Apuntes sobre lo “terruco” y lo “caviar”

*La represión estatal durante el ciclo de protestas peruano ocurrido entre finales de 2022 y principios de 2023, además de dejar como saldo 49 personas muertas y centenares de heridos, tuvo como otras de sus consecuencias procesos de allanamientos policiales a locales de un partido político de izquierda y de una organización social, y la detención policial de ocho personas; todo ello bajo la acusación de la comisión del delito de pertenencia a una organización terrorista. Las mismas acusaciones estuvieron en la boca de diferentes políticos durante aquellos agitados meses.^[1]

“Tenemos a personas identificadas que han estado presas por terrorismo y han [...] azuzando estas movilizaciones”, dijo la presidenta Dina Boluarte en una conferencia de prensa en ese entonces^[2]. Asimismo, en documentos oficiales, la Policía Nacional del Perú denominaba como “delincuentes terroristas” a los ciudadanos que se manifestaban en las calles.

La organización terrorista a la que se hacía referencia era el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, un grupo que dejó las armas oficialmente en 1993 y que, a pesar de que no se encuentra activo desde hace más de dos décadas, se ha constituído como uno de los actores más relevantes en el discurso político actual.

El terruqueo: su pasado y su presente

La legislación antiterrorista peruana promulgada en 1992, durante el régimen de Alberto Fujimori, adoptó un enfoque que tendió a flexibilizar los límites de los tipos penales, reduciendo su precisión y claridad, con el objetivo de permitir que una mayor variedad de conductas pudieran ser incluidas dentro del ámbito de lo punible (Velásquez, 2022). Aquello hizo que los militantes de izquierda —sin diferenciar a los que optaban por la vía armada de los que no—, sean estigmatizados (p. 7). De esta manera, se consolidó un arma para la lucha política de actores afines al status quo, en la que sus adversarios eran calificados como “terroristas”, con el fin de expulsarlos de la esfera pública y restringir sus derechos básicos. Así, durante décadas, mediante el pánico social que causaba la memoria del conflicto armado interno —época en la que comenzó a aplicarse la normativa— se lograron neutralizar los proyectos políticos de transformación social que se engendraron en el país (Sosa, 2023).

Por mucho tiempo la estrategia del “terruqueo” fue efectiva: todos los candidatos antiestablishment se vieron obligados a reconducir sus proyectos políticos hacia otros más moderados y conciliadores con el sistema si no querían que su base de apoyo se vea seriamente erosionada por el uso de este recurso por parte de sus adversarios (ibid) y si querían ser una opción viable dentro de la democracia electoral.

No obstante, el año 2021 marcó un punto de inflexión en el uso del “terruqueo” como estrategia de deslegitimación. La llegada de Pedro Castillo a la Presidencia de la República representó una prueba concreta para los discursos alarmistas que lo presentaban como una amenaza radical para el orden democrático y social. A pesar de las advertencias de sectores conservadores que auguraban un gobierno autoritario vinculado al terrorismo, lo que se evidenció fue una administración signada por la improvisación, el desgobierno y la continuidad de prácticas estructurales de la política peruana, antes que una ruptura o radicalización. Si bien es cierto que Castillo mantuvo vínculos previos con organizaciones que incluían ex militantes del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y que incorporó a su gabinete a personas con lecturas alternativas sobre el conflicto armado interno^[3][4][5], su gestión no respondió al escenario apocalíptico que se había anticipado. Esta experiencia habría contribuido a erosionar la eficacia simbólica del terruqueo, al exhibir el desfase entre el discurso del miedo y la realidad política efectivamente vivida.

De esta manera, a pesar de que el 46 por ciento de la población no se identificaba con el ciclo de protestas iniciado en diciembre 2022 —movilizaciones que, no obstante, alcanzaron un 50 % de respaldo y mostraron un apoyo sostenido y transversal en todas las regiones del país, algo inusual en un contexto históricamente marcado por protestas fragmentadas y localizadas—, tan solo el 27 por ciento consideraba que los actores más importantes de dichas protestas eran “grupos violentistas o vinculados a grupos terroristas”^[6], a pesar de los esfuerzos del gobierno para calificar a los protestantes como tales.^[7][8] En otras palabras: la estigmatización y el ostracismo social con la que se condenaban a los sujetos terruqueados no lograban desmovilizar ni neutralizar el impulso de las protestas, había perdido eficacia y centralidad como estrategia política.

