¿Quién alza la voz por los maestros? El silencio del SUTEP y del Colegio de Profesores

El maestro apabullado por el SíseVe.

El personaje más apabullado por las normas de convivencia que el Minedu ha instalado en los colegios del Perú es el docente. Lo que alguna vez debió entenderse como un desafío esencialmente pedagógico —enseñar a convivir, dialogar, reparar el daño y resolver conflictos— ha ido cediendo terreno a un modelo que privilegia la judicialización temprana y la tramitología administrativa.

La convivencia escolar se gestiona cada vez menos desde el liderazgo educativo de directores y docentes y cada vez más desde protocolos, formularios, cargos, descargos, plazos, evidencias y reportes al SíseVe. El educador va siendo reemplazado por el tramitador.

Cuando un padre o una madre presenta una denuncia, incluso si finalmente resulta infundada, el profesor puede pasar meses demostrando que actuó correctamente, afrontando desgaste emocional, buscando asesoría legal y dedicando incontables horas a defenderse. Si finalmente se establece que la acusación carecía de fundamento, rara vez existe reparación proporcional al daño profesional y personal sufrido.

La situación resulta igualmente contradictoria cuando un estudiante agrede física o verbalmente a un docente. Este dispone de un margen de acción muy reducido para protegerse, contener la situación o tomar distancia sin exponerse, a su vez, a cuestionamientos o nuevas denuncias. El mensaje implícito termina siendo perverso: ante la duda, mejor no intervenga.

Que no se confunda. Nada de lo dicho pretende justificar, minimizar o relativizar el abuso, el maltrato o cualquier conducta indebida de un docente. Quien incurra en esos hechos debe ser investigado con rigor, respetando el debido proceso, y sancionado con todo el peso de la ley cuando corresponda. Pero proteger a los estudiantes no exige convertir a cada maestro en un sospechoso potencial.

El problema de fondo es otro: el sistema parece construido sobre la desconfianza en el criterio profesional de directores y docentes. De allí la proliferación de procedimientos administrativos estandarizados, engorrosos y sujetos a plazos perentorios, que reducen el margen para intervenir considerando las particularidades de cada caso.

Si la política pública partiera de la confianza en su profesionalismo, las normas darían mucho mayor espacio para ejercer liderazgo educativo sobre la convivencia escolar: intervenir tempranamente, dialogar con las familias, reparar conflictos y reconstruir vínculos. Solo cuando esas intervenciones fueran insuficientes o los hechos revistieran especial gravedad correspondería escalar el caso a instancias administrativas, policiales o judiciales.

Hoy ocurre demasiadas veces el camino inverso: primero el protocolo, después la pedagogía; primero el expediente, después la conversación; primero cubrirse, después educar.

El resultado es un maestro que trabaja bajo presión permanente, con miedo a equivocarse, menos dispuesto a innovar y más inclinado a tomar la decisión más segura, aunque no siempre sea la más educativa. Hay maestros competentes que desisten de asumir tutorías «para no tener problemas». Otros prefieren no intervenir en conflictos que antes habrían ayudado a resolver por temor a convertirse ellos mismos en denunciados.

Y allí aparece una paradoja que debería preocuparnos: un sistema creado para proteger a los estudiantes puede terminar privándolos de maestros dispuestos a involucrarse profundamente en sus vidas escolares.

Hemos construido mecanismos muy claros para proteger los derechos de los estudiantes, como corresponde. Pero son mucho más difusos los mecanismos destinados a proteger las garantías profesionales de los docentes. El maestro acumula deberes, responsabilidades y protocolos, mientras sus espacios de autonomía y respaldo se estrechan.

Y aquí aparece una ausencia difícil de explicar: ¿Dónde están el SUTEP y el Colegio de Profesores?

Representar a los docentes no consiste solamente en negociar remuneraciones, beneficios o condiciones laborales. También significa defender su dignidad profesional, sus garantías jurídicas y el espacio de confianza indispensable para educar.

¿Quién exige que se respete efectivamente el debido proceso de un maestro acusado? ¿Quién reclama mecanismos de protección cuando el agredido es el docente? ¿Quién propone consecuencias frente a denuncias deliberadamente falsas? ¿Quién exige asesoría jurídica para el profesor que debe defenderse? ¿Quién reclama que el Estado vuelva a confiar en directores y maestros como los primeros responsables de educar para la convivencia?

Ese también debería ser territorio sindical y profesional. Y sorprende el silencio.

Proteger a los estudiantes y garantizar los derechos de los docentes no son objetivos contrapuestos. Son dos condiciones indispensables para construir una escuela justa. Una política basada en la confianza no elimina controles ni sanciones; establece proporcionalidad, debido proceso y devuelve a la escuela la posibilidad de resolver educativamente aquello que es, antes que nada, un desafío educativo.

Porque cuando cada conflicto empieza convertido en expediente, algo esencial ya se perdió.

La escuela necesita protocolos. Pero también necesita maestros con autoridad, criterio y respaldo para educar.

La confianza educa. La sospecha burocratiza.