José Domingo Pérez: "Nunca me perdonaron haber llevado a Keiko Fujimori al banquillo"

La conversación tuvo lugar antes de la segunda vuelta electoral y antes de que el Congreso aprobara un informe que propone denunciar a José Domingo Pérez por su actuación en el caso Lava Jato. Fiscal durante más de dos décadas y una de las figuras más reconocibles de las investigaciones que marcaron la política peruana de los últimos años, Pérez reflexiona sobre su decisión de asumir la defensa de Pedro Castillo, así como sobre justicia, poder, memoria, terruqueo y libertades democráticas, mientras enfrenta una nueva arremetida de sectores políticos —particularmente vinculados al fujimorismo y sus aliados— que nunca le perdonaron haber impulsado las investigaciones que llevaron a Keiko Fujimori y a otros actores del poder al centro de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas.

¿Qué significó para usted verse obligado a dejar una institución en la que desarrolló toda su carrera profesional?

Creo que esto le puede pasar a cualquier fiscal o juez de carrera. Nadie ingresa pensando que su trayectoria terminará antes de lo previsto. Yo ingresé al Ministerio Público a los 25 años, ahora estoy por cumplir 50 años; son más de dos décadas como fiscal.

A esta edad, la expectativa natural es culminar la carrera dentro de la institución y seguir ascendiendo. Mi proyecto siempre fue ese. Por eso resultan malintencionadas algunas críticas que sostienen que, como no aprobé un concurso para juez en 2023, mi carrera estaba estancada. Al contrario, era una muestra de que seguía apostando por progresar dentro del sistema de justicia, ya sea como fiscal o como juez.

Sin embargo, llegan momentos que uno no prevé. Mi proceso de ratificación había permanecido paralizado desde 2017 debido a la desactivación del entonces Consejo Nacional de la Magistratura. La Junta Nacional de Justicia retomó el procedimiento y, en 2024, recibí un informe favorable para mi ratificación. Por eso fue una sorpresa encontrarme después con un informe desfavorable impulsado por la presidenta de la JNJ, sin que se me permitiera ejercer adecuadamente mi defensa, lo que finalmente derivó en mi no ratificación.

Si alguien me pregunta si tenía planificado qué haría después de dejar la Fiscalía, la respuesta es no. Cuando uno deja una institución en la que ha pasado más de veinte años, tiene que reinventarse profesional y personalmente, y encontrar nuevas formas de servir al país.

Usted ha presentado recursos contra esa decisión.

Por supuesto. Que no pueda regresar a la Fiscalía no significa que renuncie a defender mis derechos. He interpuesto recursos contra la decisión de la Junta Nacional de Justicia porque considero que se vulneraron garantías fundamentales. No se me permitió ejercer plenamente mi defensa ni conocer oportunamente los cuestionamientos que se utilizaban en mi contra.

Lo normal en cualquier procedimiento de esta naturaleza es que la persona conozca los informes y pueda responderlos. A mí nunca se me notificó oportunamente el informe de la señora María Teresa Cabrera, que recomendaba mi no ratificación. Ese documento se basaba principalmente en denuncias presentadas por sectores apristas durante los últimos años, denuncias que terminaron siendo archivadas.

Incluso cuando se archivó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y yo lo señalé públicamente, la resolución de no ratificación terminó incorporando una referencia a ese caso archivado para sostener, de manera subjetiva, que mi conducta no era idónea para el cargo. Eso me parece una conclusión arbitraria.

Quienes investigamos casos complejos solemos ser denunciados por las partes afectadas. Eso ocurre con jueces y fiscales de todo el país. Lo preocupante es convertir esas denuncias, aunque hayan sido archivadas, en un criterio para cuestionar la permanencia de un magistrado.

Durante años fui objeto de investigaciones patrimoniales, revisiones de movimientos financieros y todo tipo de controles. Todo terminó archivado. Sin embargo, esas denuncias fueron utilizadas para construir una narrativa que cuestionaba mi idoneidad.

Si esa práctica se consolida, cualquier juez o fiscal independiente podrá ser objeto de campañas de denuncias destinadas a afectar su carrera. Eso representa un serio problema para la institucionalidad democrática.

¿Detrás de esa decisión hubo una represalia política?

