Internas rechazan estrategia de defensa de Betsy Chávez

Familiares de las internas del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos difundieron un comunicado en el que rechazan categóricamente la estrategia legal adoptada por la ex primera ministra Betsy Chávez. El pronunciamiento califica de “infame” la utilización de denuncias sobre supuestas amenazas a su integridad como parte de una táctica de defensa judicial.

La declaración busca diferenciar la situación personal de Chávez, encarcelada por un proceso político-judicial de alta resonancia, de la experiencia colectiva de cientos de mujeres que enfrentan cotidianamente condiciones adversas en el penal sin acudir a señalamientos que, según ellas, pueden poner en riesgo la frágil convivencia lograda a lo largo de años.

La naturaleza política de su encarcelamiento

El documento difundido por los familiares no desconoce el origen político de la detención de Betsy Chávez. Reconoce, de hecho, que su prisión preventiva responde a una ofensiva de los grupos de poder que controlan las instituciones del Estado peruano. Ese diagnóstico coincide con el argumento de la defensa de Chávez: se trata de un juicio con trasfondo político más que estrictamente penal.

Sin embargo, el comunicado enfatiza un punto clave: las internas no tienen responsabilidad alguna en esa situación. Se trata de mujeres que cumplen condenas o enfrentan procesos judiciales en condiciones de encierro duras, muchas veces desatendidas por el Estado.

El mensaje es claro: el debate sobre la persecución política a Betsy Chávez debe librarse en los tribunales y en la arena política, pero no trasladarse a las dinámicas internas del penal, donde la convivencia depende de un delicado equilibrio entre mujeres privadas de libertad.

El cuestionamiento a la estrategia de defensa

La crítica principal de los familiares radica en que la estrategia de Chávez busca introducir la idea de que su integridad está en riesgo por las acciones o actitudes de otras internas. Según el comunicado, al hablar de “prisioneras con poder adquisitivo que ejercen control” o de “internas confabuladas”, Chávez estaría construyendo un relato que, además de carecer de fundamento, pone bajo sospecha a todo un colectivo que lucha desde hace años por mantener la solidaridad y la disciplina al interior del penal.

Los familiares recuerdan que las acusaciones de Chávez no son nuevas: en diversas audiencias y comunicados, la ex ministra ha denunciado supuestas redes de corrupción, tráfico de influencias y tratos preferenciales dentro de la prisión. Incluso ha señalado a funcionarios penitenciarios de actuar en complicidad con algunas reclusas. Frente a ello, el comunicado advierte que esas afirmaciones no solo carecen de pruebas sólidas, sino que pueden legitimar medidas de mayor represión por parte del INPE y del propio Poder Judicial.

Condiciones de vida y resistencia en el penal

Uno de los pasajes más enfáticos del comunicado resalta las condiciones de vida que enfrentan diariamente las internas del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Se trata de un régimen penitenciario duro, con limitaciones de acceso a salud, educación, alimentación adecuada y contacto con familiares. Pese a ello, han logrado construir espacios de resistencia cotidiana basados en la solidaridad mutua, la creatividad y la disciplina autoimpuesta.

Los familiares destacan que esa convivencia ha sido fruto de años de esfuerzo colectivo, de estrategias de sobrevivencia que han permitido sobrellevar un sistema penitenciario históricamente caracterizado por el hacinamiento, la falta de recursos y la negligencia institucional. Señalan que la dignidad que hoy sostienen no puede ponerse en riesgo por declaraciones que resultan dañinas para el frágil entramado de convivencia interna.

La figura de Betsy Chávez en el escenario político y judicial

El caso de Betsy Chávez ocupa un lugar central en la política peruana reciente. Abogada de profesión, congresista y luego ministra de Trabajo y finalmente presidenta del Consejo de Ministros bajo Pedro Castillo, su destino quedó marcado tras los hechos del 7 de diciembre de 2022. Acusada de rebelión y conspiración, la ex primera ministra fue sometida a prisión preventiva, medida que se ha ido extendiendo en el tiempo y que podría prolongarse hasta 2026.

Desde el penal, Chávez ha mantenido una postura desafiante: ha denunciado torturas, dopaje forzado con medicamentos, restricciones para acceder a su defensa y actos de hostigamiento. Ha llegado incluso a iniciar huelgas de hambre, la más reciente de ellas en modalidad “seca”, en la que anunció que no aceptaría atención médica ni reanimación.

El comunicado de los familiares debe leerse en este contexto: no se trata de negar que el encarcelamiento de Chávez sea político, sino de rechazar que ese diagnóstico se traduzca en acusaciones que comprometan la convivencia de las internas y expongan a las reclusas a una mayor represión. En otras palabras, los familiares recuerdan que la lucha por condiciones más humanas en los penales no puede ser sacrificada en función de estrategias individuales de defensa política o mediática.