Si bien desde que fueron promulgadas las leyes antiterroristas hasta las primeras décadas del 2000 el “terruqueo” había pasado de ser “un instrumento legal a una herramienta social”, como señala Velásquez (2022), desde finales de 2022 se recorrió el camino inverso: pasando nuevamente de la herramienta social al más severo instrumento legal. La crisis de hegemonía del orden neoliberal afectó también la dimensión discursiva del “terruqueo” e hizo que los actores beneficiarios de este recurran a su dimensión inicial, criminalizando a las personas que empezaban a cuestionar el sistema político y económico imperante.^[9] 

Así, se ha estrenado una nueva lógica de dominación política que afecta a gobernados y gobernantes por igual. Si bien es notoria una marcada crisis de legitimidad por parte de la población hacia todos los representantes políticos —desde noviembre de 2023 la aprobación a la presidente es de un dígito, alcanzando el 4 por ciento en marzo de 2025; mientras que el Congreso se encuentra en la misma situación desde agosto de 2022, alcanzando el 2 por ciento de aprobación en marzo de 2025^[10]—, de parte de los representantes políticos se han establecido nuevas formas en su accionar que menosprecian a sus representados, desatando una crisis de representatividad.

En el pasado, un gobernante podía mantenerse en el poder sin partido y sin agenda, invocando y sosteniéndose exclusivamente en el pueblo (Calderón, 2019) y las movilizaciones podían hacer renunciar a presidentes. En la actualidad, ni la muerte de más de cuatro decenas de personas en manos de las fuerzas del orden ni los recurrentes paros generales logran algún cambio en la política institucional. Se ha dado inicio a la derrota de la opinión pública. En palabras de Ramírez (2023), la agenda política neoliberal se encuentra en declive hegemónico, y sobrevive sin convencer, aplicando tasas desmedidas de violencia.

Lo caviar

Como sostiene Tanaka (2024), el término “caviar”, desde hace unos años ya es una categoría política relevante en el Perú. La palabra, que antes se usaba de manera jocosa para referirse a una izquierda de postura moderada y cívica, hoy se emplea formalmente en discursos presidenciales y debates políticos entre actores de alta jerarquía.

“Le estamos haciendo la guerra a los caviares”, anunció, por ejemplo, en una conferencia de prensa —intentado defender a uno de sus ministros más allegados, investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de abuso de autoridad—, la presidenta Dina Boluarte^[11].

El término ha adquirido una peculiar flexibilidad. Si antes se usaba para referirse a un grupo bastante específico, ahora es empleado para designar a sectores de diferentes tendencias políticas. De allí que personajes de izquierda progresista, como Sigrid Bazán, y de derecha liberal, como Rosa María Palacios, puedan ser nombrados bajo una misma etiqueta. Jaime de Althaus apuntaba bien cuando indicaba que lo que es “caviar para unos no lo son para otros”, señalando que si bien Veronika Mendoza, para él, era “marxista”, para Vladimir Cerrón era “caviar”, y que la agenda que en EEUU se clasificaba -por los sectores más conservadores- como “marxismo cultural”, en Perú era señalado como caviar.^[12] 

A pesar de ello, es importante destacar que el uso de una misma etiqueta hacia diferentes actores tiene como objetivo homologarlos. Y, efectivamente, los últimos grandes acontecimientos políticos —tales como los intentos de destitución de la Junta Nacional de Justicia entre 2023 y 2024^[13], y la modificación de la ley para elevar los parámetros de tipificación para que un grupo criminal sea considerado “organización criminal”, durante el último trimestre del 2024— se han motivado señalando una lucha contra una “agenda caviar”, en la que se encuentran sectores políticos que no suelen actuar de manera conjunta.

Por tanto, frente a una visión lineal del espectro político, nos encontramos frente a una cartografía política dinámica que permite dar cuenta de los desplazamientos y reacomodos tácticos que hoy reconfiguran el campo político peruano. Este nuevo orden no se organiza en torno a proyectos ideológicos coherentes, sino a partir de antagonismos morales y afectivos. En este marco, se ha conformado una coalición reactiva y disonante, integrada por actores políticos que históricamente han ocupado posiciones irreconciliables, pero que hoy encuentran un punto de convergencia en su rechazo a un enemigo común: los “caviares”. Quienes se posicionan a la cabeza de esta ofensiva simbólica contra la “élite progresista” —a la que acusan de tecnocrática, moralizante y desconectada del "pueblo real"— son miembros de la ultraderecha conservadora y de la izquierda ortodoxa.

