Bukele presionado para iniciar la liberación de miles de “pandilleros inocentes”

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Por qué Bukele ha empezado a hablar de la posibilidad de liberar a un número significativo de presos, entre ellos pandilleros y exmiembros de las temidas maras, que hasta ahora venían siendo presentados como uno de sus principales activos políticos?

Bukele viene anunciando la posible liberación de miles de pandilleros presos. Hasta ahora, lo habitual era que exhibiera sus flamantes cárceles, repletas de pandilleros tatuados de la cabeza a los pies, sometidos a condiciones inhumanas. Según sus propias cifras, ha encarcelado a 96.457 personas, entre pandilleros y otros detenidos por distintos delitos. En alguna ocasión, incluso se refirió sin darle demasiada importancia a la existencia de 8.000 presos como un "margen de error" comprensible en un universo tan extenso.

La exhibición de este espectáculo, repetido una y otra vez durante los últimos años, ha despertado la admiración de gran parte de la población salvadoreña y de presidentes que se presentan como imitadores del "modelo Bukele" para acabar con la inseguridad.

Primero se difundió la noticia de que Bukele liberaría a unos 46.000 presos, una cifra equivalente a casi la mitad del total de pandilleros encarcelados —más de 90.000—, de cuya captura se ufana y que atribuye a un plan cuidadosamente diseñado, a diferencia de las estrategias de sus predecesores.

Luego declaró que había sido malinterpretado. ¿Se echó para atrás? No exactamente. Aclaró que lo que quería hacer era crear una comisión para revisar los casos de los denominados "colaboradores".

¿Y cuántos y quiénes son estos colaboradores encarcelados como pandilleros, cuyos casos iban a ser revisados y que podían terminar liberados? También eran miles. Bukele mismo dijo que se trataba de unos 10.626, quienes, si bien habían colaborado con las pandillas, lo habían hecho ocasionalmente y en circunstancias puntuales que no les habían dejado otra opción, pues habían sido forzados a hacerlo.

No eran, pues, quienes supuestamente se habían incorporado a las pandillas tras el conocido rito de iniciación, denominado "el Brinco", ni quienes habían colaborado con ellas de manera consciente y voluntaria. Se trataba de colaboradores que actuaron bajo amenaza. Se mencionaron ejemplos concretos, como los de quienes fueron obligados a ocultar a integrantes de una pandilla en una vivienda o a guardar temporalmente una bolsa que estos les entregaron.

Desde el punto de vista jurídico, es muy discutible que alguien que realiza actos de colaboración como los descritos, bajo amenaza de muerte por parte de una pandilla, pueda ser considerado culpable. Sin embargo, el presidente Bukele ha sostenido que sí lo son, que cometieron un delito y que, por ello, llevan encarcelados un buen número de años.

Bukele ha sido categórico al declarar: "Ningún pandillero va a salir libre. Nunca". Sin embargo, ha reconocido que esa afirmación no es incompatible con una revisión individual de los expedientes de los mencionados colaboradores. Por alguna razón, también ha precisado que la revisión solo abarcará al 50 % de las personas de esta categoría, que tampoco son pocas: superan las 5.000.

Al parecer, estaría dispuesto a evaluar el contexto en el que ocurrió la colaboración y el grado de conocimiento que las personas involucradas tenían sobre la organización.

Quienes superen la revisión serán liberados y podrán ingresar al programa denominado Cero Ocio, un plan de trabajo y formación que funciona dentro de las cárceles y del que están excluidos los pandilleros. Un doble beneficio.

A pesar de los cambios en las noticias sobre la liberación de pandilleros en El Salvador, lo cierto es que algo así nunca había ocurrido. Por primera vez, se está reconociendo que entre los encarcelados hay muchas personas inocentes, como venían denunciando diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Se trata de personas que pueden ser inocentes desde el punto de vista jurídico porque, por más que el presidente Bukele sostenga lo contrario, quien ha sido obligado a colaborar en actos menores bajo amenaza no tiene la misma responsabilidad penal que quien participa o colabora a sabiendas. Y no estamos ante casos excepcionales: este tipo de colaboradores, presentados hasta hace poco como pandilleros, podría superar las 10.000 personas.

Se trata, indudablemente, de un cambio radical en la actitud de Bukele, que abre la posibilidad de identificar y reconocer como inocentes a personas que hasta ahora eran consideradas pandilleros convictos y confesos. Es lo mismo que vienen denunciando los organismos de derechos humanos y los familiares de los presos. Si es necesario esclarecer las circunstancias, motivaciones y vinculaciones de quienes fueron considerados colaboradores, ¿por qué habría plena seguridad respecto de miles de personas cuyos casos son sumamente complejos y que, además, fueron capturadas y condenadas priorizando objetivos políticos?

¿Por qué Bukele ha decidido abrir esta línea de acción, que hasta hace muy poco era totalmente inexistente?