Es una posibilidad evidente. ¿Cómo puede llegar a la presidencia de la Junta Nacional de Justicia una persona vinculada políticamente a sectores cuyos líderes han sido investigados en casos que yo tuve a mi cargo? La pregunta es legítima.

También me pregunto por qué existía tanta urgencia para resolver mi caso sin poner en mi conocimiento ese informe y sin permitirme responderlo en una audiencia pública. Si todas las afirmaciones contenidas allí eran sostenibles, ¿por qué no permitir el debate y la contradicción?

Tengo dudas de que muchos de quienes hoy ocupan cargos institucionales sean plenamente conscientes de la responsabilidad que asumen cuando toman decisiones al margen de la ley. Esas decisiones pueden generar consecuencias administrativas, políticas e incluso penales.

¿Siente que el país ha cambiado en los últimos años?

Definitivamente. Hoy el discurso del odio y la intolerancia se ha intensificado en distintos sectores de la sociedad. Pongo un ejemplo. Desde que asumí la defensa de Pedro Castillo he escuchado todo tipo de calificativos en mi contra. Sin embargo, muy pocas personas se han tomado el trabajo de preguntarme por qué tomé esa decisión profesional.

He escuchado cuestionamientos provenientes de comentaristas, medios tradicionales y líderes de opinión que jamás solicitaron mi versión. Esa falta de disposición al diálogo es una muestra de la polarización que vivimos.

Además, observo que se han instalado ciertas afirmaciones como verdades absolutas sin que exista una discusión rigurosa sobre los hechos. Se intenta equiparar lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022 con el 5 de abril de 1992, cuando existen diferencias sustanciales entre ambos episodios.

No estoy diciendo que todos deban compartir mi posición, pero sí que los debates públicos deberían desarrollarse con mayor rigurosidad y menos consignas.

¿Le sorprendió la reacción por asumir la defensa de Pedro Castillo?

Me llamó la atención porque parece existir una doble vara. Algunos consideran que soy un abogado de prestigio, pero al mismo tiempo cuestionan que ese prestigio pueda ponerse al servicio de la defensa de Pedro Castillo. Mi pregunta es sencilla: ¿por qué él no merecería esa misma defensa?

Además, no he visto que el mismo nivel de cuestionamiento recaiga sobre otros exjueces o exfiscales que hoy ejercen la defensa de personas investigadas por corrupción o lavado de activos. Pongo el ejemplo del doctor César San Martín. Se retiró de la Corte Suprema con una reconocida trayectoria, pero hoy integra un estudio jurídico que defiende a personas naturales y jurídicas involucradas en casos de corrupción y lavado de activos. Sin embargo, no he visto que se le dediquen editoriales ni campañas de cuestionamiento por ejercer esa labor.

En mi caso, ninguna gran firma legal de Lima me abrió las puertas después de mi salida de la Fiscalía. Por eso me pregunto si esa situación es consecuencia de haber investigado a quienes conservan importantes cuotas de poder en el país. Hay sectores que parecen considerar imperdonable que se haya investigado a determinadas figuras políticas. Como señaló alguna vez Alberto Vergara, existen grupos privilegiados que parecen no poder ser tocados. Nunca me perdonaron haber llevado a Keiko Fujimori al banquillo. Da la impresión de que haber investigado a Keiko Fujimori y haberla sentado en el banquillo de los acusados se ha convertido en una suerte de condena permanente para mí, como si la sanción fuera una especie de muerte moral dentro de determinados sectores de la sociedad.

Supongo que ahora Alberto Vergara estará más bien entre quienes se burlan de que usted haya asumido la defensa de Pedro Castillo. 

Bueno, Vergara ha sostenido recientemente que el autogolpe de Fujimori es similar a lo que hizo el presidente Castillo. Creo que existe una diferencia fundamental entre el 5 de abril de 1992 y el 7 de diciembre de 2022. El 5 de abril dio inicio a una década de régimen autoritario. El 7 de diciembre, en cambio, fue el desenlace de un año y más de cuatro meses de confrontación política permanente contra el presidente Pedro Castillo.

Pedro Castillo sostuvo que aquella proclama respondía a lo que él consideraba una salida en beneficio del pueblo. Se puede discrepar de esa posición, por supuesto, pero no creo que eso justifique los calificativos despectivos con los que suele ser tratado. Si vamos a juzgar a una persona, hagámoslo a partir de sus actos y de sus consecuencias concretas.

