¿Son clientes los alumnos universitarios?

Es la pregunta que ha estado rondando a propósito de la desafortunada intervención del desinformado periodista Eddie Fleischman, quien se refirió al movimiento estudiantil en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que protesta por el intento de las autoridades para cambiar el sistema de escalas de pagos en esa institución.

Lo primero que debe decirse es que la pregunta formulada, como toda buena pregunta, no tiene una respuesta fácil. Responder sí lo son porque pagan, revela una estructura mental rígida, incapaz de captar los matices. Como pagan tienen derechos. ¿Y el estudiante que no paga, bien sea porque tiene una beca, o porque está en una universidad estatal, entonces no tiene derechos? No se trata de reducir al absurdo el tema, pero sí graficar lo inadecuado que resulta una respuesta dicotómica.  

Nuestra Ley Universitaria nos da una pista respecto de lo que buscamos. Define la Universidad como "una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley".^[1]

Es decir, una Universidad es una comunidad académica integrada por los estudiantes, también por los promotores. Estudiantes, docentes, autoridades y promotores, entre otros, forman parte de esa comunidad académica. Toda universidad es una comunidad académica, sea pública o privada, con fines o sin fines de lucro, con dueño o sin dueño. Lo que define a cualquier universidad es su condición de comunidad académica; no de empresa ni de partido ni eclesial. 

Entonces, desde el punto de vista académico y pedagógico no calza mucho la figura de "cliente" en la medida que no sólo consume un servicio, sino que forma parte de una comunidad que, además, entiende su propósito -educar- como un derecho fundamental. Y es que, como sabemos, un cliente compra un producto (o servicio) y evalúa si le entregaron lo que pagó. En cambio, un alumno no sólo "recibe" un producto, sino que es partícipe de un proceso, el de enseñanza-aprendizaje, en el cual el resultado depende de él también.

¿El que en vez de cliente sea partícipe del producto que recibe significa que no debe pagar o que no tiene derecho a reclamar por una mala prestación? Pues no, claro que no. Si estudia en una universidad privada, debe pagar a lo que se ha comprometido y puede reclamar, entre otros, al INDECOPI. Si estudia en una universidad estatal, aún existen algunos servicios por los que sí debe pagar. En caso de incumplimiento de lo estipulado en la ley universitaria, ambos estudiantes, el de la universidad pública o de la privada, puede acudir a la SUNEDU. 

Pero, todavía hay más diferencias entre un estudiante en formación y un cliente. En una compra regular, el cliente puede rechazar el producto. Pero el alumno no puede exigir ser aprobado, por ejemplo (el producto) si paralelamente no ha cumplido con los requisitos establecidos. Como alumno puede calificar el bien que recibe, y evaluar a sus profesores, puede exigir que los docentes asistan a todas sus clases, que sean puntuales en el inicio y final, que se cumpla con lo establecido el silabo, que éste sea actualizado, que se mejoren las estrategias pedagógicas. Pero no puede (o no debería) demandar que sean menores los requerimientos para la aprobación (si son razonables) o totalmente adecuados a su conveniencia individual, no puede demandar que algún tema (por ejemplo, histórico) no sea tratado, ni exigir que se reduzcan el número o las páginas de las lecturas obligatorias.

Además, entre la institución universitaria y el estudiante hay una relación de poder asimétrica. Es la institución la que evalúa, sanciona y, si fuera el caso y se cumplen las causales, puede expulsar al estudiante de la comunidad. Un cliente no suele tener esa relación con un proveedor. Como la universidad formar en ciudadanía y democracia, en no pocos casos los estudiantes, como integrantes de la comunidad, tienen diversos representantes en varios órganos de la entidad. Finalmente, la relación entre la universidad y los estudiantes no termina con el pago, ni con el termino de los estudios. El objetivo final de la universidad no es sólo emitir un diploma; investigación, responsabilidad social y proyección cultural, por mencionar algunos, son ejes fundamentales en la labor universitaria, en los cuales es usual la participación de los alumnos. Y esos estudiantes, convertidos en egresados, seguirán manteniendo una relación de pertenencia con la universidad, mucho más estrecha que la más exitosa “fidelización” que una tienda por departamentos logre establecer con sus clientes.

