La derecha tiene un plan. ¿Y el sindicalismo?

El gobierno de Keiko Fujimori viene demostrando una amplia incapacidad política como señalan diversos analistas de todo el campo político. La presidenta aparece superficial, inexperta, atrapada entre anuncios que no se concretan y decisiones que luego debe explicar o corregir. Pero esta incapacidad no debería ser motivo de consuelo para nadie. Un gobierno débil puede ser perfectamente capaz de hacer mucho daño cuando detrás suyo existen sectores con una agenda bastante clara. Y eso es lo que estamos viendo.

La primera filtración del documento sobre facultades legislativas mostró una orientación definida. El documento presentado posteriormente confirma sus líneas generales: avanzar hacia una reorganización del mercado laboral que reduzca derechos, abarate costos y amplíe la discrecionalidad empresarial. El gobierno presenta estas medidas como una respuesta a la informalidad y como una forma de promover el empleo. El problema es que la formalización que se propone parece consistir, principalmente, en reducir los derechos que distinguen al empleo formal del informal.

La lógica es bastante sencilla. En una amplia mayoría de empleos informales no existen gratificaciones, vacaciones efectivas ni pago de horas extras. Entonces, en lugar de extender esos derechos, se propone acercar el régimen formal a las condiciones que ya existen en la informalidad.

En esa dirección aparecen las propuestas de diluir las gratificaciones de julio y diciembre en el salario mensual, reducir las vacaciones a quince días y recortar feriados. También se plantea ampliar el pago en especie mediante mecanismos como tarjetas vinculadas a determinados establecimientos comerciales. La flexibilización de la jornada completa el cuadro: si el tiempo de trabajo puede distribuirse con mayor libertad empresarial, el pago de horas extras pierde buena parte de su sentido.

No todas estas medidas tienen el mismo grado de desarrollo normativo y algunas han sido objeto de desmentidos o reformulaciones oficiales. Pero tomadas en conjunto permiten identificar una orientación política. La pregunta es qué tipo de empleo se quiere generalizar y quién asumirá el costo de esa transformación.

Porque las condiciones que se presentan como una innovación ya existen para millones de trabajadores. Existen en los empleos sin contrato, en los contratos fraudulentos, en las jornadas que nunca terminan y en los salarios que apenas alcanzan para reproducir la fuerza de trabajo. La propuesta consiste en convertir esa realidad en el nuevo punto de referencia del derecho laboral. Es una reforma precarizadora que busca igualar hacia abajo.

Los jóvenes, otra vez

El empleo juvenil aparece nuevamente como el terreno más favorable para ensayar esta orientación. No es casualidad. Los jóvenes tienen mayores dificultades para ingresar al mercado laboral, menor estabilidad y, generalmente, menos capacidad de organización sindical. Sobre esa vulnerabilidad se construye el argumento de que necesitan menos derechos para conseguir su primer empleo.

Ya conocemos esa historia. La Ley Pulpín pretendió justificar la reducción de derechos laborales mediante la promesa de generar empleo juvenil. Ahora se vuelve a presentar una fórmula semejante. Incluso el ministro Juan Sheput ha declarado que volvería a defender aquella norma.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué el costo de generar empleo debe recaer sobre quienes tienen menos capacidad de negociación?

A ello se añade la intención de modificar el papel de SUNAFIL, privilegiando una función formativa frente a su capacidad fiscalizadora. La orientación es coherente con el resto de la propuesta. Si el objetivo es reducir costos laborales, una autoridad que inspecciona, sanciona y obliga a cumplir la ley se convierte en un obstáculo. Una autoridad dedicada principalmente a orientar resulta bastante más cómoda.

La orientación laboral para nuevos empresarios es necesaria. Pero sin fiscalización efectiva, la ley termina convertida en una recomendación. Y los trabajadores peruanos ya saben cuánto valen las recomendaciones cuando se enfrentan al poder empresarial.

