¿Por qué la DINI que quiere Keiko se parece demasiado al SIN de Montesinos?

La Comisión de Constitución del Senado incorporó al proyecto de delegación de facultades legislativas una modificación para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), otorgándole capacidades operativas propias. La propuesta, ausente de los 20 puntos aprobados inicialmente por la Cámara de Diputados, forma parte de las siete materias añadidas por la comisión, que elevó a 27 el número de facultades solicitadas. El cambio concentra en un organismo dependiente del Ejecutivo mayores posibilidades de obtener y utilizar información, con los riesgos que la experiencia del SIN de los noventa evidenció cuando las atribuciones son amplias y los controles insuficientes. Estas son cuatro razones por las que esta medida es un peligro para la democracia.

1. Concentrar la obtención de información y su utilización operativa

La DINI es el órgano rector del Sistema de Inteligencia Nacional y produce información estratégica para el presidente de la República y el Consejo de Ministros. La modificación propuesta pretende darle capacidad operativa propia, ampliando su poder para obtener información y actuar directamente. El antecedente del SIN dirigido por Vladimiro Montesinos demuestra adónde puede conducir esa concentración de funciones: el espionaje, el chantaje y la persecución de opositores al servicio del régimen de Alberto Fujimori.

La reforma recupera un componente central de aquel modelo sin que se haya demostrado por qué las competencias de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas resultan insuficientes para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional. Otorgarle a la DINI mayores facultades operativas sin establecer límites estrictos y controles efectivos abre la puerta a que la inteligencia estatal vuelva a utilizarse para vigilar y neutralizar adversarios políticos. La experiencia de los noventa obliga a cuestionar esta ampliación de poder y a exigir una justificación que vaya más allá del argumento de la seguridad.

2. Convertir la "estabilidad democrática" en una categoría para vigilar opositores

La propuesta incluye entre los objetivos de la DINI la identificación de amenazas contra la estabilidad democrática y el orden constitucional. Esa formulación abre la puerta a que el Gobierno convierta su propia definición de estabilidad en un criterio para vigilar a quienes lo cuestionan. El SIN de Vladimiro Montesinos demostró cómo un aparato de inteligencia podía utilizarse para espiar, chantajear y neutralizar a los adversarios del régimen fujimorista. Bajo categorías tan amplias, la oposición política, las organizaciones sociales y quienes convocan protestas pueden terminar bajo sospecha de representar una amenaza al orden establecido.

El mecanismo de la persecución política no requiere detenciones ni procesos judiciales: basta con vigilar, recopilar información personal, identificar vulnerabilidades y utilizar esos datos para intimidar o desacreditar. Periodistas, dirigentes sociales, activistas y opositores pueden convertirse en objetivos de un aparato estatal que dispone de recursos, información reservada y capacidad operativa. La modificación reproduce una de las condiciones que hicieron posible el uso político del SIN: atribuir al servicio de inteligencia la facultad de identificar amenazas definidas desde el poder. La crítica al Gobierno, la protesta y la oposición son derechos democráticos. Ponerlas bajo vigilancia mediante categorías ambiguas supone abrirle al Ejecutivo una vía para perseguir a quienes lo enfrentan.

3. Repetir el esquema que convirtió al SIN en un instrumento político

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el SIN, dirigido de facto por Vladimiro Montesinos, concentró la dirección y ejecución de operaciones de inteligencia bajo la autoridad presidencial. El organismo se convirtió en una herramienta de espionaje, chantaje, corrupción y persecución de opositores, periodistas y militares disidentes. En 1997, el régimen despojó de la nacionalidad peruana a Baruch Ivcher, propietario de Frecuencia Latina, después de que el canal difundiera denuncias contra Montesinos. En 2000, los vladivideos expusieron la compra de congresistas por el oficialismo y precipitaron la caída del régimen. El SIN fue desactivado en octubre de ese año.

La modificación que devuelve capacidad operativa a la DINI recupera una facultad central del aparato de Montesinos: concentrar en un organismo dependiente del presidente la obtención de información y la ejecución de operaciones. La experiencia del fujimorismo demuestra cómo ese poder se utilizó para proteger al régimen, corromper instituciones y perseguir adversarios políticos. Volver a ampliar esas atribuciones supone retroceder hacia un modelo de inteligencia que ya sirvió para socavar la democracia peruana.

4. Ampliar las facultades sin garantizar controles efectivos

La legislación peruana contempla controles parlamentarios y judiciales sobre determinadas actividades de inteligencia, pero su existencia formal no garantiza una fiscalización efectiva. Cuando un organismo depende del presidente, maneja información reservada y obtiene facultades para realizar operaciones propias, resulta indispensable que existan mecanismos independientes capaces de investigar y sancionar los abusos. También deben delimitarse sus atribuciones para impedir que la inteligencia se utilice como sustituto de las investigaciones penales a cargo de la Policía y el Ministerio Público.

El antecedente del SIN de Montesinos demuestra las consecuencias de concentrar poder de inteligencia bajo la autoridad presidencial y utilizarlo para proteger al régimen, corromper instituciones y perseguir opositores. Ampliar las facultades operativas de la DINI sin controles estrictos y efectivos supone devolverle al Ejecutivo una herramienta que el fujimorismo utilizó para someter a sus adversarios y socavar la democracia. La historia del SIN debería bastar para exigir límites precisos a cualquier reforma de esta naturaleza.