José María Balcázar, el congresista del mal

La trayectoria parlamentaria del ahora presidente José María Balcázar no se explica por un desliz, una frase desafortunada o un proyecto mal diseñado. Se explica por una secuencia consistente de iniciativas legislativas y posiciones públicas que apuntan en una misma dirección: debilitar controles, relativizar derechos y proteger intereses corporativos y políticos frente al interés público. De izquierda, nada. Esta radiografía nos permitirá conocer lo que podemos esperar de su mandato.

Cuando se observan sus principales proyectos de ley, sus votos y sus intervenciones, aparece un patrón reconocible. No es improvisación. Es orientación.

SUNEDU: quitar el control para proteger a la universidad-negocio

El proyecto impulsado por José María Balcázar para convertir el licenciamiento universitario en permanente e indefinido no buscaba mejorar la educación superior. Buscaba neutralizar el único control efectivo que existe: la evaluación periódica de la SUNEDU.

El efecto es inmediato. Sin evaluación no hay fiscalización. Y sin fiscalización, el sistema vuelve al punto de partida: universidades sin estándares mínimos, pero con autorización legal para cobrar pensiones y emitir títulos. No es una hipótesis. Es el modelo que predominó durante años y que la reforma universitaria intentó cerrar.

El proyecto aparece cuando decenas de universidades privadas ya habían perdido o estaban por perder el licenciamiento por incumplir condiciones básicas. Frente a eso, no hubo propuesta de elevar estándares ni planes de mejora supervisados. La salida fue más simple y más rentable: retirar al Estado del proceso.

Desde la presidencia de la Comisión de Educación, la alineación fue explícita. La iniciativa beneficiaba a los grandes operadores del negocio universitario, especialmente a los más golpeados por la fiscalización. Entre ellos, la Universidad César Vallejo, vinculada al empresario y líder político César Acuña, cuyo modelo de expansión masiva fue uno de los más observados por SUNEDU.

El licenciamiento indefinido no protege la autonomía universitaria. Protege a universidades que no quieren volver a ser evaluadas. Convierte el control público en un cheque en blanco y traslada el costo del deterioro institucional a los estudiantes: títulos devaluados, formación deficiente y menor empleabilidad.

Restaurar la inmunidad parlamentaria

Otro eje central de su actuación es la defensa de la restauración de la inmunidad parlamentaria. Balcázar impulsó proyectos para modificar la Constitución y devolver al Congreso la facultad de autorizar —o bloquear— investigaciones penales contra sus propios miembros.

El dato político es claro: la inmunidad había sido eliminada en 2021 precisamente por su uso como mecanismo de protección frente a delitos comunes, no por persecución política. Restituirla no fortalece la democracia; restaura un privilegio.

En un Congreso con múltiples integrantes investigados por corrupción, crimen organizado o tráfico de influencias, este tipo de iniciativa no puede leerse como una garantía institucional, sino como una estrategia de autoprotección corporativa. Balcázar votó y legisló en esa línea.

Jueces bajo control político

José María Balcázar ha respaldado iniciativas que inciden de manera directa en la arquitectura del sistema de justicia. Entre las más relevantes figura un proyecto para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de restringir el control difuso, es decir, la facultad de los jueces de inaplicar una ley cuando la consideran contraria a la Constitución en un caso concreto. La propuesta obliga a que esa evaluación sea elevada al Tribunal Constitucional, lo que en la práctica traslada una decisión que hoy toman jueces ordinarios a una instancia centralizada, ralentizando procesos y reduciendo el margen de actuación judicial frente a normas cuestionables.

A ello se suman proyectos que recortan atribuciones de la Junta Nacional de Justicia y buscan otorgar al Congreso de la República un papel más decisivo en la selección de jueces y fiscales supremos. Estas iniciativas no reformulan criterios de mérito ni fortalecen mecanismos de evaluación técnica, sino que alteran el reparto de competencias entre órganos autónomos y el poder político. El resultado es un desplazamiento de funciones clave hacia el Parlamento, con efectos directos sobre la independencia de magistrados y fiscales en un contexto de alta conflictividad política y baja legitimidad institucional.

Niñas y adolescentes: una posición incompatible con estándares mínimos de derechos

En el plano de los derechos fundamentales, José María Balcázar ha sido protagonista de uno de los episodios más graves y reveladores del debate parlamentario reciente. Durante la discusión sobre la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas, defendió públicamente la idea de que las relaciones sexuales entre personas adultas y menores de edad podían no ser dañinas si no mediaba violencia física explícita. Con ello, redujo el problema a una lectura estrecha del consentimiento, ignorando de forma deliberada las relaciones de poder, la desigualdad etaria y la incapacidad jurídica y psicológica de niñas y adolescentes para consentir libremente.

No se trata de una opinión polémica más dentro del debate político. Esa postura contradice de manera frontal los estándares internacionales de derechos humanos, la evidencia científica sobre desarrollo cognitivo y emocional, y el marco normativo de protección de la niñez vigente en el propio Estado peruano. Organismos internacionales, así como la legislación nacional, consideran que toda relación sexual con menores constituye una forma de violencia, incluso en ausencia de fuerza física, precisamente por la asimetría estructural entre adultos y menores.

Además, no fue un desliz ni una frase aislada: fue una posición sostenida en el debate público y nunca rectificada. Lo que hay que reconocer es que Balcázar ha sido coherente con esa nefasta postura, pues ha sido abogado defensor de violadores.

Cuestionamientos graves y agenda anticontrol

A este cuadro se suma un antecedente concreto: José María Balcázar fue acusado de presuntas irregularidades graves en el manejo de recursos durante su etapa como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, incluyendo señalamientos por apropiación indebida y uso irregular de fondos institucionales. Estos hechos dieron lugar a investigaciones y sanciones en el ámbito gremial. No se trata de rumores, sino de procedimientos formales que constan en instancias del propio colegio profesional.

Ese antecedente vuelve especialmente problemático que, ya como congresista, promueva iniciativas orientadas a debilitar la fiscalización, el control y la persecución penal. La señal es clara: quien ha enfrentado cuestionamientos por el uso de recursos institucionales impulsa reformas que reducen la capacidad del sistema para investigar y sancionar. No es una contradicción retórica, sino un problema de fondo en la relación entre poder político y rendición de cuentas.

Un patrón reconocible

Visto en conjunto, el desempeño de José María Balcázar muestra una línea de acción coherente y repetida. Sus iniciativas y respaldos parlamentarios coinciden en un mismo sentido: debilitar los mecanismos de control estatal cuando estos afectan a actores con poder económico o político, y reforzar, en paralelo, la capacidad del Congreso para intervenir en ámbitos que deberían mantenerse autónomos, como la justicia. Esa lógica atraviesa sus posiciones sobre la SUNEDU, la restitución de privilegios parlamentarios y las reformas que buscan reducir la independencia de jueces y fiscales.

El patrón se completa con iniciativas que implican retrocesos en derechos vinculados a estudiantes, niñas y adolescentes, sectores con escasa capacidad de presión política. En ese esquema, el Estado aparece como un estorbo cuando regula o fiscaliza hacia arriba, pero como un instrumento disciplinador cuando actúa sobre los más débiles. Balcázar no encarna una excepción dentro del Congreso, sino una forma conocida de ejercer el poder: usar la ley como defensa corporativa, blindar a los decisores y vaciar de contenido a las instituciones creadas para equilibrar el sistema.