Reflexiones sobre las opciones de segunda vuelta

Un sector de la población nos ha colocado en un incómodo dilema electoral: este 7 de junio tendremos que elegir entre el fujimorismo y Juntos por el Perú. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez compiten hoy por el voto de quienes queríamos evitar su pase a segunda vuelta. Menos del 30% de peruanos han querido que nos posicionemos en un trance similar al de 2021. Habrá que discernir entre la derecha radical y la extrema izquierda. Las alternativas de una cierta derecha liberal o de una izquierda democrática quedaron atrás. Los centros fueron pulverizados, otra vez. Ciertamente, otras opciones políticas antidemocráticas fueron rechazadas, pero, asimismo, otras candidaturas más moderadas quedaron en el camino.

El panorama es oscuro. Conocemos la cuestionable trayectoria del fujimorismo, el autoritarismo, el imperio de la corrupción y las violaciones de derechos humanos durante los años noventa. Bajo la dirección de la hija de Alberto Fujimori, Fuerza Popular puso en jaque a los últimos gobiernos democráticamente elegidos y ha logrado ejercer el poder desde el congreso de la República, coordinando acciones con otras organizaciones conservadoras de derecha y de izquierda. Consiguió cierto control sobre instituciones autónomas como el Tribunal constitucional, la Junta Nacional de Justicia y la Defensoría del Pueblo.

El mencionado pacto parlamentario ha alcanzado a aprobar leyes que abiertamente fortalecen el crimen organizado o que propician la impunidad de los perpetradores de delitos contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno y durante las protestas sociales de 2022 y 2023. El fujimorismo ha intentado incluso reescribir la historia, bloqueando los trabajos de memoria acerca de la violencia y demandando la modificación del guion museográfico del LUM.

Roberto Sánchez representa una izquierda que, prima facie, no parece haber extraído suficientes lecciones de los sucesos de 1989. Se trata de una izquierda que desconfía profundamente de las instituciones de la democracia liberal, el Estado de derecho constitucional, los derechos del individuo y la economía social de mercado. Plantea como un supuesto activo político una hipotética continuidad respecto del cuestionable gobierno de Pedro Castillo, una administración caracterizada por una gestión pública de muy baja calidad, por la comisión de actos de corrupción grotescamente expuestos en los medios de prensa, así como una erosión sistemática de lo poco que quedaba de meritocracia en las designaciones de autoridades públicas. Como se sabe, dicho gobierno encontró un tragicómico fin al intentar un autogolpe de Estado. La estela de la presidencia de Castillo quedó marcada, así, por la incapacidad para la gestión y por la ausencia de un proyecto político medianamente claro.

Para personas como yo, ciudadanos progresistas que no votaron en primera vuelta por estos dos candidatos, el paisaje político es más que preocupante. Para empezar, tenemos que reflexionar seriamente en torno a las razones que mueven a los peruanos a respaldar organizaciones políticas con un trasfondo ideológico autoritario, cuyos líderes incluso avalan o justifican los golpes de Estado y las interrupciones del orden constitucional. Tenemos que examinar con detenimiento el mensaje que nos ha transmitido un sector importante del país el último 12 de abril.  Esta segunda vuelta tendrá lugar en el contexto de un acelerado deterioro democrático. Las dos opciones que postulan a la presidencia en esta segunda vuelta defienden gobiernos que cargan con acusaciones de corrupción y las ya mencionadas asonadas de ruptura de la legalidad (una consumada, el 5 de abril de 1992 y la otra fallida, el 7 de diciembre de 2022). 

Necesitamos mucho más que slogans para tomar una decisión sobre cómo votar en el balotaje de junio. El fujimorismo, por supuesto, queda descartado por su cuestionable trayectoria antidemocrática. Las opciones son apoyar Sánchez o viciar el voto. Pero Sánchez no es, en absoluto, una alternativa confiable. Fue blindado por el Congreso de la República y ha respaldado medidas en favor de la minería ilegal. Su alianza con Antauro Humala es simplemente inaceptable desde el punto de vista de la ética pública más elemental. Aunque es positivo que profesionales como Manuel Rodríguez Cuadros y Pedro Francke hayan declarado su adhesión a la propuesta de Juntos por el Perú, Sánchez ha señalado ya que no suscribirá una “hoja de ruta” para persuadir al 70% de la población peruana que no votó por él ni por la heredera de Fujimori. 

Quienes consideramos otras opciones que las que alcanzaron llegar a la segunda vuelta apreciaríamos que asumiera un compromiso formal con cláusulas democráticas rigurosas. Pero el candidato no está interesado en comprometer su palabra en el asunto. Sin esa clase de gestos, no contará con el apoyo de los ciudadanos que nos ubicamos entre la socialdemocracia y el sector de centroizquierda.

Si Sánchez quiere ganar la elección, tiene que desplazarse hacia un centro democrático y ofrecer garantías para que los electores creamos en su palabra. Tiene que generar confianza en torno al respeto de los principios, las normas y las instituciones básicas de la democracia. Tender puentes para contar con el voto de quienes no respaldaron inicialmente una candidatura es hacer política en el sentido positivo del término. Se trata de crear consensos y de crear lazos de confianza. Sánchez dice que “solo habrá una hoja de ruta con el pueblo”. Pues de eso precisamente estamos hablando, de que firme un acuerdo amplio con la ciudadanía y no solo que pronuncie una frase puramente retórica dirigida a sus adeptos. Si este es el gesto de mayor apertura que Sánchez puede ofrecer a los peruanos que no votamos por él, entonces difícilmente su propuesta electoral prosperará.

Lamento concluir esta breve nota con escepticismo en lugar de ilusión. En los últimos años, el país perdió la oportunidad de construir una alternativa liberal y socialdemócrata que convocase a sectores de centro y centroizquierda, aquellos que creen que la aspiración a la justicia social y la defensa de las libertades sustanciales son valores convergentes e irrenunciables.

Se sabe que algunos políticos de estas tendencias se reunieron para construir una candidatura única, pero que el proyecto fracasó; pesaron más las ambiciones personales de algunos líderes. Una fórmula de centro, amplia y pluralista, pudo convertirse en una realidad. Este fracaso político nos devuelve al dilema insano que hoy debemos enfrentar. Y no encontramos ningún gesto de apertura en la opción menos insensata (si cabe describirla así) que compite por la presidencia. Cabe preguntarse si en las pocas semanas que quedan seremos o no testigos de la toma de decisiones más lúcidas, o si la historia de despropósitos y tropiezos autoritarios volverá a repetirse.