El valor de los conceptos para la vida ciudadana

La democracia contemporánea no se sostiene únicamente sobre el andamiaje de sus instituciones o la regularidad de sus procesos electorales; se fundamenta, ante todo, en la existencia de un horizonte de significados compartidos que permita la deliberación, la discusión y el acuerdo. Sin embargo, en nuestra esfera pública actual, asistimos a una erosión semántica que despoja a la política de su densidad intelectual, reduciéndola a un intercambio de epítetos vacíos. Como bien señalaba Reinhart Koselleck en su obra fundamental, Historias de conceptos, los términos que articulan nuestra convivencia no son meras etiquetas pasivas, sino fuerzas activas en la construcción de la realidad: «un concepto no es solo el reflejo de una relación social, sino también un elemento constitutivo de la misma» (Koselleck, 2012, p. 27).

Esta premisa nos obliga a reconocer que la incomprensión rampante del mundo político y el rechazo visceral hacia sus agentes no son fenómenos puramente morales o de gestión, sino que hunden sus raíces en una carencia fundamental: la falta de un vocabulario y un glosario político básico en una parte considerable de la población. Sin la posesión de estos conceptos, el ciudadano queda desarmado, incapaz de distinguir entre el debate doctrinario y la manipulación demagógica, convirtiendo el ágora en una torre de Babel donde las palabras han perdido su capacidad de señalar lo real para convertirse en armas de estigmatización ciega.

Esta crisis de inteligibilidad se agudiza de manera crítica en sociedades marcadas por una heterogeneidad extrema, como es el caso de la peruana. En contextos donde coexisten múltiples temporalidades históricas, brechas socioeconómicas abismales y diversas cosmovisiones, la ausencia de una gramática política común fractura toda posibilidad de cohesión. En el Perú, la diversidad no es solo cultural o geográfica; es también una fragmentación de los marcos de interpretación de lo público.

Como advierten Giuseppe Duso y Sandro Chignola, los conceptos políticos modernos son el resultado de una «precisa construcción de objeto» (Chignola & Duso, 2009, p. 11), lo que implica que su significado depende de un consenso previo sobre la naturaleza del poder y la representación. Cuando este consenso falta, debido a la heterogeneidad y la desarticulación educativa, los conceptos viajan a través de los distintos estratos sociales adquiriendo sentidos contradictorios. En una sociedad tan diversa, el «neoliberalismo» o la «justicia» pueden significar cosas opuestas para un habitante de las urbes costeras que para un ciudadano de las zonas rurales andinas o amazónicas, lo que deriva en una incomunicación sistémica que el populismo aprovecha para sembrar sospechas sobre la otredad.

Las distorsiones terminológicas como obstáculo democrático

La ausencia de un bagaje conceptual mínimo genera distorsiones que no solo bordean lo absurdo, sino que intoxican gravemente la convivencia ciudadana. Observamos con frecuencia cómo, en el fragor de la polarización, se confunde una posición conservadora —que aboga por la preservación de instituciones orgánicas y un cambio gradual— con el fascismo, ignorando que este último es, por definición, una ruptura revolucionaria y totalitaria con el orden tradicional. Del mismo modo, resulta alarmante la facilidad con la que se tacha de «terrorismo» a cualquier propuesta de corte socialista o socialdemócrata.

Esta ligereza terminológica ignora que las tradiciones de izquierda democrática han sido pilares de la estabilidad y del Estado de bienestar en Occidente durante el siglo XX. Al respecto, Duso sostiene que «la historia conceptual permite ver cómo los conceptos políticos modernos están cargados de aporías que la política cotidiana suele ocultar» (Chignola y Duso, 2009, p. 128). Cuando el ciudadano pierde la capacidad de distinguir entre el reformismo social y la violencia subversiva, o entre el respeto a la tradición y el autoritarismo fascista, se anula la posibilidad de un juicio crítico ponderado. El resultado es una plaza pública donde el oponente no es un interlocutor con ideas divergentes, sino un enemigo absoluto definido por una etiqueta mal empleada.

