La anatomía ideológica y los horizontes de Renovación Popular

Durante las sucesivas campañas electorales y concentraciones públicas de los últimos años en el Perú, el liderazgo de Renovación Popular ha desplegado una retórica beligerante centrada en la erradicación del adversario ideológico, sintetizada en proclamas como «muerte al comunismo» y en la exigencia formal de proscribir a las organizaciones de filiación marxista, socialista y de las izquierdas en general.

Esta postura ha sido refrendada en sedes parlamentarias y medios de comunicación por portavoces y cuadros de su bancada legislativa —entre ellos congresistas como Javier Cipriani, Alejandro Muñante y José Cueto—, quienes han sostenido públicamente que los movimientos de izquierda carecen de toda utilidad pública, promoviendo debates orientados a restringir su inscripción legal en el sistema de partidos. Lejos de constituir exabruptos oratorios pasajeros, estas declaraciones revelan la lógica directriz de su dispositivo doctrinario: la objeción definitiva al opositor político y la concepción de la arena pública no como un espacio deliberativo de coexistencia democrática, sino como un territorio de confrontación polarizada donde el disidente ideológico debe ser expulsado de la legalidad constitucional.

Renovación Popular constituye una manifestación contemporánea del neoconservadurismo confesional, el liberalismo económico desregulado y el nacional-populismo de derecha en el Perú. Su matriz doctrinal opera a partir de la convergencia de tres ejes vertebrales: una moral dogmática de raigambre católica integrista articulada estratégicamente con sectores evangélicos fundamentalistas; una economía política de corte privatista orientada a la contención radical de la función distributiva del Estado; y una doctrina confrontacional que reduce la política a una división irreconciliable entre la comunidad nacional tradicional y sus enemigos existenciales.

Desde una perspectiva analítica, este cuerpo doctrinario no busca ensanchar los marcos de la deliberación pluralista, sino consagrar el derecho natural trascendente y la jerarquía de mercado como los únicos fundamentos admisibles del orden republicano, condicionando el ejercicio de la ciudadanía a la sumisión frente a sus mandatos axiológicos.

La matriz teológico-política y la confrontación normativa contra el constructivismo social

Para desentrañar el armazón conceptual de Renovación Popular resulta metodológicamente necesario precisar la noción de teología política. En la teoría del Estado expuesta por Carl Schmitt, los conceptos centrales de la teoría política moderna son conceptos teológicos secularizados que pasaron de la doctrina religiosa a la estructura jurídica del Estado. En el neoconservadurismo contemporáneo opera una reactivación inversa de este principio: el intento explícito de “repolitizar” los mandatos religiosos para convertirlos en leyes positivas inmutables.

Mientras que la tradición laica del Estado constitucional concibe la ley como el resultado contingente, revisable y perfectible del debate entre ciudadanos libres e iguales, la doctrina profesada por la dirigencia de Renovación Popular concibe la norma estatal como una transcripción subordinada al orden moral de la ley natural. Desde este enfoque, la autoridad divina preexiste y limita la soberanía popular; cualquier deliberación legislativa que colisione con las prescripciones eclesiásticas es clasificada de inmediato como una transgresión moral ilegítima.

Esta matriz se articula de manera indisociable con el rechazo visceral al constructivismo social. En la tipología de las ideologías políticas analizada por Robert Eccleshall, el conservadurismo orgánico se distingue por postular que la comunidad humana no es un artefacto mecánico susceptible de ser desarmado y reconstruido según planes racionales abstractos, sino una estructura biológica e histórica gobernada por principios providenciales. Desde esta premisa conservadora, la institución familiar y los roles sexuales no son convenciones culturales mutables, sino hechos ontológicos y biológicos absolutos.

La doctrina de Renovación Popular categoriza las transformaciones del derecho moderno —tales como la perspectiva de género, los derechos sexuales y reproductivos o las nuevas configuraciones del parentesco— bajo la etiqueta peyorativa de «ideología de género». Esta categoría no es analizada por la dirigencia del partido como una corriente de estudio o una política de equidad, sino como un artefacto corrosivo diseñado por conspiraciones foráneas para erosionar la integridad de la nación y corromper la naturaleza de la infancia.