Tal vez la explicación pueda encontrarse en una experiencia histórica ocurrida en el Perú durante la década de 1990, bajo el gobierno de Fujimori. Tras dar un autogolpe de Estado el 5 de abril de 1992, con el abierto apoyo de las Fuerzas Armadas, Fujimori aprobó una legislación antiterrorista destinada a juzgar a los acusados de participar en Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), organizaciones que venían cometiendo atentados en todo el país desde comienzos de los años ochenta. Años después, un grupo internacional de juristas conocido como Grupo Goldman, presidido por Robert Goldman, visitó el país para evaluar esa legislación y la calificó como la más dura que había conocido.

Y no era para menos. El paquete de normas incluía "jueces sin rostro", tanto civiles como militares; facultades para que la Policía y las Fuerzas Armadas detuvieran personas sin mandato judicial; severas restricciones al derecho de defensa; procedimientos de juzgamiento fulminantes, que podían desembocar en una condena a cadena perpetua en apenas diez días; y la posibilidad de condenar a personas en ausencia e incluso a menores de edad, entre otras disposiciones.

A ello se sumaba un régimen de acusaciones basado en "arrepentidos", sin garantías suficientes, y condiciones penitenciarias que sobrepasaban los límites de lo inhumano: aislamiento individual, restricciones a las visitas durante el primer año y prohibición del ingreso de cualquier tipo de material.

Pese a su abierta incompatibilidad con el ordenamiento jurídico nacional e internacional, y a las denuncias de numerosas organizaciones peruanas e internacionales sobre la existencia de un gran número de inocentes presentados como culpables, aquella legislación era motivo de orgullo para el régimen de Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Lo importante, sostenían en la práctica, era acabar con el terrorismo a cualquier costo.

Todo parecía marchar bien entre 1992 y 1995. Pero, de pronto, comenzó a hablarse de la posibilidad de que el gobierno creara una comisión para revisar los casos y encontrar inocentes que pudieran ser liberados, tal como está ocurriendo ahora con Bukele.

¿Acaso Fujimori se había sensibilizado ante la posibilidad de que hubiera personas inocentes acusadas injustamente de terrorismo, encarceladas y condenadas?

En absoluto. Lo que había ocurrido era que, a medida que aumentaba el número de inocentes encarcelados, también crecía la difusión de estos casos. La situación comenzó a generar una fuerte presión dentro del país y desde el exterior.

En las encuestas nacionales, ante la pregunta de si en el Perú había presos inocentes acusados de terrorismo, la mayoría comenzó a responder afirmativamente. Paralelamente, llegaron pronunciamientos y misiones vinculados al sistema interamericano de derechos humanos, a las Naciones Unidas, a otros países y a organizaciones como Amnistía Internacional y WOLA. Allí donde Fujimori se presentaba, le preguntaban por los inocentes encarcelados.

Fue así como no le quedó otra alternativa que empezar a hablar del diseño de un mecanismo para resolver el problema. Las organizaciones de derechos humanos plantearon la creación de una comisión de jueces que identificara los casos y los sometiera a un recurso extraordinario de revisión.

Sin embargo, Fujimori llegó a la conclusión de que, si iba a resolver un problema creado por su propia legislación, debía ser él quien capitalizara políticamente esa decisión. Así planteó la creación de una Comisión Ad Hoc, integrada por un representante suyo, su ministro de Justicia y el defensor del pueblo. La comisión recibía los casos presentados a través de una amplia red de abogados organizada en torno a ella.

Una vez que la Comisión Ad Hoc identificaba a personas injustamente encarceladas por terrorismo, elevaba sus casos al propio Fujimori, quien podía concederles un indulto presidencial. Con cada indulto, el dictador ganaba puntos en materia de derechos humanos, sin importar que no se tratara de la revisión judicial y absolución de un inocente, sino de la liberación mediante el perdón de la pena.

Entre 1996 y 1999, Fujimori utilizó este mecanismo para indultar a más de 500 presos inocentes. Al mismo tiempo, la presión contribuyó a impulsar cambios en la legislación antiterrorista, lo que permitió que los jueces comenzaran a absolver numerosos casos sin exponerse al mismo riesgo de críticas.

Cuando los indultos dejaron de ser noticia, Fujimori dejó de concederlos y el mecanismo pasó a formar parte del Ministerio de Justicia. Los gobiernos posteriores, encabezados por Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, lo retomaron y continuaron con la liberación de cientos y miles de personas mediante indultos y absoluciones.

Ni siquiera el dictador que controlaba las instituciones, los medios de comunicación y buena parte de la opinión pública pudo resistir la presión generada por la certeza de que había miles de inocentes encarcelados en condiciones penitenciarias que vulneraban los estándares establecidos en los tratados internacionales.

Intuimos que una situación similar podría estar comenzando a ocurrir con Bukele y los pandilleros encarcelados en El Salvador. La presión para revisar los casos parece haber abierto una válvula de escape, sobre todo ahora que faltan pocos meses para que intente obtener un tercer mandato. En la medida en que esa presión crezca y se mantenga, los mecanismos de revisión podrían avanzar.