Los enemigos y la política

Ernesto Laclau (2005) postula que la política, en un sentido fundamental, está intrínsecamente ligada al antagonismo. Por tanto, para la creación de un campo político, se requiere el establecimiento de una frontera antagónica dentro de lo social. En otras palabras, se hace necesaria la presencia de un enemigo para lograr cohesionar a la sociedad, pues el sentido de identificación más primario se encuentra en la negatividad compartida hacia algo o alguien.

Sin embargo, estos enemigos no nacen espontáneamente, sino que son creados por actores políticos a través de operaciones discursivas que hacen responsables a determinados sujetos de las demandas insatisfechas de la población.  En la medida en que se busca interpelar a un público más amplio, el significante que se utiliza para nombrar al enemigo —como ocurre con el término “caviar”— tiende a ser deliberadamente impreciso. Esta ambigüedad le permite adaptarse a un campo social diverso y captar múltiples malestares dispersos (Laclau, 2005). Lo que explica, como señaló el periodista Juan Carlos Tafur (2024), que con esa denominación se apele a:

[Una] izquierda progresista, relativamente moderada, creyente en la democracia, pero también en el intervencionismo económico y que pone especial y sobrecargado énfasis en materias de derechos humanos o temas ambientales [...] [Pero,]   también [a] quienes se consideran liberales, creyentes en la economía de mercado, pero también en las instituciones democráticas, los derechos humanos, los cuidados ecoambientales, las políticas de género, la justicia global  [...].(párr. 2 y 3)

En términos discursivos, el significante “caviar” condensa una crítica que va más allá de la ideología progresista: designa a un grupo de actores —funcionarios, tecnócratas, activistas, intelectuales y profesionales liberales— que operan dentro del aparato estatal y de las instituciones democráticas, a quienes se les atribuye un doble rol. Por un lado, se les acusa de beneficiarse del sistema, capturando recursos materiales mientras aparentan representar causas justas; por otro, se los señala como responsables de sostener un modelo de Estado que, en nombre de la modernización y los derechos, perpetúa estructuras de exclusión.

Desde la mirada de la ultraderecha, estos actores son garantes de un orden globalista, tecnocrático y culturalmente liberal, que invisibiliza o desprecia los malestares de las mayorías. Paradójicamente, este diagnóstico también ha sido parcialmente compartido por una izquierda más radical, que históricamente ha concebido al Estado no como una herramienta neutra de inclusión social, sino como la expresión institucional de una clase dominante. Así, el término “caviar” se convierte en un punto de articulación entre críticas de derecha e izquierda al progresismo institucional, permitiendo que coaliciones ideológicamente disímiles encuentren un enemigo común en quienes encarnan una visión moderada del cambio social desde dentro del sistema.

Es en este punto en el que surge una pregunta que no puede eludirse: ¿qué tanta eficacia política tiene el proceso de nominar a los enemigos políticos como “caviares”?

Si buscamos datos precisos, el único estudio de opinión pública a nivel nacional que aborda el término lo realizó Ipsos en julio de 2024.^[14] Sobre ello, se descubrió que solo un tercio de la población —el 33.64 por ciento— reconoce el término “caviares” cuando este se utiliza para hacer referencia a agrupaciones políticas. Dentro de este grupo, el 29.1 por ciento identificó a los “caviares” con ideologías de derecha; mientras que el 49.37 por ciento los consideró “ricos” y el 36.7 por ciento, “vagos”. Asimismo, el 39.9 por ciento los reconoció como personajes completamente “lejanos” a ellos.

En síntesis, la centralidad que, durante los últimos años, tiene en el debate político el término “caviar”, no tiene un correlato en la población, en la que solo un tercio afirma haber “escuchado” el término —lo que no es igual a estar familiarizado con él—. Por tanto, sostenemos que el término “caviar” es el esfuerzo de agentes específicos de construir identificaciones políticas a partir de la creación de un enemigo.

Aquel intento de formar identidades políticas, cabe anotar, es nutrido con un diagnóstico de los “sentires populares”, a menudo huérfanos, fragmentados y no representados en las instituciones ni en los discursos políticos disponibles (Errejón y Mouffe, 2015). Se trata de una oportunidad para la agencia de diferentes actores

El caviar y el terruco

Recapitulando, “terruco” y “caviar” son dos etiquetas para señalar a enemigos políticos construidos, aunque con matices bastante importantes.

