Por qué la receta de Bukele no cabe en el Perú (y el viaje fue solo para la foto)

Keiko Fujimori volvió de El Salvador con un documento bajo el brazo y la promesa de más megacárceles. Pero el "modelo" no es un edificio. Es un régimen. Y el país adonde se quiere trasplantar es otro.

El 29 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori recorrió los pabellones del CECOT, la megacárcel de Nayib Bukele. Fue una visita por invitación del propio Bukele, y el ministro salvadoreño de Seguridad le entregó un documento sobre el "modelo Bukele". Ese mismo día anunció dos nuevos penales, adicionales a los seis que ya están en construcción. La pregunta es si eso funcionaría aquí. Para responderla hay que separar la fotografía del mecanismo.

Lo que hay detrás de la foto

El CECOT es la vitrina. El motor es el régimen de excepción. Se aprobó el 27 de marzo de 2022, después de que las pandillas mataran a 62 personas en un solo día. En febrero de 2026 la Asamblea aprobó su prórroga número 48, con más de 91.300 detenciones acumuladas. El régimen suspende garantías como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las comunicaciones, y amplía la detención administrativa de 3 a 15 días. Las detenciones superaron el 1 % de la población del país.

Eso es lo que se importa cuando se dice "modelo Bukele": una excepción convertida en norma, con una cárcel como símbolo.

Otra enfermedad

El Salvador de 2015 era un caso extremo. Ese año tuvo 6.656 asesinatos, una tasa de 103 por cada 100.000 habitantes. La violencia de pandillas era endémica desde hacía décadas, y Bukele mismo habló de unos 86.000 pandilleros activos en 2022. Todo ocurría en un territorio de 21.040 km² con poco más de seis millones de habitantes. Eran organizaciones con arraigo barrial y un Estado que podía identificar al enemigo.

El Perú tiene una crisis grave, pero distinta. Su tasa de homicidios pasó de 8,6 a 10,7 por cada 100.000 habitantes en 2025, casi diez veces menos que la salvadoreña de 2015. Ese año se cerró con 2.213 homicidios, la cifra más alta desde 2017, con el sicariato y la extorsión como motores. En los primeros cuatro meses de 2026 hubo más de 4.000 denuncias de extorsión, unas 41 al día. En octubre de 2025 el propio premier admitió que cuatro de cada diez peruanos han sido víctimas.

Es un crimen difuso y fragmentado, que se reproduce más rápido de lo que se captura. Un análisis de InSight Crime sobre La Libertad mostró que decapitar bandas favorece su fragmentación y que se reemplaza a los jefes con reclutas más jóvenes. Un régimen de excepción que funciona contra un enemigo con membresía y territorio es una herramienta torpe contra mafias que mutan de nombre cada seis meses.

Las cárceles peruanas ya son la central de operaciones

El argumento más repetido es que faltan cárceles, y es verdad. El sistema alberga unos 103 mil reos en 41 mil plazas, y desde 2010 solo se han construido dos penales. En junio de 2026 el hacinamiento llegaba al 152 % de la capacidad, y 52 de las 69 cárceles estaban sobrepobladas. Pero el problema de fondo es otro. El 78 % de la población penitenciaria son reos primarios. Más celdas no cambian lo que ocurre adentro: la policía sigue desarticulando bandas que extorsionan con órdenes dadas desde los penales. Un proyecto de ley en el Congreso lo reconoce: esas organizaciones operan desde el interior aprovechando las deficiencias en el control de comunicaciones del INPE.

Hay un dato todavía más elocuente sobre la impunidad. El Ministerio Público registró 86.373 casos de extorsión entre 2016 y 2024, pero la cantidad de internos por ese delito aumentó solo en unos 200. Eso no es un déficit de metros cuadrados. Es un déficit de investigación, de sentencias y de control.

Y la receta tampoco resolvió el hacinamiento en su propia casa. En El Salvador, la población carcelaria llegó a unos 97.000 detenidos, tres veces la capacidad oficial.

Un Estado con goteras

El modelo salvadoreño exige un aparato policial y judicial capaz de ejecutar decenas de miles de capturas. La experiencia peruana reciente muestra otra cosa. Entre el 22 de octubre de 2025 y el 19 de febrero de 2026 se registraron 284 homicidios en Lima y Callao pese al estado de emergencia. El entonces ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció que los estados de emergencia no redujeron la extorsión y habló de un déficit histórico de recursos policiales, con chalecos vencidos y armas obsoletas. Un informe de inteligencia de la PNP detectó que entre 10 y 15 policías en funciones habrían integrado la banda de "El Monstruo".

La experiencia peruana plantea un problema adicional. Si se otorgan facultades para realizar capturas masivas y discrecionales a una policía en la que existen indicios de infiltración criminal, el resultado podría ser la expansión de la corrupción. Las detenciones podrían convertirse en una oportunidad para extorsionar a los propios detenidos o a sus familiares, mientras que la liberación podría tener un precio. En lugar de acabar con el negocio de la extorsión, se correría el riesgo de trasladarlo al propio aparato encargado de combatirla.

El otro modelo Bukele

Hay algo que la foto del CECOT no muestra. El modelo salvadoreño funciona dentro de un sistema político sin contrapesos. Bukele fue reelegido en 2024 con el 85 % de los votos y controla casi todos los poderes. En 2025 el Congreso aprobó con 57 votos a favor y 3 en contra la reelección presidencial indefinida, y de paso extendió el mandato de cinco a seis años. Una ley de agentes extranjeros impuso un impuesto del 30 % a la financiación foránea; Cristosal cerró sus oficinas, y entre mayo y septiembre al menos 140 defensores de derechos humanos y periodistas huyeron del país. Para la directora de Human Rights Watch para las Américas, El Salvador recorre «el mismo camino que Venezuela».

De ahí sale un dilema. O el Perú no tiene la concentración de poder que el modelo requiere, y entonces sale caro y no funciona. O la construye, y entonces importó mucho más que una cárcel. Un país que ya vivió bajo gobiernos que justificaron la excepción en nombre de la seguridad debería conocer el costo de esa segunda opción.

Lo que el milagro no cuenta

Las cifras de El Salvador impresionan. En 2025, la tasa de homicidios fue de 1,3 por cada 100.000 habitantes. Pero la reducción había comenzado antes de Bukele. Cuando asumió, en 2019, ya había descendido a unos 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

También hay que considerar las negociaciones secretas entre el Gobierno y las pandillas, documentadas por investigaciones de El Faro y recogidas por Human Rights Watch. En 2021, Estados Unidos sancionó a dos funcionarios salvadoreños por facilitar esos acuerdos. El Gobierno lo niega.

El régimen de excepción tiene, además, un costo humano. Cristosal documentó más de 2.900 casos de violaciones de derechos humanos y una organización de derechos humanos registró 482 muertes en cárceles. Amnistía Internacional ha alertado sobre posibles crímenes de lesa humanidad.

Un viaje sin justificación

El Perú y El Salvador tienen realidades sociales, institucionales y criminales muy distintas. Incluso el propio Bukele ha reconocido que su estrategia responde a las particularidades de su país. No existe, por tanto, una receta que pueda trasladarse mecánicamente de un país a otro. En el caso peruano, el problema central pasa por recuperar el control de las instituciones y combatir la corrupción policial, que permite que agentes encargados de perseguir a las organizaciones criminales terminen trabajando para ellas. Sin resolver ese problema, multiplicar las detenciones y construir más cárceles difícilmente cambiará las cosas.