Desde el punto de vista político, el propio Congreso archivó la acusación por rebelión. Desde el punto de vista penal, basta revisar la sentencia para advertir que no existe una sola línea que sostenga la existencia de una rebelión consumada. Y esa no es responsabilidad de la defensa. El Poder Judicial simplemente no encontró los elementos legales para afirmar algo distinto.

Resulta difícil sostener que la lectura de una proclama, que no modificó efectivamente el funcionamiento del Estado ni alteró el orden constitucional, pueda justificar más de once años de privación de libertad. Al final, quienes asumieron el poder fueron precisamente quienes se encontraban en la línea de sucesión establecida por la Constitución.

Por eso considero que Pedro Castillo fue objeto de un trato excepcional desde antes incluso de asumir la Presidencia. Hubo sectores que no aceptaron su triunfo electoral, que cuestionaron permanentemente su legitimidad durante el gobierno y que finalmente impulsaron su vacancia. Lo preocupante es que esa narrativa, inicialmente promovida por los sectores más intolerantes, ha terminado siendo asumida también por espacios que antes se presentaban como moderados. Hoy resulta cada vez más difícil distinguir unos de otros.

¿Existe clasismo detrás de esas reacciones?

Creo que existe discriminación. No sé si únicamente clasismo, pero ciertamente hay una tendencia a considerar que algunas personas merecen defensa y otras no. Toda persona tiene derecho a ser defendida. Ese es un principio básico del Estado de derecho. Sin embargo, cuando se trata de Pedro Castillo, pareciera que algunos sectores olvidan esa regla elemental.

También observo una fuerte defensa del statu quo. Durante el gobierno de Castillo no se modificó el régimen económico, no se expropió propiedad privada ni se impulsaron cambios estructurales de la magnitud que muchos denunciaban. Sin embargo, se construyó una narrativa de permanente amenaza.

Mientras tanto, el país ha experimentado transformaciones institucionales importantes impulsadas por quienes se presentaban como defensores del orden existente.

¿Qué tanto le ha afectado todo esto en lo personal?

Durante mi etapa como fiscal nunca trabajé pensando en la popularidad. Valoraba el reconocimiento ciudadano, pero lo entendía como un respaldo al trabajo institucional del Ministerio Público.

Ahora, fuera de la Fiscalía, percibo sentimientos encontrados en ciertos sectores sociales. Creo que gran parte de ello responde a procesos de desinformación.

La desinformación no es un fenómeno exclusivamente peruano; forma parte de una dinámica global. Sin embargo, en el Perú ha alcanzado niveles preocupantes. Hemos llegado al punto en que empresarios investigados por determinados delitos pueden adquirir medios de comunicación y utilizarlos para influir en la percepción pública sobre quienes los investigan.

Eso termina afectando no solo a las personas involucradas, sino también a la calidad del debate democrático.

¿Ha perdido amistades por asumir la defensa de Pedro Castillo?

No podría decirlo en esos términos. Lo que sí me llama la atención es la falta de solidaridad que he recibido de algunos colegas del sistema de justicia. Entiendo que muchos prioricen la estabilidad de sus carreras. Sin embargo, creo que no siempre dimensionan las consecuencias que tendrán para la institución los cambios que hoy se están produciendo.

No he recibido el respaldo que sí han obtenido otros magistrados en situaciones recientes. Probablemente mi participación en determinados casos generó tensiones internas. Investigar a Keiko Fujimori producía temor en ciertos sectores de la Fiscalía y eso es algo que no podemos ignorar.

Aun así, espero que muchos de mis excolegas reflexionen sobre las consecuencias que estas decisiones pueden tener para la independencia judicial, para el Ministerio Público y para la democracia en general.

¿Mantiene relación con Rafael Vela?

Tenemos una relación cordial y de respeto. Seguimos en comunicación porque ambos fuimos identificados públicamente como los rostros más visibles del caso Lava Jato, aunque en realidad participaron muchos otros fiscales.

Sin embargo, se construyó una estrategia comunicacional que concentró la atención sobre Rafael Vela y sobre mí porque era más rentable dirigir los ataques contra dos personas concretas que contra un equipo amplio y disperso.

En mi caso, además, me correspondió asumir la investigación contra Keiko Fujimori. Era un caso que nadie quería tomar en 2017. Basta revisar los registros periodísticos de la época para comprobar las presiones que existían para que esa investigación no avanzara.

