Los liceos navales deben desaparecer

El traspaso temporal del Liceo Naval Almirante Guise al Ministerio de Educación atiende una emergencia. Deja en pie lo que hizo posible que un colegio funcionara como dependencia de la Marina: quién ingresa, quién manda y ante quién responde.

Los Liceos Navales son colegios públicos administrados por la Marina de Guerra. Esa combinación, que durante décadas ha parecido normal, merece ser discutida a la luz de lo ocurrido recientemente en el Liceo Naval Almirante Guise.

El 15 de setiembre, un estudiante de 16 años denunció haber sido víctima de una violación por parte de alumnos de quinto año dentro del vehículo que los trasladaba después de un campeonato de futsal. La justicia deberá determinar las responsabilidades individuales. Lo que sigue no depende de ese resultado, sino de cómo está construido el colegio.

Tres días después de los hechos, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo 016-2026-MINEDU. La norma pone la gestión educativa y la gobernanza del colegio bajo conducción del Minedu, de forma extraordinaria y temporal, hasta el 31 de diciembre de 2027.

La medida deja intacta una cuestión de fondo: por qué la educación pública sigue bajo la administración de una institución armada. El caso del Liceo Naval Almirante Guise permite discutir un problema más amplio: la existencia de colegios de educación básica vinculados a las Fuerzas Armadas. Los siete liceos navales que enumera la propia Dirección de Bienestar de la Marina —Guise, Montero, Clavero, Astete, Fanning, Carrasco y Lastra— deberían integrarse plenamente al sistema educativo civil. Eso implica también cambiarles el nombre, eliminar cualquier cargo, reglamento o prerrogativa de la Marina y revisar las reglas de admisión que los convirtieron en espacios reservados.

Se ingresa por el uniforme del padre

El Guise ofrece inicial, primaria, secundaria y Bachillerato Internacional. Su web indica que las vacantes existen para satisfacer la demanda escolar de los hijos del personal naval y del personal civil nombrado o contratado por la Marina. La guía de servicios de la Dirección de Bienestar precisa que su Departamento de Educación norma y dirige la admisión de los hijos del personal naval a las instituciones educativas navales. Para postular a un liceo se pide la Tarjeta de Identidad Naval del titular, y los hijos de particulares acceden según disponibilidad de vacantes. El criterio de entrada es la relación laboral de un adulto con una rama de las Fuerzas Armadas. El resto de la ciudadanía accede por el remanente.

El costo refuerza esa jerarquía. Las pensiones oscilan entre S/ 200 y S/ 500 para hijos de personal naval y entre S/ 2,000 y S/ 3,000 para civiles. Un portal de admisiones consigna una brecha del mismo orden: desde S/ 500 para hijos de oficiales y más de S/ 2,000 para civiles.

Ese régimen convive con una ambigüedad legal. El Estado presenta al Liceo Naval como una institución educativa pública, pero el colegio cobra pensiones, prioriza a los hijos del personal naval y está sujeto a las normas de protección al consumidor que permiten a Indecopi investigar y sancionar a los servicios educativos. En el caso que se investiga actualmente, la multa podría llegar hasta las 450 UIT, unos S/ 2,475,000.

Los liceos aparecen entre los servicios de la Dirección de Bienestar de la Marina y están sostenidos, según la propia institución, por la Marina y por los padres de familia. De ahí surge algo más que una particularidad administrativa: un sistema educativo organizado alrededor de la pertenencia a un cuerpo. Los hijos del personal naval tienen acceso preferente, estudian juntos desde inicial hasta quinto de secundaria y lo hacen dentro de instituciones sometidas a reglas y estructuras propias de la Marina.

En ese sentido puede hablarse de una casta: un grupo cuyo acceso a determinados servicios se reproduce alrededor de la pertenencia de los padres a un cuerpo institucional. La Constitución asigna a las Fuerzas Armadas como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial del país. Administrar escuelas para los hijos de su personal no figura entre esas funciones. La política educativa y la supervisión de su calidad corresponden al Estado.

Dos autoridades para un mismo colegio

El Liceo Naval Almirante Guise funciona bajo una doble dependencia: la Marina lo administra y el Minedu conduce el aspecto técnico-educativo y provee a los docentes. Esa estructura, vigente desde la creación del colegio en 1964, pone a dos instituciones distintas al frente de una misma comunidad educativa.

