Educación sin coraje: el eterno retorno de lo mismo

En 2016 prometieron 6% del PBI. En 2021 repitieron la fórmula con variantes. En 2026 la apuesta subió al 8%. Pero el libreto es el mismo: más dinero, más colegios, más internet. Como si el problema fuera solo de insumos.

Mientras los candidatos compiten por quién promete más porcentaje del PBI, más metros cuadrados reconstruidos y más acceso a internet, el sistema educativo se ha ido transformando en algo que ya no se parece a una institución para educar. Se ha convertido en una máquina burocrática diseñada para protegerse de las denuncias, para cumplir directivas y para evitar sanciones. Y ninguno de los candidatos, en todo este tiempo, ha tenido el coraje de decirlo en voz alta.

La lógica es siempre la misma: la educación mejora si se le inyecta más dinero. Es la trampa del "más": más presupuesto, más colegios reconstruidos, más becas, más internet. Estos puntos comunes revelan un diagnóstico compartido: la educación peruana está en crisis por falta de recursos. Pero llevamos treinta años diagnosticando lo mismo sin resolverlo. Quizá porque el problema no es solo de recursos. Quizá porque el diseño institucional está podrido de raíz.

Hablemos del elefante que es el freno número uno al desarrollo educativo: el SíseVe

El SíseVe (Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar) nació con una buena intención. Pero lo que empezó como un mecanismo de protección se ha convertido en un monstruo burocrático que está paralizando la convivencia escolar. Y ningún candidato ha tenido el valor de señalarlo.

El protocolo del SíseVe exige que todo incidente de violencia o acoso sea reportado, sin importar la gravedad ni el contexto. Incidentes menores —un niño de cinco años que toca los genitales de otro por curiosidad, dos pequeños que se arañan en una pelea— deben ser registrados como acoso, con las mismas consecuencias que si se tratara de adolescentes o adultos.

¿Y qué pasa con esos registros? En el Perú no existe privacidad digital. Las bases de datos se venden. Los antecedentes se filtran. Un niño que hoy es denunciado por un incidente menor puede ver ese registro aparecer años después cuando postule a una beca, a una visa, a un empleo. El SíseVe está condenando a nuestros jóvenes a una "muerte laboral anticipada" antes de que empiecen a vivir.

Pero lo peor no es eso. Lo peor es el mensaje que esto envía a las escuelas.

Los colegios tienen la obligación de denunciarlo todo, porque si no lo hacen se exponen a sanciones de la UGEL o de Indecopi. Esto ha generado una cultura de la denuncia defensiva: se reporta cualquier cosa para protegerse, sin filtrar lo que realmente merece ser denunciado. El resultado es un número inflado de casos que da la impresión de que en Perú es mejor no ir al colegio por la exposición generalizada a la violencia.

Los protocolos del SíseVe han convertido a los colegios en una especie de fiscalía y juzgado. Su rol —que debiera ser pedagógico y psicológico— ha sido sustituido por una lógica legal y burocrática. Los conflictos que podrían resolverse con diálogo, con acompañamiento, con estrategias pedagógicas, terminan escalando a disputas entre familias, a denuncias públicas, a procesos judiciales.

Y mientras tanto, los directores de colegios están atrapados. No tienen margen de maniobra. No pueden decidir qué casos merecen manejarse internamente y cuáles deben reportarse. La burocracia los ahoga. La amenaza de la sanción los paraliza.

Y sin embargo, en estas elecciones, ningún candidato ha tenido el valor de proponer una reforma profunda de la normatividad centralista, burocrática y reglamentarista cuya más reciente y compleja versión es el SíseVe. Prefieren prometer satélites antes que enfrentar el monstruo burocrático que han creado.

Hablemos del elefante número dos que frena el desarrollo educativo: el marco legal

Hace décadas, los conflictos escolares se resolvían dentro de la escuela. Un diálogo entre el director, los docentes, los padres. Había margen para el error, para aprender, para reconciliarse. Hoy, cualquier incidente puede terminar en una denuncia penal, en un proceso administrativo, en una investigación de la fiscalía. ¿Qué mensaje le estamos dando a los jóvenes? Que los conflictos se resuelven en tribunales, no con diálogo. Que la denuncia y el juicio -no la educación- es el mecanismo para convivir.