Un sindicalismo sin dirección común

El problema es que esta ofensiva encuentra al sindicalismo peruano atravesando una profunda crisis de dirección política. La crisis de Patria Roja y la pérdida de su control sobre el SUTEP son parte de ese proceso. La hegemonía de su actual secretario general Lucio Castro expresa un liderazgo más pragmático y caudillista, con un enfoque muy lejano al sindicalismo clasista que animó al SUTEP durante el siglo pasado.

La consulta a las bases sutepistas sobre una eventual desafiliación de la CGTP y la formación de una nueva central sindical muestra hasta qué punto se han debilitado los antiguos mecanismos de articulación.

Mientras tanto, la FTCCP se aleja, lento pero sin pausa, del viejo Partido Comunista Peruano. La federación desarrolla una agenda política propia y modifica la relación histórica de subordinación entre sindicato y partido. Se trata de una transformación importante, que parece ir hacia salidas más corporativas que estrictamente clasistas.

El escenario sindical nacional muestra una fragmentación que parece traducirse en un sálvese quien pueda. Cada central y cada federación intenta arreglárselas por su cuenta. Algunas organizaciones, como el SUTEP o la FTCCP, cuentan con recursos, estructuras y capacidad de negociación que les permiten gestionar la crisis con mayores posibilidades de éxito o por lo menos de supervivencia. Otras, como la federación textil o los mineros, enfrentan condiciones mucho más difíciles.

Pero ninguna federación, por poderosa que sea, puede resolver individualmente una ofensiva que busca modificar las reglas generales del mercado de trabajo.

¿Reunirse con el ministro?

Hace unos días, tres dirigentes sindicales de Ripley fueron despedidos en medio de un proceso de negociación colectiva. El hecho constituye una grave agresión a la libertad sindical y debería provocar una respuesta del conjunto del movimiento obrero. ¿Y cuál es la respuesta sindical? Ir a reunirse con el ministro de Trabajo.

No se trata de rechazar las reuniones. Se trata de preguntarse qué relación de fuerzas existe detrás de ellas. ¿Alguien cree realmente que Juan Sheput va a resolver un conflicto de esta naturaleza por la sola fuerza de sus convicciones? ¿Qué capacidad tiene el sindicalismo para obligar al gobierno a actuar cuando las empresas vulneran la libertad sindical?

El problema aparece también en el salario mínimo. El 28 de julio se anunció su aumento a S/ 1,300. Ha pasado más de un mes y todavía no existe una norma que lo haga efectivo. El asunto sigue circulando en esa entelequia llamada Consejo Nacional de Trabajo, entre declaraciones, reuniones y promesas. El gobierno anuncia, el ministro explica y los trabajadores siguen esperando.

La negociación y el diálogo son instrumentos necesarios. Pero cuando no existe capacidad de presión, pueden convertirse en una forma de administrar la espera.

La tarea pendiente

La derecha empresarial tiene una agenda. Busca reducir el costo del trabajo, flexibilizar la jornada, debilitar la fiscalización y convertir la precariedad existente en el horizonte del empleo formal. Puede haber diferencias entre sus sectores y contradicciones dentro del gobierno, pero existe una orientación reconocible.

El sindicalismo, en cambio, carece hoy de una dirección política capaz de responder con una estrategia común. Sus organizaciones están demasiado ocupadas resolviendo sus propias crisis, disputando espacios o negociando su supervivencia.

La cuestión central es reconstruir una orientación política que permita defender los derechos laborales como un problema del conjunto de la clase trabajadora, y no solamente de quienes todavía conservan un contrato formal y una organización sindical. Es decir, una izquierda del trabajo y para el trabajo. 

Porque lo que está en juego es precisamente eso: lo poco que queda de derechos laborales y sindicales para una parte importante de los trabajadores peruanos. Si la respuesta sigue siendo fragmentada, cada organización podrá conseguir alguna concesión particular. Pero la reforma general avanzará.

Y cuando eso ocurra, la incapacidad política del gobierno habrá dejado de ser una anécdota. Habrá sido el escenario en el que una derecha empresarial mucho más organizada consiguió llevar a cabo sus planes.