El terruqueo contra Maraví: cinco razones que desbaratan la acusación

Un testimonio recogido 44 años después, una denuncia que reaparece en medio de un enfrentamiento político, una trayectoria universitaria que puede comprobarse y una nueva campaña de terruqueo contra el senador Iber Maraví. Hay cinco razones por las que la acusación difundida por el exjefe de la Dircote Max Anhuamán no se sostiene. Las primeras cuatro revelan graves inconsistencias. Pero la quinta es demoledora: desbarata toda la acusación.

El 22 de agosto de 1982, Sendero Luminoso atacó el puesto policial de Vilcashuamán, en Ayacucho. Murieron seis policías. Cuarenta y cuatro años después, el excoronel Max Anhuamán, exjefe de la Dircote, ha vuelto a colocar ese episodio en el centro de la discusión política al difundir el testimonio de Carlos Orlando Díaz Díaz, suboficial en retiro y sobreviviente del ataque. Según la versión que Anhuamán ha presentado ante los medios, Díaz Díaz habría reconocido a Iber Maraví vestido con uniforme de la Guardia Civil, con distintivos de mayor, e impartiendo órdenes durante la incursión armada.

Maraví ha rechazado la acusación y ha exigido pruebas. Pero quienes tienen que dar explicaciones son Anhuamán y quienes han puesto en marcha esta nueva campaña de terruqueo. Las contradicciones de la denuncia, el momento en que reaparece y su inmediata amplificación mediática apuntan a una operación política destinada a desacreditar a Maraví y sacarlo del Senado por su actuación opositora frente al bloque político que controla el Ejecutivo y el Congreso. Por eso, también deben investigarse las actuaciones, motivaciones y responsabilidades de quienes fabrican, promueven y utilizan políticamente estas acusaciones.

1. La ruta de la denuncia y el momento en que reaparece levantan interrogantes

Según los reportes periodísticos, el informe de Anhuamán fue entregado a la Dircote y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, ambas vinculadas al Ministerio del Interior. No se ha informado de una denuncia presentada ante el Ministerio Público, institución a la que corresponde dirigir la investigación penal y ejercer la acción acusatoria. El recorrido del documento merece atención, sobre todo por el momento político en que reaparece esta acusación.

Este mes, Maraví y el titular de Interior, César Astudillo, protagonizaron un altercado en la Comisión de Constitución del Senado, durante el debate sobre la delegación de facultades legislativas. Posteriormente, Maraví denunció haber recibido amenazas. Días después, reaparecieron las acusaciones sobre su supuesto pasado senderista, esta vez con un nuevo testimonio y con el exjefe de la Dircote Max Anhuamán como principal portavoz ante los medios.

2. La trayectoria universitaria de Maraví se puede comprobar con documentos

Maraví ha sostenido que ingresó en 1981 a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y que en agosto de 1982 cursaba su primer año de estudios en esa ciudad. En 2021, cuando las acusaciones volvieron a difundirse, invitó públicamente a revisar su registro académico. Las matrículas, los cursos y los registros universitarios permiten reconstruir su trayectoria y contrastar las fechas.

La Dircote y los medios que amplificaron la denuncia concedieron amplia credibilidad al testimonio que lo situaba en Vilcashuamán, impartiendo órdenes durante un asalto armado, sin someter esa versión al mismo rigor. ¿Qué elementos concretos acreditan que Maraví estuvo allí? ¿Cómo se estableció que participó en los hechos que se le atribuyen? Una declaración no puede convertirse en verdad por haber sido incorporada a un informe policial y repetida después en titulares. La trayectoria académica que Maraví ha presentado ofrece una referencia documental concreta para contrastar el relato del testimoniante.

3. Cuarenta y cuatro años después, los hechos ya habrían prescrito

Edith Lagos, a quien menciona el testimonio, fue abatida en setiembre de 1982. No puede confirmar ni desmentir lo que se le atribuye. Han transcurrido 44 años y cualquier reconocimiento basado en un recuerdo tan lejano exige especial cautela. También resulta difícil reconstruir las circunstancias del ataque y contrastar una versión que necesita corroboración documental y otros elementos independientes.

