De Boluarte a Jerí: las élites se reacomodan, las calles responden

Las manifestaciones sirven: no solo presionaron al Congreso para ajustar la ley pro-AFP, sino que fueron parte del acumulado de acciones que contribuyó a que el Parlamento destituyera a Dina Boluarte en un momento crítico del ciclo electoral. Las calles, una vez más, demostraron que la movilización puede alterar los cálculos del poder incluso en contextos autoritarios.

Hoy transitamos el período posmarcha del #15O, detonada por la polémica asunción de José Jerí, cuya legitimidad está seriamente cuestionada. Su historial combina una denuncia por violación sexual presentada en enero de 2025 (archivada, pero aún bajo exigencias de reapertura) y, sobre todo, su papel central en la elaboración del informe congresal que blindó a Boluarte de toda responsabilidad política frente a las muertes de manifestantes entre 2022 y 2023.

Este pasado reciente explica por qué el 15 de octubre marcó un nuevo punto de inflexión: las manifestaciones más grandes desde las primeras jornadas contra Boluarte, donde confluyeron sectores heterogéneos (jóvenes de la Generación Z, quienes marcharon contra Merino, transportistas, comerciantes, colectivos feministas, sindicatos, movimientos de derechos humanos y estudiantes organizados), muchos de los cuales volvían a las calles después de mucho tiempo.

Este repunte no se da en el vacío. Aparece en un momento de reacomodo de élites, cuando las alianzas en el poder se fracturan y abren ventanas de oportunidad para la movilización. Es en esos interregnos donde el descontento puede irrumpir con más fuerza, antes de que los grupos dominantes reordenen el tablero y vuelvan a cerrar los márgenes del conflicto. Lo ocurrido en los últimos días es un ejemplo: un gobierno recién instalado que responde con la misma intensidad represiva que el anterior, dejando un muerto, decenas de heridos y detenciones arbitrarias.

En medio de este panorama, Lima vuelve a recuperar algo del pulso callejero que había perdido desde la pandemia. En conversación con el politólogo Omar Coronel surgió una idea clave: es necesario recuperar la capacidad de movilización pre-pandemia, no solo como un dato comparativo, sino como horizonte. Aquel momento se caracterizaba por una ciudadanía capaz de sostener campañas prolongadas o medias (como la de los “pulpines” en 2014-2015 o las intensas jornadas de protestas contra Merino en 2020), más allá del impulso inicial. Hoy, en cambio, las movilizaciones se enfrentan a un escenario más duro: menos tolerancia estatal, más fragmentación y un sistema político mucho más precario y atomizado.

Pese a ello, hay una potencia innegable. La polarización marcada por el castillismo ha disminuido y, paradójicamente, el control del Ejecutivo por parte del Congreso y el clima de inseguridad ciudadana ha generado una suerte de transversalidad: distintos sectores sienten que “algo se rompió” y vuelven a reconocerse en la calle bajo algunas demandas comunes. Que transportistas, comerciantes y estudiantes vuelvan a marchar juntos habla de un tejido social que, aunque débil, no está roto del todo.

Sin embargo, las limitaciones son claras. Dentro de la protesta, los obstáculos provienen de la falta de experiencia colectiva y de coordinación, así como de la desconfianza generalizada hacia los liderazgos. Muchos jóvenes (tanto de la Generación Z como quienes se movilizaron contra Merino) rechazan la idea de voceros o representaciones estables; prefieren formas más horizontales, efímeras o digitales. Esa autonomía es valiosa, pero también dificulta construir continuidad.

Fuera de la protesta, los límites son más estructurales. La coalición gobernante parece impermeable a la desaprobación pública y a la movilización; su poder se sostiene en el control del Congreso, los medios aliados y las instituciones clave. La represión actúa como filtro disuasorio: los costos físicos, legales y psicológicos se acumulan. Además, los partidos políticos no ofrecen canales de representación legítimos: se mantienen ausentes o intentan instrumentalizar las protestas sin comprenderlas.

¿Qué se necesita para sostener una campaña de protesta prolongada? Primero, espacios de coordinación entre los sectores movilizados más organizados y los nuevos grupos jóvenes. Sin imposiciones ni jerarquías rígidas, pero con reglas mínimas y vocerías rotativas que den continuidad a la acción.

Segundo, renovar los repertorios de movilización. No basta con concentrarse en la Plaza San Martín o en el Centro de Lima, zonas cada vez más controladas por el aparato represivo. Se requiere cambiar rutas, moverse desde distintos puntos hacia el centro, y dirigir la protesta hacia otros centros de poder (económico, mediático, empresarial) donde también se toman decisiones políticas.

Tercero, tejer puentes con organizaciones regionales para descentralizar la protesta. La movilización no puede sostenerse solo desde Lima: debe articularse con los movimientos y colectivos que en regiones llevan años resistiendo con menos visibilidad y recibiendo el menosprecio de la capital.

Finalmente, buscar interlocución con los pocos congresistas que no respaldaron públicamente a la coalición de Boluarte. Aunque el Parlamento es una de las instituciones más desprestigiadas del país, no es un bloque homogéneo. Algunas fisuras internas pueden servir como puntos de presión y alianzas tácticas en un contexto preelectoral.

La tarea no es sencilla. Una coalición de actores débiles, pero con control de las instituciones, puede infligir daños graves si no se enfrenta con estrategia. Sin embargo, también hay una oportunidad: la de reconocernos otra vez como actores de la democracia, en redes y en las calles. Que las plazas y avenidas vuelvan a llenarse da esperanza significa que el descontento no se ha transformado en resignación ni en silencio, sino en acción política, aún fragmentada pero viva.

La historia reciente del Perú muestra que las olas de movilización sin articulación tienden a diluirse. Evitar ese destino dependerá de la capacidad de las y los movilizados para combinar indignación con inteligencia colectiva, creatividad con persistencia. En medio de la crisis institucional más prolongada de nuestra democracia, cada cuerpo en la calle, cada consigna sostenida y cada alianza tejida cuenta. Lo que está en disputa no es solo quién gobierna, sino si la ciudadanía sigue teniendo “poder de veto popular” frente al autoritarismo.