En la dinámica legislativa peruana de los últimos dos años, este sustrato teológico se ha materializado en un activismo institucional incesante por parte de su bancada parlamentaria. Representantes como Alejandro Muñante y Milagros Jáuregui de Aguayo han impulsado y aprobado iniciativas legislativas orientadas a someter las políticas educativas a la tutela dogmática de plataformas confesionales de padres de familia, como ocurrió con la Ley 31498, que faculta la supervisión y eventual censura de materiales escolares que aborden la educación sexual o el enfoque de género. El principio rector de estas normas es la defensa de la patria potestad y la subsidiaridad familiar, un criterio según el cual el Estado carece de atribuciones para educar a los menores en valores de tolerancia y diversidad si estos discrepan del dogma religioso profesado por sus progenitores.

La misma pauta se evidencia en la consagración legal del concebido como sujeto pleno de derechos desde el instante de la fertilización, una reforma promovida sistemáticamente para clausurar el debate sobre la interrupción legal del embarazo, incluso en escenarios extremos como el aborto terapéutico o las agresiones sexuales infantiles. Al equiparar penalmente la interrupción gestacional con el homicidio agravado, el partido impone una doctrina bioética de inspiración eclesial por encima de las recomendaciones de los tratados de derechos humanos.

Del mismo modo, la bancada ha levantado una barrera normativa infranqueable contra cualquier modalidad de unión civil o matrimonio entre personas del mismo sexo, promoviendo declaraciones institucionales que consagran a la familia nuclear heteroparental como el único modelo biopolítico que goza de protección constitucional prioritaria. En términos sociológicos, esta cruzada moral cumple una función de agregación: permite articular el resentimiento y el desconcierto de clases medias tradicionales y sectores populares precarizados, ofreciéndoles una identidad comunitaria amparada en certezas religiosas ante la incertidumbre material que el propio modelo económico produce.

La ortodoxia del libre mercado: privatismo, meritocracia y el dogma antiigualitario

En la esfera socioeconómica, Renovación Popular adopta los principios del conservadurismo libertario, una vertiente teórica que, tal como describe Eccleshall, conjuga la defensa tradicional de la jerarquía social con la adhesión a la economía de mercado desregulada propia del liberalismo clásico de Adam Smith. En esta cosmovisión, el mercado es concebido como un orden espontáneo y neutral que asigna recursos de manera óptima y justa a través de la competencia, motivo por el cual toda intervención reguladora, planificadora o redistributiva del Estado es condenada como una distorsión perjudicial que atenta contra la prosperidad y la libertad individual. La libertad queda circunscrita a su dimensión negativa y contractual, es decir, a la inmunidad de la propiedad privada frente a las imposiciones fiscales y a la seguridad jurídica irrestricta de las transacciones comerciales.

Para caracterizar científicamente esta postura resulta imprescindible acudir a la categorización establecida por Norberto Bobbio respecto al eje derecha-izquierda. De acuerdo con el filósofo italiano, el criterio distintivo supremo reside en la actitud que las doctrinas y los movimientos políticos asumen frente a la igualdad. Las fuerzas de izquierda son fundamentalmente igualitarias, en el sentido de que consideran que las desigualdades sociales son artificiales, históricas y contingentes y, por ende, susceptibles de ser atenuadas o eliminadas mediante la acción comunitaria del Estado.

Por el contrario, la derecha se define por una vocación desigualitaria: concibe la disparidad entre los seres humanos como un dato natural, irreductible y productivo de la realidad, considerando que los individuos son por esencia heterogéneos en capacidades, virtudes, fuerza de voluntad y productividad. En palabras de Bobbio, el pensamiento de derecha no busca suprimir las desigualdades porque las percibe como la expresión espontánea de las diferencias que la naturaleza y la providencia han colocado entre los hombres.

Renovación Popular encarna con nitidez este enfoque desigualitario. En los pronunciamientos programáticos de Rafael López Aliaga y en las posturas técnicas de su partido, las brechas socioeconómicas del Perú no son diagnosticadas como fracturas estructurales que demandan corrección estatal, sino como el resultado lógico de una jerarquía de talentos y dedicación individual. El éxito económico se postula como un logro meritocrático derivado de la disciplina, mientras que la penuria económica es reducida a una consecuencia de la ineficiencia, la falta de esfuerzo o la resignación personal. Partiendo de este axioma, el concepto de justicia social distributiva es repudiado doctrinariamente; se le cataloga como una coartada del estatismo para castigar a los sectores emprendedores mediante gravámenes confiscatorios con el fin de subsidiar el parasitismo social.