Hay, además, un asunto jurídico de fondo: la prescripción. Los hechos atribuidos a Maraví habrían ocurrido en 1982. Por el tiempo transcurrido, la acción penal ya habría prescrito conforme a las reglas ordinarias aplicables a los delitos que se le atribuyen. La Ley 32107, cuestionada por los organismos de derechos humanos debido a sus efectos sobre los procesos por graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, ha sido invocada para favorecer a militares y policías procesados por hechos de ese período. En el caso de Maraví, los hechos se remontan igualmente a 1982. No hay fundamento para desconocer la prescripción cuando el acusado es un senador de Juntos por el Perú.

4. El terruqueo convierte antecedentes sindicales y políticos en condenas públicas

Las acusaciones sobre un supuesto pasado senderista de Maraví aparecieron en 2021, cuando ocupaba el Ministerio de Trabajo, y desde entonces han sido reproducidas una y otra vez, casi siempre con los mismos argumentos. La palabra "terrorista" terminó acompañándolo en titulares, entrevistas y comentarios políticos, sin que se estableciera judicialmente alguna responsabilidad penal. Su trayectoria como maestro y dirigente de organizaciones del magisterio fue utilizada para alimentar las imputaciones, como si la actividad sindical y la participación en organizaciones de maestros constituyeran por sí mismas pruebas de una conducta criminal.

El mecanismo del terruqueo aparece con claridad en las declaraciones de Anhuamán. En distintas entrevistas ha afirmado que Maraví, el diputado César Tito Rojas y otras personas firmaron planillones del Movadef. Sin embargo, el propio Anhuamán reconoció ante otro medio que aparecer en esos planillones no significa, por sí solo, haber cometido un delito. Esa precisión desaparece cuando la información llega a los titulares y se presenta al público mediante asociaciones que sugieren culpabilidad.

En 2026, Maraví fue elegido senador. Las acusaciones difundidas desde 2021 eran de conocimiento público. Sin embargo, vuelven a presentarse como si cada nueva reproducción mediática aportara una prueba que antes no existía.

5. El propio atestado policial contradice el reconocimiento que ahora se atribuye al policia

La declaración de Carlos Orlando Díaz Díaz sobre su capacidad para identificar a los participantes en el ataque resulta decisiva y destruye la acusación. En el documento policial que se le atribuye, fechado el 4 de agosto de 1982 (fecha que debe verificarse), cuando le preguntaron si había podido reconocer a alguno de los atacantes, respondió:

"Que, no he podido identificar a ninguno de los elementos terroristas que participaron en el ataque a la Jefatura de línea GC. de Vilcashuamán, ya que era imposible la observación, debido a la oscuridad reinante de la noche, y por los explosivos que se lanzaban contra el local GC, levantando gran cantidad de polvo y tierra, además los facciosos se encontraban parapetados en pequeños muros ubicados en las inmediaciones de la Plaza de Armas, así como frente al local GC".

La declaración es precisa: no pudo reconocer a ninguno. Explicó que la oscuridad, las explosiones, el polvo y la ubicación de los atacantes impedían observarlos. Sin embargo, el testimonio que ahora promociona Anhuamán sostiene que ese mismo policía reconoció a Maraví a corta distancia, distinguió su rostro, identificó su uniforme de mayor de la Guardia Civil y lo vio impartiendo órdenes durante el ataque.

La contradicción afecta directamente la credibilidad del reconocimiento. ¿Cómo pasó Díaz Díaz de declarar que no podía identificar a ninguno de los atacantes a ofrecer, décadas después, una descripción tan precisa de uno de ellos? ¿Por qué no mencionó a Maraví en su declaración policial? ¿Cuándo apareció ese recuerdo y bajo qué circunstancias? No se puede presentar como una identificación concluyente una versión que entra en conflicto con lo que el propio declarante habría manifestado ante las autoridades.

La acusación contra Maraví no se convierte en verdad porque la repitan un excoronel de la Policía, determinados medios o dirigentes políticos. El conflicto armado interno terminó hace más de treinta años. La democracia no puede construirse prolongando indefinidamente acusaciones. Este tipo de imputaciones reabre heridas, alimenta la polarización y convierte la memoria del conflicto en un instrumento de exclusión política.