El autoritarismo y la retórica de la “reconciliación”

1.- Una senda conservadora y autoritaria

Como a muchos ciudadanos de mi generación, la insensata segunda vuelta electoral y su resultado final me ha dejado particularmente dolido. No es para menos, muchos luchamos contra el fujimorismo en los noventa, y pensamos que, una vez recuperada la democracia al consolidarse un gobierno de transición, los remanentes de la dictadura de Alberto Fujimori no volverían a organizarse y alcanzar el poder. Nos equivocamos. A pesar de todos los esfuerzos de un sector importante de la ciudadanía, ese autoritarismo volverá. Este 28 de julio la heredera de la dinastía fujimorista se convertirá en la titular de la Presidencia de la República.

En gran medida, se trata de una cierta solución de continuidad frente al régimen “híbrido” que existe en el Perú desde 2022. En efecto, Fuerza Popular ha sido el núcleo “duro” del pacto conservador que gobernó el país desde el Congreso. Las leyes pro-crimen y las normas en favor de la impunidad, así como el control sobre las instituciones autónomas (y sobre los poderes del Estado) han sido fruto de las decisiones de una coalición que el fujimorismo ha liderado.

Muchos peruanos se hicieron de la vista gorda ante estas cuestionables acciones, de modo que apoyaron a la candidata Fujimori en nombre de la preservación del modelo económico que tanto costó a los peruanos proteger. Habría que preguntarse, en este sentido, si Keiko Fujimori está interesada realmente en zanjar la cuestión de si el parlamento tiene permitido o no quebrar la disciplina fiscal, conforme a lo establecido por la Constitución vigente. Su supuesta “ortodoxia económica” se pondrá a prueba si decide enfrentar el problema del déficit fiscal o si persistirá en la pésima política en la materia que ha aplicado su propia bancada dentro de la mencionada alianza legislativa.

Este 28 de julio Keiko Fujimori asumirá la dirección del gobierno nacional. La gran pregunta es qué caminos transitará su gestión. Una posibilidad es que su equipo siga la ruta del viejo fujimorismo, a saber, la conocida senda del autoritarismo y la imposición de la “mano dura” contra la oposición política y la prensa independiente, así como el proyecto de reescribir la historia de la dictadura de los años noventa, en torno a la corrupción y las violaciones de derechos humanos.

Otra opción es que ella decida hacer un cambio de estrategia, desarrollar una clase de ‘conversión política’ similar a la que emprendió Alan García en 2006, con el objetivo de corregir errores pasados, diseñando una agenda más amplia, pluralista y pragmática. En efecto, García se propuso entonces dejar atrás la historia de la hiperinflación y el caos de su primera administración planeando una nueva dirección gubernamental basada en la aplicación del modelo de la economía de mercado. Cabría plantear la cuestión de si la heredera del fujimorismo sería capaz de afrontar un cambio de rumbo semejante, o si seguirá la sombría estela de su padre (o quizá la estela sinuosa de Dina Boluarte).

Parece que la administración Fujimori Higuchi no aplicará la receta “revisionista” planteada por el segundo García. Sería ingenuo pensar que el fujimorismo pudiese transformar radicalmente su perspectiva y modificar su línea política, o abandonar sus prácticas habituales. Desde fines de 2022, el fujimorismo conduce el Estado a través del pacto conservador, siguiendo un programa de acción de ultraderecha. Efectivamente, la presidencia del Congreso ha promovido leyes que garantizan la impunidad de violadores de derechos humanos que cometan crímenes desde el Estado y vistiendo el uniforme. Ha aprobado leyes de amnistía, así como normas que permiten que delitos comunes puedan ser investigados y examinados desde el fuero militar y policial.

Esta medida haría posible que las fuerzas del orden se investiguen y se juzguen a sí mismas. Asimismo, una mayoría de este Congreso ha establecido que los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002 prescriban, contraviniendo abiertamente los estatutos de Roma y toda la legislación internacional en derechos humanos, En aquella misma dirección se han formulado condiciones absurdas para que determinados actos criminales puedan ser sindicados como delitos de lesa humanidad; desde aquellos parámetros, ni siquiera los crímenes de guerra nazis podrían ser caracterizados bajo esa categoría. Cabe preguntarse si en eso consiste el “orden” que el fujimorismo promete “recuperar” para el país.

