Seguridad a golpes: la trampa represiva

Tras las elecciones generales y ya con el país encaminado hacia la segunda vuelta, casi todo se dijo. La única certeza que terminaron compartiendo candidatos y electores fue ese “piloto automático” con el que Humala acusó alguna vez a Alan: una versión moderna de la frase atribuida al presidente Manuel Prado, “en el Perú hay dos tipos de problemas: los que se resuelven solos y los que nunca se resuelven”.

En efecto, hace décadas que peruanos y peruanas nos persuadimos de que las elecciones no son para nada importantes y no inciden en la resolución de los problemas cotidianos que debemos enfrentar. Los candidatos, hace décadas también, dejaron de esforzarse en elaborar propuestas y sus presentaciones responden a estrategias marketeras y no a exponer soluciones creíbles.

Para muestra, un botón. Infinidad de encuestas en los últimos tiempos, han recalado en el mismo resultado, la inseguridad ciudadana es nuestra principal amenaza. Pero, cuando a los candidatos les tocó decirnos qué harían frente a esta situación, sus ideas no parecían alinearse con nuestras urgencias y lo que sí resaltó fue la competencia represiva entre ellos. Parafraseando al recordado Jorge Trelles, el asunto sería “quien mata más”, “quien construye más cárceles”, “quien asegura más impunidad”.

De esta manera, en sus fantasías, la inseguridad nunca fue un problema social y la convirtieron, esforzándose en no salir del sentido común imperante, en uno policial-militar. En esto no hay diferencias, ni siquiera matices ideológicos, cuando vimos que desde la derecha se prometía más cárceles en la Amazonía y se respondía, desde la izquierda, con la creación de comandos de aniquilamiento contra los delincuentes.

Pero no se crea que el marco estrechísimo en el que se quiere debatir el asunto es tan irracional como, peligrosamente, nos ha querido convencer la opinología nacional cuando, en realidad, hay potenciales ganadores en este aparente desorden y, por supuesto, grandes perdedores.

Cuando la inseguridad que percibimos se convierte a los ojos del Estado en un “problema policial”, poniendo totalmente de lado su composición multicausal y esencialmente social, nos debería conducir al análisis de al menos dos ámbitos, uno explícito y otro no tanto. Estamos hablando de la negociación presupuestal y de los costos de oportunidad del personal policial.

Sobre la primera, partamos del hecho de que en el Perú el presupuesto por resultados se adoptó como una estrategia de gestión pública, a partir de la Ley 28927 (2008), para buscar que el gasto del Estado se vincule directamente con resultados medibles en beneficio de la población, en lugar de centrarse únicamente en cuánto se gasta. Es decir, se asignan recursos a programas y productos que demuestren impacto en la calidad de vida ciudadana.

Sin embargo, en la práctica, el presupuesto de la Policía Nacional del Perú (PNP) no se evalúa bajo el enfoque de presupuesto por resultados. Es así por el predominio de gastos rígidos, pues más del 70% del presupuesto se destina a sueldos, pensiones y beneficios, lo que deja poco margen para programas que pueden afectarse con indicadores de impacto.

De otro lado, está la falta de indicadores claros. No existen métricas sistemáticas que vinculen el gasto policial con resultados verificables en seguridad ciudadana (por ejemplo, la reducción de la victimización o la mejora en la percepción de seguridad). Asimismo, se suma la limitadísima capacidad de evaluación del Estado peruano: los informes presupuestales se centran en la ejecución financiera (cuánto se gastó) y no en el desempeño (qué se logró).

También incide la fragmentación institucional. El presupuesto se distribuye en múltiples partidas y transferencias, lo que dificulta articularlo en programas con objetivos comunes. Esto lo vuelve altamente vulnerable a la corrupción y consolida la desigualdad territorial, pues la mayor parte de la inversión se concentra en Lima y en las grandes ciudades, mientras las zonas rurales mantienen déficits de infraestructura policial.

Finalmente, pesa la resistencia política de los mandos, ya que evaluar por resultados implicaría mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, lo que choca con prácticas clientelistas y con la lógica de negociación del presupuesto policial.

Respecto al segundo ámbito, está extendida la creencia de que solo el Estado invierte en la formación del efectivo policial, pero no es así. También intervienen de manera importante la familia y el propio efectivo, quienes realizan inversiones económicas, emocionales y simbólicas que condicionan la expectativa de retorno.

