Así fue cómo Estados Unidos se quedó con el petróleo de Venezuela

El 28 de agosto, Donald Trump anunció en Truth Social, con mayúsculas sostenidas, que Estados Unidos había cerrado con Venezuela "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial". Detrás de esa frase grandilocuente hay un hecho concreto: Washington se aseguró el control de una parte central de la riqueza petrolera venezolana, y lo hizo negociando con un gobierno que Estados Unidos mismo instaló ocho meses antes, tras bombardear Caracas y secuestrar a su presidente.

Lo que revela el acuerdo es simple: una potencia extranjera invadió un país, removió a su gobernante y propició que alguien sin mandato popular asumiera el poder para, meses después, firmar con esa misma potencia un contrato de 25 años sobre el recurso más valioso del país.

El 3 de enero de 2026, Estados Unidos intervino militarmente Venezuela y capturó a Nicolás Maduro. Ese mismo día, el Tribunal Supremo venezolano designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina, con respaldo militar. Meses después, Rodríguez negoció y firmó con Estados Unidos el acuerdo petrolero.

Qué dice el acuerdo, en simple

Según el detalle que dio la propia Delcy Rodríguez el pacto:

• Tiene una vigencia de 25 años.

• Involucra 17 campos petroleros con reservas probadas de 65.000 millones de barriles, alrededor de una quinta parte de todo el petróleo probado de Venezuela.

• Crea una empresa conjunta privada en la que, según un funcionario de la Casa Blanca citado por CNN en Español, Estados Unidos se garantizó "el control efectivo del 55% de la producción", lo que convertiría a esa empresa en la segunda petrolera privada más grande del mundo por volumen de reservas.

• Fija un objetivo de producción de 1,5 millones de barriles diarios.

• Establece una regalía mínima del 16% y un impuesto sobre la renta del 34% para el desarrollo de ocho "bloques verdes" (yacimientos identificados pero todavía no explotados).

En plata: no es que Venezuela venda petróleo a Estados Unidos. Es que Estados Unidos pasa a controlar, de manera directa y mayoritaria, la producción de una porción enorme de las reservas del país durante un cuarto de siglo, con la empresa privada estadounidense decidiendo buena parte del modelo operativo. Un reportaje de Reuters recogió las dudas de juristas sobre este punto exacto: quien elige el modelo de la empresa conjunta y las compañías que van a operar los yacimientos es Estados Unidos, no el Estado venezolano.

Negocio redondo para Estados Unidos

El gobierno de Delcy Rodríguez presenta el acuerdo como un gran negocio para Venezuela: hasta US$100.000 millones de inversión y unos US$200.000 millones en regalías e impuestos durante 25 años. Pero Estados Unidos obtiene mucho más: 35% de la empresa, acceso preferencial al petróleo —incluido un 20% a precio de costo— y una concesión por 100 años sobre campos con más de 65.000 millones de barriles de reservas.

La comparación ayuda a dimensionarlo. En Guyana, aunque ExxonMobil paga solo 2% de regalías, una vez recuperados sus costos las ganancias se reparten 50/50 entre la empresa y el Estado. Y cuando se explota petróleo en territorio federal estadounidense, Washington cobra regalías que pueden llegar al 18,75%. En Venezuela, en cambio, Estados Unidos obtiene participación, control y acceso privilegiado a las reservas. Por eso la pregunta no es cuánto dinero recibirá Venezuela, sino cuánto valor está entregando a cambio. El petróleo es venezolano, pero las condiciones del acuerdo colocan a Estados Unidos en una posición privilegiada para controlar y beneficiarse de él durante generaciones.

¿Cómo era el negocio con China y Rusia?

Con China, la relación petrolera estuvo basada principalmente en préstamos a cambio de petróleo. Beijing prestó decenas de miles de millones de dólares a Venezuela y el país pagaba parte de esa deuda con envíos de crudo. China también participó en empresas mixtas con PDVSA, pero no recibió el control de las reservas venezolanas. En otras palabras, China obtenía petróleo y recuperaba sus préstamos; era principalmente acreedor, comprador y socio comercial.

Con Rusia ocurrió algo parecido. Rosneft financió a PDVSA y recibió petróleo como garantía y forma de pago, además de participar en proyectos petroleros junto con la empresa estatal venezolana. Pero el nuevo acuerdo con Estados Unidos es cualitativamente diferente. Washington obtiene una posición directa de propiedad, control y acceso privilegiado sobre los campos: participa en la empresa que los explotará, tiene capacidad de intervenir en su gobierno corporativo y obtiene petróleo en condiciones preferenciales.

Esto significa que Estados Unidos no solo espera recuperar una inversión o comprar petróleo: pasa a estar instalado dentro del negocio petrolero venezolano y obtiene capacidad para decidir cómo se explota, quién participa y cómo se distribuye parte de la producción y de las ganancias. Por eso la diferencia es fundamental: China y Rusia hicieron negocios con el petróleo venezolano; Estados Unidos consigue una posición para controlar una parte del negocio que produce ese petróleo.

Lo que ocurrió en Venezuela en 2026 tiene una lógica de apropiación bastante clara: primero, un ataque militar de Estados Unidos sin autorización del Congreso venezolano; después, el secuestro y traslado forzoso de un jefe de Estado a un tribunal de Nueva York; luego, la instalación de un gobierno interino sin ningún mandato electoral; y, finalmente, la firma de un contrato de 25 años que entrega a Washington el control mayoritario de la principal riqueza del país. Cada paso se presentó como una consecuencia necesaria del anterior, pero en realidad cada uno le restó legitimidad al siguiente: no se puede negociar soberanamente bajo la sombra de los bombarderos que meses antes derribaron al gobierno que debía haber decidido si ese petróleo se entregaba o no.

Lo que Trump celebró como el mayor acuerdo petrolero de la historia es, leído de este modo, la culminación de una operación de apropiación de recursos que empezó con explosiones en Caracas y terminó con la firma de Delcy Rodríguez.