Ministerio contra la cultura

Resulta tentador centrarnos en quien fue designado como el vigésimo quinto ministro de Cultura en los 16 años de existencia de la institución. Una figura mediática, alguien que tiene poco, o nada, que ver con el sector y que parece, como casi todos sus colegas del gabinete, producto de un acuerdo o una repartija política antes que expresión de una política definida para el sector. Sí, hablamos de Alberto Beingolea: abogado, excongresista, conocido como comentarista deportivo y recordado "Burbujito" de la televisión infantil.

Por supuesto, que un artista, gestor cultural o defensor del patrimonio asuma el ministerio no garantiza una gestión eficiente, pero cuando menos puede asegurar conocimiento y compromiso con el campo cultural. La sucesión de tantos ministros a lo largo de estos años revela la inestabilidad y la incomprensión del Estado respecto de la cultura. Incluso el gobierno de Castillo, que comenzó anunciando la creación de un Ministerio de las Culturas y la conversión del Palacio de Gobierno en un museo, al estilo de AMLO en México, terminó en nada: una sucesión de ministros irrelevantes, con la solitaria excepción de Gisela Ortiz, cuyo nombramiento parecía toda una declaración sobre la importancia de la memoria.

El problema es estructural, más que de personas. Tiene su origen en las postrimerías del segundo gobierno de Alan García, cuando el Ministerio de Cultura se creó más por razones de figuración política del mandatario que como respuesta a una política cultural organizada, que simplemente no existía. A diferencia de Colombia, donde primero se establecieron las bases de la política cultural del Estado y luego se constituyó el ministerio, aquí se optó por poner la carreta delante de los caballos. En la práctica, el cambio consistió en otorgar un nuevo nombre y rango al Instituto Nacional de Cultura (INC), al que se añadió el Viceministerio de Interculturalidad por iniciativa de legisladores nacionalistas, aunque con el mismo presupuesto que tenía la entidad anterior.

Para el Estado, la cultura sigue siendo un asunto accesorio: se la invoca en ceremonias y fastos diplomáticos, pero se la olvida durante el resto del año. La administración del patrimonio refleja esa lógica. Se busca exprimir el potencial turístico de Machu Picchu, mientras el resto del patrimonio se deteriora o es destruido en nombre de la necesidad de "facilitar las inversiones". La gestión de actividades, estímulos y concursos para los distintos sectores artísticos termina siendo un premio consuelo frente al abandono —cuando no a la persecución— que padecen artistas y creadores, siempre que no alteren las reglas del mercado, un ámbito que el Estado sigue considerando ajeno.

Por su parte, la interculturalidad suele limitarse a condenar episodios puntuales de racismo mediático, sin abordar sus causas estructurales ni sus consecuencias. Al mismo tiempo, la consulta previa de las comunidades ha sido relegada con el propósito de destrabar inversiones extractivas. Finalmente, la memoria se ha vuelto cada vez más incómoda para el poder, lo que se refleja en el deterioro del Archivo General de la Nación, el abandono del LUM y la persistente negativa a constituir una Cinemateca Nacional.

Cualquier iniciativa choca con la invariable resistencia del MEF, uno de cuyos funcionarios llegó a afirmar alguna vez que "de cultura nadie se muere". Pero también tropieza con la propia dinámica de un Estado fragmentado, donde, por ejemplo, PromPerú puede disponer de ingentes recursos para promover la Marca Perú con artistas escogidos a dedo, pasando por encima de cualquier esfuerzo del Ministerio de Cultura por ordenar y fortalecer la relación con el sector. A ello se suma la enorme precariedad de las direcciones desconcentradas de cultura en las regiones, con la notoria excepción de Cusco, así como la escasa o nula coordinación —cuando no abierta rivalidad— con las oficinas y gerencias de cultura de los gobiernos regionales y municipales.

El Ministerio de Cultura debió convertirse en el ente rector de la política cultural en todo el territorio nacional, evitando la superposición de funciones y acciones, optimizando los escasos recursos disponibles y promoviendo la participación más amplia de los diversos actores del sector. Sin embargo, una creciente tendencia economicista, acentuada en los últimos años con el discurso de la "economía naranja" promovido por el BID, terminó privilegiando las llamadas industrias culturales —como si estas ya estuvieran consolidadas en el país— y concentrando la atención en los intereses y necesidades de productores y empresarios, en detrimento de los demás actores y trabajadores de la cultura.

El resultado es un ministerio que se llenó de abogados, economistas y cientistas sociales, con escasa participación de quienes están directamente involucrados en el quehacer cultural. Ello responde a un sistema que privilegia los grados académicos antes que la experiencia de campo, tal como ocurre con la recientemente aprobada Ley del Colegio Profesional de Artistas, impulsada inicialmente por el fujimorista Francesco Petrozzi en 2017 y retomada después por Perú Libre en el último Congreso. Y, como suele suceder cuando faltan lineamientos políticos claros, la respuesta termina siendo el refugio burocrático de los trámites, expedientes y procedimientos cada vez más engorrosos y desgastantes que, más que convocar, parecen buscar ahuyentar a artistas y organizaciones culturales.

La derecha nunca vio con buenos ojos al Ministerio de Cultura, que, junto con los ministerios de la Mujer y del Ambiente, suele ser presentado como una imposición globalista y "woke", además de un supuesto refugio "caviar". Desde esa perspectiva, la aspiración ha sido eliminarlo o fusionarlo con otros sectores, como ocurrió en distintos momentos en Argentina, Brasil, Ecuador y otros países de la región. Todo ello ocurre en el contexto de la ofensiva de la ultraderecha y de su llamada "batalla cultural", orientada a reescribir la memoria, imponer la censura y someter la cultura a las lógicas del mercado transnacional.

Del fujimorismo no podía esperarse nada distinto. Beingolea no es mejor ni peor que los otros nombres que sonaron para esta cartera, y su permanencia dependerá de cuán funcional resulte para que todo continúe igual, o incluso peor. Aunque para muchos el eventual cierre del ministerio, o su absorción por Educación o Turismo, pueda parecer irrelevante, lo cierto es que, con todas las deficiencias y cuestionamientos que arrastra, sigue siendo un mal necesario. Porque, pese a todo, sería peor no tenerlo.