Congresistas se habilitan para capturar por completo el Estado

La aprobación de la Ley 32507 no es un trámite menor ni una excentricidad más del Congreso. Es una decisión con efectos alarmantes para la capacidad del Estado. La norma convierte la simple actividad política en un título de especialización, un atajo que desmantela los criterios técnicos que deberían regir el acceso a los cargos públicos. El impacto es inmediato y profundo: un excongresista sin formación en salud podría terminar dirigiendo áreas críticas del Minsa; un exgobernador cuestionado por obras paralizadas o endeudadas podría asumir funciones estratégicas en el MTC; un miembro retirado de la JNJ podría justificar experiencia para ocupar jefaturas en cualquier sector, incluso en ámbitos donde jamás ha trabajado. Cada uno de esos escenarios es ahora legal y posible.

Con esta ley, los profesionales formados quedan desplazados, las decisiones públicas se exponen a la improvisación, y las áreas técnicas del Estado —esas que sostienen políticas de salud, infraestructura, educación o justicia— quedan vulnerables a la captura por parte del mismo círculo político que hoy domina el país. En la práctica, la norma legaliza un Estado manejado por quienes no necesariamente saben, pero sí tienen poder, y ahora además cuentan con una vía directa para ocupar los puestos más delicados de la gestión pública.

Un país donde la política se decreta como “expertise”

La esencia de la norma es simple, pero sus efectos son enormes: a partir de ahora, haber sido congresista, gobernador, alcalde, regidor, consejero regional o integrante de organismos autónomos será considerado experiencia especializada en cualquier sector del Estado. La ley introduce la noción de “equivalencia”, un término aparentemente técnico que en realidad funciona como un comodín. Lo que antes debía demostrarse con trayectoria, preparación o conocimiento, hoy puede justificarse simplemente con haber ocupado un cargo.

Esa equivalencia borra la diferencia entre política y técnica. Con un solo artículo, un parlamentario sin formación en salud puede presentarse como candidato a un puesto estratégico en el Minsa; un exgobernador cuestionado puede postular a direcciones del MTC; un funcionario retirado de la Junta Nacional de Justicia puede justificar experiencia especializada en ámbitos ajenos a lo judicial. La política se vuelve, por decreto, un oficio que califica para todo.

El auténtico alcance de la ley no se limita al Parlamento. La equivalencia favorece a una constelación de actores que integran el círculo real de poder: quienes han pasado por la JNJ, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la ONPE o incluso el Banco Central. Cualquier función de ese nivel, independientemente de su desempeño o de los cuestionamientos que la rodearon, se traduce en una credencial de especialidad aplicable a cualquier sector del Ejecutivo, los gobiernos regionales y los municipios.

Esta norma convierte el Estado en un espacio donde la movilidad no depende del mérito, sino de las relaciones políticas y del cargo previo. El poder se recicla dentro del propio poder, como un sistema cerrado que se garantiza a sí mismo continuidad, influencia y presencia.

Un movimiento calculado para preservar el control

Resulta imposible leer esta ley sin mirar la coyuntura. El país vive bajo un pacto que articula intereses partidarios, operadores políticos, sectores conservadores y grupos económicos. Ese pacto se sostiene sobre tres piezas: un Congreso dominante, organismos autónomos debilitados o alineados y un Ejecutivo sin capacidad de frenar estas iniciativas. La Ley 32507 funciona como un engranaje más dentro de esa maquinaria.

Al convertir la actividad política en experiencia técnica, el Congreso asegura que sus propios miembros —así como sus aliados y funcionarios afines— podrán ocupar cargos estratégicos en el aparato estatal incluso después de que abandonen sus puestos. Es una forma de extender la influencia más allá del periodo parlamentario y de poblar el Estado con cuadros leales o funcionales a la agenda del bloque dominante.

En otras palabras, la ley no solo habilita a los políticos para entrar a espacios técnicos; permite que el pacto mafioso que gobierna el país coloque piezas en posiciones clave con total legalidad.

El Estado como botín: la colonización silenciosa

El discurso oficial pretende presentar la norma como una actualización de requisitos. Pero no existe ningún avance real hacia la meritocracia. Lo que la ley hace es exactamente lo contrario: desplaza la especialización, relativiza el conocimiento y desvaloriza las trayectorias profesionales que deberían dirigir las instituciones.

El Estado se vuelve un botín distribuido por quienes dominan la política nacional. Cada dirección general, cada secretaría técnica, cada gerencia regional se convierte en un puesto disponible para el círculo que hoy concentra el poder. Esta colonización no es ruidosa; es lenta, silenciosa y completamente legal.

La ironía es evidente: quienes aprobaron esta norma serán sus primeros beneficiarios. Muchos congresistas sin profesión sólida o sin carrera posterior ya saben que, gracias a esta ley, podrán aspirar a puestos bien remunerados y con poder dentro de ministerios, organismos constitucionales o gobiernos regionales. Lo mismo ocurre con funcionarios de organismos autónomos cuya permanencia futura se ha vuelto incierta; la ley les ofrece una salida lateral, una nueva puerta para mantener influencia sin importar el desgaste institucional.