Esta orientación económica se ha verificado en la praxis institucional del partido a través de la defensa sacralizada del capítulo económico de la Constitución de 1993, cuyos artículos sobre el rol subsidiario del Estado y la libertad de empresa son interpretados como dogmas infranqueables. En el Congreso de la República, la agrupación ha votado de manera unánime en contra de iniciativas orientadas a establecer impuestos a la riqueza corporativa o a las sobre ganancias mineras, abogando en cambio por exenciones fiscales y flexibilización regulatoria para atraer capitales. En el ámbito de la gestión municipal metropolitana de Lima, esta visión se ha traducido en un privatismo intransigente: se han privilegiado las concesiones mercantiles, la tercerización de servicios esenciales y la incursión en endeudamiento bursátil internacional a través de la colocación de bonos en Wall Street para costear obras viales, supeditando la inversión urbana al cálculo del rendimiento financiero en lugar de garantizar el acceso equitativo a servicios públicos fundamentales.

Como supo ver el fundador ideológico del conservadurismo, Edmund Burke, al armonizar el respeto a la aristocracia con la libertad comercial capitalista, esta articulación entre fe religiosa y mercado libre no presenta contradicción alguna. El tradicionalismo teológico de Renovación Popular disciplina y moraliza a la fuerza de trabajo en el respeto a la ley y la resignación ante las jerarquías sociales existentes, al tiempo que el liberalismo económico salvaguarda los espacios de acumulación del gran capital privado, excluyendo cualquier interferencia democrática que pretenda redistribuir la renta nacional en beneficio de las mayorías desfavorecidas.

Soberanismo autoritario, la lógica del enemigo y la hipótesis del posfascismo

El tercer eje doctrinario de la organización remite a la concepción del Estado, la seguridad interna y la política exterior, esferas estructuradas a partir de una gramática netamente adversarial. En El concepto de lo político, Carl Schmitt argumentaba que la política alcanza su momento constitutivo no en la administración rutinaria de las leyes ni en el debate parlamentario liberal, sino en la capacidad soberana de identificar con claridad meridiana al enemigo existencial.

El enemigo político, señaló Schmitt, no es un  competidor comercial en el mercado ni un contrincante dialéctico en la discusión pública, sino el otro público (hostis) que representa la negación radical del propio modo de vida y contra el cual la posibilidad de un combate que incluye la coacción física permanece abierta. En la doctrina de Renovación Popular, este esquema opera con intensidad extrema: la política es concebida como una guerra espiritual y cívica contra un adversario que no puede ser reconocido como un interlocutor institucional legítimo, sino como una amenaza ontológica a la que se debe neutralizar.

Esta reducción fundamenta las declaraciones emitidas por la cúpula del partido proclamando la muerte al comunismo y de los socialismos, y demandando la ilegalización y proscripción jurídica de las izquierdas peruanas, tal como lo han verbalizado tanto Rafael López Aliaga como el congresista Javier Cipriani. En la terminología schmittiana, estas expresiones equivalen a la reactivación formal del instituto de la declaración de hostis, la declaración del enemigo interior que queda despojado de las garantías de la paz cívica y colocado al margen de la comunidad soberana. El rival político deja de ser un adversario democrático y pasa a ser clasificado como un traidor al servicio de poderes foráneos o un agente del «terrorismo biológico y moral». Esta deslegitimación ha sustentado la práctica sistemática del “terruqueo”, un dispositivo discursivo que homogeniza toda protesta campesina, demanda sindical o crítica progresista bajo el estigma de la sedición criminal, habilitando de antemano la respuesta punitiva del aparato de seguridad.

Esta agenda política e institucional se articula en torno a un marcado soberanismo y un endurecimiento punitivo que cuestiona los estándares internacionales y restringe a la sociedad civil. Por un lado, se manifiesta en una confrontación abierta contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante iniciativas legislativas orientadas a denunciar la Convención Americana y retirar al país de la jurisdicción de la Corte IDH, bajo el argumento de salvaguardar la independencia judicial frente a fallos percibidos como lesivos. A ello se suma la exaltación de la fuerza estatal a través de normas que buscan eximir de responsabilidad penal a policías y militares durante el control de protestas sociales, reforzada por propuestas para reinstaurar la pena de muerte y reducir la edad de imputabilidad penal. Finalmente, esta postura se consolida en una ofensiva administrativa y financiera contra organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos humanos y la fiscalización ambiental, promoviendo marcos regulatorios coercitivos al señalarlas como plataformas de injerencia externa contrarias a los intereses nacionales.

A partir de este entramado autoritario, surge la interrogante sobre la naturaleza última de Renovación Popular y la posibilidad analítica de catalogarlo como una formación “neofascista”. Para dilucidar este punto con rigor, es forzoso recurrir a las investigaciones comparativas de Enzo Traverso acerca de las metamorfosis de las derechas radicales contemporáneas. Traverso advierte que la aplicación superficial del rótulo «fascismo» suele funcionar como un atajo estigmatizador que opaca la especificidad de los nuevos fenómenos políticos en vez de esclarecerlos.

