El crimen de bata blanca: la red de farmacéuticas que robó al Estado
- Redacción El Salmón
- hace 4 días
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Indecopi confirmó lo que muchos sospechaban: trece laboratorios y distribuidoras manipularon durante casi 14 años las licitaciones de medicamentos del Estado peruano. No se trató de coincidencias ni errores administrativos: fue un plan deliberado para asegurar contratos millonarios a costa del presupuesto público y de la vida de los pacientes. Cada licitación manipulada reflejaba la priorización de ganancias sobre salud.
El entramado del saqueo
El cartel se estructuró como una red organizada y jerarquizada. Cada empresa tenía roles definidos: unas presentaban ofertas infladas, otras se retiraban estratégicamente de licitaciones para garantizar la adjudicación a la compañía previamente acordada. Este sistema permitía repartir el mercado de forma planificada y asegurarse contratos de manera casi automática.
El mecanismo incluía varias capas de coordinación:
Reuniones secretas: los ejecutivos se encontraban en espacios privados, físicos y virtuales, para planear qué empresas competirían y cuáles se abstendrían. En estas reuniones se definían precios de referencia, plazos de entrega y cantidades, con la intención de aparentar competencia mientras se aseguraban ganancias conjuntas.
Comunicación codificada: los correos internos y chats contenían mensajes codificados, nombres en clave y referencias indirectas para coordinar sin dejar evidencia inmediata. Esto permitía que la colusión pasara desapercibida para los reguladores durante años.
Intercambio de información estratégica: las empresas compartían datos sobre licitaciones futuras, capacidades de producción y márgenes de ganancia aceptables, sincronizando ofertas y abstenciones para que los resultados fueran previsibles y controlables.
Manipulación sistemática de licitaciones: según Indecopi, el cartel influyó directamente en 23 procesos entre diciembre de 2006 y febrero de 2020, incluidos concursos de Minsa y EsSalud. Cada licitación era analizada previamente: se calculaban precios máximos, se seleccionaba la empresa ganadora y se decidía qué competidores debían retirarse o presentar ofertas simbólicas.
Cobertura institucional: para mantener la apariencia de legalidad, las empresas actuaban dentro del marco formal de las licitaciones, asegurándose de que los documentos y ofertas parecieran legítimos. De esta manera, ocultaban la colusión bajo el velo de procedimientos oficiales.
El análisis de Indecopi, cruzado con OSCE, CENARES, DIGEMID y EsSalud, confirmó que la manipulación no fue esporádica: fue un esquema planificado, metódico y sostenido, diseñado para maximizar ganancias mientras se simulaba competencia.
Medicamentos esenciales objeto del cartel
Los fármacos coludidos son críticos para la salud pública:
Cloruro de sodio: usado para rehidratación, reposición de fluidos y administración de otros medicamentos.
Antibióticos: amoxicilina, azitromicina, meropenem y dicloxacilina, esenciales para infecciones graves.
Antineoplásicos: paclitaxel y temozolamida, vitales para tratamientos de cáncer.
Inmunosupresores: metotrexato, fundamental en protocolos oncológicos y enfermedades autoinmunes.
Antianémicos: sulfato ferroso, usado para combatir la anemia en poblaciones vulnerables.
Manipular la compra de estos fármacos afectó directamente la vida de los pacientes y la capacidad del Estado de garantizar tratamientos críticos, demostrando que la colusión no solo infló precios, sino que puso en riesgo derechos fundamentales.
Las compañías y sus responsables
Indecopi sancionó a B Braun Medical Perú, Instituto Quimioterápico, AC Farma, Droguería Sagitario, Laboratorios Americanos, Lansier, Pharmagen, OQ Pharma, Laboratorios Portugal, Laboratorios Unidos, Medifarma, Pereda Distribuidores y Teva Perú.
Cinco ejecutivos que participaron en la coordinación del cartel también fueron multados, reflejando que la responsabilidad no se limita a la empresa, sino a los individuos que planificaron y ejecutaron el esquema.
La multa total supera los S/ 539 millones, mientras que los ejecutivos deben pagar más de S/ 1,4 millones. Las empresas además deberán implementar programas de cumplimiento de libre competencia durante cinco años, para prevenir que estas prácticas se repitan.
El daño va más allá del presupuesto
El cartel no solo encareció los medicamentos: debilitó la capacidad del Estado para abastecer hospitales, asegurar tratamientos esenciales y proteger a los pacientes. La colusión, sostenida por casi 14 años, dejó en evidencia que los mecanismos de control eran demasiado débiles para detectar un fraude tan prolongado y sofisticado.
Sus efectos se sienten en distintos planos. El Estado terminó pagando más por medicinas que, en condiciones de competencia real, debieron costar mucho menos, afectando presupuestos ya limitados. Los pacientes quedaron expuestos porque fármacos cruciales —como antibióticos y antineoplásicos— estuvieron sujetos a manipulación de precios y distribución. Además, la supervisión de CENARES, DIGEMID y otros organismos mostró fallas estructurales: no identificó la colusión cuando ocurría. Todo esto, finalmente, mermó la legitimidad del propio Estado, que no solo perdió dinero, sino también la confianza ciudadana en su capacidad para proteger derechos básicos.
El caso revela un problema de fondo: un modelo económico que concentra poder en grandes corporaciones y permite que la rentabilidad privada prevalezca sobre el bienestar colectivo. Las farmacéuticas aprovecharon vacíos regulatorios y controles frágiles para convertir la salud pública en un espacio de lucro, donde las ganancias terminaron pesando más que la vida de los pacientes.
Casos internacionales de colusión farmacéutica
El fenómeno de carteles farmacéuticos no es exclusivo de Perú:
Europa, 2023: seis compañías fueron multadas con €13,4 millones por fijar precios y repartirse cuotas de un ingrediente activo para producir Buscopan.
Europa, Teva: multada con €460 millones por manipular patentes y bloquear la entrada de un genérico de Copaxone.
Europa, vitaminas: ocho compañías fijaron precios de vitaminas esenciales, resultando en multas de más de €855 millones.
Estados Unidos: grandes laboratorios manipulaban precios de medicamentos genéricos mediante acuerdos secretos, afectando hospitales y farmacias públicas.
Estos casos muestran que la colusión farmacéutica es un patrón global, impulsado por concentración corporativa y debilidad institucional.
Exigir reparación y reformas
Las sanciones económicas son necesarias pero insuficientes. Se requiere transparencia total en compras públicas, auditorías permanentes, sistemas de rendición de cuentas independientes y responsabilidad ética de ejecutivos y empresas. Solo así la salud pública dejará de estar subordinada al lucro corporativo.
El cartel farmacéutico en Perú refleja un patrón global: corporaciones con poder suficiente manipulan mercados críticos, afectando la vida de los ciudadanos. La sanción de Indecopi es un primer paso; la justicia efectiva exige reparación, responsabilidad y reformas estructurales para asegurar que la salud y la vida pública no sigan subordinadas al beneficio corporativo, ni en Perú ni en ningún país.