Esta confusión conceptual se extiende a las relaciones entre el liberalismo y otras corrientes, produciendo híbridos imposibles en el imaginario colectivo. Es común escuchar cómo se confunde el liberalismo con el socialismo —a menudo bajo la sospechosa etiqueta de "progresismo" mal entendido— o, por el contrario, se le asocia directamente con el fascismo debido a una incomprensión de sus fundamentos sobre la libertad individual y el límite del poder estatal. Esta ceguera semántica desdibuja los límites de las tradiciones intelectuales, provocando que el ciudadano sea incapaz de identificar las verdaderas amenazas a su autonomía.

Si no se comprende que el liberalismo clásico se opone tanto al dirigismo estatal absoluto como a la anulación totalitaria de la persona, se termina aceptando cualquier régimen que use la palabra "libertad" en su nombre, aunque su práctica sea profundamente autoritaria. La educación ciudadana requiere, por tanto, una restitución de la frontera entre los conceptos, reconociendo que, como dice Koselleck, los conceptos son «depósitos de experiencia» que no pueden ser vaciados de contenido sin destruir la memoria política que nos permite navegar el presente.

El anacronismo historiográfico en el caso peruano

En nuestra realidad nacional, esta precariedad conceptual se manifiesta de forma estridente en lecturas anacrónicas de nuestra propia historia, las cuales son utilizadas para sustentar discursos políticos actuales sin mayor rigor. Resulta historiográficamente insostenible, por ejemplo, afirmar que el Perú ha estado bajo un modelo «neoliberal» desde 1821. El neoliberalismo, como proyecto intelectual y político, es una configuración específica del siglo XX, nacida de las crisis de la posguerra y consolidada mundialmente en las últimas décadas del siglo pasado. Proyectar esta categoría hacia los albores de la República es ignorar las lógicas del patrimonialismo, el caudillismo y el liberalismo doctrinario del siglo XIX, que respondían a un horizonte de posibilidades totalmente distinto. Elías Palti, en su análisis sobre el siglo XIX, nos recuerda que cada época posee un «horizonte de enunciabilidad» propio: «la historia intelectual no es una historia de las ideas, sino de los lenguajes que hacen posibles esas ideas» (Palti, 2007, p. 15). Al imponer términos contemporáneos a procesos fundacionales, no solo falsificamos el pasado, sino que impedimos al ciudadano comprender la genealogía real de nuestras crisis actuales, que son mucho más complejas que la simple repetición de un "ismo" mal definido.

Similar confusión rodea a periodos fundamentales de nuestra historia reciente, como el gobierno de Juan Velasco Alvarado o la alternancia de poder en el nuevo milenio. Persiste en gran parte de la población la idea de que el régimen de Velasco fue puramente «socialista», cuando un análisis desde la historia de los conceptos revela un reformismo militar de «tercera vía», de corte nacionalista, corporativista y anti oligárquico, cuya intención era precisamente desactivar la amenaza revolucionaria de la izquierda radical mediante cambios estructurales dirigidos desde el Estado, bajo la conducción de militares. Por otro lado, la narrativa simplista que sostiene que «la derecha ha gobernado el Perú desde 1821» o que «la izquierda ha gobernado desde el 2000» anula los matices necesarios para entender la política. Estas afirmaciones ignoran las variantes del centro político, los populismos transversales y las coaliciones pragmáticas que han definido nuestra accidentada vida republicana.