El fascismo histórico del periodo de entreguerras del siglo XX, modelado por los regímenes de Benito Mussolini y Adolf Hitler, poseía rasgos irreductibles: un proyecto palingenésico de revolución nacional orientado a liquidar el orden burgués y forjar un «hombre nuevo»; un estatismo corporativo omnipotente que subordinaba la economía privada al engrandecimiento bélico del Estado; y una estructura militarizada basada en milicias paramilitares armadas que destruyeron los parlamentos y erigieron dictaduras totalitarias de partido único.

Si se aplica este tipo ideal histórico, Renovación Popular no encaja en la categoría de fascismo clásico. No es un movimiento revolucionario que aspire a derrumbar el orden burgués, sino una fuerza estrictamente reaccionaria, conservadora y restauracionista que pretende petrificar el orden tradicional y devolver a la élite socioeconómica el control irrestricto de la república. Su modelo económico es radicalmente antiestatista, incompatible con el corporativismo y la autarquía del fascismo histórico. Asimismo, el partido no dispone de ejércitos privados ni milicias uniformadas para asaltar el poder mediante la violencia insurreccional; sus dirigentes compiten y ganan elecciones dentro de las reglas del juego democrático-liberal, utilizando la televisión, el marketing digital y las alianzas parlamentarias formales para capturar el poder desde adentro.

Sin embargo, el deslinde con el fascismo clásico no agota el problema, pues, como observa Traverso, la experiencia fascista posee una dimensión transhistórica que muta y renace bajo ropajes adaptados a las condiciones del siglo XXI. Es en la categoría de posfascismo donde Renovación Popular encuentra su correspondencia más nítida. El posfascismo designa a los movimientos de derecha radical surgidos tras el colapso del comunismo histórico que ya no apelan a mitologías milenaristas ni al racismo biológico del pasado, sino que canalizan las angustias colectivas a través del conservadurismo identitario, la defensa de la civilización occidental amenazada, la demonización del enemigo cultural y el recurso a un Estado policial punitivo para someter a los grupos subalternos.

En esta perspectiva posfascista, Renovación Popular despliega una violencia simbólica extrema que reemplaza la antigua persecución étnica por la estigmatización moral y política del disidente. Al descalificar a las izquierdas como una aberración delictiva que debe ser extirpada de la legalidad institucional, suscribe una lógica de depuración cívica que corroe el corazón del pluralismo democrático. Tal como advirtiera Theodor W. Adorno en sus reflexiones sobre el autoritarismo, el mayor riesgo para las sociedades contemporáneas no reside en los grupos que atacan la democracia desde sus márgenes externos, sino en las pulsiones autoritarias y excluyentes que crecen, se normalizan y ejercen el poder desde el interior mismo de las instituciones republicanas. Renovación Popular es precisamente eso: una derecha radical de conservadurismo confesional y libre mercado que habita el cuerpo procedimental de la democracia únicamente para vaciarla metódicamente de su sustancia deliberativa, laica y garantista.

El itinerario discursivo y práctico de Renovación Popular desvela las profundas fracturas del proceso político peruano contemporáneo. Al articular el integrismo confesional, la intransigencia neoliberal y la conceptualización de los opositores como enemigos públicos que ameritan la proscripción legal, el partido expresa una respuesta de preservación de clase frente al avance del pluralismo secular y las demandas de democratización e igualdad sustantiva. Lejos de representar una alternativa de regeneración republicana, la doctrina de esta formación clausura el horizonte deliberativo y empuja el debate hacia los límites de la intolerancia política, donde la discrepancia cívica deja de ser reconocida como un derecho democrático para convertirse en un blanco que debe ser administrativamente purgado del espacio estatal.

Referencias bibliográficas

Bobbio, N. (1995). Derecha e izquierda: Razones y significados de una distinción política (A. Picone, Trad.; 2.ª ed.). Taurus.

Eccleshall, R., Geoghegan, V., Jay, R., & Wilford, R. (1999). Ideologías políticas (J. Moreno San Martín, Trad.; 2.ª ed.). Tecnos.

Schmitt, C. (1991). El concepto de lo político (R. Agapito, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original publicada en 1932).

Traverso, E. (2016). Espectros del fascismo: Metamorfosis de las derechas radicales en el siglo XXI (G. Muñoz, Trad.).