Se trata de un evidente retroceso a los años noventa, con toda la carga de irrespeto a la dignidad y a la libertad de los ciudadanos. Para avanzar pisoteando todo resquicio de justicia y cultura de derechos, Keiko Fujimori no necesita dar un golpe de Estado, pues  ya ejerce un cierto control sobre la mayoría de las instituciones: el Tribunal Constitucional emite fallos que, a primera vista, favorecen al pacto congresal del que su bancada ha formado parte; la Junta Nacional de Justicia sanciona -coincidentemente- a jueces y fiscales que representan líneas de acción contrarias a sus intereses; la Defensoría del Pueblo toma medidas que convergen con las expectativas de quienes detentan el poder, y ha abandonado la tarea de emitir informes sobre el estado de los conflictos sociales en el Perú.

Solo algunos jueces mantienen una actitud de respeto a los principios de la justicia y la independencia de juicio, al inaplicar normas inconstitucionales o abiertamente violatorias de acuerdos internacionales que el país ha suscrito para defender derechos fundamentales. No obstante, como se sabe, el sector más “duro” del fujimorismo ha proclamado que “barrerá” con el Poder Judicial.

2.- El abuso de la “reconciliación” y el control sobre la memoria

Por supuesto, la organización de izquierda que llegó a la segunda vuelta tiene su cuota de responsabilidad por este retorno del fujimorismo al poder. La candidatura de Juntos por el Perú no generó un discurso potente sobre inclusión, justicia estructural y derechos humanos. De hecho, concentró su atención en la libertad de Pedro Castillo y en la convocatoria a una Asamblea Constituyente, causas que no podían calar con fuerza, por ejemplo, en el ciudadano que vota al centro y al centro izquierda,  perteneciente a un sector de la opinión pública que podría haber contribuido a reactivar el antifujimorismo al lado de otros colectivos y movimientos. Roberto Sánchez se mostró muy dubitativo para tomar la decisión de moverse hacia el centro y no terminó de comprender las preocupaciones del ciudadano común respecto de la estabilidad económica y su impacto en la calidad de vida de las personas.

El triunfo de Keiko Fujimori plantea muchos problemas para la democracia peruana. Después de tantos años de lucha ciudadana contra el autoritarismo, ese mismo autoritarismo ha retornado al poder ejecutivo por la vía electoral. Resulta claro que nos descuidamos gravemente, que no logramos construir una cultura política centrada en el cuidado de los derechos básicos y las libertades políticas.

La ausencia de esta cultura política nos deja en una condición de grave indefensión frente a la clara erosión del Estado de derecho, un proceso que tiene al menos una década de iniciado, pero que adquiere una fuerza singular desde el ascenso formal del fujimorismo en el gobierno. Probablemente la primera medida del segundo fujimorato consistirá en la reescritura de la historia y la imposición del negacionismo frente al cuidado de la memoria acerca del conflicto armado interno y la dictadura de los noventa. Viejos actores políticos del entorno fujimorista están atacando el trabajo del Lugar de la Memoria y, en general, los estudios sobre la memoria.

El plan fujimorista es muy claro. Se trata de socavar la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en torno al esclarecimiento de los hechos de violencia ocurridos entre 1980 y 2000 -articulado a la luz de sus causas y secuelas-, la asignación de responsabilidades de sus protagonistas, así como la recomendación de medidas institucionales y pedagógicas con el fin de que esta tragedia no se repita.

El fujimorismo y el ultraconservadurismo nacional no han logrado objetar con seriedad los hallazgos de la CVR, los argumentos y las evidencias que la Comisión exhibió para explicar la trama del proceso de la violencia. Tales observaciones no partieron del esfuerzo por leer el Informe, sino que se centraron en promover el prejuicio y el agravio. En los últimos días, Salomón Lerner Febres ha refutado con agudeza y severidad un artículo publicado en El Comercio que reproducía los lugares comunes a los que recurre la ultraderecha criolla para desacreditar falazmente la contribución de la CVR a la recuperación pública de la memoria.

Es un hecho conocido que los regímenes autocráticos o de “mano dura” han pretendido controlar el pasado como una condición esencial para controlar las vidas de las personas sometidas a su poder. Este fenómeno ha sido debatido en profundidad em la academia y en la esfera pública democrática, el diseño de una “historia oficial” que modifica la percepción del pasado para ejercer dominio sobre el presente^[1].

El despotismo se ha fundado siempre en la supresión de la memoria y la denuncia de la injusticia. Sucedió así en los Estados totalitarios bajo Hitler, Mussolini, Franco y Stalin. Pero es preciso señalar que la represión de la memoria se enmarca en un proyecto más amplio, el del control sobre el conocimiento y sobre el pensamiento. Pinochet y Videla, luego de capturar el poder, dispusieron el cierre de facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, la desactivación de institutos dedicados a la investigación, señalados como “espacios subversivos”, dedicados al cuidado del “marxismo cultural”. Incluso se quemaron libros y se vetó la lectura de ciertos autores.