Si bien “terruco” fue una palabra que durante más de tres décadas logró estigmatizar a cualquier individuo sobre el cual recaía, en la actualidad, por lo expuesto antes, ha perdido poder como herramienta simbólica de control social. No obstante, sus efectos legales se han potenciado, por lo que no puede tratarse como un arma obsoleta, ya que —aunque ahora por miedo— sigue provocando la desmovilización social. “Caviar”, en cambio, mucho más benigno, no posee una dimensión penal, pero se ha desplegado de tal forma que parece ir ganando terreno en el plano afectivo.

Durante las primeras décadas del 2000, el término “terruco” funcionó como una categoría estigmatizante de alto impacto político. No solo remitía a una amenaza armada concreta, sino que desempeñaba un papel clave en la legitimación del nuevo orden postconflicto, sustentado en el discurso del “milagro económico peruano”, la pacificación y la apertura neoliberal. En ese contexto, el “enemigo público” era quien atentaba contra un sistema percibido como legítimo y prometedor, incluso si esa legitimidad era más simbólica que material. La estigmatización mediante el terruqueo no requería pruebas: bastaba con la alusión para desactivar cualquier forma de disidencia política, asociándola al pasado violento que la sociedad quería dejar atrás.

Sin embargo, el clima de época ha mutado. Las sucesivas crisis políticas iniciadas con el escándalo de corrupción Lava Jato y la crisis económica detonada con la pandemia de la COVID-19 destruyeron el relato nacional de la “democracia modernizadora” que se había instalado en el país con la salida de Alberto Fujimori en el poder. Hoy, para amplios sectores sociales, el sistema ya no encarna una promesa de inclusión sino una estructura de exclusión sostenida. En este nuevo horizonte de sentido, el “terruco” pierde eficacia como figura estigmatizante, pues ya no hay un orden hegemónico que defender con el mismo fervor. Si antes el terruco era el sujeto que desafiaba un sistema que debía protegerse, ahora ese sistema aparece, para muchos, como fuente del malestar. Ya no hay enemigo externo que amenace el orden: el enemigo se ha reconfigurado como el garante interno de ese orden en crisis.

Es en este contexto que emerge con fuerza la figura del “caviar” como nuevo significante del enemigo público, introducido por agentes políticos  que buscan capitalizar políticamente el clima social. Así, a diferencia del “terruco”, el “caviar” no busca subvertir el sistema, sino que se presenta como su defensor, lo administra y legítima.

Este desplazamiento no es casual: responde a una reconfiguración del enemigo público, en función de las transformaciones del campo político y del vínculo Estado-sociedad. Así, el discurso anticaviar no se opone a un proyecto revolucionario, sino que expresa el rechazo a una clase política y tecnocrática percibida como distante, autorreferencial y sostenida por privilegios opacos. El insulto, entonces, no nombra simplemente una posición ideológica: nombra una relación de poder y una fractura en la representación.

Para la izquierda progresista, el uso del término "caviar" como insulto político supone dos puntos que no deberían pasarse por alto. En primer lugar, se trata de un fenómeno que no es exclusivo del Perú. En distintas partes del mundo —y en varios países de América Latina— la figura del progresista caricaturizado como élite moralista y desconectada de las mayorías ha sido utilizada con eficacia por proyectos políticos autoritarios y conservadores. Lo particular del caos peruano es que este tipo de descalificación no solo ha venido desde la derecha, sino que también ha sido asumida y reproducida por sectores de izquierda más tradicional, facilitando así la consolidación de un campo político hostil a toda forma de progresismo institucional. En ese gesto no hay un desplazamiento hacia lo popular, sino más bien una renuncia a disputar su representación.

Cabe señalar que la tensión entre distintas corrientes de izquierda no es nueva. A lo largo de la historia política de América Latina, han coexistido al menos dos grandes vertientes: una izquierda ortodoxa, orientada hacia transformaciones estructurales de inspiración marxista clásica; y una izquierda reformista, que ha privilegiado estrategias de cambio institucional progresivo, incorporando desde los años ochenta agendas vinculadas a los derechos civiles, la justicia social y las libertades individuales.

La confrontación entre ambas ha sido constante, y la deslegitimación del reformismo por parte de los sectores más radicales ha incluido históricamente acusaciones de "revisionismo" o de pertenecer a una "izquierda burguesa". En este sentido, la actual ofensiva contra el progresismo institucional no constituye una anomalía, sino que se inscribe en una larga tradición de disputas internas por la hegemonía dentro del campo de la izquierda.