Hasta antes de 1996, este debate hubiese resultado innecesario. Sólo existían universidades estatales y universidades privadas sin fines de lucro. Pero ese año, el gobierno fujimorista con el decreto 882 permitió el lucro en la educación superior, y surgieron en el Perú las universidades con modelo empresarial. Organizan su marketing en base a ese modelo, persiguen a los estudiantes como si fueran clientes, casi los acosan con llamadas en un nivel que algunos bancos envidiarían, y promueven la idea, con tal de captar la matrícula, “si no te gusta, te cambias”.

En salvaguarda de los derechos de los estudiantes, resulta evidente que el Código del Consumidor debe aplicarse también a los pagos por educación. Pero ello no convierte en clientes a los estudiantes, pues en la formación profesional, que es el “core” del negocio de toda universidad, pública o privada, los alumnos son también partícipes y en parte responsables de los resultados que obtengan. Más allá de la orientación de las universidades con fines de lucro, y de la forma en la que se organicen esas empresas, una universidad es, como ya vimos, una comunidad académica, de la cual el estudiante forma parte como ningún cliente podría integrar una corporación.

Cierto es que en las universidades sin fines de lucro se observa más claramente el rol de la participación estudiantil, por lo que resulta realmente curioso que se haya sostenido que los estudiantes de la PUCP son clientes, por lo que no les asistiría el derecho para reclamar por un cambio en el sistema de escalas de pago. Y hay que decirlo: no son las autoridades de esa universidad las que han sostenido ese argumento. Más bien, ha sido una narrativa ultraconservadora, que siempre ha criticado furibundamente la formación de la PUCP y cuanto hagan sus autoridades, ahora se autoerigen en defensores del supuesto derecho de la universidad de cobrar lo que quiera, a la vez que minimiza el derecho a reclamar de los estudiantes porque son clientes.

En la PUCP los estudiantes no son clientes, como no lo deberían ser en ninguna universidad estatal ni en las universidades sin fines de lucro. Aún más, en las universidades empresariales, los alumnos tampoco son sólo clientes porque por mandato legal los estudiantes forman parte de la comunidad académica que es una universidad. Pero, volviendo al caso específico que ha levantado el tema, la PUCP no tiene dueño, no tiene clientes, tiene estudiantes en formación que integran la comunidad. Esos estudiantes forman parte de la Asamblea Universitaria, del Consejo Universitario y de los Consejos de Facultad. Eligen autoridades y participan de la toma de decisiones. Rinden y reciben cuentas. Cuestionan y debaten, como debería ser en toda universidad, en un marco de respeto y altura. 

Salvo por la entrada violenta al rectorado con rotura de puerta incluida, estos estudiantes merecen una viva felicitación de parte de la sociedad peruana pues nos dan un ejemplo de defensa de convicciones y porque, en un tiempo que vivimos ensimismados, hacen lo que hacen para ser la voz del otro, lo que, sin duda, ha sido parte de la formación que recibieron. Víctor Vich lo ha afirmado de modo inmejorable: “Estos estudiantes no protestan por algo que los afectará directamente. Más bien, protestan por otros, por los demás, por los que vienen. No protestan por sí mismos, no defienden su interés individual. Han levantado la voz como un acto de solidaridad por una causa común, por una idea muy distinta acerca de cómo debe gestionarse una universidad”.^[2]

Una universidad, por privada que sea o por mercantilista que sea su manejo, no puede renunciar a formar en ciudadanía, en lo que el enfoque humanista es la mejor vía, pues así podrá contribuir con tener sociedades más democráticas^[3]. No podemos privatizar la competencia ciudadana, que no es una habilidad sólo práctica, sino que requiere de convicciones teóricas y éticas. La universidad debe seguir siendo una escuela de ejercicio democrático.

Quizás la sobreabundancia de los extremos ideológicos, tan presente en nuestro país y en el mundo, las inaceptables narrativas negacionistas y el exceso del enfoque de competencias individualistas, tengan que ver con creer que tenemos a clientes en el aula por lo que muchas universidades ya no forman en democracia ni la ejercen internamente.

[1] Artículo 3 de la Ley 30220, Ley Universitaria. El Peruano, 9 de julio de 2014

[2] Vich, Víctor. “La universidad contra los estudiantes” en La Mula.pe (https://victorvich.lamula.pe/2026/05/15/la-universidad-contra-los-estudiantes/victorvich)

[3] Dager, Joseph. “La universidad y una formación para la democracia: la importancia de las humanidades” en Intercambio. Revista Jesuita de Cultura Social. Julio de 2024.