Harta venta de humo en debate municipal

Trenes, hospitales, policías propias, expulsiones de extranjeros y hasta espionaje de comunicaciones: los candidatos a Lima ofrecieron en el debate del JNE lo que les corresponde a otros poderes del Estado.

Con lo prometido en el debate municipal, cualquier candidato necesitaría a la vez el Ministerio de Transportes, el del Interior, el de Educación, el de Salud, Migraciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial y hasta el Congreso. El Jurado Nacional de Elecciones reunió a trece candidatos el lunes 21 de septiembre en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, en San Borja, y a otros trece el martes 22, a menos de dos semanas de las elecciones del 4 de octubre. La inseguridad y el transporte dominaron las dos noches, que son los dos asuntos donde la Municipalidad de Lima tiene menos poder de decisión.

Rafael López Aliaga: prometer lo que ya no cumplió

En el debate prometió invertir más de 100 millones de soles en inteligencia municipal, instalar iluminación LED y cámaras en avenidas metropolitanas, construir la Vía Expresa Sur con cuatro puentes y los túneles Abancay y La Molina, reasumir la competencia de la ATU y dar tres comidas diarias en los colegios nacionales, con madres de familia cocinando e internet satelital.

Las dos últimas ofertas caen fuera de la Municipalidad. Un alcalde no puede reasumir lo que nunca fue suyo. La ATU es un organismo adscrito al MTC, y las competencias sobre el Metropolitano recaen en ella. Los colegios nacionales dependen del Ministerio de Educación y de sus UGEL. La alimentación escolar la ejecuta un programa nacional, y la conectividad de las escuelas no sale del presupuesto de una comuna. Alguien que ya fue alcalde debería saberlo.

El historial pesa. La República recordó que en su campaña de 2022 ofreció rutas del Metropolitano desde Carabayllo hasta la plaza San Miguel y por la Panamericana Sur, el tren Chosica–Callao, 12.000 cámaras con inteligencia artificial interconectadas y el alquiler de 10.000 motos policiales. Los vagones de la empresa Caltrain, que operó hasta fines de 2024, siguen almacenados en el Parque de la Muralla, y el proyecto solo contemplaba el tramo Lima–Chosica, no el Callao. A fines de 2023 se habían instalado más de 4.000 cámaras con IA, con una meta de 8.000 que tampoco se alcanzó, y de las 10.000 motos prometidas se habían entregado 1.000 al Serenazgo y 800 a la Policía Nacional hasta agosto de 2024. En marzo de 2025 la ATU declaró inviables los trazos de teleféricos que se prometían desde hacía una década. Las estructuras atrapanieblas inauguradas en 2023 las financió una ONG, no la municipalidad.

Su Vía Expresa Sur, la única obra de su lista que sí es municipal, dejó parques y losas deportivas demolidos en Surco y Barranco sin expediente técnico previo, con el rechazo de los vecinos y del entonces alcalde de Surco, Carlos Bruce. En el debate volvió a ofrecerla, con más puentes y túneles. Samuel Daza, de Fuerza Popular, le reprochó además haber dicho que no postularía.

Carlos Bruce: una policía que el alcalde no puede crear

Carlos Bruce, de Somos Perú, hizo de la creación de una Policía Municipal Metropolitana el eje de su propuesta de seguridad, pese a que la Municipalidad de Lima no puede crear por sí sola un cuerpo policial de esas características. La propuesta contempla reemplazar al serenazgo por una fuerza integrada por licenciados de las Fuerzas Armadas para atender robos, hurtos y asaltos, mientras la PNP se ocuparía de delitos como la extorsión y el sicariato. Para crearla se requiere una ley del Congreso, porque la organización y las funciones de los cuerpos policiales corresponden al ámbito nacional.

La misma lógica aparece en otras de sus principales promesas. Bruce ofreció construir 10.000 viviendas mediante un programa denominado “Techo Propio Limeño”, que requeriría bonos y recursos del Ministerio de Vivienda. También planteó una oficina municipal para acelerar la titulación de predios, una tarea que involucra a COFOPRI. En transporte prometió cinco corredores segregados y una red de semáforos inteligentes financiada con un crédito del Banco Mundial, aunque la planificación y gestión del transporte público en Lima y Callao corresponde a la ATU y un financiamiento de ese tipo requiere la intervención de otras instancias del Estado.