Como señala Duso, es imperativo «pensar la política más allá de los conceptos modernos» cuando estos se han convertido en camisas de fuerza que impiden ver la particularidad de cada fenómeno histórico (Chignola y Duso, 2009, p. 315). La falta de precisión histórica no es solo un error académico; es un obstáculo que impide al ciudadano evaluar con justicia los aciertos y fracasos de las distintas corrientes que han pasado por el poder. Esta indigencia histórica condena al ciudadano a la manipulación; sin conceptos precisos, queda vulnerable ante narrativas que transforman el pasado en un arma de resentimiento. El riesgo mayor es el triunfo del autoritarismo bajo ropajes democráticos. Una sociedad incapaz de distinguir procesos reales de mitos anacrónicos pierde su capacidad de deliberación, repitiendo cíclicamente los mismos errores en un escenario de sospecha mutua y conflicto ciego que fractura la convivencia nacional.

Hacia una alfabetización política para la convivencia

La recuperación de la dignidad ciudadana y la salud del sistema democrático pasan, necesariamente, por una alfabetización política que restituya el sentido y la historia de las palabras. No se trata de una exigencia puramente erudita, sino de una necesidad vital para la supervivencia de la libertad. Si el ciudadano no comprende que el concepto de «representación» ha cambiado radicalmente desde las asambleas estamentales medievales hasta el parlamentarismo moderno, difícilmente podrá procesar la actual desafección hacia las autoridades sin caer en el nihilismo.

La política es, en su esencia, un conflicto de interpretaciones, pero para que ese conflicto sea productivo y no destructivo, debe existir un suelo común de entendimiento conceptual. La historia de los conceptos nos ofrece la oportunidad de redescubrir que las categorías políticas no son verdades eternas, sino herramientas forjadas en el tiempo para resolver problemas de convivencia. Como afirma Palti, «la historia de los lenguajes políticos permite desnaturalizar los conceptos actuales, mostrando su contingencia y su historicidad» (Palti, 2007, p. 28). Solo a través de esta comprensión el ciudadano puede participar de manera autónoma en la vida política, dejando de ser un espectador pasivo de consignas para convertirse en un actor crítico.

Finalmente, es imperativo reconocer que la labor de clarificación conceptual es hoy más urgente que nunca, especialmente en naciones donde la heterogeneidad y la desigualdad conspiran contra el diálogo. Existe una responsabilidad ética en los espacios de formación y en la opinión pública de actuar como puentes entre el conocimiento riguroso y la práctica ciudadana. La democracia requiere sujetos que no solo ejerzan el voto, sino que sean capaces de procesar la realidad mediante categorías precisas; pues no se puede ejercer el pensamiento crítico sin las herramientas lingüísticas adecuadas. Asimismo, se desprende que la salud de la república depende de la densidad del pensamiento crítico, el cual resulta impracticable sin una gramática conceptual robusta. La carencia de estas herramientas lingüísticas no solo reduce la capacidad de análisis del sujeto, sino que constriñe su horizonte de expectativas a binarismos simplistas que anulan el matiz real . En consecuencia, el ejercicio del voto se desnaturaliza: deja de ser un acto de voluntad informada para convertirse en un mero rito procedimental, vacío de contenido deliberativo y propenso a ser capturado por el sentimentalismo político o el mesianismo, despojando a la democracia de su sustancia racional.

Debemos combatir la simplificación que reduce la política a una lucha entre etiquetas vacías, pues allí donde las palabras mueren, nace la violencia o el “asalto marginal a la política”. Recuperar el glosario político es, en última instancia, recuperar nuestra capacidad de imaginar un futuro común, libre de los fantasmas de la incomprensión y el resentimiento que la ignorancia conceptual suele alimentar. La libertad, como nos enseñan los maestros de la historia intelectual, comienza con la capacidad de nombrar correctamente el mundo que habitamos, reconociendo que «el lenguaje político no es sólo un medio de comunicación, sino un espacio de lucha por el sentido de lo social» (Koselleck, 2012, p. 114).

Bibliografía

Chignola, S., & Duso, G. (2009). Historia de los conceptos y filosofía política. Biblioteca Nueva.

Koselleck, R. (2012). Historias de conceptos: Estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social. Editorial Trotta.

Palti, E. J. (2007). El tiempo de la política: El siglo XIX reconsiderado. Siglo XXI Editores.