En el Perú, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, esta actitud acerca de la educación se reformuló a la luz de los tiempos del “Consenso de Washington” y de lo que algunos denominaron “revolución neoliberal”. Tiempos de una mayor sutileza y de una maquiaveliana discreción, cabría decir.

En una época convulsionada por la violencia, se intervino la UNMSM y La Cantuta, se nombraron comisiones re - organizadoras, se promovieron cambios curriculares de un modo vertical. Se promulgó el Decreto Legislativo 882, que dio vida a las universidades privadas con formato empresarial y propósito de lucro. Un efecto de esta medida apuntaba ciertamente al debilitamiento de las ciencias sociales y humanas, así como de la centralidad de la teoría, en favor de las disciplinas técnicas y del “conocimiento aplicado” hacia el mercado. Se apuntaba asimismo a la despolitización de la universidad peruana y a la desvinculación de la misma respecto de la discusión sobre la memoria histórica.

En los últimos años, la coalición conservadora que ha regido el Congreso desmanteló la SUNEDU y se hirió de muerte la reforma universitaria. Desde los noventas hasta hoy, se han tomado decisiones políticas que erosionan gravemente el pensamiento crítico y socavan así la construcción de la ciudadanía. Se ha instalado en medio de la “clase política” criolla la sospecha sobre la reflexión y la crítica, en particular sobre los temas de justicia y derechos humanos.  Es preciso preguntarnos qué ocurrirá en esta materia educativa con la asunción del nuevo gobierno.

La presidenta electa ha señalado que la prioridad de su gobierno es alcanzar la reconciliación nacional. Como el lector comprenderá, no hay forma de tomar en serio estas expresiones. No es posible proponerse como meta la reconciliación cuando se ha propiciado la aprobación de leyes que imponen el olvido y la impunidad de los crímenes contra los derechos humanos cometidos por uniformados. No es posible perseguir estos objetivos y a la vez rechazar la exigencia ciudadana de escuchar a las víctimas de la protesta social, prometiendo solamente “obra pública” para las zonas en las que se perpetraron los delitos.

La promesa de “reconciliación” sin verdad y sin justicia solo es vana retórica y evasión de la cuestión fundamental, a saber, reparar el daño. La opinión pública sabe que negociar impunidad a cambio de obra pública constituye una ofensa contra quienes perdieron a sus seres queridos a causa de la represión.

No podemos hacer de la vista gorda ante el burdo desmontaje de la memoria y la búsqueda de justicia. Tenemos la obligación de recordar. Primo Levi señaló con rigor que el ejercicio de la memoria no es solo un derecho; en situaciones en los que la vida, la libertad y la dignidad están en juego, rememorar es un deber. Aunque el nuevo gobierno pretenda redefinir la línea museográfica del LUM e imponer un relato distorsionado de nuestra historia reciente, la evidencia acerca de la muerte prematura e injusta de tantos compatriotas es real y no puede ser borrada sin más.

Corresponde a los ciudadanos preservar la memoria a través de la evocación y discusión de las experiencias de dolor, heroísmo y compromiso con la justicia que conmovieron a nuestro país. Al interior de universidades, colegios profesionales, sindicatos e iglesias podemos -y debemos- examinar juntos aquello que vivimos y no debemos volver a vivir. El negacionismo no debe prevalecer entre los peruanos, en particular entre los más jóvenes. De nosotros depende que el silencio forzoso y el encubrimiento no se impongan en nuestra sociedad.

Somos ciudadanos -agentes políticos-, no súbditos. No se puede instalar en el Perú un régimen autoritario sin nuestra aquiescencia ¿Cómo podríamos contener y revertir la deriva autoritaria? Siguiendo el consejo de la tradición liberal, tenemos que ponerle límites al gobierno, defendiendo los principios y procedimientos que estructuran el Estado de derecho, salvaguardando la división de poderes, la autonomía de las instituciones y la acción cívica sostenida.

El fujimorismo ha llegado legítimamente al poder, por supuesto que sí. Ganaron. Aunque resulte doloroso, el resultado fue ese. Es obligación del nuevo gobierno proteger la legalidad, pero si abjurara de este compromiso -como podría avizorarse-, concierne a los ciudadanos de a pie intervenir en el espacio común para que las libertades básicas no sean recortadas y los derechos humanos se respeten sin restricción alguna. Los ciudadanos podemos resistir ante la autocracia y el negacionismo actuando juntos. Esa es nuestra responsabilidad; debemos estar dispuestos a hacerla valer desde el horizonte propio de la democracia.

[1] Cfr. Todorov, Tzvetan Los abusos de la memoria Barcelona, Paidós 2000 pp. 15-16.