Cuando hay que responder por lo que ocurre dentro del colegio, esa división se vuelve relevante. El director regional de Educación de Lima Metropolitana afirmó que no tenía ningún reporte formal sobre el estudiante, mientras este declaró ante la Fiscalía que antes había sufrido bullying. Una docente, Giovana León, aseguró que durante años había advertido sobre casos de bullying y violencia escolar. La Marina terminó separando a la directora, a un docente y al entrenador de fútbol. Los registros del SíseVe muestran además 21 reportes de violencia escolar en el Guise, entre ellos acoso sexual, hostigamiento, discriminación y tratos humillantes. Son cifras absolutas que no permiten comparaciones por tamaño de matrícula, pero muestran que existían alertas previas. Hay también un antecedente: en 2015, una alumna denunció una agresión sexual durante un viaje de promoción a Punta Cana y el caso terminó con ocho meses de internamiento para el agresor.

El Decreto Supremo 016-2026-MINEDU tiene una vigencia limitada hasta el 31 de diciembre de 2027. Dispone que el Minedu asuma temporalmente la gestión educativa y la gobernanza del Guise, pero mantiene la denominación de Liceo Naval y encarga al sector Educación actuar en coordinación con el Ministerio de Defensa. Los otros seis liceos administrados por la Dirección de Bienestar de la Marina ni siquiera aparecen en la norma.

La reorganización, por tanto, modifica temporalmente quién conduce el Guise, pero deja pendiente la cuestión que está en el centro de esta discusión: qué lugar deben ocupar los colegios administrados por las Fuerzas Armadas dentro del sistema educativo público.

Qué debería hacerse

Hay una razón de fondo para terminar con los liceos como categoría. El Estado no debería organizar servicios públicos según la pertenencia de los padres a un cuerpo determinado. Cuando una institución pública crea sus propios colegios, reserva el acceso principalmente para quienes forman parte de ella y construye alrededor de esa pertenencia un circuito educativo que puede acompañar a una familia durante toda la escolaridad, deja de tratar a sus integrantes simplemente como ciudadanos y empieza a tratarlos como miembros de un cuerpo con beneficios propios.

El problema adquiere una dimensión mayor cuando ese cuerpo es una institución armada. Las Fuerzas Armadas tienen un poder y unas funciones que no son equivalentes a las de cualquier otra dependencia estatal. Su misión constitucional está vinculada con la defensa de la soberanía y la integridad territorial; no con la creación de espacios educativos propios para quienes pertenecen a ellas. Mantener esos colegios significa aceptar que una parte de la ciudadanía acceda a un circuito educativo organizado alrededor de su vínculo con una institución estatal específica, mientras el resto utiliza el sistema público general.

La alternativa debería ser una ley que extinga los liceos navales como categoría y convierta cada uno en una institución educativa pública del Minedu, con un nombre nuevo elegido con participación de su comunidad y sin referencia a ninguna rama de las Fuerzas Armadas. También debería prohibirse expresamente que las Fuerzas Armadas y la Policía administren colegios de educación básica. Ningún oficial, en actividad o en retiro, tendría funciones de dirección, disciplina o admisión, y la Dirección de Bienestar dejaría de intervenir en las vacantes.

La matrícula pasaría a regirse por las reglas generales de la educación pública, con criterios transparentes cuando la demanda supere la oferta y sin preferencias vinculadas al empleador de los padres. La gratuidad alcanzaría a todos los estudiantes. La transición tendría que garantizar la continuidad de cada alumno, incluidos los hijos del personal naval, y transferir por ley los locales y equipamientos. Los docentes aportados por el Minedu continuarían bajo la Ley de Reforma Magisterial y para los contratados por la Marina debería establecerse un régimen transitorio.

Habrá quien objete que los oficiales cambian de destino y necesitan asegurar la continuidad escolar de sus hijos. Es una necesidad atendible, pero no requiere colegios propios. Puede resolverse mediante una regla general: garantizar un cupo en la institución pública más cercana al nuevo destino para los hijos del personal trasladado por servicio. También se dirá que los liceos ofrecen una educación de calidad. Si es así, esa calidad debería formar parte de la educación pública disponible para todos, no convertirse en un beneficio asociado a la pertenencia a una institución armada.

Porque ahí está la cuestión que el caso del Guise permite volver a discutir. Una democracia puede reconocer las necesidades particulares de sus servidores públicos sin convertir esas necesidades en privilegios institucionales. Los hijos de un marino, un policía, un médico, un maestro o cualquier otro trabajador del Estado tienen derecho a la misma educación pública. Lo que resulta difícil de justificar es que el Estado construya para algunos de ellos un circuito educativo propio, protegido por la institución a la que pertenecen sus padres.

Hasta el 31 de diciembre de 2027, el Estado puede limitarse a mantener el actual esquema una vez concluida la medida temporal o puede terminar con una excepción que carece de una justificación democrática convincente. Para lo segundo hace falta una ley.