Daniel Urresti: cien capturas por día con policías ajenos

Urresti, de Podemos Perú, prometió desplegar 100 equipos Terna para capturar a 100 delincuentes diarios, entregar 1.000 patrulleros a la PNP y construir cuatro megacomplejos policiales en Lima Norte, Sur, Este y Centro. También ofreció que los detenidos serían sentenciados rápidamente y pasarían directamente a prisión.

Los equipos Terna, los patrulleros y los complejos policiales corresponden a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior. El alcalde tampoco puede disponer de las capturas que realiza la PNP, ordenar acusaciones al Ministerio Público ni acelerar las sentencias del Poder Judicial. Una municipalidad puede financiar equipamiento y acciones de seguridad ciudadana dentro de sus competencias, pero Urresti convirtió en promesas de su eventual gestión municipal decisiones que corresponden a la Policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial.

Francis Allison: expulsiones y recompensas

Allison propuso crear un serenazgo metropolitano con un efectivo policial armado por patrullero, cerrar los establecimientos de venta de bienes robados, ofrecer 25.000 soles por información que permita identificar a sicarios y cabecillas, y firmar convenios con Migraciones para financiar pasajes de expulsión de delincuentes extranjeros. Ese policía armado en cada patrullero es un agente de la PNP, y las expulsiones las decide Migraciones. Tampoco es municipal el sistema de recompensas por captura de delincuentes. El mismo Allison que rechazó la policía municipal de Bruce por inconstitucional propone un serenazgo que solo funcionaría con policías que la Municipalidad no puede asignar.

Policías a la medida

La ocurrencia de la policía propia no se agotó en Bruce. Luis Huette, de Pueblo Consciente, propuso una Policía Municipal armada con licenciados de las Fuerzas Armadas y la compra de 20.000 cámaras inteligentes. Samir Quispe, de Batalla Perú, anunció un grupo de élite llamado "Chavín", con licenciados con experiencia de combate urbano que portarían "armas letales" en las zonas más peligrosas. Edgardo de Pomar, del PPC, planteó autorizar armas de fuego y capacidad de arresto al serenazgo. Santiago Abarca, de Visión Perú, habló de empoderar a los ciudadanos mediante la legítima defensa y el arresto ciudadano, y Luis Miguel Llanos, de Progresemos, impulsar una ordenanza de Ley del Buen Samaritano para proteger a quienes defienden a terceros.

El uso de la fuerza armada para el orden interno pertenece a la Policía y a las Fuerzas Armadas. La detención la ordena un juez o la practica la Policía en flagrancia. Los límites de la legítima defensa los fija el Código Penal, una norma que aprueba el Congreso y no una ordenanza municipal. La Constitución dispone que las municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional. Es una función de apoyo y coordinación, no de mando.

Fiscales, jueces y espionaje

Elio Riera, de Alianza para el Progreso, propuso una red metropolitana de flagrancia conectada automáticamente con los serenazgos, las cámaras municipales, la Fiscalía y el Poder Judicial. Segundo Valdez, del Frepap, ofreció centrales de seguridad donde participe el Ministerio Público. La Fiscalía y el Poder Judicial son instituciones autónomas que no reciben instrucciones de un alcalde. Mónica Yaya, del APRA, fue la más audaz. Propuso solicitar la adquisición de la tecnología Pegasus para interceptar comunicaciones de bandas criminales. La interceptación de comunicaciones exige mandato judicial y la practican la Policía y el Ministerio Público, no un serenazgo.

Lo que sí le toca a la Municipalidad de Lima

Lima tiene competencias concretas sobre la limpieza pública y el manejo de residuos, el tránsito urbano, los semáforos, la señalización, las vías metropolitanas, la zonificación, el ordenamiento territorial, los parques y los espacios públicos. También puede organizar el serenazgo, instalar cámaras, mejorar la iluminación y coordinar con la Policía, aunque no puede reemplazarla ni asumir funciones de investigación criminal.

Ese es el terreno real en el que tendrá que moverse la próxima gestión, además de enfrentar una situación financiera complicada, con una deuda que supera los S/5.000 millones.