Mirando hacia atrás, ¿qué reflexión le deja todo aquello?

Todavía no puedo formular una conclusión definitiva porque la historia no ha terminado. El caso Cócteles sigue teniendo capítulos pendientes. Existen recursos de apelación y de casación que aún deben resolverse.

Por eso considero prematuro extraer una reflexión final. La película todavía no ha terminado. Lo que sí ha cambiado es el interés mediático. Hoy parece existir menos disposición para seguir de cerca esos procesos que antes ocupaban la atención nacional.

Ustedes terminaron siendo los rostros más visibles de Lava Jato.

Claro, porque a mí me tocó asumir el caso más complejo y políticamente sensible: la investigación contra Keiko Fujimori. Fue un caso que nadie quería conocer en 2017. Basta revisar los archivos periodísticos de la época. Había preguntas constantes sobre por qué no avanzaba la investigación, sobre las anotaciones de Marcelo Odebrecht y sobre los aportes a la campaña. Existía una fuerte resistencia a investigar.

¿Y cómo vivió esa experiencia?

Era parte de mi trabajo. Uno no conoce el desenlace de una historia mientras la está viviendo. Las reflexiones finales llegan cuando el proceso termina, y en este caso la historia todavía no ha concluido.

El caso Cócteles sigue abierto en varios aspectos. Aún existen recursos pendientes de resolución. Está la apelación relacionada con el archivo parcial de la investigación y también el recurso de casación respecto de la anulación del juicio oral. Por eso considero prematuro hacer una evaluación definitiva.

Lo que sí ha cambiado es el interés público. Antes el caso ocupaba titulares todos los días. Hoy ya no existe la misma atención mediática. Ocurre también con otros procesos, como el de Susana Villarán. Da la impresión de que, una vez alcanzados determinados objetivos políticos, desaparece el interés por seguir informando.

Se le cuestiona que el caso demoró demasiado y que la acusación se sustentaba en un delito que, según algunos críticos, no existía al momento de los hechos.

Hay cosas que pudieron hacerse mejor. Sería absurdo sostener que todo fue perfecto. Sin embargo, uno de los principales problemas fue la incapacidad institucional para contrarrestar la desinformación.

Por ejemplo, se repite constantemente que la investigación demoró demasiados años. Los hechos muestran otra cosa. La información relevante sobre los aportes de Odebrecht se conoce en 2017; la investigación preparatoria se formaliza en 2018; la acusación se presenta entre 2020 y 2021, dentro de los plazos previstos para casos de criminalidad organizada. A partir de allí, el expediente pasa principalmente al ámbito judicial.

Durante ese tiempo se instaló la narrativa de que la Fiscalía no hacía su trabajo, que la acusación era devuelta permanentemente o que el caso estaba mal construido. Se llegó a afirmar que la acusación había sido devuelta diecinueve veces. Lo sorprendente es que esa afirmación terminó apareciendo incluso en decisiones posteriores, pese a que bastaba revisar el expediente para verificar los hechos.

A ello se sumó una campaña permanente de denuncias contra mi persona: investigaciones por enriquecimiento ilícito, acusaciones de conspiración, cuestionamientos sobre supuestos vínculos indebidos con periodistas y otras imputaciones que finalmente no prosperaron porque eran falsas. Todo eso formó parte de una estrategia orientada a debilitar el caso.

¿Y qué responde a quienes sostienen que se utilizó un delito que no existía al momento de los hechos?

Si esa afirmación fuera correcta, alguien tendría que explicar por qué existen otros procesos similares que sí han sido considerados válidos por el sistema de justicia.

La ley de lavado de activos existe en el Perú desde 2002. Las modalidades de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia estaban vigentes mucho antes de los hechos investigados en el caso Cócteles. Además, el Perú tiene obligaciones internacionales derivadas de instrumentos como las convenciones de Palermo y Mérida.

Lo que se investigó fue la incorporación de dinero de procedencia ilícita al sistema financiero mediante mecanismos destinados a ocultar su origen. Esa era la tesis fiscal y se sustentaba en tipos penales vigentes.

Por eso considero incorrecto afirmar que la Fiscalía utilizó una figura penal inexistente. De hecho, incluso magistrados del propio Tribunal Constitucional reconocieron que la calificación jurídica empleada por la Fiscalía correspondía a normas vigentes al momento de los hechos.

