poblacional o temática (como un problema público criminal) debe considerar esta dimensión compleja.

La visibilidad de las estructuras jerárquicas de organizaciones criminales, con un control absoluto sobre todas las fases del negocio ilícito, es cosa del pasado. En su lugar, prevalece un sistema flexible de redes donde diversos actores participan en fases específicas del negocio criminal, coordinando entre sí sin necesidad de control total.

La estrategia disruptiva busca desmontar estas redes de valor criminal a través de múltiples aristas. Aunque pueda parecer paradójico, debe centrarse en garantizar las libertades y derechos capturados actualmente por estas redes, derechos por los cuales muchas veces hay que pagar o negociar.

Plantear estrategias como las de eficacia colectiva (R. Sampson, 1997), que incluyen control social informal y cohesión social, o implementar enfoques como el de la policía comunitaria (basado en Scanning, Analysis, Response, and Assessment), no será suficiente. Estas propuestas podrían ser absorbidas por el mismo sistema que se busca combatir, convirtiéndose en herramientas útiles para él.

Cualquier proceso transformador deberá desmontar los marcos normativos e institucionales instalados por el régimen híbrido actual. Sin embargo, resetear sus efectos sociales, económicos y culturales será un camino aún más largo, que requiere una lucha política paralela. Esto incluye insistir en el análisis de factores que incrementan el riesgo de delito y violencia, profundizando en su reducción y aumentando factores protectores.

La solución no pasa por el armamentismo persecutorio que solo beneficia a quienes venden las armas. Los intentos en Ecuador de imitar las políticas de mano dura de El Salvador han llevado a la atomización de organizaciones criminales con consecuencias violentas.

En cambio, la estrategia disruptiva debe recuperar las funciones y presencia del Estado, apostar por el racionalismo y la evidencia, y abandonar las agendas morales y el estado reactivo. Debe enfocarse en desarrollar libertades, derechos, participación, fiscalización y rendición de cuentas.

Cada territorio y realidad requiere una hoja de ruta específica, basada en su caracterización. Aunque no estamos empezando de cero, es necesario cambiar la matriz de política pública en seguridad ciudadana, integrando enfoques como el epidemiológico, la salud pública y la lucha contra la corrupción sistémica. Esto no se logra únicamente con normas; la intersectorialidad se institucionaliza con la práctica.

Hace más de una década, al observar el fenómeno como el laberinto complejo de Eisher, se presentó un modelo de gestión local que no parte del diagnóstico, sino de la rendición de cuentas. Este modelo fue planteado después de observar seis municipios en Perú y Chile, lo que llevó a la necesidad de cambiar la matriz para entender el problema público. Se propuso un análisis de la información por equipos multidisciplinarios mixtos, es decir, integrados por la burocracia y por actores no estatales, priorizando la fuerza de la práctica antes que la norma para la intersectorialidad, y la integración de quienes son ahora perseguidos, criminalizados y víctimas principales. También se incluyeron otros elementos de una gestión territorial, todo ello enmarcado en un permanente monitoreo y evaluación (Castro, 2010).

La tarea es larga y compleja, pero si tuviera que resumir la problemática en los términos de espectacularidad que predominan en el discurso actual, diría sin dudarlo que el conservadurismo mental, punitivo y reactivo con que se aborda el problema de seguridad en el país es el mayor obstáculo para avanzar.