¿Provida?

Que el grupo de personas que están en contra de legalizar el aborto se autodenominen provida es una contradicción, porque la realidad muestra que son más bien promuerte.

Como lo manifesté en un artículo publicado hace varios años[1], reitero que, a título personal, desde el plano ético, estoy en contra del aborto porque considero que con la concepción hay una vida de por medio a la que nadie tiene derecho a matar, cualquiera sea la razón que esgrima. La vida de un ser humano es un valor que no admite relativizaciones, pero la legalización del aborto pasa por el filtro ético del mal menor. En otras palabras, legalizar el aborto es un mal menor que prohibirlo.

En un debate que tuve a raíz de la publicación del citado artículo, quienes estaban en contra de mi propuesta sostenían que lo hacían para estar siempre del lado de la vida, pero una posición principista de ese tipo no tiene asidero en la realidad, porque como he indicado resulta en mayores muertes.

La realidad muestra que los abortos —y no sólo en nuestro país— no disminuyen porque estén prohibidos. Lo único que ocurre es que se siguen practicando por comadronas y similares en condiciones insalubres, en especial para los más pobres, que incrementan el riesgo para la madre y resultan en esterilidad cuando no en fallecimiento. En resumen, la cantidad de muertos aumenta cuando el aborto está prohibido. Creer que haciéndolo se protege la vida de los no nacidos es una ilusión que no tiene sustento.

Mal, entonces, se pueden proclamar como provida quienes defienden esta posición.

El Derecho tiene que lidiar con la realidad y las leyes llenas de buenos deseos no sirven si no se cumplen. La interrelación Realidad-Derecho ha sido motivo de muchas reflexiones en la filosofía jurídica y a estas alturas se reconoce que el divorcio entre ambos no conduce a ninguna parte. Una ley que no se cumple es mejor no tenerla, porque resulta en que los ciudadanos se acostumbran a no respetarla.

Penalizar el aborto para que nadie o muy pocos nos hagan caso, no es una solución y la ley tiene que lograr algún efecto en la realidad. Que quienes tomen esta decisión reciban una atención adecuada es una buena razón. Hay que despenalizar el aborto como lo han hecho la mayor parte de países desarrollados y la medida podría ser amortiguada con las sugerencias que a continuación expongo.

Tendría más sentido legalizar el aborto y exigir que las madres que decidan dar el paso tengan que asistir a una charla o consulta con un profesional que les explique las graves consecuencias psicológicas que devienen del aborto para ellas. El trauma psicológico con que resulta una mujer luego de que le practicaron un aborto es difícil de medir, porque la mayor parte prefiere negarlo, incluso a sí mismas. Podría pensarse, incluso, en animarlas a tener al niño (a) entregándolo a algún centro que se encargue de criarlo y educarlo. Financiar estos dos programas es una mejor inversión que perseguir a los abortistas.  

[1] El aborto y la interrelación realidad-derecho en Gestión, el 28 de octubre de 2009.