Esta judicialización de la convivencia escolar es el síntoma de una mutación institucional profunda. Cuando la pregunta central deja de ser "¿qué necesita este alumno?" y pasa a ser "¿cómo evitamos denuncias, quejas o sanciones?", la finalidad del sistema ha cambiado. Hoy, el sistema educativo no está organizado para educar. Está organizado para protegerse.

La autonomía: el gran ausente en las elecciones

Por eso, cuando reviso los planes de gobierno del 2011, 2016, de 2021 y de 2026, encuentro una ausencia que ya es una tradición: nadie habla de autonomía. Porque la autonomía no es un concepto popular. Hablar de darle a las escuelas la capacidad de decidir su propio proyecto educativo, de permitir que los directores seleccionen a sus docentes, de liberar a los colegios de la maraña de directivas que llegan desde Lima, eso suena a herejía en un país donde el Estado ha construido su poder controlando hasta el último detalle.

Pero la evidencia internacional es clara: los sistemas educativos que más han mejorado en las últimas décadas —Finlandia, Estonia, Polonia, Singapur— no lo han hecho con más centralismo. Lo han hecho con más autonomía, con profesionalización de la dirección, con capacidad de innovar desde las escuelas.

En el Perú, en cambio, el modelo sigue siendo heterónomo: el Estado decide todo, la escuela ejecuta. Los directores son administradores de directivas, no líderes pedagógicos. Los docentes son evaluados por su cumplimiento de formatos, no por sus resultados. Y los resultados están a la vista: en las deficiencias de los egresados, y para aquellos que disfrutan de la métrica escolar, en las pruebas PISA, en las evaluaciones censales, en la calidad de nuestros egresados universitarios, en la conducta ciudadana de nuestros adultos.

Lo que falta: coraje para innovar

El mundo se resiste a reformar su educación porque las burocracias están atadas a la tradición. América Latina, en particular, no ha tenido el liderazgo político capaz de entender la centralidad de la inversión en educación, ciencia y tecnología como motores del desarrollo nacional. Pero en el Perú, el problema no es solo falta de inversión. Es falta de coraje para cambiar el diseño institucional.

Mientras la educación funcione para defenderse y no para educar, el futuro seguirá siendo frágil, desigual y fácilmente manipulable. Mientras los colegios sigan siendo tratados como meras ejecutoras de órdenes, mientras los directores sigan sin poder elegir a sus docentes, mientras la convivencia escolar se judicialice hasta el absurdo, ningún satélite ni ninguna meta del 8% del PBI va a cambiar el fondo del asunto.

Más allá del presupuesto

Los peruanos merecemos una discusión educativa que vaya más allá de cuánto se va a gastar o cuántos colegios se van a reconstruir. Merecemos candidatos con el coraje de decir que el sistema actual está diseñado para el fracaso. Que la burocracia centralista, la judicialización de la convivencia y la falta de autonomía son los verdaderos enemigos de la calidad.

Denunciar la violencia es necesario. Convertir al SíseVe en un mecanismo de sospecha permanente, en un arma de control, en un sustituto de la formación en convivencia, es un error que nadie se atreve a corregir.

La judicialización no se resuelve con más jueces escolares. Se resuelve devolviéndole a la escuela su capacidad pedagógica para formar ciudadanos, para manejar conflictos, para enseñar que el diálogo es mejor que la denuncia.

Y la calidad no se alcanza con más presupuesto sin reformas. Se alcanza cuando las escuelas tienen libertad para innovar, responsabilidad para rendir cuentas, y un Estado que las acompaña en lugar de asfixiarlas.

Eso es lo que no está en debate. Ese es el coraje que falta. Y mientras siga faltando —como ha faltado en las últimas cuatro elecciones— seguiremos eligiendo entre candidatos que nos prometen el cielo con cifras impactantes, pero que no se atreven a tocar el corazón del problema.

La educación no necesita más de lo mismo. Necesita una revolución de sentido común. Necesita que alguien, por fin, tenga las agallas de decir lo que nadie quiere escuchar. O, dicho de otro modo: mientras sigamos confundiendo educar con proteger a la burocracia, seguiremos formando ciudadanos que aprenden que denunciar es más eficaz que dialogar.

Y eso, señores candidatos, no se resuelve con más presupuesto.