Entonces, además de las “cuotas” informales que deben efectivizarse para asegurar el ingreso del futuro policía a las escuelas de formación, debe tenerse en cuenta que el costo de sostener la formación (alimentación, transporte, apoyo emocional, incluso endeudamiento) genera en la familia una expectativa de movilidad social y reconocimiento, pero también una inversión económica que debe ser saldada. En esa línea, el esfuerzo físico, psicológico y económico del propio efectivo se traduce en la esperanza de ser destacado hacia un lugar que valide esa inversión.

Por ello, si el policía es asignado a un espacio de alta visibilidad o conflictividad, la familia percibe que la inversión “rinde frutos” en estatus y legitimidad. Si, por el contrario, el destino es marginal o de baja relevancia, puede vivirse como frustración o pérdida de retorno.

En otras palabras, como se organizan las cosas, sería imposible que el efectivo policial proyecte su reproducción solo con el sueldo formal que recibe. Así es como la corrupción forma parte de su esquema de subsistencia, para equilibrar la inversión personal y familiar realizada en su carrera.

La evidencia de esta situación nos la ofrece Claudio Lomnitz, para el caso mexicano. En El tejido social rasgado (2022), analiza la corrupción policial en ese país como parte de un entramado más amplio de economías informales y criminales, mostrando que la policía se convierte en el “brazo armado” de estas economías y que la corrupción es un mecanismo estructural de reproducción institucional. No la entiende como un problema aislado de ética individual, sino como síntoma de un Estado debilitado y de un tejido social fracturado.

En otras palabras, la corrupción policial en México es un fenómeno estructural vinculado a la lógica de inversión privada que realizan los propios policías y sus familias a lo largo de la carrera. Es decir, el policía no solo depende del salario estatal, sino que él y su entorno invierten recursos económicos, sociales y simbólicos en su formación y ascenso, lo que genera una expectativa de “recuperar” esa inversión mediante prácticas informales o corruptas.

Posiblemente, detrás de la distribución de los escasos recursos policiales en Lima Metropolitana, resida esta lógica. En el 2024, según un sitio web[1] generado evidentemente por personas que si no son policías son cercanas a ellos, estimaba que, en la Región Policial Lima -Lima Metropolitana y las provincias de Barranca, Huacho y Cañete- habría alrededor de 19,980 efectivos para una población cercana a los 10 millones de habitantes, arrojando una ratio de un efectivo policial por cada 500 habitantes. De este total, 19,150 policías estaban aptos operativamente para el servicio policial directo.

Sin embargo, si del total de efectivos solo consideramos los que están en las comisarías, que son la primera línea de respuesta a la inseguridad ciudadana, la proporción sería de aproximadamente un policía por cada 1,000 habitantes.

Sigamos desagregando. La distribución de los efectivos policiales en Lima no es uniforme, lo que genera una marcada desigualdad en la seguridad percibida y real entre los diferentes distritos. Las cifras revelan que mientras algunas zonas gozan de una mayor presencia policial, otras se encuentran en una situación claramente desventajosa.

San Isidro cuenta con la mayor presencia policial per cápita, con una proporción de un policía por cada 250 personas. Es seguido de cerca por Cercado de Lima y Barranco. ¿Por qué esta correlación positiva? Según el propio análisis policial, es posible que se deba a la densidad de actividades comerciales, la presencia de instituciones gubernamentales o el nivel socioeconómico de la zona.

De otro lado, distritos con alta densidad poblacional y, a menudo, mayores índices de criminalidad, presentan una ratio negativa. Así, Puente Piedra tiene un policía por cada 1,045 habitantes, similar a las de Comas (1,088), Carabayllo (1,106), Pachacamac (1,161) y Santiago de Surco (1,222).

La situación se empeora en distritos como San Martín de Porres -un policía por cada 2,089 habitantes- y Santa Anita - un policía por cada 2,748 habitantes. La obvia paradoja es que los distritos con menor presencia policial son a menudo los más vulnerables a la delincuencia.

Entonces, ¿es una crisis que provoca la cantidad insuficiente de policías? Al parecer, ese no es el punto crítico, sin que ello signifique que tenemos una cantidad adecuada de policías, sino que una deficiente distribución territorial de los recursos humanos, de por sí limitados en número, agrava el problema. Pero, el asunto es que este resultado, lejos de ser una deficiencia de gestión, responde a factores con los cuales se ha organizado la función policial desde el Estado, es decir, si la policía se ha convertido en parte del problema de la inseguridad ciudadana es porque está respondiendo fielmente a su racionalidad presupuestal y organizacional.

[1] La Policía en Lima: Un Reto Numérico y Social | AOPIP