En segundo lugar, el desprestigio de lo “caviar” expresa, en el fondo, el descrédito de una izquierda que ha perdido capacidad de conexión con los malestares sociales. No porque sus ideas hayan sido refutadas, sino porque ha fallado en articular un lenguaje y una agenda que logren recoger las frustraciones y aspiraciones de amplios sectores golpeados por la crisis. En palabras de Laclau (2005), lo que hoy existe es una serie de demandas sociales insatisfechas que permanecen dispersas, sin una narrativa común que las unifique.

Existen ya actores que se encuentran en una incipiente etapa de trazar una frontera antagónica, proponiendo un enemigo, pero aún no se ha consolidado un proyecto afirmativo. Así, lo que hace falta es un significante vacío, es decir, un término, una consigna o una figura política capaz de condensar el sentido de esa pluralidad de reclamos y proyectarla hacia un horizonte de transformación.

Como ha señalado Stefanoni (2021), estamos ante derechas que han aprendido a canalizar la indignación social y a apropiarse de la promesa de cambio, desafiando a la izquierda en un terreno que solía serle propio. No se limitan a conservar el orden; compiten por el lenguaje de la justicia, del mérito, del castigo al privilegio, y lo hacen con eficacia en contextos de crisis. Frente a ello, la izquierda enfrenta el reto de ampliar su interlocución con sectores que hoy viven con frustración la precariedad cotidiana.

Esto implica revisar críticamente su vínculo con la institucionalidad. No para rechazarla de plano, sino para comprender por qué ha dejado de ser vista como un canal legítimo para la resolución de los problemas públicos. Cuando la salud, la educación, la seguridad o la vivienda están marcadas por el abandono o la corrupción, defender el Estado sin matices no solo es insuficiente, sino contraproducente. La izquierda debe preguntarse qué tipo de institucionalidad es capaz de responder efectivamente a las demandas sociales y cómo construirla con participación popular, sin resguardarse completamente en el tecnicismo.

Más que replegarse o adaptarse, la tarea urgente es reconstruir una agenda que hable con claridad sobre los problemas concretos de la gente —como el acceso a medicamentos, el precio de los alimentos, la violencia cotidiana o la falta de empleo digno—, sin dejar de articularlos con un proyecto democrático y transformador. El desprestigio de lo “caviar” no es solo una disputa simbólica, es el síntoma de una crisis de representación que la izquierda aún no logra resolver. Pero también es una advertencia: si no es capaz de reconectar con las demandas populares desde un horizonte de transformación, otros —con objetivos completamente diferentes— podrán ocupar ese lugar.

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición inaugural de la revista Nuestro Sur. Descárgala aquí.

 Referencias bibliográficas

Calderón, M. (2022, 5 de septiembre). ¿Quién le teme al pueblo? Martín Vizcarra, lo que lo hace popular y el populismo. Revista Ideele. https://revistaideele.com/ideele/content/%C2%BFqui%C3%A9n-le-teme-al-pueblo-mart%C3%ADn-vizcarra-lo-que-lo-hace-popular-y-el-populismo 

Errejón, Í., & Mouffe, C. (2015). Construir pueblo: Hegemonía y radicalización de la democracia. Icaria Editorial.

Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

Ramírez, A. (2023). Siete tesis para un nuevo orden económico internacional. Progressive International. https://progressive.international/blueprint/ebc6695d-315d-4eea-9ee6-467f169bba6a-siete-tesis-para-el-nuevo-orden-econmico-internacional/es/

Sosa, M. (2023). Terruqueo y estallido social (pp. 247–254). En Montoya, G. & Quiroz, H. (Eds.), Estallido popular. Editorial Estallido.

Sosa, M., & Sevilla, S. (2022). La vida después de la muerte de los miembros del PCP-Sendero Luminoso: Un modelo de comunicación para la convivencia posconflicto [Tesis de licenciatura, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. https://hdl.handle.net/20.500.12724/16482

Stefanoni, P. (2021). La rebeldía se volvió de derecha. Siglo XXI Editores.

Tafur, J. C. (2024, 6 de febrero). La derecha caviar. Sudaca. https://sudaca.pe/noticia/opinion/juan-carlos-tafur-la-derecha-caviar/

Tanaka, M. (2024, 10 de febrero). El anticaviarismo como categoría política. El Comercio. https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/el-anticaviarismo-como-categoria-politica-por-martin-tanaka-noticia/

Velásquez, F. (2022). De las batallas por la memoria a la marca del conflicto: “Terruqueo”, estigmatización y violencia en el Perú reciente. e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, 20(80). Universidad de Buenos Aires. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=496470836005

^[1] “Ministro de Defensa confirma apoyo logístico y financiamiento proveniente del Vraem en violentas protestas,” El Comercio, 16 de enero de 2023, https://elcomercio.pe/peru/ministro-de-defensa-confirma-apoyo-logistico-y-financiamiento-proveniente-del-vraem-en-violentas-protestas-congreso-de-la-republica-narcotrafico-noticia/.

