La falsa creencia de que gobernar es legislar

La discusión sobre la delegación de facultades legislativas me ha llevado a reflexionar sobre algo que a estas alturas debería ser obvio para todos los peruanos: gobernar no es solo legislar. Cambiar las normas puede ser necesario, pero no sustituye la capacidad de tomar decisiones, ejecutarlas y responder por sus resultados.

Con demasiada frecuencia, el debate público se concentra en las leyes que deben aprobarse o modificarse. Los gobiernos anuncian reformas y los opinólogos reclaman nuevas disposiciones, como si su publicación bastara para transformar la realidad. Mientras tanto, quedan pendientes las preguntas decisivas: ¿quién ejecutará lo dispuesto?, ¿con qué recursos?, ¿en qué plazo?, ¿cómo sabremos si funcionó?

La misma confusión aparece frente a la corrupción. Cabe revisar las normas cuando dejan espacios para la impunidad, pero también hay que hacer funcionar los controles, investigar y sancionar. Una disposición más severa sirve de poco si las instituciones encargadas de aplicarla carecen de capacidad o si quienes deben cumplirla encuentran cómo eludirla. El anuncio de una reforma no puede convertirse en otro modo de hacer borrón y cuenta nueva.

Por eso, creer que el gobierno mejorará por el solo hecho de recibir facultades legislativas es una ilusión que deberíamos abandonar. La discusión exige que el Ejecutivo explique qué obstáculos legales le impiden actuar y por qué necesita la delegación para superarlos. También debe precisar qué hará después de aprobadas las normas. Si el problema es de gestión, coordinación o ejecución, corresponde explicar cómo se resolverá.

Tampoco basta con sostener que las facultades deben otorgarse porque otros gobiernos las recibieron. Que algo se haya hecho antes no demuestra que haya sido conveniente ni que deba repetirse. Lo razonable es examinar para qué sirvieron aquellas delegaciones, qué resultados produjeron y qué justifica la que ahora se solicita.

El Congreso tiene la responsabilidad de legislar, y el Ejecutivo puede presentar proyectos y sustentar su urgencia. Si se propone recurrir a la delegación, corresponde justificar su necesidad, delimitar su alcance y explicar qué resultados se esperan. La discusión no debería agotarse en conceder o negar facultades: debe permitirnos entender cómo contribuirían a resolver los problemas del país.

Karen López Tello ofrece criterios útiles sobre el tema. Su planteamiento se refiere a la elección de candidatos, pero también permite evaluar a quienes ya gobiernan. La autora identifica cuatro dimensiones: criterio e integridad personal, experiencia de gestión con resultados, capacidad de ejecución y habilidad política para construir acuerdos sin perder el rumbo.

La distinción entre experiencia política y experiencia de gestión merece especial atención. Haber ocupado cargos, intervenido en debates o producido leyes no demuestra, por sí mismo, capacidad para conducir el Estado. Hace falta saber qué decisiones tomó una persona, qué dificultades enfrentó y qué resultados consiguió. La trayectoria debe examinarse, no darse por buena por el solo hecho de existir.

Algo semejante ocurre con las propuestas. Aumentar la presencia policial requiere reclutar, formar y desplegar efectivos, además de coordinar con el sistema de justicia. Ampliar las oportunidades educativas exige decidir cómo distribuir recursos limitados y atender los aprendizajes básicos. Promover el emprendimiento supone enfrentar las dificultades que impiden a las empresas crecer y sostenerse. En todos estos casos, la norma puede ser un instrumento; el trabajo de gobierno consiste en hacer que ese instrumento produzca el efecto buscado.

A ello se añade la capacidad política. Ningún gobierno actúa solo: necesita coordinar instituciones, construir acuerdos y sostener decisiones bajo presión. Negociar forma parte de esa tarea, pero exige criterio para distinguir entre una concesión necesaria y una renuncia al propósito que se pretende alcanzar.

El gobierno debe explicar qué problemas requieren nuevas normas y cómo piensa convertirlas en resultados. Las facultades legislativas no sustituyen el criterio, los equipos ni la capacidad de ejecución. Por eso, su desempeño tendrá que medirse por los problemas que resuelva y las mejoras que produzca en la vida de los ciudadanos. Ojalá lo entienda y actúe en consecuencia. De lo contrario, volveremos a comprobar que las leyes pueden cambiar mientras los problemas permanecen.