Elecciones 2026: ¿quién cambiará la educación?

Encontrar ideas nuevas en los planes de educación de los candidatos a la presidencia es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. Cada cinco años se repiten las propuestas que aluden a calidad, equidad, gestión, presupuesto, mejoras para los docentes, becas, infraestructura y muchos etcéteras. Llegado el momento de gobernar los planes quedan en el archivo del JNE y en las computadoras de los expertos que los redactaron. Por lo general se designa a ministros o ministras que desconocen el plan prometido y que toman decisiones en función de sus prioridades y de la correlación de fuerzas políticas en el gobierno, en el Congreso y en la sociedad, con lo cual la educación sigue alineada a los intereses de una minoría privilegiada.

Entre una elección y la siguiente la realidad educativa se mantiene casi igual: muchas escuelas estatales y aulas en condiciones precarias, a menudo sin agua ni desagüe ni electricidad ni internet ni biblioteca ni laboratorios. Muchos docentes desmotivados, abrumados por la burocracia, resignados a la repetición, la monotonía y la mediocridad. Desigualdad creciente en las condiciones para enseñar y para aprender en colegios segregados según el nivel socioeconómico de las familias. Grandes diferencias en los resultados educativos entre las escuelas de las mayorías y los de minorías privilegiadas, entre colegios urbanos y colegios rurales, entre los de zonas hispanohablantes y los que reciben a niños y niñas de las poblaciones nativas. Al final, muchos jóvenes no completan la educación secundaria, muchos más la completan sin dominar del todo la lectura, la escritura y otras capacidades básicas; la mayoría de ellos no encuentran oportunidades en la educación postsecundaria y tampoco en el mercado laboral.

Sin embargo, hemos visto que ocasionalmente se ponen en marcha iniciativas de cambio; pero al poco tiempo son abandonas o se revierten. Es el caso, por ejemplo, del Proyecto de Educación en Áreas Rurales -PEAR-, iniciado en la primera década de este siglo y abandonado al poco tiempo, pese a contar con financiamiento internacional aprobado y en ejecución. La llamada reforma magisterial implementada en la segunda década comenzó bien, pero fue resistida, perforada y al final desfigurada por completo mediante leyes aprobadas por el Congreso. Un destino similar tuvo la reforma universitaria, abortada por una alianza entre congresistas y el gobierno de Boluarte cuando recién empezaba a ordenar y mejorar la gestión, la docencia y la investigación.

Por todo ello, si bien es necesario revisar y evaluar las propuestas de quienes aspiran a realizar cambios relevantes en la educación desde el gobierno, mucho más importante es preguntarles por su estrategia política para realizar esos cambios, y para que tengan continuidad en el mediano y largo plazo. La experiencia de las últimas décadas nos enseña que para poner en marcha, desarrollar y sostener cambios relevantes en el sistema educativo no bastan la buena voluntad de un ministro, la sabiduría de algunos asesores o el compromiso de un puñado de funcionarios. Lo que se necesita es el respaldo social organizado y canalizado políticamente de los beneficiarios de las reformas, para superar y derrotar al poder social y político de los grupos privilegiados -como por ejemplo los dueños de negocios universitarios mediocres y engañosos-, que maniobran y corrompen a los políticos para impedir que el bien común y lo que conviene a la nación se imponga sobre sus intereses particulares.

Para cambiar la educación en beneficio de la mayoría de la población y del desarrollo de la democracia y el bienestar social, no basta con buenas ideas y buenas intenciones de tecnócratas y funcionarios. Se tiene que empoderar y dotar de recursos a las comunidades, a las familias, a los docentes comprometidos con los propósitos de su profesión, a los propios estudiantes y a las instituciones y organizaciones locales y regionales, para que juntos implementen las reformas, las adapten a la realidad de sus territorios y culturas, las evalúen y corrijan en el camino, superen las resistencias y las defiendan de los ataques de las fuerzas parasitarias del pasado.

La movilización social es el camino de la transformación de la educación; los partidos que prometen cambios deben desarrollar y exponer su estrategia para la movilización. Por ejemplo, un programa de inversión en infraestructura para garantizar escuelas estatales dignas para todos, tiene que incluir una estrategia para involucrar a las comunidades y a las familias organizadas en su ejecución, comprometer a las autoridades locales, a los docentes y a las organizaciones sociales del territorio; echar mano de todos los recursos disponibles y movilizar al conjunto de los actores es indispensable para asegurar una realización eficaz, rápida y ajustada a las necesidades y la cultura local.

Del mismo modo, un proyecto de cambio en el currículo, en los contenidos y los métodos de la enseñanza, los recursos materiales y digitales para el aprendizaje, la organización de las escuelas, de los docentes y de los estudiantes para llevar adelante los procesos educativos con éxito para todos, se tiene que basar en la activación de un movimiento pedagógico de los educadores, con núcleos locales y regionales de trabajo colaborativo para la innovación, el intercambio, la producción de saber pertinente y probado en la práctica de la enseñanza y del aprendizaje. La experiencia de los últimos veinte años demuestra que la consistencia teórica de un currículo no alcanza para lograr su implantación en la realidad de las aulas; tampoco la presión y las exigencias burocráticas formales sirven para lograr su ejecución satisfactoria y con buenos resultados. La movilización social pedagógica de los educadores es indispensable para que cualquier reforma curricular tenga éxito.

En conclusión, los cambios relevantes en la educación se harán con el empoderamiento colectivo y la movilización social de los actores directamente involucrados y beneficiarios: las comunidades, las familias, los docentes, los estudiantes, las instituciones y las organizaciones locales. Un gobierno que comprenda la necesidad de activar esa movilización y la promueva será el gestor político eficaz de cambios exitosos e irreversibles, que pondrán la educación al servicio de la mayoría de la nación y del desarrollo integral del país. Pero los ciudadanos no podemos esperar a que algún gobierno tome la iniciativa; debemos forjar poder social desde los territorios, las regiones y el país entero para realizar cambios concretos y demandar a las autoridades la aplicación de políticas que logren condiciones de educabilidad, inclusión, equidad, aprendizajes satisfactorios para todos y, en consecuencia, una generación de ciudadanos que hagan realidad las promesas incumplidas de la república.

Un ejemplo de este tipo de iniciativa para empoderar un sujeto colectivo transformador es el recientemente creado Movimiento Pedagógico para la Democracia y la Ciudadanía, con participación de educadores y educadoras de todas las regiones del Perú, decidido a promover el intercambio y fortalecimiento de experiencias innovadoras, a empoderar colectivamente a los docentes para que ejerzan su profesión con autonomía, y para incidir en las políticas educativas.