^[2] “Dina Boluarte asegura que exmiembros de Sendero Luminoso están detrás de las protestas violentas,” Infobae, 31 de diciembre de 2022, https://www.infobae.com/america/peru/2022/12/31/dina-boluarte-asegura-que-exmiembros-de-sendero-luminoso-estan-detras-de-las-protestas-violentas/.

^[3] “Los nexos entre Pedro Castillo y el miembro del Movadef César Tito,” El Comercio, 11 de diciembre de 2022, https://elcomercio.pe/politica/actualidad/los-nexos-entre-pedro-castillo-y-el-miembro-del-movadef-cesar-tito-peru-libre-sendero-luminoso-noticia/?ref=ecr.

^[4] “Vínculos de Pedro Castillo con el Conare datan de 2013,” Perú21, 3 de junio de 2017, https://peru21.pe/politica/vinculos-pedro-castillo-conare-datan-2013-373309-noticia/.

^[5] “Quién es Guido Bellido, el dimisionado primer ministro de Perú investigado por "apología del terrorismo," BBC Mundo, 30 de julio de 2021,https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58026252 

^[6] Informe de opinión: enero I – 2023, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), enero de 2023, https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/01/Informe-IEP-OP-Enero-I-2023.-Informe-completo-version-final.pdf.

^[7] “El ‘terruqueo’: el arma verbal que pone a los manifestantes peruanos en la diana,” El País, 6 de enero de 2023, https://elpais.com/internacional/2023-01-06/el-terruqueo-el-arma-verbal-que-pone-a-los-manifestantes-peruanos-en-la-diana.html.

^[8] Perú: represión estatal letal. Crímenes bajo el derecho internacional durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023, Amnistía Internacional, 16 de febrero de 2023, https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/02/peru-lethal-state-repression/.

^[9] Como apunto en Sosa y Sevilla (2022) una de las consecuencias más persistentes y estructurales del terruqueo es que refuerza la noción —nunca desmentida de manera sistemática en el discurso público— de que el PCP- Sendero Luminoso sigue existiendo como un actor subversivo en actividad. Esta premisa, al no ser cuestionada ni por los sectores que son blanco de la estigmatización, permite que el mecanismo del terruqueo se proyecte como una operación política continua. Así, tanto políticos progresistas como manifestantes críticos del sistema y personas con vínculos sociales o familiares con ex militantes del PCP-SL pueden ser situados en el mismo plano del “enemigo interno”. Mientras la idea de una subversión latente no sea desmontada, el uso del terruqueo seguirá operando como una forma de disciplinamiento ya sea subrayando su dimensión social o penal (p. 23).

^[10] Informe de opinión: marzo 2025, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), marzo de 2025, https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2025/03/IEP-Informe-de-opinion-marzo-2025-informe-completo.pdf.

^[11] “Dina Boluarte rechaza allanamiento a casa de Santiváñez: ‘La Fiscalía busca tejer un golpe de Estado blando’,” RPP Noticias, 10 de mayo de 2024, https://rpp.pe/politica/gobierno/dina-boluarte-rechaza-allanamiento-a-casa-de-santivanez-la-fiscalia-busca-tejer-un-golpe-de-estado-blando-noticia-1619452.

^[12] Jaime de Althaus, “Izquierda caviar,” El Comercio, 7 de septiembre de 2023, https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/izquierda-caviar-por-jaime-de-althaus-noticia/.

^[13] “Patricia Chirinos llama ‘caviares’ a miembros de JNJ y ordena a Cancillería pronunciarse contra la CIDH,” Infobae, 26 de septiembre de 2023, https://www.infobae.com/peru/2023/09/26/patricia-chirinos-llama-caviares-a-miembros-de-jnj-y-ordena-a-cancilleria-a-pronunciarse-contra-cidh/.

^[14] “Ipsos: 50% autoritarios con dinero y vagos, el perfil del ‘caviar’,” El Comercio, 9 de octubre de 2023, https://elcomercio.pe/politica/actualidad/ipsos-501-autoritarios-con-dinero-y-vagos-el-perfil-del-caviar-noticia/?ref=ecr