El derecho a ser mala persona

Apuntes desde la izquierda contra la cultura de la cancelación.

En los últimos años, la izquierda ha incorporado un lenguaje de justicia que, paradójicamente, comienza a parecerse demasiado al del castigo. Bajo la promesa de reparación y escucha, se ha ido consolidando una práctica política que no debate, no procesa el conflicto y no transforma. Nombrar esta deriva resulta incómodo. Criticar la cultura de la cancelación suele leerse, de inmediato, como una concesión al conservadurismo o como una negación de violencias reales. Sin embargo, es precisamente desde una posición de izquierda que urge cuestionar esta lógica punitiva, moralizante y profundamente empobrecedora de la política.

La cultura de la cancelación no nació de la nada ni como una pulsión autoritaria. Tiene un origen reconocible y, en muchos sentidos, legítimo. Aparece como respuesta a una experiencia histórica concreta: la impunidad sistemática frente a violencias reales. Durante años —décadas—, denuncias de abuso, acoso o violencia sexual fueron desoídas por las instituciones. El movimiento #MeToo permitió visibilizar lo que había sido estructuralmente silenciado y rompió una lógica de sospecha permanente sobre la palabra de las víctimas. Ese gesto fue profundamente político y necesario.

Pero algo empezó a desplazarse. Lo que nació como una herramienta excepcional frente a la impunidad comenzó a funcionar como un mecanismo ordinario de regulación moral. En ese desplazamiento, la frontera entre justicia y castigo social se volvió cada vez más borrosa. Hoy, bajo una misma lógica de repudio, circulan denuncias de violación y relatos de infidelidad; se procesan agresiones sexuales y conflictos de pareja; se equiparan violencias estructurales con decepciones afectivas. Y lo más inquietante es que, frente a todo ello, se reacciona del mismo modo: con la expulsión.

Aquí hay un punto que la izquierda no puede seguir esquivando. No todo daño es delito. No todo comportamiento reprochable merece sanción pública. No todo conflicto íntimo puede ni debe convertirse en un juicio político. Hemos naturalizado una lógica según la cual toda experiencia subjetiva de malestar debe encontrar una traducción punitiva colectiva. En ese tránsito, la política se vacía y se reemplaza por moral.

Defender el derecho a ser una “mala persona” no es relativizar el daño, sino cuestionar la reducción del sujeto a una identidad moral total. La cancelación no juzga actos, fija esencias; no procesa errores, clausura trayectorias. Así, la política —hecha de conflicto, contexto y posibilidad de cambio— es reemplazada por una lógica casi religiosa de pureza y contaminación, donde solo cabe la exclusión.

Ser infiel, ser emocionalmente irresponsable, no saber comprometerse, actuar con egoísmo o cobardía afectiva puede ser moralmente criticable. Pero no es ilegal. No es delito. Y, sin embargo, hoy vemos cómo ese tipo de comportamientos se convierten en materia de cancelación, en argumentos para el ostracismo, en pruebas de una supuesta indignidad total. Se pasa del juicio de un acto al juicio sobre la persona entera. De un error, a una esencia.

Este movimiento es profundamente autoritario, aunque se exprese en lenguaje progresista. Porque no busca transformar comportamientos ni generar aprendizaje colectivo, sino depurar el espacio público. La cancelación no educa, expulsa. No repara, destruye. No politiza el conflicto, lo clausura.

Hemos pasado peligrosamente de la consigna “lo personal es político” a una cadena mucho más inquietante: lo privado es público, y lo íntimo se vuelve espectáculo. La exposición de la vida privada ya no cumple una función de denuncia estructural, sino que alimenta una economía moral de la indignación. El conflicto deja de ser algo que se procesa y se convierte en algo que se consume.

Otro rasgo central de esta cultura es el silencio que produce. Mucha gente no ve delito ni violencia en determinados casos, pero calla. Calla por miedo a ser señalada. Calla por cálculo político. Calla para no convertirse en el próximo objetivo. En público, se adhiere al repudio. En privado, escribe al cancelado, expresa dudas, muestra solidaridad. Esa hipocresía no es un fallo individual: es el resultado de una espiral del silencio que disciplina el disenso y empobrece el debate. No hay deliberación, sino que hay alineamiento.

La cultura de la cancelación no solo produce daño individual: reordena el campo político. Sustituye la construcción de mayorías por la lógica del escarnio, el conflicto por el miedo, la organización por la vigilancia mutua. Así, en lugar de disputar poder y ampliar lo decible, lo estrecha y lo fragmenta. Una izquierda que se gobierna como tribunal moral renuncia a la hegemonía y se acostumbra a perder.

A esto se suma una exigencia cada vez más explícita de perfección moral. La cancelación no solo sanciona hechos: exige arrepentimiento político. Pero no un arrepentimiento orientado a la comprensión del daño, sino uno ritualizado, casi religioso. Disculpas públicas que nunca alcanzan, confesiones que no redimen y aprendizajes que no rehabilitan. La lógica es clara: no hay retorno posible, no hay pedagogía y no hay reintegración.

En este clima, los sentimientos se santifican. El “yo sí te creo” —consigna crucial en contextos de violencia estructural— se transforma en un principio absoluto, indiferente al contexto, a la prueba, a la proporcionalidad. Creer se confunde con condenar y escuchar con destruir. Se borra una distinción fundamental para cualquier proyecto democrático: existen gradientes de violencia. No es lo mismo una violación que una relación afectiva fallida. No es lo mismo una agresión probada que una acusación sin contraste. Equipararlo todo no fortalece la lucha contra la violencia: la banaliza.

Mark Fisher lo vio antes de que el término “cancelación” se popularizara. En Salir del castillo de los vampiros, advertía sobre una izquierda atrapada en la política de la culpa, la humillación pública y la acumulación de capital moral. Una izquierda que, en lugar de construir poder, se fragmenta y se devora a sí misma. La cultura de la cancelación es la realización plena de ese diagnóstico.

Hay, finalmente, un principio que no podemos abandonar sin perder todo horizonte emancipador: el respeto a la dignidad humana, incluso cuando hay delito, y especialmente cuando puede no haberlo. Toda sociedad democrática debe proteger al inocente, evitar castigos irreversibles sin proceso, permitir la posibilidad de cambio y priorizar la pedagogía sobre la destrucción. Matar a alguien en sentido social no es un gesto simbólico menor. Tiene consecuencias reales, profundas y duraderas.

Una izquierda que confunde justicia con castigo y política con moral termina administrando identidades en lugar de disputar poder. La cancelación ofrece una ilusión de virtud en un contexto de derrota, pero no construye emancipación ni protege a los más vulnerables: los deja sin proyecto. Sin derecho al error, al conflicto y a la reintegración, no hay sujeto político, solo comunidades disciplinadas por el miedo. Y una izquierda que se organiza desde el miedo no fracasa por exceso de conflicto, sino por ausencia de política. La izquierda no se fortalece exigiendo pureza. Aceptar el conflicto, la ambigüedad y la imperfección no es renunciar a la justicia; es defenderla de su caricatura autoritaria.