Lo que ocurrió después fue una utilización de la justicia constitucional para intervenir en un proceso judicial en trámite. Ese es un debate mucho más profundo, porque involucra principios de autonomía judicial y separación de funciones.

¿Se considera una persona punitivista?

No. Además, hay que distinguir funciones. El juez debe ser imparcial. El fiscal debe ser objetivo. Muchas veces se confunden ambos conceptos. El fiscal tiene la obligación de sostener una tesis acusatoria cuando considera que existen elementos suficientes para ello. Eso no significa actuar con arbitrariedad.

Por el contrario, en una sociedad atravesada por la desinformación, el fiscal también tiene la responsabilidad de explicar públicamente sus decisiones dentro de los límites que establece la ley.

Lo paradójico es que muchas de las críticas que antes se hacían a determinados fiscales hoy desaparecen cuando quienes realizan declaraciones públicas son otras autoridades. Existe una evidente doble vara.

Si tuviera la oportunidad de impulsar una reforma del sistema de justicia, ¿qué cambios considera prioritarios?

Creo que existe un consenso nacional respecto de que el sistema necesita una reforma profunda. La situación actual es insostenible.

Tenemos casos de autoridades cuestionadas que ocupan posiciones decisivas dentro de las instituciones. También observamos decisiones contradictorias y procesos que generan serias dudas sobre su legitimidad.

Cualquier reforma debe partir de un gran acuerdo político y social. Primero es necesario diagnosticar qué ha ocurrido en los últimos años y determinar cómo determinadas instituciones terminaron favoreciendo intereses específicos.

No estoy hablando de intervenir el sistema de justicia. Eso sería repetir errores del pasado. Hablo de fortalecer la independencia, los mecanismos de control y los procesos de selección.

Existen experiencias internacionales que podrían servir de referencia. En algunos países se establecieron mecanismos de acompañamiento internacional para apoyar reformas institucionales. Son modelos que podrían discutirse en el Perú. Lo fundamental es recuperar la confianza ciudadana y garantizar que el acceso a la magistratura responda al mérito y no a intereses políticos.

La discusión sobre nuestra historia reciente continúa marcada por el terruqueo.

Me parece preocupante que siga utilizándose como herramienta de descalificación política.

Durante algunos años parecía que esa práctica estaba perdiendo fuerza, pero regresó con intensidad después de la caída del gobierno de Pedro Castillo.

El problema es que se termina utilizando una acusación extremadamente grave para desacreditar a personas que simplemente sostienen posiciones distintas.

Yo mismo fui víctima de ello. Recuerdo que en 2017 se me acusó de simpatizar con el terrorismo simplemente por haber señalado, en un evento académico internacional, que el Perú vivió un conflicto armado interno. Una afirmación respaldada por abundante literatura especializada y por organismos nacionales e internacionales. Ese tipo de etiquetas empobrece el debate público y dificulta cualquier discusión seria sobre nuestra historia reciente.

¿No cree que procesos como Perseo u Olimpo plantean serios cuestionamientos sobre la protección de las libertades fundamentales en el Perú? 

Creo que existen excesos que deben ser revisados. He escuchado testimonios de personas afectadas por esos procesos y considero que corresponde analizar cuidadosamente si la aplicación de determinadas figuras penales está siendo compatible con los principios de un Estado democrático.

La solución pasa por una mejor formación de jueces y fiscales, una interpretación rigurosa de la ley y una clara delimitación entre conductas delictivas y ejercicio legítimo de derechos fundamentales.

Cuando el sistema empieza a perseguir expresiones, opiniones o conductas que no representan un riesgo real para el orden democrático, se generan problemas muy serios para las libertades públicas.

Si una persona ya cumplió la condena que le impuso la justicia, ¿es legítimo seguir excluyéndola de la vida social por los mismos hechos por los que ya fue sancionada? 

Ese es precisamente uno de los fines esenciales de la pena: la resocialización. Una vez cumplida la condena, la regla general es que la persona pueda reincorporarse a la vida social y ejercer sus derechos, salvo aquellas limitaciones que la propia ley establezca de manera expresa.

Si el Estado sostiene que alguien ha cumplido su condena y ha sido resocializado, entonces debe existir coherencia entre ese principio y el trato que posteriormente recibe esa persona dentro de la sociedad.